Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75330
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.330, "Cabrera, Nestor Hugo c/ IPS s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Genoud, Soria, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata admitió parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y modificó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la pretensión de la actora. Impuso las costas en el orden causado por no mediar contradicción (art. 51 inc. 1, CCA, texto según ley 14.437; v. fs. 71/85 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 87/97), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 102/103).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 106) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) y acogió parcialmente la demanda impetrada por Néstor Hugo Cabrera, condenando al ente accionado a que, en el plazo de sesenta (60) días de quedar firme la liquidación, abone al demandante la suma de cuarenta y un mil doscientos treinta y tres pesos con un centavo ($41.233,01), o el importe que resulte de una eventual reliquidación del impuesto retenido, monto al que deberá adicionarse intereses según la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días, calculados desde el día 17 de junio de 2013 hasta su efectivo pago (v. fs. 53/56).
II. Contra lo allí resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso de apelación ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo que, a su turno, hizo lugar parcialmente a este.
Para así decidir, rechazó -en primer término- los agravios enderezados a que se admitan las excepciones de falta de legitimación pasiva e incompetencia.
Seguidamente, hizo lugar al agravio vinculado a la condena impuesta, y en consecuencia, la modificó ordenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires que, previo recabar los datos necesarios a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias relativo a las sumas objeto de autos (en especial, en torno al ejercicio fiscal 2011, siendo que en dicho período la Municipalidad de Bahía Blanca actuó también como agente de recaudación de dicho impuesto), rectifique y acompañe a la presente causa judicial, en el plazo de sesenta (60) días hábiles, la liquidación de dicho tributo, haciendo mérito de la opción ejercida por el beneficiario en los términos del inc. "b" del art. 18 de la ley 20.628 (conf. resol. gral. AFIP 2.437/08); y que, de surgir saldos resultantes en favor del actor por sumas retenidas en exceso, le restituya tales montos en el plazo de sesenta (60) días hábiles de adquirir firmeza dicho cálculo cumplimentado el traslado de rigor, debiendo adicionársele los intereses a la tasa más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos periodos de aplicación, ello a calcularse desde el día 17 de junio de 2013 y hasta su efectivo pago.
II.1. En lo que al recurso interesa, señaló en relación a la legitimación pasiva, que la génesis del perjuicio que el actor procura remediar obedece a un accionar del organismo provincial enjuiciado, al que identificó como una "imputación errónea", derivada de la inobservancia de la opción ejercida por el actor prevista en el inc. "b" del art. 18 de la ley 20.628, extremo que afectó su haber en pasividad en un modo que prima facie aparecería irrazonable.
Indicó que la legitimatio ad causam implica la posibilidad de ser parte en un proceso concreto, aptitud que viene determinada por la posición frente a la pretensión procesal, de modo tal que únicamente las personas que se encuentran en cierta relación con la acción pueden ser partes en el pleito en que ella se deduce.
Manifestó que la cuestión a dilucidar se encontraba circunscripta a determinar si el ente previsional demandado incurrió o no en una irregular retención del impuesto a las ganancias, detrayendo sumas de dinero en exceso. En ese contexto indicó que sometido dicho tópico a pronunciamiento de la jurisdicción, no lucía atendible la excepción intentada por la demandada pues, enfocada la controversia en la conducta seguida por esta, se desvanecía plenamente su ajenidad en el presente pleito, no obstante las manifestaciones efectuadas por la citada dependencia referentes al destino y titular final de los fondos retenidos en cuestión, por cuanto si bien tales circunstancias vinculaban de modo mediato al Fisco nacional, la materia objeto de debate en autos reconocía su límite en la inmediatez de la conducta desplegada por el Instituto de Previsión Social.
Agregó que no obstaba el razonamiento plasmado, la conexa pretensión de restitución de las sumas que de cotejarse su retención en demasía requirió el actor, por cuanto de ser procedente su devolución resultará, a tenor de la normativa aplicable, de exclusivo resorte del instituto previsional, allende las posteriores compensaciones o solicitudes de reintegros que dicha entidad pueda formalizar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (conf. art. 17, resol. gral. AFIP 2.437/08).
II.2. Con relación a la competencia, advirtió que la determinación del objeto procesal en los términos supra expuestos, conllevaba también sin exigir mayor argumentación a rechazar el planteo formalizado por la recurrente sobre dicha parcela.
Así, tuvo en consideración que a fin de dilucidar conflictos de jurisdicción y competencia resultaba preciso estimar, principalmente, la exposición de los hechos que el solicitante efectúe en la demanda o petición (CSJN Fallos: 337:23 y sus citas); y sólo después, en la medida en que se adecue a ellos, debía estarse al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, debiendo indagarse a su vez la naturaleza del pedimento, examinar su origen, así como la relación de derecho existente entre las partes (Fallos: 322:617; 326:4019); por todo ello estimó que, en atención a los ya esbozados contornos subjetivos y sustanciales del presente litigio, la resistida competencia de la justicia provincial para conocer en el sub examine se exhibía incontrastable.
II.3. Resueltas negativamente las objeciones formales trazadas por la recurrente, se abocó a comprobar el acierto o desacierto de la condena dispuesta en el pronunciamiento del juez de primera instancia.
Encaminado en tal faena, observó que las partes controvirtieron la regularidad del obrar del IPS en el desempeño de su rol como agente de recaudación del impuesto a las ganancias frente a los haberes retroactivos abonados al actor, debiendo constatarse si el cálculo consumado a tal fin se ajustó -o no- a derecho, habiendo podido causar la detracción en exceso del monto impositivo, con la consiguiente generación de un saldo a favor del aquí accionante, cuya restitución se persigue en el presente proceso.
