Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72740
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.740, "Paris, Eduardo Victorio contra IPS. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar, por mayoría, al recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión promovida en autos (v. fs. 104/112).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 117/131), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 133/134.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia se dictó la providencia de autos (v. fs. 141), la que fue suspendida para dictar una medida para mejor proveer, por la que se requirió al Instituto de Previsión Social (IPS) que informe si en la actualidad se liquida el haber previsional del actor de conformidad con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- (v. fs. 157). Evacuado el informe se resolvió su reanudación (v. fs. 186), por lo que la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener la anulación de la resolución n° 681.963/10, emanada del directorio del citado organismo, en cuanto resolvió liquidarle su haber jubilatorio en base al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de diputado, desempeñado en la Honorable Cámara de Diputados.
Planteó la ilegitimidad de la decisión por desconocer el derecho patrimonial que posee a que su haber jubilatorio sea liquidado en base al 82% de la remuneración compuesta por la dieta y sueldo anual complementario, de acuerdo a lo que perciben los diputados en actividad.
Solicitó se condene a la demandada a liquidar su haber jubilatorio de acuerdo a las mencionadas pautas, y al pago de las diferencias devengadas a su favor teniendo en consideración la fecha de presentación del pedido de jubilación desde el 16 de febrero de 2006 hasta el 16 de junio de 2008, fecha que se acordó como fecha de pago.
I.2. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida, anuló el art. 2 de la resolución impugnada y condenó al Instituto previsional demandado a liquidar el beneficio jubilatorio acordado al actor de conformidad al porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -82% móvil- con retroactividad al día 16 de febrero de 2006, de conformidad a la fecha de presentación de la solicitud del beneficio jubilatorio, y a abonar las sumas resultantes de la liquidación a practicarse (v. fs. 66/75).
Para ello consideró, en lo que aquí interesa, que el acto cuestionado se limitó a acordar la jubilación ordinaria al actor, precisando en su art. 2 que tal beneficio sería equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de diputado desempeñado por el causante en la Honorable Cámara de Diputados, sin expresar el fundamento jurídico en base al cual reconoce tal porcentaje, incumpliendo de tal manera con la obligación de motivar el acto administrativo (art. 108, dec. ley 7.647/70).
Agregó que en la resolución impugnada tampoco se alude a los antecedentes de hecho y de derecho que justificaron la determinación del porcentaje del 70% para la liquidación del haber jubilatorio.
Destacó que no obstaba a lo expuesto la condición dispuesta en el art. 7 de la ley 8.320, en cuanto establece que hasta tanto el IPS esté en condiciones financieras de aplicar el porcentaje del 82% la jubilación del legislador "no podrá ser inferior al 67% del monto establecido en el art. 5", ya que tal norma no fue citada por el organismo previsional en la resolución impugnada para justificar el porcentaje fijado.
Sin perjuicio de ello, recordó que tal artículo estableció una condición transitoria y tendiente a evitar el impacto financiero que podía acarrear para el organismo previsional el reconocimiento de ese porcentaje en la situación económica del mismo al momento de la sanción de la ley 8.320, publicada en el Boletín Oficial con fecha 16-XII-1974.
Añadió que tampoco se había invocado ni acreditado la imposibilidad económica financiera del organismo para cumplir con el porcentaje expresamente previsto en el art. 6 de la citada ley.
Por último, consideró que no correspondía acudir a las disposiciones del decreto ley 9.650/80 en tanto no existe un vacío normativo en el régimen específico que rige la controversia.
I.3. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 81/87).
I.4. La Cámara interviniente, por mayoría, revocó el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 104/112).
Para así resolver sostuvo que el porcentaje del haber reconocido al actor, en un 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de diputado -art. 2 de la resolución impugnada- encuentra sustento normativo en el art. 41 del decreto ley 9.650/80, régimen general normativo común aplicable a los regímenes especiales, en cuanto no resulte modificado por éstos últimos.
Señaló que el IPS consignó expresamente en el acto de marras el régimen legal aplicable al beneficio acordado, esto es, la citada ley 8.320 -régimen de excepción- y el decreto ley 9.650/80 -régimen general-.
Descartó la presencia de vicios en los elementos causa y motivación del acto, en cuanto establece el porcentaje del haber, en tanto entendió que la aplicación al caso del art. 6 de la ley 8.320, es decir, del 82% móvil de los montos establecidos en el art. 5 de la misma norma legal, no resultaba de aplicación automática.
Consideró que el decisorio recurrido yerra al invertir la carga de la prueba imponiendo al Instituto demandado la demostración de la imposibilidad financiera de asumir el porcentaje mayor previsto por la norma.
En ese sentido destacó que la carga de la prueba pesa sobre la parte actora, quien debe demostrar acreditada la condición suspensiva prevista en la norma a esos fines (art. 375, CPCC; conf. art. 77, CCA).
Por último, recordó que, a los fines de la interpretación de las normas previsionales, tratándose de prestaciones excepcionales que se conceden a grupos singulares de personas mediante el cumplimiento de menores exigencias o recaudos, como ocurre con los beneficios acordados por la ley 8.320, debe dilucidarse la cuestión con un criterio estricto y riguroso.
