Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74707
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.707, "Gorosito Monica Marisol c/ Municipalidad de Lincoln s/ pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley " , con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la accionante e hizo lugar parcialmente al deducido por la demandada. En consecuencia, en lo que al caso interesa, revocó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto dispusiera la reincorporación de la agente Mónica Marisol Gorosito a los cuadros de la administración municipal en su plantel permanente y otorgara una indemnización por daño moral. Finalmente impuso las costas en el orden causado (v. fs. 254/266).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 269/277), el que fue concedido a fs. 280/281.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 287), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda deducida por la señora Mónica Marisol Gorosito contra la Municipalidad de Lincoln. En consecuencia, declaró la nulidad del decreto 1.045/14 dictado por el señor Intendente mediante el cual dispusiera el cese de la relación laboral mantenida con la accionante y condenó a la demandada a la reincorporación en el cargo que desempeñara al tiempo de la extinción del vínculo. Asimismo ordenó, en concepto de daño material, el pago de la totalidad de los haberes dejados de percibir desde la separación en su puesto de trabajo y hasta su efectivo reingreso, y la suma de $20.000 por daño moral.
Finalmente, impuso las costas a la accionada.
II. Apelada la sentencia por ambas partes (v. fs. 229/231 y 248/251), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, desestimó el recurso deducido por la accionante e hizo lugar parcialmente al impetrado por la demandada (v. fs. 254/266).
En lo que al caso interesa, revocó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto dispuso la reincorporación de la agente a los cuadros de la administración municipal en su plantel permanente y reconociera el daño moral reclamado.
Distribuyó las costas en el orden causado.
II.1. Para así decidir, con respecto a la primera cuestión atinente a la reinstalación en el cargo y de la cual se agravió la demandada, el Tribunal de Alzada señaló que tal cuestión había sido tratada y definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Ramos" (Fallos: 333:311), doctrina que expresa fuera reiterada en "Cerigliano" (Fallos: 334:398).
Acto seguido reprodujo el criterio plasmado por el Supremo Tribunal nacional en dichas causas. Así precisó que dispuso que el mero transcurso del tiempo no significaba que se haya modificado la situación irregular de los accionantes, quienes tenían derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito de la demandada pero no a su reincorporación y que, una solución contraria, vulneraría el régimen de la función pública nacional -ley 24.156- que estableciera un régimen diferenciado para empleados que ingresaren como planta permanente y para los contratados o designados como transitoria, reconociendo estabilidad para los primeros.
A su vez, destacó que ese mismo órgano judicial expresó que si se atribuyera ese carácter a quien no había sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa, no solo se estaría trastocando aquel marco legal sino que se estaría alterando el monto autorizado por el legislador para financiar los gastos correspondientes al personal, y que toda erogación que se apartare de estos límites resultaba ilegítima (conf. arts. 75 inc. 8, Const. nac. y 29, ley 24.156).
Precisó que este Tribunal siguiendo esa línea en la causa A. 70.896, "Martínez", sentencia de 20-V-2015, entre otras, por mayoría, señaló que los agentes de planta temporaria -mensualizados o jornalizados- participaban de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo.
También puntualizó que esta Corte expresó que, el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo entre el agente y la administración está dada por la modalidad de designación, sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista.
Sentada tal doctrina esgrimió que en el caso el régimen de empleo público municipal -ley 11.757, entonces vigente- también previó la existencia de dos plantas de personal, permanente y temporario, y dentro de la última, el temporario, reemplazante, destajista, contratado por locación de servicios, resultando de aplicación supletoria la ley 10.430.
Señaló que la accionante acreditó que ingresó a prestar servicios a la Municipalidad de Lincoln como personal de la planta temporaria mensualizada según decreto de designación 14/05, los cuales fueran prorrogados hasta el mes de febrero de 2014, con el objeto de que prestara tareas administrativas en la Secretaría de Acción Social, de Producción, Turismo y Medio Ambiente y en el área de Obras Públicas del citado municipio.
Concluyó que conforme a la prueba aportada y con sustento en lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en especial en la causa "Ramos"- no procedía la reincorporación pretendida.
II.2. En otro orden, sostuvo la improcedencia del daño moral peticionado por la parte actora ante la ausencia de prueba a los fines de acreditar su existencia, ya que no alcanzaba la sola enunciación formulada en el escrito de demanda. A su vez dejó establecido que, conforme al criterio de este Tribunal (causa B. 57.576, "Otero", sent. de 28-XII-2010; e.o.), no podía presumirse el daño in re ipsa.
II.3. Finalmente, impuso las costas de la instancia recursiva en el orden causado. En los considerandos del fallo con sustento en el art. 51 punto 2 del Código Contencioso Administrativo y en su parte dispositiva en el punto 1 de igual precepto.
