Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74801
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.801, "Ciganda, Raúl Miguel contra Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y desestimó la pretensión deducida (v. fs. 225/234).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 237/247), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 248.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 255) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires solicitando la nulidad de la resolución 798.852 de fecha 24 de septiembre de 2014, dictada por el Directorio del organismo demandado, mediante la cual fue rechazada su solicitud de modificación del beneficio jubilatorio en virtud del dictado de la ley 13.469.
Explicó que desde el año 1969 y durante 30 años se desempeñó como preceptor de escuelas secundarias dependientes de la Provincia de Buenos Aires, en las Escuelas de Educación Media n° 1 y 5, y en la Escuela de Educación Técnica n° 1.
Agregó que con fecha 9 de octubre de 2003 el Instituto de Previsión Social dictó la resolución 513.463 por la cual le otorgó el beneficio de jubilación ordinaria como preceptor en la Escuela Técnica n° 1, computándose al efecto 33 años, 2 meses y 20 días de servicios al día 9 de agosto de 2002, contando a esa fecha con 55 años de edad; acordándose su haber en base al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Preceptor de Enseñanza Nivel Medio con 24 años de antigüedad, aplicándose el art. 41 del decreto ley 9.650/80.
Continuó diciendo que con fecha 27 de julio de 2006, mediante la resolución 562.372, se reajustó el beneficio previsional en base al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Preceptor de Enseñanza Media con 24 años de antigüedad, y el 16% de Preceptor Enseñanza Media con 5 años, por servicios simultáneos (art. 47, decreto ley cit.), durante 11 años.
Argumentó que la base de su reclamo radicaba en que pese a desempeñarse durante 33 años en la misma actividad y "...al frente directo de alumnos", solo habían sido computados como realizados los sucedidos durante 6 años, 5 meses y 28 días.
Por ello solicitó al Instituto de Previsión Social que regulara el beneficio otorgado según los términos de la ley 13.469, es decir considerando todos sus años de desempeño de funciones como "...al frente directo de alumnos", peticionando, de ese modo, la revisión y el reajuste de los haberes percibidos, y el pago retroactivo correspondiente.
Alegó que, si bien era cierto que la ley 13.469 era de posterior sanción a la solicitud de acogimiento al régimen jubilatorio, la mentada norma era de carácter interpretativo, y venía a esclarecer los parámetros de aplicación del vigente decreto ley 9.650/80, en particular lo concerniente a la implicancia de la frase "...al frente de los alumnos" y es por ello que ambas normativas debían interpretarse como un todo.
I.2. El juez en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda interpuesta, anuló la resolución impugnada y reconoció el derecho del actor al beneficio previsional previsto en el art. 24 inc. "c" del decreto ley 9.650/80, calculado de conformidad con las previsiones del art. 42 de tal norma (v. fs. 196/202).
Para así resolver explicó que en el capítulo III del decreto ley 9.650/80 se establece la determinación de los haberes a percibir, indicando precisamente en el art. 41 que el haber mensual de la jubilación ordinaria será el equivalente al 70% de la remuneración mensual asignada al cargo del que era titular el afiliado a la fecha del cese, mientras que en el art. 42 de la misma ley se señala que se podrá incrementar en un 5% el haber jubilatorio si a la fecha del cese se excediera en 3 años la edad requerida, y que podrá incrementarse un 10% si el excedente fuera de 5 años o más.
Concluyó entonces que de ser considerado el actor como incluido en las previsiones del art. 24 inc. "c" del decreto ley 9.650/80, el retiro se habría producido más allá de los 5 años de exceso -más de 8 precisamente-, tanto en edad como en años de servicios docentes y, por consiguiente, el haber jubilatorio alcanzaría el 80% de su haber mensual.
Destacó también que la petición formulada en la demanda (v. fs. 20 vta., pto. I.2., coherente con la realizada en sede administrativa) limitó la pretensión a su encuadre en el mentado inc. "c" y excluyendo todo otro, con su consecuente remuneratorio previsto en el art. 42 del régimen, quedando entonces fuera de este análisis -so pena de violar el principio de congruencia- toda referencia a la consideración de la totalidad de los servicios prestados como al frente de alumnos, en los términos del inc. "b" de tal norma y sus implicancias remuneratorias (art. 43, decreto ley 9.650/80), toda vez que la propia demanda se excluye de tal norma al detallar 24 años de servicios.
