Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75684
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.684, "Pallanza, Marcelo Néstor contra Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la pretensión deducida por el señor Marcelo Néstor Pallanza, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones dictadas por el Instituto de Previsión Social, mediante las cuales le denegara la jubilación extraordinaria prevista en la ley 13.445 y sus prorrogas.
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor Marcelo Néstor Pallanza promovió demanda contencioso administrativa tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones 705.879 de fecha 8 de junio de 2011 y 719.921 del 18 de abril de 2012, por medio de las cuales el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) le denegara la jubilación extraordinaria prevista en la ley 13.445 y sus prórrogas, por considerar que a la fecha del cese definitivo de servicios, el peticionante no se desempeñaba como personal en actividad comprendido en el régimen de la ley 11.757 y ordenanza 8.620 de la Municipalidad de La Plata, ni contaba con la edad requerida para acceder a la jubilación.
Sostuvo que los requisitos de edad y años de servicios debían reunirse al momento de ejercer la opción prevista en la ley 13.445 (modif. por las leyes 13.615 y 13.896), circunstancia que alega aconteció en su caso.
En consecuencia, solicitó el reconocimiento de dicho beneficio desde la fecha de cese de servicios, con más intereses y costas.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida, anuló las resoluciones impugnadas y reconoció el derecho del actor a obtener su jubilación conforme la ley 13.445.
Para así resolver, consideró que al momento del ejercicio de la opción el actor cumplía con los requisitos previstos en la legislación aplicable, es decir, estaba comprendido en el régimen de la ley 11.757 y ordenanza 8.620 (decreto municipal 903), tenía cincuenta años de edad, contaba con veinticinco años de servicios y al 31 de julio de 2003 revestía en la planta permanente del Banco Municipal.
III. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la pretensión administrativa promovida.
Para así decidir, consideró que el actor no reunía los requisitos legales para acceder al beneficio de jubilación extraordinaria previsto en la ley 13.445 y sus prórrogas, por no acreditar una situación de revista activa al 31 de julio de 2003, bajo el régimen de la ley 11.757 y ordenanza 8.620 (cfr. art. 1, ley cit.).
A tal efecto, con base en las actuaciones administrativas, ponderó:
Que al 31 de julio de 2003 el accionante se encontraba en uso de licencia sin goce de haberes como agente del ex Banco Municipal e inactivo en el régimen de la ley 11.757 y ordenanza 8.620.
Que dicha licencia explicaba la variable de desempeño del actor en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a partir del 1 de julio de 2003, de otro modo incompatible.
Que el escenario descripto surgía de los decretos 1.155/03, 1.873/03 y 1.274/04, dando cuenta este último de un cese que se retrotraía a la confirmación del actor en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, acaecida el 1 de julio de 2003.
Que el accionante no podía justificar a partir de la fecha antes citada, una situación de revista activa en los términos requeridos por la norma.
En base a lo expuesto, y con cita de la doctrina de esta Suprema Corte sobre el criterio de interpretación restrictivo de las normas previsionales que estructuran situaciones de excepción, revocó la sentencia apelada y rechazó la pretensión administrativa promovida, imponiendo las costas de ambas instancias en el orden causado.
IV. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia: a) errónea interpretación y aplicación de la ley 13.445, sus prórrogas y modificatorias y arts. 163 inc. 6 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; b) vulneración del principio de congruencia y de los principios de la seguridad social; c) absurdo en la valoración de la prueba; d) violación de la doctrina legal de este Tribunal y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita y e) violación de normas legales, constitucionales y supranacionales que considera comprometidas en el caso.
Liminarmente, sostiene que el Tribunal de Alzada violenta el principio de congruencia, pues considera que la sentencia en crisis no se conforma con el pedimento de la demanda, ya que no se expide sobre su derecho a gozar de los beneficios de la seguridad social.
Luego, se agravia que la Cámara considere que, al 31 de julio de 2003, su parte no revistaba como personal en actividad dentro del régimen de la ley 11.757 y que, por ello, no cumplía con el recaudo exigido por el art. 1 de la ley 13.445.
Sostiene que dicha conclusión es absurda, pues omite ponderar las certificaciones de servicios y los actos administrativos acompañados, que dan cuenta: i) que el actor formó parte de la planta permanente del ex Banco Municipal de La Plata desde el 1 de mayo de 1997 hasta el 29 de marzo de 2004 y ii) que se encontraba comprendido en el régimen de la ley 11.757 y ordenanza 8.620, atento la adhesión que por ordenanza 8.289 efectuara la Municipalidad de La Plata a la ley 12.563 y en virtud del decreto del intendente 957/03, que considera al personal del Banco Municipal, a partir del 1 de agosto de 2003, comprendido en la ley 11.757.
En consecuencia, postula que la Cámara incurre en un error in iudicando , al desestimar su pretensión prescindiendo de la circunstancia de que su parte se encontraba -al 31 de julio de 2003- en actividad bajo el régimen de la ley 11.757, pero con licencia.
Cuestiona también que no se haya ponderado la situación extraordinaria que se vivió al cierre o liquidación de la entidad bancaria municipal y las medidas excepcionales que se adoptaron al respecto.
Finalmente, aduce que el fallo en crisis prescinde de considerar la finalidad tuitiva de las normas previsionales en general, detallando al efecto los conceptos sobre la seguridad social que entiende vulnerados, y que se aparta de la correcta interpretación que cabe dar a la ley 13.445, a sus modificatorias y prórrogas.
V. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causa A. 73.507, "Aued", sent. de 6-VI-2018).
Por lo tanto, ni la postulación de una interpretación divergente a la efectuada por la Cámara sobre la normativa aplicable, ni la disquisición meramente discordante del impugnante en cuanto a la apreciación del material fáctico y probatorio de la litis, alcanzan para abastecer la suficiencia técnica del embate que -así formulado- deja incólume el pronunciamiento del Tribunal de Alzada por falta de cuestionamiento idóneo (doctr. causa A. 74.458, "Scaglia", sent. de 19-XII-2018).
V.2. Tal déficit exhibe la pieza recursiva, pues al denunciar la errónea interpretación y aplicación de la ley 13.455, sus prórrogas y modificatorias -en particular, ley 14.680- formula consideraciones vinculadas, por un lado, a la exégesis que, considera, cabe asignar a lo preceptuado en su art. 1 con relación al requisito de actividad y, por el otro, a la valoración de las circunstancias fácticas que no habrían sido tenidas en cuenta por el Tribunal a quo en su sentencia. Mas, en ese derrotero, soslaya abordar adecuadamente las razones esgrimidas por la Cámara para arribar a la conclusión adversa a sus intereses.
En efecto, para decidir el rechazo de la pretensión, el Tribunal de Alzada señaló que el art. 1 de la ley en cuestión, establece como requisito acreditar una situación de revista activa al 31 de julio de 2003, bajo el régimen de la ley 11.757 y ordenanza 8.620, extremo que no encontró configurado en la especie.
Para arribar a dicha conclusión, ponderó las actuaciones administrativas (expte. 21.557-135.147/09) de las que extrajo: i) que al 31 de julio de 2003 el accionante se encontraba en uso de licencia sin goce de haberes como agente del ex Banco Municipal e inactivo en el régimen de la ley 11.757 y ordenanza 8.620; ii) que la licencia dispuesta explicaba el desempeño del actor en el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 1 de julio de 2003, situación de otro modo incompatible; iii) que el escenario descripto surgía de los decretos 1.155/03, 1.873/03 y 1.274/04, dando cuenta este último de un cese que se retrotraía a la confirmación del actor en el Banco Provincia de Buenos Aires, acaecida el 1 de julio de 2003 y iv) que desde la citada fecha, el accionante no podía justificar una situación de revista activa en los términos requeridos por la norma.
A partir de allí, y con cita de la doctrina de esta Suprema Corte, sobre el criterio de interpretación restrictivo que debe darse a las normas previsionales que regulan situaciones de excepción, revocó la sentencia apelada y denegó la petición actoral.