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 117/131).
Denunció la errónea aplicación del art. 6 de la ley 8.320 en tanto dicha norma establece el porcentaje del 82 % móvil del haber jubilatorio.
Sostuvo que la solución de aplicar el porcentaje del 70% previsto en el art. 41 del decreto ley 9.650/80, al régimen de la ley 8.320, no se compatibiliza con los fines de la ley previsional cuyos requisitos le son propios.
Consideró que no existe un vacío normativo que justifique la aplicación supletoria de la norma previsional general -decreto ley 9.650/80-, que procede cuando un asunto no puede resolverse ni por la letra ni por el espíritu de la ley específica. Afirmó que tal presupuesto no se configura en la especie, pues el régimen de la ley 8.320 -puntualmente el art. 6- establece el porcentaje en base al cual debe liquidarse el beneficio jubilatorio.
Señaló que la intención del legislador fue dotar al cuerpo de un régimen propio que respetara el 82% móvil del haber y separado del sistema general.
Afirmó que la demandada soslayó impugnar los fundamentos dados en primera instancia respecto de la nulidad del art. 2 del acto atacado por ausencia de motivación y causa que le sirvieran de fundamento.
I.6. Esta Corte dictó una medida para mejor proveer, en virtud del señalamiento efectuado por la parte actora a fs. 92/96 en el que manifiesta que el organismo demandado ha resuelto en forma favorable los reclamos presentados por exlegisladores respecto del pago del 82% móvil de los haberes jubilatorios, requiriendo al Instituto de Previsión Social que informe si en la actualidad se liquida el haber previsional del actor de conformidad con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- y, en caso afirmativo, desde cuándo (v. fs. 157).
I.7. El organismo requerido informó que por resolución n° 833.570 del 17 de febrero de 2016, dictada por el Honorable Directorio, se reconoció el derecho del aquí actor Eduardo Victorio Paris a que se regulen sus haberes previsionales de acuerdo al art. 6 de la ley 8.320, liquidándose diferencias a su favor desde el 15 de junio de 2013 (v. fs. 174/185).
II.1. Liminarmente habré de señalar que se ha tornado abstracta la controversia que se sustancia en el caso en cuanto a la procedencia del reclamo del reajuste de haberes conforme el porcentual establecido en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- desde el 15 de junio de 2013, fecha desde la que tiene efectos patrimoniales la resolución del Directorio del Instituto de Previsión Social n° 833.570/16 que así lo reconoce.
II.2. El artículo 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a hacer lugar a los recursos extraordinarios de nulidad, de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuando hubiese estimado otros en casos sustancialmente análogos, resultando suficiente fundamento la referencia a los precedentes aplicados y la cita de esta norma.
II.3. Conforme se resolviera en la causa A. 72.240, "Filomeno, Alejandro contra IPS s/ pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", sentencia de 5-XII-2018, en el que se debatían cuestiones sustancialmente análogas a las que se ventilan en el presente, al accionante se le había otorgado en sede administrativa el reajuste de su haber previsional al 82% móvil previsto en el art. 6 de la ley 8.320, con cita de lo resuelto en el precedente administrativo "Tasca Giordano, Bruno n° 2918-2872978 y sus agregados" el día 16 de noviembre de 2011.
En el antecedente citado se expidieron previamente la Dirección General de Administración y la Dirección Provincial de Prestaciones y Recursos del organismo, como también la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y la Contaduría General de la Provincia, en el sentido que se estaba en condiciones de aplicar el mencionado porcentual, lo que así se decidió previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado y la Comisión de Prestaciones e Interpretación Legal; habiéndose resuelto que en los reclamos en trámite debían liquidarse las diferencias a favor de los peticionantes desde la fecha del primer reconocimiento en tal sentido.
En virtud de que el mismo importó el reconocimiento de que el Instituto de Previsión Social había generado excedentes financieros a tal fin, sin que en autos se hubiera acreditado que ello ocurriera con anterioridad, corresponde hacer lugar parcialmente al argumento sostenido por el recurrente por el período que va desde el 16 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013.
III. Entiendo, pues, por las consideraciones vertidas y a la luz de los elementos reunidos en la causa, que debe acogerse el recurso traído revocando parcialmente la sentencia del tribunal de alzada puesta en crisis, reconociendo el derecho del señor Eduardo Victorio Paris a que se le reajuste su haber previsional en los términos demandados desde el 16 de noviembre de 2011 hasta el 15 de junio de 2013.
A dicha suma se calcularán intereses exclusivamente sobre ese capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", ambas sents. de 15-VI-2016 y posteriores).
Se pagarán también intereses por el retroactivo por el período que fue desde el 15 de junio de 2013 hasta la fecha del efectivo pago del mismo reconocido en sede administrativa en la resolución n° 833.570/16.
Voto por la afirmativa.
