Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72805
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.805, "Suarez, María Sara contra IPS. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Soria, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente, por mayoría, al recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocó en parte el pronunciamiento de primera instancia y resolvió rechazar la pretensión promovida en cuanto admitía el porcentaje del 82% en la determinación del haber jubilatorio, y confirmarla en lo restante (v. fs. 131/137).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 141/153), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 155/156.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, se dictó la providencia de autos (v. fs. 163), la que fue suspendida para dictar una medida para mejor proveer por la que se requería al Instituto de Previsión Social que informe si en la actualidad se liquida el haber previsional de la actora de conformidad con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- (v. fs. 181). Evacuado el informe se resolvió su reanudación (v. fs. 201), por lo que la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La actora promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), con el objeto de obtener la anulación de la resolución 688.119/10, emanada del Directorio del citado organismo, en cuanto resolvió que el beneficio acordado sería abonado a partir del día 8 de septiembre de 2008, atento el inicio de las actuaciones nacionales, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 62 segundo párrafo del decreto ley 9.650/80, y determinó su haber jubilatorio en base al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de diputado desempeñado en la Honorable Cámara de Diputados.
Solicitó la ilegitimidad de la decisión por haberse efectuado una errónea e incompleta aplicación del art. 62 del decreto ley 9.650/80, desconociendo su derecho a que su haber sea liquidado a partir del día 28 de mayo de 2007, atento la fecha de solicitud del beneficio, y a que sea liquidado en base al 82% calculado sobre la dieta, gastos de representación y sueldo anual complementario, de acuerdo a lo que perciben los diputados en actividad.
I.2. La jueza en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida, anuló el art. 2 de la resolución impugnada y condenó al Instituto previsional demandado a liquidar el beneficio acordado a la actora de conformidad al porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320, con retroactividad al día 28 de mayo de 2007, de acuerdo a la fecha de solicitud del beneficio ante el organismo previsional y al plazo de prescripción anual previsto en el art. 62 segundo párrafo del decreto ley 9.650/80, así como a abonar las sumas resultantes de la liquidación a practicarse (v. fs. 95/106).
Para ello consideró, en lo que aquí respecta, que el acto cuestionado se limitó a acordar el beneficio a la actora, precisando en su art. 2 que sería equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de diputado desempeñado en la Honorable Cámara de Diputados, sin expresar el fundamento jurídico en base al cual reconoce tal porcentaje, incumpliendo de tal manera con la obligación de motivar el acto administrativo (art. 108, decreto ley 7.647/70).
Agregó que en la resolución impugnada tampoco se alude a los antecedentes de hecho y de derecho que justificaron la determinación del porcentaje del 70% para la liquidación del haber jubilatorio.
Destacó que no obstaba a lo expuesto la condición dispuesta en el art. 7 de la ley 8.320, en cuanto establece que, hasta tanto el IPS esté en condiciones financieras de aplicar el porcentaje del 82%, la jubilación del legislador "...no podrá ser inferior al 67% del monto establecido en el art. 5", ya que tal norma no fue citada por el organismo previsional en la resolución impugnada para justificar el porcentaje fijado.
Sin perjuicio de ello, recordó que tal artículo estableció una condición transitoria y tendiente a evitar el impacto financiero que podía acarrear para el organismo previsional el reconocimiento de ese porcentaje en la situación económica del mismo al momento de la sanción de la ley 8.320, publicada en el Boletín Oficial con fecha 16-XII-1974.
Añadió que tampoco se había invocado ni acreditado la imposibilidad económica financiera del organismo para cumplir con el porcentaje expresamente previsto en el art. 6 de la citada ley.
Por último, consideró que no correspondía acudir a las disposiciones del decreto ley 9.650/80, en tanto no existe un vacío normativo en el régimen específico que rige la controversia.
I.3. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 111/119).
I.4. La Cámara interviniente, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocó en parte el pronunciamiento de primera instancia y resolvió rechazar la pretensión promovida en cuanto admitía el porcentaje del 82% en la determinación del haber jubilatorio, y confirmarla en lo restante (v. fs. 131/137).
Para así resolver sostuvo, en lo que aquí interesa, que el art. 2 de la resolución impugnada no arrojaba dudas en cuanto al espacio normativo que se referenciaba en el art. 41 del decreto ley 9.650/80, cuerpo legal que no solo constituía el régimen común al que tributaban los especiales, en cuanto no resultara modificado por ellos, sino que también expresaba el contexto legal del trámite singular promovido por la actora.
Señaló que el bloque al que ajustó su comportamiento la autoridad estatal, para decidir el alcance económico del beneficio, comprendió al art. 41 del decreto 9.650/80, desplazando así al que intentaba lograr en esta instancia la actora (art. 6, ley 8.320).
En segundo término, afirmó que el reclamo del apelante por exigir el sufragio previo de la condición a la que el art. 7 de la ley 8.320 sujetaba la operatividad del 82% móvil como base de cálculo del beneficio, que determinaba su art. 6, era de recibo.