Ninguno de estos fundamentos recibió reproche por parte del impugnante, quien pretende hacer prevalecer su propio criterio interpretativo sobre la normativa aplicable y el material probatorio de la causa, al afirmar que al 31 de julio de 2003 cumplía con el recaudo de actividad exigido por el art. 1 de la ley 13.445, ya que -aduce- a dicha fecha se encontraba en actividad bajo el régimen de la ley 11.757, pero con licencia.
Obsérvese que el recurrente se limita a analizar las mismas normas y los mismos hechos según su propio criterio, sin realizar una crítica eficaz que intente demostrar que el pronunciamiento que lo agravia contenga un error in iudicando al punto de resultar reñido con los procesos lógicos del razonamiento.
Para más, adviértase que el impugnante cita en apoyo de su posición los fundamentos de la reforma introducida por la ley 14.680, pero sin hacerse cargo de analizar y armonizar su pretensión con la previsión del inc. "b" del art. 1 que contempla la situación del personal que -como en su caso- luego del 31 de julio de 2003, sin interrupción, hubiera continuado prestando servicios en el Banco Provincia de Buenos Aires y permanecido en él, estableciendo los recaudos a reunir -por cierto más exigentes- para poder optar por la jubilación extraordinaria.
Es indudable que los argumentos traídos a esta instancia no logran atacar de manera idónea los cimientos sobre los que se estructura la decisión impugnada, ni demostrar una errónea aplicación de la ley y, menos aún, que la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente; sino que se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causa A. 72.243, "Fittipaldi", sent. de 29-VI-2016).
En tal sentido, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el recurrente expone su propio criterio personal, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 70.891, "Mohando", sent. de 6-VIII-2014 y A. 70.232, "Benítez", sent. de 27-IV-2016).
Estas circunstancias resultan suficientes para su rechazo pues, como lo ha señalado este Tribunal, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (doctr. causa C. 121.938, "De Lóizaga", sent. de 7-XI-2018).
V.3. Tampoco se evidencia el absurdo denunciado, instituto creado por doctrina de este Tribunal, que supone un notorio desvío de las reglas del pensar, de la lógica o del sentido común, o una grosera desinterpretación del material probatorio aportado que deviene en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (doctr. causa A. 72.243, ya cit.).
Ello por cuanto, de una parte, el impugnante no controvierte la plataforma sobre la que se apontocó el Tribunal de Alzada al considerar que el 1 de julio de 2003 comenzó a prestar servicios en el Banco de la Provincia de Buenos Aires; por la otra, la tesis del a quo según la cual esta circunstancia resultaría incompatible con su desempeño activo en el ámbito municipal, no se presenta -más allá de su acierto o error- como un desvío en las reglas del correcto entendimiento humano.
V.4. Por otro lado, tampoco resulta de recibo la invocada violación al principio de congruencia, pues más allá de la insuficiencia que evidencia el planteo, toda vez que no se alega la existencia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso (doctr. causa L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019), tampoco se logra visualizar el apartamiento del juez del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (doctr. causa A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016).
V.5. La misma suerte adversa debe correr el agravio referido a la violación de la doctrina legal que el recurrente intenta fundar con la trascripción de sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de este Tribunal como de la Corte federal, que entiende vulnerados por la sentencia en crisis.
Cabe señalar que, conforme tiene dicho esta Suprema Corte, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el caso del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (doctr. causa A. 73.780, "Davila", sent. de 26-XII-2018), carga que no aparece cumplida en la pieza bajo examen.
Por lo demás, la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctr. causa A. 75.736, "Pita", sent. de 13-XI-2019).
V.6. Idéntica respuesta deberá brindarse a la invocada violación a las normas supranacionales, constitucionales y legales, por cuanto no se acredita de qué manera el resolutorio colisiona con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo del agraviante -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Suprema Corte (doctr. causa A. 73.169, "Liserre", sent. de 17-V-2017).
VI. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la parte actora (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la cuestión planteada también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2020 10:17:40 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 03/08/2020 11:46:11 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 04/08/2020 18:27:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2020 23:13:06 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2020 09:42:26 - MARTIARENA Juan Jose
Fin de la sentencia