Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74410
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.410, "Acosta Oscar Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Soria, Torres, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora (v. fs. 213/222) y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda promovida por el señor Oscar Alberto Acosta contra la sanción disciplinaria de cesantía impuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 237/242 vta.).
Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 247/252), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 255/256.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 260) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación deducido por el señor Oscar Alberto Acosta, revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda impetrada contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) y admitió la pretensión anulatoria de la resolución 8.002/09 y su confirmatoria, resolución 2.351/10, que dispusieron el cese del actor como agente policial (v. fs. 237/242).
En consecuencia, ordenó a la demandada la reincorporación del señor Acosta a la situación de revista existente al tiempo de la baja, el pago de los salarios caídos con las limitaciones que indica, más la suma de pesos dieciocho mil ($18.000) en concepto de daño moral (conf. art. 12 inc. 1, 55, 56, 59, 77 y concs., ley 12.008, texto según leyes 13.101 y 14.437, 274 y concs., CPCC)
Para así resolver, el Tribunal de Alzada sostuvo que la resolución 8.002/09 dictada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad era nula por vicio en la causa, pues todo cuanto expuso para cargar en el actor la falta disciplinaria del art. 114 inc. "a" y "d" del decreto 3.326/04 no se informó más que en indicios y conjeturas derivadas de especulaciones que escapan a los hechos objetivos sobre los que debe versar toda medida disciplinaria (v. fs. 240 y vta.).
Entendió que la sentencia apelada para dar validez a su pronunciamiento, se basó en lo informado por el agente fiscal de la causa penal seguida a los hermanos Irrazábal y dos de las declaraciones testimoniales rendidas en sede administrativa (expte. adm. n° 21.100-474112/09, a fs. 72 de Esteban Joel Mirande y a fs. 77 de Gustavo Hernán Silva). Agregó que el juez de la instancia de grado decidió el desenlace de mérito sobre una base puramente conjetural que carecía de impronta suficiente para acreditar la existencia del hecho por el que se sancionara al actor.
Afirmó que la prueba testimonial, para alcanzar entidad como tal, debía referirse a hechos concretos de conocimiento personal del deponente, pues todo cuanto excedía de esa variable escapaba a ella. Más teniendo en cuenta la discrepancia de esos dichos con los del resto de los testimonios rendidos, en el expediente administrativo citado (declaraciones de los vecinos, señores Celia Griselda Montenegro, Liliana Vanesa Maldonado y José Adolfo Abad, a fs. 74, 75 y 76, expte. adm. n° 21.100-474112/09). De lo que infirió que, los dichos de dos de los testigos, frente a la ausencia de toda otra prueba, resultaban insuficientes para justificar por sí solos la relación causal que reclama el acto administrativo para tener por configurados los hechos adecuados a la figura disciplinaria expulsiva.
Ponderó que el oficio enviado al Ministro de Seguridad por el señor agente fiscal Giorgi, adolecía de suficiencia, puesto que sólo refería al parentesco de la pareja del actor, Valeria Irrazábal, con los imputados en la causa penal que se seguía contra Maximiliano y Martín Irrazábal, y a la situación objetiva de la cercanía de domicilio, para derivar en la necesidad de que ese Ministerio tome medidas disciplinarias sobre el agente Acosta (v. fs. 56/57, expte. adm. n° 21.100-474112/09).
Agregó que esa comunicación, sumada a los dichos de sólo dos testigos que no estaban contestes con otros testimonios, no resultaba suficiente para tener por probado que el actor mantuviera un vínculo sospechoso o reñido con los reglamentos de la institución policial con los presuntos delincuentes, en el sentido en que encubriera a los mismos en sus actos delictivos o mientras se mantuvieran prófugos de la justicia.
Entendió, por el contrario, que reportaban una mención imprecisa que había sido integrada sobre una base hipotética sin consistencia objetiva que la corrobore. Sumado a que tampoco se acreditó en la causa ninguna imputación por encubrimiento que pudiera revelar la circunstancia atribuida mediante la sanción disciplinaria.
