Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75430
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.430, "Vela, María Cristina contra Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó -por mayoría- la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, desestimó la demanda deducida por la señora María Cristina Vela, tendiente a obtener la nulidad de la resolución dictada por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) mediante la cual se le denegara el reajuste del haber jubilatorio en base al cargo de psicóloga de hospital perteneciente al régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria (cfr. art. 3, ley 10.471), por no contar con el plazo mínimo en su desempeño exigido por el art. 41 del decreto ley 9.650/80 (v. fs. 191/195 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/202), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 204/205.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 207), agregadas las memorias presentadas por ambas partes (v. presentaciones electrónicas de fechas 30 de octubre de 2018 y 2 de noviembre de 2018) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó -por mayoría- la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, desestimó la demanda deducida por la señora María Cristina Vela, tendiente a obtener la nulidad de la resolución 700.093 dictada por el IPS con fecha 30 de marzo de 2011, mediante la cual se le denegara el reajuste del haber jubilatorio en base al cargo de psicóloga de hospital perteneciente al régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria (cfr. art. 3, ley 10.471), por no contar con el plazo mínimo de tres años consecutivos en el desempeño del cargo exigido por el art. 41 del decreto ley 9.650/80 (v. fs. 191/195 vta.).
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- la mayoría del Tribunal de Alzada consideró que el juez de grado incurrió en error de juzgamiento al estimar la presencia de una hipótesis de continuidad en la situación de revista activa de la actora, entre el cargo en el que obtuviera su beneficio previsional (categoría 8, profesional, ley 10.430) y el que procurara para reajustar la base de determinación de su haber (psicóloga de hospital, ley 10.471), pues consideró relevante las diferencias de régimen de los cargos en análisis.
Frente a ese cuadro, y luego de descartar la aplicación al caso de la ley 12.349 (B.O. de 22-XII-1999) en virtud del retiro voluntario anterior de la agente (24 de noviembre de 1992), indicó que la invocada incorporación automática al régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria carecía de los efectos de continuidad que se intentaba demostrar, pues el caso revelaba un traslado que, aunque a otros efectos pudiera considerarse como consecuencia de una misma relación, no alcanzaba ese perfil a los fines de establecer la base de determinación del haber, con arreglo al art. 41 del decreto ley 9.650/80, escenario que -estimó- remitía al cómputo del plazo previsto en el citado artículo.
En esa labor, ponderó que la relación de la demandante bajo el régimen de la ley 10.471 abarcó desde el 1 de diciembre de 1988 hasta su cese por retiro voluntario el 24 de noviembre de 1992 y consideró determinante la licencia sin goce de haberes por el término de un año (desde el 1 de abril de 1990, conf. resol. 2.404/90), en tanto dicho período no podía considerarse con actividad y debía excluirse del cálculo del citado artículo.
En ese contexto, concluyó que la afiliada no alcanzaba el mínimo de tres años en el desempeño del cargo requerido por el art. 41 del decreto ley 9.650/80 a los fines del reajuste pretendido, motivo por el cual juzgó que la decisión administrativa no registraba vicio alguno y que la sentencia en crisis debía revocarse.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/202), en el que denuncia errónea aplicación del art. 41 del decreto ley 9.650/80 y absurda valoración de la prueba.
Básicamente insiste en sostener -conforme lo postulara en su escrito de demanda-, que la actividad desarrollada en el desempeño del cargo de psicóloga de hospital de la ley 10.471, ha sido siempre la misma antes y después de ser incorporada automáticamente al régimen de la Carrera Profesional Hospitalaria (esto es, en el año 1988 por dec. 2.118/88), circunstancia que -a su entender- revelaría una continuidad laboral que haría inconducente el cómputo del período mínimo de desempeño del art. 41 del decreto ley 9.650/80. En este sentido puntualiza:
Que la ley 12.349 constituye un reconocimiento de una situación de hecho anterior, es decir, que los psicólogos realizaban tareas en el marco del art. 1 de la ley 10.471.
Que su derecho nace de la naturaleza de las funciones cumplidas -que fueron siempre las mismas, ejercidas en el mismo ámbito físico y bajo las órdenes del mismo empleador- como así también de la incorporación automática al régimen pretendido, circunstancias que demuestran que se trata de un mismo cargo, resultando equivocada la aplicación del art. 41 del decreto ley 9.650/80.
Que dicha situación fue admitida por el Ministerio de Salud, al reconocerle una antigüedad en la Carrera Profesional Hospitalaria de diez años a los efectos de establecer el grado escalafonario (cfr. art. 8, ley 10.471).
Que no existe en ninguno de los establecimientos asistenciales de la Provincia de Buenos Aires otro cargo de psicóloga que no sea el reclamado en autos (cfr. leyes 10.471 y 10.678; decs. 8.925/87 y 2.118/88).
Que se reconocieron sus funciones de " concurrente ad honorem" desempeñadas entre los años 1978 y 1980, concurrencia honoraria que se encuentra prevista exclusivamente en la ley 10.471.