Las costas de primera instancia se distribuyen por su orden (art. 51, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conf. doctr. de la mayoría en la causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Las de la Cámara interviniente, como las de esta instancia extraordinaria, se imponen a la accionada en un 70% y el 30% restante a la recurrente (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 71, 274 y 289 in fine, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Tal como lo indica la colega que abre el acuerdo, el presente caso reproduce lo debatido en A. 72.240, "Filomeno" y A. 72.073, "Jalil" (ambos citados en el voto de la doctora Kogan). En aquellos casos, al igual que el sub lite , la pretensión giraba en primer término a obtener la nulidad del acto que acordara el beneficio previsional sobre un porcentaje del 70% del haber del activo, y en un segundo tramo, el incremento de dicho haber.
Siendo ello así, adelanto mi postura favorable a la pretensión del accionante por los fundamentos que oportunamente expusiera en los citados precedentes, donde remito.
La motivación (arts. 1, Const. prov. y 108, dec. ley 7.647/70), así como las formas esenciales (v.gr., la publicidad, las mayorías debidas), la competencia, el fin público y el contenido ajustado al ordenamiento, son requisitos del acto administrativo (art. 103, dec. ley. cit.) de cuyo cumplimiento depende su juridicidad y cuya verificación, por ende, es plenamente realizable en el marco de un proceso judicial (cfr. causas A. 70.444, cit. y B. 63.173, "Di Lorenzo", sent. de 13-XI-2013). Tales premisas, definen los parámetros sobre los cuales ha de decidirse la cuestión controvertida.
Sobre esta base, y en lo que hace específicamente al sub lite , es dable colegir que la resolución 681.963/10 que le acuerda el beneficio previsional a la parte demandante (v. fs. 79, expte. adm.), no expresa fundamento jurídico alguno respecto de los motivos por los cuales se reconoce dicho beneficio con un porcentaje del 70% (conf. art. 2) y no como lo sostiene el beneficiario, sobre el porcentaje previsto específicamente en la ley especial. Tal omisión, que resulta dirimente para la validez del acto, torna el obrar administrativo ilegítimo. Al decidir, el organismo -con censurable insuficiencia- dispone la concesión del beneficio en los términos indicados, sin la debida cita legal, ni relación de antecedentes, que permita al administrado conocer los motivos determinantes de la decisión.
Debe tenerse en cuenta que el cargo sobre el cual se acuerda el beneficio previsional es el de diputado provincial (v. fs. 29, expte. adm.).
Pues bien, al abrigo de las circunstancias señaladas, resulta certero el agravio del quejoso en su recurso, en cuanto manifiesta que no existe indicio alguno que le permita conocer los motivos de la decisión, a los efectos de impugnarla (v. fs. 122 vta. en adelante).
Cabe concluir entonces, que la resolución 681.963, transgrede lo dispuesto en el art. 108 del decreto ley 7.647/70.
Ha dicho este Tribunal que cuando el acto luce infundado, malinterpreta o desvirtúa los motivos determinantes comprobados o aducidos, entonces, procede el control anulatorio de la actuación administrativa (doctr. causas B. 49.271, "Fernández", sent. de 29-IX-1987; B. 50.218, "Pereyra", sent. de 28-II-1995; B. 53.483, "Gómez", sent. de 6-VIII-1996; B. 55.191, "Espilman", sent. de 16-XII-1997; e.o.; conf. mi voto en las causas B. 57.130, "D. M.", sent. de 23-II-2005 y B. 66.929 "Madrones", sent. de 6-IV-2011).
II.2. Dicho lo anterior cabe aclarar que según consta en el informe de fs. 174 el actor actualmente percibe su beneficio jubilatorio, en los términos del art. 6 de la normativa aplicable. Con lo cual, su pretensión deberá limitarse al período correspondiente.
III. Estimada la pretensión anulatoria, corresponde abordar el segundo segmento del pedimento del reclamo actor en torno a la concesión del beneficio en los términos de la ley 8.320. Adelanto mi opinión favorable a tal postulación, por los motivos que a continuación expongo.
Dicha norma prevé que se encuentran obligatoriamente comprendidos en ese régimen todos los legisladores de ambas Cámaras (conf. art. 1). Además, observa que "el haber de la jubilación será del 82% móvil de los montos establecidos en el artículo 5°. Tal beneficio se actualizará de acuerdo a la variación de las remuneraciones que perciba el legislador en actividad" (conf. art. 6).
No consta en la presente causa, motivo o circunstancia alguna que permitan excluir a la especie de la solución propiciada por el texto de la ley, por lo que corresponde acordar el reconocimiento al actor del beneficio en los términos antes indicados (conf. art. 12 inc. 2, CCA) por el período que según lo puesto de manifiesto en el apartado anterior corresponda.
Así, asiste razón al recurrente que, aunque en forma desordenada en la pieza de fs. 117/131 denuncia que la defensa fiscal ni siquiera ha invocado la excepción del art. 7 de la ley 8.320. Por otra parte, resulta claro que en caso de ser ello así, es el ente previsional quien debe acreditar esta situación, pues mal podría el beneficiario tener acceso a la información financiera que le permita demostrar si el organismo se hallaba en condiciones de pagar el porcentaje del 82%.
Hacer recaer sobre el interesado la acreditación de tan específica información acerca de las finanzas públicas y poner tal carga p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.