Añadió que no es un dato menor que la autoridad administrativa, no obstante, las conclusiones de cargo, no formulara denuncia penal relativa a los hechos de encubrimiento que consideró acreditados para la infracción endilgada. Y que la existencia de vínculo por afinidad, entre Acosta y Maximiliano y Martín Irrazábal, así como la cercanía de las residencias, no pudo acarrear por sí sólo la justificación de una falta en los términos del art. 114 inc. "a" del decreto 3.326/04.
Precisó que nada de lo expuesto, ni de lo que recogió la sentencia apelada, tenía solvencia para sostener la prueba de cargo de un hecho de la gravedad del que había sido atribuido, debiendo ponderarse al respecto que la causa penal instruida, que diera origen al sumario disciplinario, no guardaba relación con la persona del demandante.
A lo que agregó que la fuente de la relación que se le imputó al actor giró en torno a su vinculación familiar con presuntos delincuentes, sin sobrepasar ese umbral y sin que desde el mismo se edifiquen circunstancias de encubrimiento, complicidad o de trato que lo supere y que hayan sido justificados con prueba suficiente.
Entendió que lo colectado en el proceso sumarial revelaba que se juzgó una conducta por reflejo de otras, de terceros y fue apreciada desde una conjetura de interacción y protección ilícita que no fue probada. Sostuvo que la única demostración de la infracción endilgada al actor, fue la relación por afinidad, sin más agregado, siendo ello insuficiente para sostener una atribución disciplinaria de la gravedad de la que se endilgó al actor.
Por todo lo expuesto consideró que existió error de juzgamiento y una imputación que no se sostuvo en un complejo probatorio válido y eficaz suficiente para acreditar una conducta adecuada a las figuras disciplinarias contenidas en la resolución 8.002/09. Concluyó que el citado acto administrativo debía anularse por vicio en su causa, desde que la falta disciplinaria se informó sólo en conjeturas derivadas de especulaciones que escapaban a los hechos objetivos sobre los que debía versar toda medida disciplinaria.
Sentado lo anterior, estableció el alcance de la condena en la reincorporación del señor Acosta a su situación de revista al momento del cese y de los salarios caídos desde este último suceso hasta la efectiva restitución en el cargo, tal como fuera delimitado por el actor (v. fs. 52 y vta.) siendo que el concepto por daño articulado es comprensivo de este contenido.
Expresó que tal criterio de resolución guardaba armonía con los efectos hacia el pasado inherentes a toda declaración de nulidad, cuando ella recae sobre un acto irregular, insanable y por lo tanto sin posibilidades de confirmación ni convalidación ulterior, como en el caso (conf. arts. 1.047, 1.052 y concs., Cód. Civ.; 390 y concs., Cód. Civ. y Com. y 103, 104, 108, 114 y concs., ley 7.647/70). Con base en ello, entendió que correspondía la restitución al estado de cosas, como si el acto administrativo no se hubiera dictado, reponiéndolas sin solución de continuidad.
Añadió que la derivación lógica no podía ser otra que la restitución de los salarios caídos qué, de esa manera, absorbía el reclamo del actor por daño emergente.
Rechazó los otros rubros planteados en la demanda, en tanto no se ha aportado prueba tendiente a acreditarlos (conf. art. 375, CPCC), con excepción del daño moral que correspondía ponderar, atento el menoscabo espiritual que supuso la baja en sí misma (conf. doctr. causas B. 53.291, "Álvarez", sent. de 2-XII-1997 y B. 49.753, "Ambrosio", sent. de 2-XII-1997). Estimó razonable fijarlo en la suma de pesos dieciocho mil ($18.000) sin accesorios por falta de petición.
II. Contra tal pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 247/253). Denunció la errónea aplicación del art. 114 inc. "a" y "d" del decreto 3.326/04, reglamentario de la ley 13.201; la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte en los casos que cita y absurdo en la ponderación de las constancias obrantes en la causa. También inobservancia de la doctrina legal al reconocer indemnizaciones que considera improcedentes.
II.1. La recurrente reprocha que la Cámara omitió tipificar la conducta imputada al actor, en los términos del art. 114 inc. "a" y "d" del decreto 3.326/04 reglamentario de la ley 13.201 de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Aduce que el señor Acosta afectó gravemente la imagen de la institución policial al desconocer que su accionar exigía una conducta ética íntegra como funcionario público encargado de hacer cumplir la ley que alcanzaba tanto las relaciones mantenidas en cumplimiento de su labor como las concretadas en su vida privada. Sostiene que la sentencia incurrió en absurdo en su fundamentación al no ponderar adecuadamente dichas normas y su aplicación a lo probado en autos.
II.2. Acusa que el Tribunal de Alzada desconoció la doctrina legal que considera razonable la sanción expulsiva del agente policial involucrado, cuando se tiene convicción de la falta y pérdida de confianza. Destaca que como resultado del citado plexo normativo se estimó el proceder del agente susceptible de justificar la desconfianza de sus superiores por lo cual la sanción segregativa se formalizó mediante una decisión razonable. Citó la causa B. 58.328, "Millar", sentencia de 21-V-2003, resuelta por esta Corte.
II.3. También denuncia el absurdo en el que incurrió el a quo , al interpretar las constancias de la causa. A su entender se acreditó que el actor con su comportamiento había brindado protección conforme su estado policial a sus cuñados Martín y Maximiliano Irrazábal, quienes se hallaban prófugos de la justicia por homicidio, desconociendo de modo grosero las actuaciones sumariales iniciadas a raíz del oficio del Fiscal de la UFI n° 7 de Lomas de Zamora dirigido al Ministro de Seguridad, solicitando medidas disciplinarias respecto del agente Acosta. Considera un yerro fundamental la decisión de la Cámara de restarle valor a dos de las declaraciones testimoniales, precisamente la de Joel Mirande y Gustavo Hernán Silva, obrantes a fs. 72 y 77 del expediente administrativo n° 21.100-474-112/09.
II.4. En otro orden, se agravia por cuanto la Cámara, al reconocer el pago de los haberes al señor Acosta desde su cese hasta su reincorporación al cargo, sin que hubiere la necesaria contraprestación laboral durante dicho período, se ha apartado de la doctrina vigente en la materia, plasmada en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal, que menciona.
II.5. Por último, afirma que la sentencia incurre en absurdo en su fundamentación al reconocer el daño moral, sin que el actor aportara prueba alguna tendiente a acreditarlo, apartándose también de la doctrina de este Tribunal en la materia, con cita de precedentes.
III. El recurso prospera parcialmente (art. 279, CPCC).
III.1. Los agravios esgrimidos por la recurrente contra la nulidad de la sanción disciplinaria declarada por la sentencia impugnada, no logran conmover los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada, en tanto se limita a disentir con la valoración de los hechos y pruebas realizada por el a quo , omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que dan sustento a la solución en crisis (conf. art. 279, cit.; doctr. causa A. 71.843, "Pelizzari", sent de 3-XIII-2014; e.o.).
A su vez, los planteos traídos a esta instancia extraordinaria no alcanzan a evidenciar la violación de la ley denunciada, sino más bien traslucen una discrepancia subjetiva con el criterio expresado en la sentencia de la Cámara.
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa; y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causa, A. 71.873, "Laprovittola", sent. de 16-III-2016).
III.2. Como se anticipó, la recurrente no ataca de forma idónea los fundamentos básicos del fallo.
La Cámara lo que desconoció fue la existencia del hecho por el que se sancionó al actor, pues consideró que al respecto no hubo prueba de mérito suficiente. En tal sentido restó valor probatorio a las declaraciones de Esteban Joel Mirande y de Gustavo Hernán Silva, frente a la ausencia de toda otra prueba que justifique la relación causal adecuada a la figura disciplinaria aplicada al actor. Además, tuvo en cuenta la discrepancia de esas declaraciones con las de los vecinos Celia G. Montenegro, Liliana Vanesa Maldonado y José Adolfo Abad (v. fs. 74, 75 y 76, expte. adm. n° 21.100-474112/09).
Es así que el Tribunal de Alzada no encontró configurada la conducta atribuida al agente por el Ministerio de Seguridad, en los términos del art. 114 inc. "a" y "d" del decreto 3.326/04, a la luz de la prueba producida en la especie -prueba testimonial-. Por el contrario, ponderó que el material probatorio colectado da cuenta de su insuficiencia para acreditar la falta disciplinaria imputada.
En definitiva, lo que en el caso se discute es el modo en que el a quo valoró la prueba rendida, tal como ha quedado de manifiesto en los antecedentes reseñados, lo que nos sitúa en el campo de la apreciación de los hechos y del material probatorio ajenos a la instancia extraordinaria, en tanto no se demuestre su evaluación en forma absurda lo que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (conf. doctr. causas, A 71.783, "Laprovittola", sent. de 16-III-2016; A. 71.328 "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016; A. 72.794, "Rafaniello", sent. de 13-VI-2018; e.o), carga que no aparece cumplida por la impugnante.
Asimismo, se ha señalado que la mera discrepancia, como la evidencia en su recurso la parte demandada, dista de configurar el supuesto excepcional que invalida lo resuelto y abre paso a la revisión de las cuestiones en esta instancia. Pues, no basta con disentir, sino que es menester poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de esta sede para el examen de tales cuestiones fáctico-probatorias (arts. 279 y 384, CPCC; causas C. 96.884, "Avila", sent. de 16-IX-2008; C. 95.666, "Capece", sent. de 2-IX-2009; C. 102.367, "Fernández", sent. de 18-II-2009; A. 70.148, "Cocci", sent. de 28-III-2012; e.o.).
Por otra parte, la Cámara no ha desconocido la normativa que la recurrente denuncia mal aplicada (art. 114 inc. "a" y "d", dec. 3.326/04, que considera falta grave la vinculación personal de un agente con delincuentes, contraventores o personas de notoria mala fama). Por el contrario, no ha tenido por acreditadas las circunstancias fácticas precisas que configuren el supuesto normativo y justifiquen la sanción expulsiva cuya aplicación pretende la recurrente.
Es por ello que los argumentos vertidos en el recurso deducido no llegan a demostrar el razonamiento erróneo que, en grado de absurdo, permita reeditar tales cuestiones (arts. 279 y 384, CPCC).
La recurrente ha estructurado la queja exponiendo su propia interpretación de los hechos, sin lograr asestar un embate preciso que permita desbaratar el razonamiento de la Cámara.
Cabe tener presente que la acreditación del absurdo no se abastece con el planteo de una disconformidad o discrepancia con la línea argumental de lo resuelto en el fallo (cfr. causas A. 72.656, "Barzani", sent. de 3-XII-2014; A. 72.384, "Cepeda", sent. de 24-VI-2015 y C. 117.389, "Prío", sent. de 16-III-2016), siendo necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falta palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado. (cfr. causas L. 91.875, "Gazzara", sent. de 7-V-2008; A. 69.017, sent. de 3-VI-2009; C. 105.234, sent. de 17-II-2010 y C. 105.397, sent. de 27-IV-2011), lo que, en autos no ha ocurrido.
III.3. Tampoco es de recibo el cuestionamiento vinculado con la aplicación errónea de la doctrina legal sentada por este Tribunal, que la recurrente cita en el punto V.1.a., a fs. 249 vta., en relación a la pérdida de confianza en el agente policial como motivo para su separación del cargo (cfr. causas, B. 58.328, "Millar" sent. de 21-V-2003; B. 57.459, "D.H.I.", sent. de 28-V-2008 y B. 58.240, "R.M.J.", sent. de 12-II-2008), entre otras que menciona.
Al respecto, cabe puntualizar que no basta con la mera individualización del precedente y la transcripción de un sumario para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse las circunstancias de hecho del caso donde se sentó el criterio cuya aplicación se pretende a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa.
Sólo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (cfr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi", sent. de 03-V-2018; e.o.).
En este punto, la impugnante tampoco desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre aquellos antecedentes y el supuesto de autos (cfr. causas A. 72.293, "Gomez", sent. de 6-V-2015; A. 71.261, "Pagola", sent. de 3-XII-2014; A. 71.689, "Fontana", sent. de 30-III-2016; e.o.).
De modo que el planteo luce insuficiente, pues es claro que la recurrente omite explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la denunciada actuación indebida de la Cámara interviniente (art. 279, CPCC).
La violación a la doctrina legal que invalida un acto jurisdiccional de las instancias ordinarias se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (cfr. doctr. causas A. 70.498, "Curatolo", sent. d
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