Sentado ello señaló que la normativa originaria (decreto ley 9.650/80), no era clara en cuanto al alcance e interpretación de la frase "...al frente directo de alumnos" y su implicancia, siendo a partir de dichos fundamentos que fuera sancionada la ley 13.469, para dilucidar en particular la situación en la que se encontraba el personal que desempeñaba tareas como las del actor.
Precisó que dicha legislación señaló específicamente que el personal que se desempeña en las tareas mencionadas (preceptores y bibliotecarios), cumplen una función pedagógica y de acción directa con el alumnado, siendo tal circunstancia la que hace considerar atinado su equiparamiento con el personal que se encuentra vinculado directamente con estos.
Agregó que tal normativa expresamente indicó que la misma se sancionaba para dar término a la cuestión interpretativa de las implicancias de la frase "...al frente directo de alumnos", resolviendo de este modo las dudas generadas de la manera más equitativa.
Por tales razones determinó que la ley promulgada en el año 2006 formó parte integrante del decreto ley 9.650/80 y así debía interpretarse, reconociendo el derecho del actor a que su haber jubilatorio sea encuadrado en los arts. 24 inc. "c" y 42 del decreto ley 9.650/80, ordenando al Instituto de Previsión Social a que reajuste los haberes jubilatorios percibidos por el actor desde el día 1 de agosto de 2010.
I.3. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 205/212).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión deducida (v. fs. 225/234).
Para decidir de ese modo consideró que se advertía sin mayor esfuerzo que a la fecha de baja del actor las disposiciones del decreto ley 9.650/80 que el accionante invocó en respaldo de su pedido de reajuste, ya se encontraban en vigor. Tanto el art. 24 -ya fuese en lo relativo a sus incs. "c" y "d"- como los respectivos arts. 41 (texto según decreto ley 10.053/83) y 42 de dicho cuerpo resultaban plenamente operativos a la sazón. Precisó que en función de dicho entramado normativo la autoridad, en ejercicio de sus atribuciones, otorgó el beneficio previsional (cfr. resol. 513.463/03).
Explicó que el actor contaba al momento del cese con cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta y tres (33) años de servicio. Su situación (Preceptor Nivel Medio) fue encuadrada por la Administración en la hipótesis previsional del art. 24 inc. "d" del régimen aplicable, por tratarse del enunciado tipo y de orden residual en el que debían encasillarse todos los "...servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza " que -a criterio de la autoridad- no resultaran susceptibles de ser catalogados como prestados "...al frente directo de alumnos " (requisito éste, cabe recordar, necesario para que pudieran actuar las previsiones del inc. "c", con las menores exigencias en materia de edad y años de aporte que ello implica).
Sostuvo que no existía, en ese entonces, una previsión categórica que impusiera a la accionada encasillar inexorablemente al actor dentro del supuesto de hecho aprehendido por el art. 24 inc. "c" del decreto ley 9.650/80, so pena de incurrir en una palmaria inequidad. Agregó entonces que el organismo demandado, luego de calificar los servicios del agente como propios del inc. "d" (art. 24), reconoció su derecho a percibir la jubilación ordinaria con el haber mensual resultante de aplicar las pautas del art. 41 del régimen de mención (70% de la remuneración asignada al cargo de mayor jerarquía que había desempeñado).
Reparó entonces que el encuadre jurídico con el que se resolvió otorgar el beneficio no fue inicialmente objetado por el afiliado interesado, quien recién acometió contra la entidad previsional luego de la entrada en vigor de la ley 13.469, hito que tuvo lugar años después de la concesión de su jubilación. Consideró que la propia actitud del accionante no viene sino a confirmar lo dicho en el párrafo precedente, en cuanto a la inexistencia -a la fecha de su baja- de un texto legal que en forma rígida, clara e inequívoca le confiriera el estatus previsional que ahora pretende.
Concluyó así que conforme lo previsto en el art. 42 del decreto ley 9.650/80, el actor no se encontraba -al momento de solicitar la jubilación- excedido en los años de edad –verbigracia cincuenta y cinco (55)- requeridos para jubilarse (según el art. 24 inc. "d", ya que apenas los había reunido), y ningún derecho podría invocar -entonces- a acrecentar el porcentual en base al cual se determina su haber mensual, como pretende en el marco de esta pretensión judicial.
Destacó también que el ulterior dictado de la ley 13.469 no podía alterar las bases sobre las que se acordó la jubilación del accionante.
Así, no obstante aclarar que una previsión semejante le hubiera dado la razón al actor en su planteo -en cuanto a la calificación legal de las tareas que desempeñó como preceptor en el ámbito provincial-, de haber estado vigente lógicamente al momento de su baja, dicha norma es de fecha posterior y, por tanto, no posee virtualidad para alterar las bases de una situación jurídica que quedó consolidada al amparo de un régimen que, como vimos, no preveía una disposición similar.
Finalizó diciendo que la ley 13.469 no deja duda que está destinada a regir la situación de aquellos agentes en actividad que -a la fecha de su entrada en vigor- aún no se hubieran acogido a la pasividad.
Descalificó también el argumento relativo al carácter interpretativo de un régimen que ya se encontraba en vigor (decreto ley 9.650/80), en tanto en el caso se trata de una norma que vino a innovar sobre la situación regida por un régimen anterior, estableciendo con sumo detalle el nuevo grupo de sujetos merecedores de la consecuencia legal y restringiendo -con ello- el campo valorativo con que otrora contaba la Administración para el encuadramiento de una determinada situación de hecho.
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 237/247).
Alegó en primer lugar la violación del art. 39 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en tanto consideró que si la Administración se encontraba con "contornos laxos" -tal como se expresó en el fallo en crisis- entre la aplicación de los incs. "c" y "d" del art. 24 del decreto ley 9.650/80, debió realizar la interpretación que fuera más favorable al trabajador.
Finalizó sus agravios planteando el carácter interpretativo de la ley 13.469, la cual -según su criterio- no introdujo sustituciones ni incorporaciones normativas al decreto ley 9.650/80, sino que estableció un criterio de interpretación de la misma.
II. Por los fundamentos que seguidamente expondré, el recurso extraordinario interpuesto debe prosperar.
II.1. Tal como fuera puesto de relieve en las instancias de grado, al actor le fue concedido el beneficio jubilatorio en base al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Preceptor de Enseñanza Nivel Medio y el 16% por el mismo cargo, realizado de manera simultánea, habiéndose computado 33 años, 2 meses y 20 días de servicios prestados en la Dirección General de Cultura y Educación (resols. 513.463, de fecha 9-X-2003 y 562.372, de 27-VII-2006).
Le fue otorgado de acuerdo a lo normado en el art. 24 inc. "d" del decreto ley 9.650/80 (que exige como requisitos 55 años de edad y 30 años de servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza).
Sentado ello, en autos el actor pretende el reajuste de su haber previsional en virtud del dictado de la ley 13.469, es decir considerando todos sus años de desempeño de funciones como "...al frente directo de alumnos".
II.1.a. Con el objeto de enmarcar adecuadamente el caso es oportuno detener el examen de la cuestión en la finalidad tuitiva tenida en mira por la Constitución al consagrar los beneficios de la seguridad social y por la legislación en general al regular el derecho a la jubilación.
En lo que al caso interesa, el decreto ley 9.650/80 dispone en su art. 24 que "Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados que acrediten como mínimo veintidós (22) años de servicios con aportes en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, mínimo que el Poder Ejecutivo queda facultado para elevar cuando el lapso de la vigencia de esta Ley lo justifique, y que reúnan las siguientes condiciones:
a) Hubieran cumplido sesenta (60) años de edad y treinta y cinco (35) años de servicios.
b) Hubieran cumplido cincuenta (50) años de edad y veinticinco (25) años de servicios docentes como maestros al frente directo de alumnos o profesores con veinte (20) horas cátedra, en cualquiera de las ramas de la enseñanza.
c) Hubieran cumplido cincuenta (50) años de edad y veinticinco (25) años de servicios docentes, si acreditan diez (10) años como mínimo al frente directo de alumnos, en cualquiera de las ramas de la enseñanza.
d) Hubieran cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad y treinta (30) años de servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza".