III. Frente a lo así decidido, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 269/277).
Finalmente adujo absurdo en la apreciación de la prueba.
III.1. En primer término, se agravió en cuanto la sentencia impugnada desestimara la reincorporación pretendida, la que entendió debió tener acogida favorable en razón de que la Cámara señalara el desvío de poder en que incurriera la demandada y que, tal circunstancia, implicó la nulidad del decreto de cesantía.
A su vez consideró que debió ordenarse la reinstalación en el cargo con motivo de la inexistencia de un acto administrativo fundado de cese que exigían los arts. 101 y 102 de la ley 11.757 -entonces vigente-, no bastando la sola mención de una situación objetiva de la relación laboral como es la ausencia de la estabilidad.
Adujo que el pronunciamiento impugnado soslayó la obligación de la accionada de dar sustento jurídico a la extinción laboral y que esa sujeción del demandado al principio de legalidad ha sido receptado por esta Corte en las causas B. 57.328, "Supermercados Mayoristas Makro S.A.", sentencia de 31-V-2006; B. 63.174, "Martín", sentencia de 9-X-2013; B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-VI-2016; entre otras.
Agregó que este Tribunal ha indicado la obligación de motivar el acto administrativo con sustento en el art. 108 del decreto-ley 7.647/70, más aún cuando los órganos estatales actúan en el ámbito discrecional. Expresa que dicha doctrina emerge de las causas B. 49.238, "Salanueva", sentencia de 13-XI-1984; B. 50.664, "Gónzalez Menéndez", sentencia de 27-IX-1988; B. 51.646, "Viera", sentencia de 2-XII-1997, entre otras que cita.
Señaló que el acto de cese dictado por el Intendente municipal carecía de una fundamentación adecuada y, por lo tanto, no cumplía con los recaudos que exigiera el ordenamiento para legitimar la extinción del vínculo laboral. Asimismo, sostuvo que la demandada soslayó la notificación del citado acto con sus respectivas copias conforme los arts. 7 de la ley 11.757 y 62 de la ordenanza general 267/80, como así también respecto a su decreto de designación -que debió ser comunicado dentro del plazo de doce meses desde su ingreso al cargo- y sus sucesivas prórrogas.
Concluyó que en su caso la extinción del vínculo laboral se había efectuado con prescindencia de las condiciones impuestas por la ley para su procedencia. A tal fin invoca las causas de este Tribunal, B. 54.852, "Pérez", sentencia de 10-V-2000 y B. 55.010, "Chaina", sentencia de 2-VIII-2000, referidas al principio de legalidad.
Finalmente adujo que, al resultar -a su criterio- nulo el acto administrativo de cese con motivo del desvío de poder reconocido por el Tribunal de Alzada y la legítima expectativa de permanencia laboral, correspondía que se ordene su reincorporación.
III.2. En segundo orden, se agravió por cuanto el Tribunal de Alzada rechazara el daño moral con sustento en la ausencia de prueba suficiente.
Luego de conceptualizar tal rubro sostuvo que en el caso se encontraba acreditado por el solo hecho de haberse configurado una acción antijurídica, lo que ha provocado intranquilidad y sufrimientos a la accionante.
Aseveró que tal circunstancia evidencia que el daño es in re ipsa y es al responsable de aquella a quien le incumbía demostrar la existencia de una situación objetiva que excluyera la posibilidad de la lesión.
Esgrimió que la procedencia de la reparación por daño moral cuya existencia se presumiera ha sido reconocida por esta Corte en casos en que un agente estatal ha sido dado de baja en forma ilegítima. Cita a tal fin las causas B. 48.566, "Marruedo", sentencia de 8-VI-1984; B. 52.123, "Toti", sentencia de 26-XII-1995 y B. 53.291, "Alvarez", sentencia de 22-IV-1997 y peticionó que se fije su importe al menos en un 25% del monto total del crédito por daño material siguiendo la doctrina de esta Corte emergente de las causas B. 61.897, "Valente", sentencia de 6-II-2008 y B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016.
III.3. Por último, alegó que el pronunciamiento impugnado, al imponer las costas en el orden causado, violó el principio objetivo de la derrota receptado por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.
Esgrimió que la Cámara debió invocar y fundar una excepción para apartarse de esa regla y que en el caso no ha ocurrido.
Sostuvo que la accionante ha sido dejada cesante en forma ilegítima sin fundamento alguno, por lo que se la ha obligado a recurrir a los órganos judiciales para hacer valer sus derechos. Por lo tanto, señaló que la Cámara debió imponer las costas a la demandada, con prescindencia de su buena o mala fe, con motivo de que la condena de dichos accesorios tiene por objeto resarcir los gastos del juicio que la accionante vencedora debió realizar.
Expresó que para determinar el carácter de vencido en una contienda judicial no resulta necesario parcelar el litigo con relación a los distintos reclamos sino que ha de estarse a un enfoque global de la controversia y que, en el caso, la demandada debía soportar la totalidad de las costas del proceso con motivo de que las pretensiones de la accionante han prosperado en lo sustancial.
Finalmente esgrimió que se hallaba exenta del pago de las costas hasta que mejorare de fortuna, en virtud de poseer el beneficio de gratuidad consagrado en los arts. 1 y 2 de la ley 12.200, al ostentar el carácter de empleada pública.
IV. Adelanto que el recurso interpuesto no prospera.
Un detallado examen del libelo incoado por la parte actora me lleva a la conclusión de que éste resulta insuficiente (art. 279, CPCC), careciendo, por ende, de propiedad impugnatoria.
IV.1. En relación al primer agravio referido a que la Cámara desestimara la reincorporación en el cargo, de la reseña efectuada se advierte que el impugnante, frente a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada, se limita a ofrecer su particular punto de vista, distinto a la línea argumental desplegada por la Cámara con base en precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la doctrina legal de este Tribunal.
Resulta insuficiente el remedio procesal deducido porque insiste en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del pronunciamiento impugnado, sin otro sustento que el afán de prevalecer su propio criterio.
Esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (doctr. causas A. 70.173, "Casuza", sent. de 5-V-2010; A. 70.124, "Petersen", sent. de 20-X-2011; A. 70.134, "Lafforgue", sent. de 11-IV-2012; A. 72.392, "B., A.V.", sent. de 26-III-2014; A. 72.611, "E., R.V.", sent. de 22-X-2014; A. 73.304, "Cordoba", sent. de 1-IV-2015; A. 71.412, "Valenti", sent. de 16-XII-2015; A. 72.745, "Mugarza", sent. de 13-XII-2017; A. 72.797, "Iglesias", sent. de 13-VI-2018; e.o.).
En el caso, ninguno de los agravios expuestos por el recurrente conlleva una réplica eficaz a los fundamentos que conforman la sentencia de la Cámara.
IV.1.a. En el sub lite la recurrente elabora una crítica en torno a que la sentencia debió reconocer su derecho a la reincorporación con motivo de haberse acreditado el desvío de poder en que supuestamente incurriera la demandada; que la comuna no dictó un acto administrativo de cese que plasmara los motivos determinantes de la decisión adoptada; y finalmente que la accionada no había notificado en forma adecuada el decreto de designación y el cese del vínculo.
Respecto a dichas cuestiones es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa; y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causa A. 73.283, "Troncoso", sent. de 13-XII-2017; e.o.), vicio que el accionante sólo se ha limitado a denunciar de modo genérico (v. fs. 269 vta.) y no lo ha acreditado.
Por lo tanto, la recurrente pretendió cuestionar la valoración que el Tribunal de Alzada efectuó sobre la conducta de la accionada, y por consiguiente, la procedencia de la reinstalación de la agente. Frente a ello debió demostrar el mentado vicio teniendo presente que, para su procedencia, las meras discrepancias con la decisión impugnada no son base idónea de agravios que den lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (doctr. causas A. 70.416, "EDEASA", sent. de 9-X-2013 y A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013), situación que como dije no ha ocurrido.
A mayor abundamiento, respecto a la extinción del vínculo mantenido entre las partes, he de advertir que la desvinculación laboral de la agente en este supuesto no requería el dictado de un acto expreso por parte de la autoridad administrativa. Ello así, pues se verificó un hecho jurídico susceptible de producir tal consecuencia, como es el vencimiento del plazo resolutorio que determinaba la vigencia de la relación jurídica entablada entre las partes (doctr. causa B. 60.219, "Galvan", sent. de 9-XII-2009).
Esta Corte tiene dicho que para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (doctr. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. 7-VI-2017; e.o.).
De tal modo el cuestionamiento de la quejosa al fallo en crisis deviene insustancial para modificar el resultado al que se arribó en el Tribunal de Alzada.
IV.2. En otro orden, la denuncia de las infracciones legales formulada por la recurrente -arts. 34 inc. 5, 384 y 415 del Código Procesal Civil y Comercial; 103, ley 10.430 y ley 14.656- (v. fs. 269) no ha pasado del mero enunciado, dado que no se ha satisfecho la carga del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial que exige al impugnante la demostración de la manera en que el pronunciamiento atacado conculca las gara
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