Sostuvo así que no era el IPS quien debía acreditar no hallarse aún en condiciones financieras idóneas para hacer operativo el porcentaje legal, sino, en todo caso, quien afirmara la presencia de esa condición (art. 375, CPCC; conf. art. 77, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Concluyó que la controversia no se saldaba con la aplicación de un porcentaje legal cuya posibilidad se mantenía aún sujeta a la condición suficiente de exposición efectiva de la capacidad económica del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (art. 7, ley 8.320), sino que era el art. 41 del decreto ley 9.650/80 el que aportaba solución al caso a través de una exégesis integral del sistema previsional.
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 141/153).
Denunció la errónea aplicación del art. 6 de la ley 8.320 en tanto dicha norma establece el porcentaje del 82% móvil del haber jubilatorio.
Sostuvo que la solución de aplicar el porcentaje del 70% previsto en el art. 41 del decreto ley 9.650/80, al régimen de la ley 8.320, no se compatibiliza con los fines de la ley previsional cuyos requisitos le son propios.
Consideró que no existe un vacío normativo que justifique la aplicación supletoria de la norma previsional general -decreto ley 9.650/80-, que procede cuando un asunto no puede resolverse ni por la letra ni por el espíritu de la ley específica. Afirmó que tal presupuesto no se configura en la especie, pues el régimen de la ley 8.320 -puntualmente el art. 6- establece el porcentaje en base al cual debe liquidarse el beneficio jubilatorio.
Señaló que la intención del legislador fue dotar al cuerpo de un régimen propio que respetara el 82% móvil del haber y separado del sistema general.
Afirmó que la demandada soslayó impugnar los fundamentos dados en primera instancia respecto de la nulidad del art. 2 del acto atacado por ausencia de motivación y causa que le sirvieran de fundamento.
I.6. Esta Corte dictó una medida para mejor proveer en virtud del señalamiento efectuado por la actora a fs. 59/80, en el que manifiesta que el organismo demandado ha resuelto en forma favorable los reclamos presentados por exlegisladores respecto del pago del 82% móvil de los haberes jubilatorios, requiriendo al Instituto de Previsión Social que informe si en la actualidad se liquida el haber previsional de la actora de conformidad con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- y, en caso afirmativo desde cuándo (v. fs. 181).
I.7. El organismo requerido informó que la actora María Sara Suarez percibe sus haberes conforme al art. 6 de la ley 8.320, desde el mes de julio de 2013 (v. fs. 186/200).
II.1. Liminarmente habré de señalar que se ha tornado abstracta la controversia que se sustancia en el sub lite en cuanto a la procedencia del reclamo de reajuste de haberes conforme el porcentual establecido en el precepto mencionado en el párrafo anterior, desde la fecha informada por el organismo previsional.
II.2. El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a hacer lugar a los recursos extraordinarios de nulidad, de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuando hubiese estimado otros en casos sustancialmente análogos, resultando suficiente fundamento la referencia a los precedentes aplicados y la cita de esta norma.
II.3. En la causa A 72.240, "Filomeno, Alejandro", sentencia de 5-XII-2018, en que se debatió una cuestión sustancialmente análoga a la que se ventila en el presente, al accionante se le había otorgado en sede administrativa el reajuste de su haber previsional en base al ochenta y dos por ciento (82%) móvil -conforme lo previsto en el art. 6 de la ley 8.320-, con cita de lo resuelto en el precedente administrativo "Tasca Giordano, Bruno n° 2918-2872978 y sus agregados" el día 16 de noviembre de 2011.
En el antecedente citado se expidieron previamente la Dirección General de Administración y la Dirección Provincial de Prestaciones y Recursos del organismo, como también la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y la Contaduría General de la Provincia, en el sentido que se estaba en condiciones de aplicar el mencionado porcentual, lo que así fue decidido, previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Comisión de Prestaciones e Interpretación Legal, estableciéndose que en los reclamos en trámite debían liquidarse las diferencias a favor de los peticionantes desde la fecha del primer reconocimiento en tal sentido.
En virtud de que el mismo importó el reconocimiento de que el Instituto de Previsión Social había generado excedentes financieros a tal fin, encontrándose en condiciones presupuestarias, económicas y financieras de abonar el ochenta y dos por ciento (82%) móvil previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- desde el día 16 de noviembre de 2011, siendo que en autos no se ha acreditado que ello ocurriera con anterioridad aunque sí, que la accionante percibió hasta el mes de julio de 2013 sus haberes previsionales considerando el setenta por ciento (70%) del cargo de diputado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido.
III. Entiendo, pues, por las consideraciones vertidas y a la luz de los elementos reunidos en la causa, que debe acogerse el recurso traído, revocándose parcialmente la sentencia del Tribunal de Alzada puesta en crisis, reconociendo el derecho de la señora María Sara Suarez al reajuste de su haber previsional en los términos del art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- a partir del día 16 de noviembre de 2011 y hasta el mes de julio de 2013, consecuentemente, a que se le abonen las diferencias dejadas de percibir.
A dicha suma se calcularán intereses exclusivamente sobre ese capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016 y posteriores).
Voto por la afirmativa.
Las costas de la primera instancia se distribuyen por su orden (art. 51, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conf. doctr. de la mayoría, causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Las costas del Tribunal de Alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen a la accionada en un 70% y en un 30% a la recurrente (arts. 60 inc. 1, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 71 y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Tal como lo indica el colega que abre el acuerdo, el presente caso reproduce lo debatido en las causas A. 72.240, "Filomeno" y A. 72.073, "Jalil" (el primero de ellos citado en el voto del doctor Pettigiani). La única diferencia, es que, en el presente caso, el beneficio en el marco de la ley 8.320 fue acordado a la actora, quien ya percibía un beneficio en los términos de la ley 5.675 (que le fuera dado de baja), cuando se encontraba en situación de pasividad. Aclarado ello, recuerdo que, en aquellos casos, al igual que en el sub lite , la pretensión giraba en primer término en obtener la nulidad del acto que acordara el beneficio previsional sobre un porcentaje del 70% del haber del activo, y en un segundo tramo, el incremento de dicho haber.
I.2. Siendo ello así, adelanto mi postura favorable a la pretensión del accionante por los fundamentos que oportunamente expusiera en los citados precedentes, donde remito.
La motivación (arts. 1, Const. prov. y 108, dec. ley 7.647/70) así como las formas esenciales (v.gr., la publicidad, las mayorías debidas), la competencia, el fin público y el contenido ajustado al ordenamiento, son requisitos del acto administrativo (art. 103, dec. ley. cit.) de cuyo cumplimiento depende su juridicidad y cuya verificación, por ende, es plenamente realizable en el marco de un proceso judicial (causas A. 70.444, cit. y B. 63.173, "Di Lorenzo", sent. de 13-XI-2013). Tales premisas, definen los parámetros sobre los cuales ha de decidirse la cuestión controvertida.
Sobre esta base, y en lo que hace específicamente al sub lite , es dable colegir que la resolución 688.149 que le acuerda el beneficio previsional a la parte demandante (v. fs. 147, expediente administrativo), no expresa fundamento jurídico alguno respecto de los motivos por los cuales se reconoce dicho beneficio con un porcentaje del 70% (conf. art. 2) y no como lo sostiene el beneficiario, sobre el porcentaje previsto específicamente en la ley especial. Tal omisión, que resulta dirimente para la validez del acto, torna el obrar administrativo ilegítimo. Al decidir, el organismo, con censurable insuficiencia, dispone la concesión del beneficio en los términos indicados, sin la debida cita legal, ni relación de antecedentes, que permita al administrado conocer los motivos determinantes de la decisión.
Debe tenerse en cuenta que el cargo sobre el cual se acuerda el beneficio previsional es el de senador provincial (v. cómputo, fs. 142/143, expediente administrativo).
Pues bien, al abrigo de las circunstancias señaladas, resulta certero el agravio de la quejosa en su recurso, en cuanto manifiesta que no existe indicio alguno que le permita conocer los motivos de la decisión, a los efectos de impugnarla (v. fs. 144 en adelante).
Cabe concluir, entonces, que la resolución 688.149 transgrede lo dispuesto en el art. 108 del decreto ley 7.647/70.
Ha dicho este Tribunal que cuando el acto luce infundado, malinterpreta o desvirtúa los motivos determinantes comprobados o aducidos, entonces, procede el control anulatorio de la actuación administrativa (doctr. causas B. 49.271, "Fernández", sent. de 29-IX-1987; B. 50.218, "Pereyra", sent. de 28-II-1995; B. 53.483, "Gómez", sent. de 6-VIII-1996; B. 55.191, "Espilman", sent. de 16-XII-1997; e.o.; conf. mi voto, causas B. 57.130, "D. M.", sent. de 23-II-2005 y B. 66.929, "Madrones", sent. de 6-IV-2011).
I.3. Dicho lo anterior cabe aclarar que, según consta en el informe de fs. 200, la actora actualmente percibe su beneficio jubilatorio en los términos del art. 6 de la normativa aplicable. Con lo cual, su pretensión deberá limitarse al período correspondiente.
I.4. Estimada la pretensión anulatoria, corresponde abordar el segundo segmento del pedimento del reclamo actor en torno a la concesión del beneficio en los términos de la ley 8.320. Adelanto mi opinión favorable a tal postulación, por los motivos que a continuación expongo.
Dicha norma prevé que se encuentran obligatoriamente comprendidos en ese régimen todos los legisladores de ambas Cámaras (conf. art. 1). Además, observa que "...el haber de la jubilación será del 82% móvil de los montos establecidos en el artículo 5°. Tal beneficio se actualizará de acuerdo a la variación de las remuneraciones que perciba el legislador en actividad" (conf. art. 6).
No consta en la presente causa, motivo o circunstancia alguna que permitan excluir a la especie de la solución propiciada por el texto de la ley, por lo que corresponde acordar el reconocimiento al actor del benefici
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