Por su parte, el art. 42 establece "Cuando cumplidas las condiciones establecidas en la presente Ley para obtener jubilación ordinaria el afiliado continuara en tareas de afiliación al Instituto de Previsión Social, el haber mensual de la prestación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la remuneración asignada al cargo que resulte por aplicación del artículo 41, si al momento de cesar en el servicio excediera en tres (3) años la edad requerida y del ochenta por ciento (80%) si excediera en cinco (5) años o más dicha edad".
II.1.b. Ahora bien, con posterioridad al acogimiento del actor al régimen de pasividad, se sancionó la ley 13.469. En los fundamentos de la norma se sostuvo que el proyecto de ley tenía por fin responder a innumerables inquietudes formuladas desde la entrada en vigencia del decreto ley 9.650/80 y su decreto reglamentario, respecto de la interpretación que debía acordarse a la frase "...al frente directo de alumnos" contenida en el inc. "c" del art. 24, especialmente en cuanto a determinar si el personal que se desempeñó como preceptor o bibliotecario se encontraba alcanzado por esa normativa.
En tal sentido se agregó que la solución propuesta se inclinaba, dando término a la cuestión interpretativa, por la inclusión del personal mencionado. La adopción de tal postura se asentó en que tanto el personal que se desempeñaba como preceptor o como bibliotecario cumplía una función pedagógica de acción directa. He aquí, el elemento clave a la hora de equipararlos con el resto del personal que formaba parte del sistema.
Conforme ello, mediante el art. 2 de la citada norma se estableció que "...a los fines previsionales se encuentran dentro de lo preceptuado en los incisos b) y c) del artículo 24° del decreto-ley 9.650/80 (T.O. por decreto 600/94), al frente directo de alumnos todos los docentes que se encuentren cumpliendo funciones en los diferentes servicios educativos de los diferentes niveles y modalidades que integran el sistema educativo provincial, previsto en la Ley Provincial de Educación 11.612 y sus modificatorias, o la que en su caso la reemplace, inclusive los que se desempeñan en los cargos de preceptor y bibliotecario".
II.1.c. De allí que asista razón al recurrente cuando afirma que el a quo ha efectuado una errónea interpretación de la norma aplicable al caso, soslayando los principios rectores de la materia y las pautas hermenéuticas del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial. Sobre el punto cabe recordar que, en la interpretación de las normas previsionales, debe primar el fin tuitivo que las animan, de tal modo que el sentido que a aquellas se asigne no conduzca a desnaturalizarlas o a la pérdida o desconocimiento de los beneficios por ellas reconocidos (doctr. causa A. 71.314, "Teplizky Jutoran", sent. de 11-II-2016).
En materia previsional, en forma reiterada, esta Suprema Corte ha dicho que debe procurarse la aplicación racional de las normas que la integran, evitando así la adopción de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto (cfr. doctr. causas B. 61.591, "Corbella", sent. de 29-XII-2014; Q. 71.783, "Orellano", sent. de 15-VII-2015; entre muchas otras).
Cabe resaltar incluso que la ley 13.469 no modificó el texto del art. 24 de la ley 9.650/80, sino que aclaró su alcance, otorgándole un reconocimiento a la legitimidad de reclamos como el deducido en el sub lite .
Bajo ciertas condiciones, como las que aquí se verifican, normas posteriores introducidas por el legislador a las vigentes pueden servir como elementos útiles para confirmar la corrección de un determinado criterio interpretativo (conf. doctr. causas B. 63.493, "Tonelli", sent. de 27-VIII-2008; B. 55.328, sent. de 26-IX-2012; e.o.).
III. Considero entonces que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia de fs. 225/234 y mantener, por las razones aquí expuestas, la dictada en primera instancia (art. 289 inc. 2, CPCC).
Las costas del Tribunal de Alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 51, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párr., 274 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En mi criterio el recurso no puede prosperar debido a su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
II. De acuerdo al relato de los antecedentes que informan la causa, la Cámara actuante esencialmente desechó la pretensión en la inteligencia de que al tiempo del otorgamiento del beneficio del actor -época en la que se habría consolidado su situación previsional- no se encontraba vigente la ley 13.469.
Añadió que ese detalle impedía su aplicación -en punto a la fijación de los requisitos de acceso a la prestación- a situaciones perpetradas anteriormente.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.