Con base en ello, en los fundamentos brindados en el voto en minoría y en los principios que rigen en materia previsional, solicita se revoque el fallo de Cámara -en tanto incurre en un excesivo rigor formal y absurda valoración de la prueba- y se le reconozca el derecho reclamado.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo impugnado (doctr. causa A. 74.103, "Mercedes Benz Argentina S.A.", sent. de 24-IV-2019).
III.2. La recurrente omite atacar idóneamente los fundamentos básicos del fallo. Veamos:
III.2.a. Para decidir el rechazo de la pretensión, la Cámara juzgó relevante los diferentes estatutos que rigieron sucesivamente la relación de empleo de la actora. Así ponderó las diferencias de régimen del cargo en el que la señora María Cristina Vela obtuviera su beneficio previsional (ley 10.430, categoría 8, profesional) y el que procurara para reajustar la base de determinación de su haber (ley 10.471, psicóloga de hospital).
En ese contexto, señaló que la invocada incorporación automática de la agente al régimen de la ley 10.471 carecía de los efectos de continuidad que se intentaba demostrar, pues el caso revelaba un traslado que, aunque a otros efectos pudiera considerarse como consecuencia de una misma relación, no alcanzaba ese perfil a los fines de establecer la base de determinación del haber, con arreglo al art. 41 del decreto ley 9.650/80.
Asimismo, en la labor de determinar la permanencia mínima de tres años en el desempeño del cargo de mayor jerarquía, exigido por la citada normativa, ponderó que la relación de la demandante bajo el régimen de la ley 10.471 abarcó desde el 1 de diciembre de 1988 hasta su cese por retiro voluntario el 24 de noviembre de 1992 y consideró determinante la licencia sin goce de haberes por el término de un año que registraba la actora, desde el 1 de abril de 1990 (cfr. resol. 2.404/90), en tanto dicho período no podía considerarse con actividad y debía excluirse del cálculo del citado artículo. A partir de allí, concluyó que la afiliada no alcanzaba el mínimo de tres años requeridos por la norma aplicable y desestimó el reajuste pretendido.
III.2.b. Frente a ello, y desentendiéndose de tal base argumental, la impugnante insiste en postular su propio criterio interpretativo, al sostener que le corresponde el reajuste de su haber en base al cargo de psicóloga de hospital (cfr. art. 3, ley 10.471) en razón de que las funciones desempeñadas bajo los distintos regímenes estatutarios fueron siempre las mismas, circunstancia que -en su criterio- evidenciaría que el cargo ejercido fue siempre el mismo a los efectos del art. 41 del decreto ley 9.650/80. Afirma que ello fue admitido por el propio Ministerio de Salud al incorporarla en forma automática al régimen de la ley 10.471 y reconocerle una antigüedad en la Carrera Profesional Hospitalaria de diez años a los fines de establecer el grado escalafonario (cfr. art. 8, ley 10.471).
III.2.c. Como se advierte, el discurrir de la recurrente sólo evidencia su discrepancia subjetiva con el fallo, pero en modo alguno demuestra la errónea aplicación de la norma actuada (art. 279, CPCC.).
En efecto, las conclusiones de la Cámara para decidir la improcedencia de la pretensión, con base en los diferentes regímenes estatutarios bajo los cuales revistó la actora (leyes 10.430 y 10.471) y la consecuente falta de cumplimiento del tiempo de permanencia mínima exigido por el art. 41 del decreto ley 9.650/80 respecto del último cargo desempeñado -y sobre la base del cual la interesada pretende el reajuste previsional-, constituyen fundamentos que llegan indemnes a esta instancia extraordinaria por falta de cuestionamiento efectivo (doctr. causa A. 74.698, "Zago", sent. de 8-V-2019).
Los agravios replanteados en esta instancia extraordinaria, que se afincan en la identidad de la actividad desempeñada bajo los distintos regímenes a fin inducir una continuidad en el cargo desempeñado, fueron tópicos expresamente tratados y desestimados por la Cámara interviniente, resultando aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos en la instancia anterior, como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016).
En el caso, la crítica no implica más que un mero juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por la Cámara, omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos: las razones tendientes a demostrar en qué medida tal interpretación importa una violación de la norma aplicada o de la doctrina legal elaborada por este Tribunal en torno a la misma.
Es decir que la actora, más allá del esfuerzo argumentativo puesto en su escrito recursivo, no ha demostrado una errónea aplicación de la ley o que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente.
De tal modo el recurso extraordinario interpuesto deviene, pues, insuficiente a los fines pretendidos y lo expresado por la recurrente evidencia tan sólo una mera disconformidad y un criterio distinto que no logran rebatir las conclusiones efectuadas por la Cámara.
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
III.3. Por lo demás, cabe destacar que no resulta idónea como sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la remisión a los fundamentos del voto que quedó en minoría; máxime si por esa vía se elude controvertir eficazmente los fundamentos que estructuran la construcción jurídica del fallo dictado por la mayoría del tribunal (doctr. causa A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019).
III.4. Finalmente, resta señalar que la invocación de quebrantos de principios constitucionales -en el caso, de índole previsional- no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas, no acreditada en el caso (doctr. causa L. 105.571, "Bettiolo", sent. de 5-XI-2014).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2020 11:46:31 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 03/08/2020 14:59:49 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 04/08/2020 23:12:51 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:05:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:57:51 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia