Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72271
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo Nº 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.271, "Scavuzzo, Héctor O. contra IPS s/ pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Soria, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar, por mayoría, al recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la pretensión promovida en autos (v. fs. 114/120).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 123/141), el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 146/147.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia se dictó la providencia de autos (v. fs. 153), la que fue suspendida para dictar una medida para mejor proveer, por la que se requería al Instituto de Previsión Social que informe si en la actualidad se liquida el haber previsional del actor con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- (v. fs. 169). Evacuado el informe se resolvió su reanudación (v. fs. 179), por lo que la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), con el objeto de obtener la anulación de la resolución 673.985/09, emanada del Directorio del citado organismo, en cuanto resolvió liquidarle su haber jubilatorio en base al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de senador desempeñado en la Honorable Cámara de Senadores.
Planteó la ilegitimidad de la decisión por desconocer el derecho patrimonial que posee a que su haber jubilatorio sea liquidado en base al 82% de la remuneración compuesta por la dieta y sueldo anual complementario, de acuerdo a lo que perciben los senadores en actividad.
I.2. La jueza en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida, anuló el art. 2 de la resolución impugnada y condenó al Instituto previsional demandado a liquidar el beneficio jubilatorio acordado al actor de conformidad al porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -82% móvil- con retroactividad al día 11 de julio de 2008, fecha de cese, previa baja del beneficio que percibe por ley 5.675 conforme lo dispuesto en el art. 4 de dicha resolución (v. fs. 73/81).
Para ello consideró que el acto cuestionado se limitó a acordar la jubilación ordinaria al actor, precisando en su art. 2 que tal beneficio sería equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de senador desempeñado por el causante en la Honorable Cámara de Senadores, sin expresar el fundamento jurídico en base al cual reconoce tal porcentaje, incumpliendo de tal manera con la obligación de motivar el acto administrativo (art. 108, dec. ley 7.647/70).
Agregó que en la resolución impugnada tampoco se alude a los antecedentes de hecho y de derecho que justificaron la determinación del porcentaje del 70% para la liquidación del haber jubilatorio.
Destacó que no obstaba a lo expuesto la condición dispuesta en el art. 7 de la ley 8.320, en cuanto establece que hasta tanto el IPS esté en condiciones financieras de aplicar el porcentaje del 82% la jubilación del legislador "no podrá ser inferior al 67% del monto establecido en el art. 5", ya que tal norma no fue citada por el organismo previsional en la resolución impugnada para justificar el porcentaje fijado.
Sin perjuicio de ello, recordó que tal artículo estableció una condición transitoria y tendiente a evitar el impacto financiero que podía acarrear para el organismo previsional el reconocimiento de ese porcentaje en la situación económica del mismo al momento de la sanción de la ley 8.320, publicada en el Boletín Oficial con fecha 16-XII-1974.
Añadió que tampoco se había invocado ni acreditado la imposibilidad económica financiera del organismo para cumplir con el porcentaje expresamente previsto en el art. 6 de la citada ley.
Por último, consideró que no correspondía acudir a las disposiciones del decreto ley 9.650/80 en tanto no existe un vacío normativo en el régimen específico que rige la controversia.
I.3. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación (v. fs. 85/91).
I.4. La Cámara interviniente, por mayoría, revocó el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 114/120).
Para así resolver sostuvo que el art. 2 de la resolución impugnada no arrojaba dudas en cuanto al espacio normativo que se referenciaba en el art. 41 del decreto ley 9.650/80, cuerpo legal que no sólo constituía el régimen común al que tributaban los especiales, en cuanto no resultara modificado por ellos, sino que también expresaba el contexto legal del trámite singular promovido por el actor.
Señaló que el bloque al que ajustó su comportamiento la autoridad estatal, para decidir el alcance económico del beneficio, comprendió al art. 41 del decreto 9.650/80, desplazando así al que intentaba lograr en esta instancia el actor (art. 6, ley 8.320).
En segundo término, afirmó que el reclamo del apelante por exigir el sufragio previo de la condición a la que el art. 7 de la ley 8.320 sujetaba la operatividad del 82% móvil como base de cálculo del beneficio, que determinaba su art. 6, era de recibo.
Sostuvo así que no era el IPS quien debía acreditar no hallarse aún en condiciones financieras idóneas para hacer operativo el porcentaje legal, sino, en todo caso, quien afirmara la presencia de esa condición (art. 375, CPCC; conf. art. 77, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Señaló que no bastaba la referencia que procuraba el demandante en relación a las leyes 12.150 y 13.929, pues ambas se referían a mecanismos financieros que en nada agregaban a una cuestión que, en los términos actuariales que implicaba el equilibrio de la ecuación del sistema entre recursos y egresos, se confinaba a aspectos económicos sustantivos (conf. arts. 5, 6, 7, 8, sigs. y concs., dec. ley 9.650/80 y 7, ley 8.320).
Afirmó que no había podido demostrarse que se hubieran superado las circunstancias transitorias que dieran origen a la sanción del art. 7 de la citada ley.
Concluyó que la controversia no se saldaba con la aplicación de un porcentaje legal cuya posibilidad se mantenía aún sujeta a la condición suficiente de exposición efectiva de la capacidad económica del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (art. 7, ley 8.320), sino que era el art. 41 del decreto ley 9.650/80 el que aportaba solución al caso a través de una exégesis integral del sistema previsional.
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 123/141).
Denunció la errónea aplicación del art. 6 de la ley 8.320 en tanto dicha norma establece el porcentaje del 82% móvil del haber jubilatorio.
Sostuvo que la solución de aplicar el porcentaje del 70% previsto en el art. 41 del decreto ley 9.650/80, al régimen de la ley 8.320, no se compatibiliza con los fines de la ley previsional cuyos requisitos le son propios.
Consideró que no existe un vacío normativo que justifique la aplicación supletoria de la norma previsional general -decreto ley 9.650/80-, que procede cuando un asunto no puede resolverse ni por la letra ni por el espíritu de la ley específica. Afirmó que tal presupuesto no se configura en la especie, pues el régimen de la ley 8.320 -puntualmente el art. 6- establece el porcentaje en base al cual debe liquidarse el beneficio jubilatorio.
Señaló que la intención del legislador fue dotar al cuerpo de un régimen propio que respetara el 82% móvil del haber y separado del sistema general.
Refirió que de los términos de la demanda surge claramente que la impugnación de la resolución estuvo directamente dirigida a impugnar el porcentaje acordado por el organismo previsional en el acto que cuestiona.
Planteó que la demandada soslayó impugnar los fundamentos dados en primera instancia respecto de la nulidad del art. 2 del acto atacado por ausencia de motivación y causa que le sirvieran de fundamento.
Sostuvo que la posición asumida por el Tribunal de Alzada contradice la doctrina de este Tribunal que ha reconocido que el haber del legislador sea liquidado en base al 82% móvil (doct. causa B. 53.102, "Deluca").
Afirmó que no resulta razonable la discriminación que se realiza entre quienes concurren con el mismo derecho, lo que deviene violatorio del derecho a la igualdad (art. 16, Const. nac.).
I.6. Esta Corte dictó una medida para mejor proveer, en virtud del señalamiento efectuado por la parte actora a fs. 96/107 en el que manifiesta que el organismo demandado ha resuelto en forma favorable los reclamos presentados por ex legisladores respecto del pago del 82% móvil de los haberes jubilatorios, requiriendo al Instituto de Previsión Social que informe si en la actualidad se liquida el haber previsional del actor de conformidad con el porcentaje previsto en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- y, en caso afirmativo, desde cuándo (v. fs. 169 y vta.).
I.7. El organismo requerido informó que por Resolución 822.879 del 23 de septiembre de 2015, dictada por el Honorable Directorio, se reconoce el derecho del aquí actor Héctor Oscar Scavuzzo a que se regulen sus haberes previsionales de acuerdo al art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada-, liquidándose diferencias a su favor desde el 15 de junio de 2013 (v. fs. 176).
II.1. Liminarmente, habré de señalar que se ha tornado abstracta la controversia que se sustancia en el caso en cuanto a la procedencia del reclamo del reajuste de haberes conforme el porcentual establecido en el art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- desde el 15 de junio de 2013, fecha desde la que tiene efectos patrimoniales la Resolución del Directorio del Instituto de Previsión Social 822.879/15, que así lo reconoce.
II.2. El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a hacer lugar a los recursos extraordinarios de nulidad, de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuando hubiese estimado otros en casos sustancialmente análogos, resultando suficiente fundamento la referencia a los precedentes aplicados y la cita de esta norma.
II.3. Conforme se resolviera en la causa A 72.240, "Filomeno, Alejandro contra IPS s/ pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", sentencia de 5-XII-2018, en el que se debatían cuestiones sustancialmente análogas a las que se ventilan en el presente, al accionante se le había otorgado en sede administrativa el reajuste de su haber previsional al 82% móvil previsto en el art. 6 de la ley 8.320, con cita de lo resuelto en el precedente administrativo "Tasca Giordano, Bruno n° 2918-2872978 y sus agregados" el día 16 de noviembre de 2011.
En el antecedente citado se expidieron previamente la Dirección General de Administración y la Dirección Provincial de Prestaciones y Recursos del organismo, como también la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y la Contaduría General de la Provincia, en el sentido que se estaba en condiciones de aplicar el mencionado porcentual, lo que así se decidió previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado y Comisión de Prestaciones e Interpretación Legal; habiéndose resuelto que en los reclamos en trámite debían liquidarse las diferencias a favor de los peticionantes desde la fecha del primer reconocimiento en tal sentido.
En virtud de que el mismo importa el reconocimiento de que el Instituto de Previsión Social ha generado excedentes financieros a tal fin, sin que en autos se hubiera acreditado que ello ocurriera con anterioridad, corresponde hacer lugar parcialmente al argumento sostenido por el recurrente por el período que va desde el 16 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013.
III. Entiendo, pues, por las consideraciones vertidas y a la luz de los elementos reunidos en la causa, que debe acogerse el recurso traído revocando parcialmente la sentencia de Alzada puesta en crisis, reconociendo el derecho del señor Héctor Oscar Scavuzzo a que se le reajuste su haber previsional en los términos demandados desde el 16 de noviembre de 2011 hasta el 15 de junio de 2013.
A dicha suma se calcularán intereses exclusivamente sobre ese capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016 y posteriores).
Se pagarán también intereses por el retroactivo, por el período que fue desde el 15 de junio de 2013 hasta la fecha del efectivo pago del mismo reconocido en sede administrativa en la Resolución 822.879/15.
Voto por la afirmativa.
Las costas de las instancias de grado se distribuyen por su orden (art. 51, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conforme doctrina de la mayoría en la causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la accionada en un 70% y el restante 30% a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 seg. párr. y 289 in fine, CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. A tenor de los antecedentes reseñados por la colega que abre el acuerdo, de las postulaciones de las partes y de las constancias obrantes en autos, se desprende que la cuestión a resolver gira en torno a determinar si le asiste razón al demandante en cuanto a que en el período anterior al 15 de junio de 2013, debió liquidarse su beneficio previsional en los términos del art. 6 de la ley 8.320 -actualmente derogada- reconociéndole el 82% móvil de la remuneración prevista en el art. 5 de la norma, o como lo resolviera la Cámara, un 70% por aplicación del régimen general de la ley 9.650/80. Ello así, por cuanto desde esa fecha y conforme surge de la resolución agregada a fs. 176, el accionante percibe su jubilación por el porcentaje pretendido en el sub lite .
La presente cuestión, presenta idénticos contornos que los precedentes A. 72.240, "Filomeno" ("Filomeno, Alejandro c/ IPS s/ pretensión anulatoria", sent. de 5-XII-2018) y A. 72.073, "Jalil" ("Jalil, Liliana c/ IPS s/ pretensión anulatoria", sent. de 8-V-2019).
Al igual que en aquellos antecedentes, en el sub lite la pretensión se encuentra vinculada ex ante al cuestionamiento de la legitimidad de la resolución 673.985/09 (v. fs. 243 expediente administrativo, a pesar que a fs. 12 la actora indica otra resolución), en virtud de la que se concede al señor Filomeno el beneficio previsional; lo cual integra de igual modo la litis. Así lo ha planteado claramente la actora en el capítulo "II.- PRETENSIÓN", de su demanda (v. fs. 9 vta., donde se encuentra correctamente indicado el nro. "673985").
Sentado ello, y analizando el orden de las objeciones articuladas en el recurso de la demandante, estimo que, por un orden lógico, la primera parcela de análisis debe necesariamente ser el apuntado déficit en la fundamentación del acto, cuestión que, cabe señalar, denuncia la demandante desde su primera presentación.
I.2. Adelanto mi postura favorable a la pretensión del accionante, reiterando argumentos que plasmara en los precedentes citados.
Agregué que "La motivación (arts. 1, Const. prov. y 108, dec. ley 7.647/70) así como las formas esenciales (v.gr. la publicidad, las mayorías debidas), la competencia, el fin público y el contenido ajustado al ordenamiento, son requisitos del acto administrativo (art. 103, dec. ley. cit.) de cuyo cumplimiento depende su juridicidad y cuya verificación, por ende, es plenamente realizable en el marco de un proceso judicial" (causas A. 70.444, cit. y B. 63.173, "Di Lorenzo", sent. de 13-XI-2013). Sobre estas premisas, habrá de decidirse la cuestión controvertida.
Así, y en lo que hace específicamente al sub lite , es dable colegir que la resolución 673.985/09 que le acuerda el beneficio previsional a la parte demandante (v. fs. 243, expte. adm.), no expresa fundamento jurídico alguno respecto de los motivos por los cuales se reconoce dicho beneficio con un porcentaje del 70% (conf. art. 2) y no como lo sostiene el beneficiario, sobre el porcentaje previsto específicamente en la ley especial. Tal omisión, que resulta dirimente para la validez del acto, torna el obrar administrativo ilegítimo. Al decidir, el organismo con censurable insuficiencia, dispone la concesión del beneficio en los términos indicados, sin la debida cita legal, ni relación de antecedentes, que permita al administrado conocer los motivos determinantes de la decisión.
Debe tenerse en cuenta que el cargo sobre el cual se acuerda el beneficio previsional es el de senador provincial (v. correlación de fs. 240 y vista de la Fiscalía de Estado de fs. 242).
Pues bien, al abrigo de las circunstancias señaladas, resulta certero el agravio de la quejosa en su recurso, en cuanto manifiesta que no existe indicio alguno que le permita conocer los motivos de la decisión, a los efectos de impugnarla.
Cabe concluir entonces, que la resolución 673.985, transgrede lo dispuesto en el art. 108 del decreto ley 7.647/70.
Ha dicho este Tribunal que cuando el acto luce infundado, malinterpreta o desvirtúa los motivos determinantes comprobados o aducidos, entonces, procede el control anulatorio de la actuación administrativa (causas B. 49.271, "Fernández", se
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.