Con tal piso de marcha, consideró se imponía contemplar que la ley 20.628 establece, en lo que aquí interesa, en el inc. "b" del art. 18 que "las ganancias originadas en jubilaciones o pensiones liquidadas por las cajas de jubilaciones [...] que como consecuencia de modificaciones retroactivas de convenios colectivos de trabajo o estatutos o escalafones, sentencia judicial, allanamiento a la demanda o resolución de recurso administrativo por autoridad competente, se percibieran en un ejercicio fiscal y hubieran sido devengadas en ejercicios anteriores, podrán ser imputadas por sus beneficiarios a los ejercicios fiscales a que correspondan. El ejercicio de esta opción implicará la renuncia a la prescripción ganada por parte del contribuyente [...]".
Indicó que la transcripta previsión se encuentra reglamentada, en lo que nos atañe, en el art. 9 de la entonces vigente resolución general AFIP 2.437/08 (actualmente sustituida por resol. gral. AFIP 4.003/17) la que prescribe que si se optara por imputar el ajuste al período fiscal de su devengamiento...: i) "...en el supuesto en que el pagador hubiera actuado como agente de retención en el período original de imputación del ajuste, deberá rectificarse la liquidación de las retenciones que le hubiere practicado al beneficiario en dicho período, acumulando a los sueldos o remuneraciones abonados oportunamente, el referido ajuste"; y que ii) "de haber actuado en el correspondiente período fiscal de imputación otro responsable como agente de retención, el que abone el ajuste deberá practicar la retención del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta las normas de retención establecidas por este Organismo, aplicables en el período original al cual se imputará la ganancia", disponiéndose en este segundo caso que a tal efecto "...los datos necesarios a los fines de la liquidación serán suministrados mediante certificado emitido por el agente de retención actuante en el respectivo período original, que deberá ser aportado por el beneficiario. En su defecto [...] suministrados mediante la presentación de un formulario de declaración jurada F. 572 o a través del sistema informático implementado por el agente de retención y demás documentación indicada...", y previéndose en consecuencia que "la no presentación de los elementos mencionados precedentemente imposibilitará el ejercicio de la opción por este procedimiento" (conf. inc. "b" apdos. 1.1. y 1.2.).
Advirtió que la regla en cuestión prescribe que de ejercerse la opción indicada "el beneficiario deberá formular la misma mediante nota, con anterioridad al momento en que se efectúe el pago" (inc. "b" apdo. 1.2. párrafo cuarto); culminándose luego que en el caso de no articularse tal prerrogativa, el agente de retención deberá actuar conforme lo regido respecto de los ajustes que corresponden a los haberes del período fiscal en curso (a saber, lo establecido en el inc. "a" del art. cit., conf. inc. "b" apdo. 2).
Explicitado entonces el regulado proceder que debía observar el Instituto de Previsión Social al desempeñar su papel de agente de retención por el impuesto a las ganancias, sostuvo que lucía evidente el interés del demandante en que se aplique debidamente la franquicia objeto de examen (ref. la opción prevista en el inc. "b" del art. 18, ley 20.628, según lo normado en la resol. gral. AFIP 2.437/08), toda vez que ante la imputación de las sumas percibidas retroactivamente a los diferentes ejercicios en que fueron devengadas (al regir para cada uno las deducciones anuales pertinentes) se vislumbraba por demás factible que la incidencia del impuesto se viera considerablemente reducida.
II.4. Trazado así el sustrato normativo de la presente litis, y teniendo por acreditado en autos la retención denunciada en el escrito inicial (v. fs. 2), indicó el Tribunal de Alzada que correspondía ahora evaluar si, en la especie, el IPS se vio realmente imposibilitado de aplicar la opción prevista en el inc. "b" del art. 18 de la ley 20.628 por no haberse cumplimentado con los recaudos exigidos para acceder a dicho régimen (específicamente, los recaudos previstos en el art. 9 de la resol. gral. AFIP 2.437/08, como alegara la recurrente; v. fs. 64); o si, tal como lo decidiera el a quo , el actor hizo efectivo ejercicio de dicha prerrogativa tornando injustificado entonces el reprochado obrar de la dependencia accionada (v. fs. 56).
Advirtió que, al contraponerse al progreso de la demanda articulada en su contra, el ente previsional se limitó a expresar que "en el caso de autos la opción aludida no fue efectuada en tiempo y forma", previa transcripción de lo reglado en la parcela que estimó pertinente -por el art. 9 inc. "b" apartado 1-, y procuró dotar luego de un mayor alcance a su posición adicionando, al expresar sus agravios respecto del fallo de grado, que si bien el actor se acogió a la mentada opción, "...luego no [la] ratificó a través de las presentaciones que exige la normativa federal..." (fs. 64); reparos estos que frente al confronte de los antecedentes con el esquema normativo aplicable consideró debían ser rechazados.
Estimó que mal podía enrostrarse al beneficiario demandante la inobservancia de la exigencia temporal al ejercer la opción prevista en el inc. "b" del art. 18 de la ley 20.628, en tanto en la pieza inaugural del expediente administrativo 21557-207733/11, en cuyo marco se cursó el trámite de la jubilación ordinaria finalmente otorgada al señor Cabrera, el Instituto de Previsión Social provincial dio recepción (fechada al día 11 de noviembre de 2011) al Formulario 101, en el que consta que a dicha solicitud se ha adjuntado "FORMULARIO NUMERO 830 IMPUESTO A LAS GANANCIAS" (v. fs. 2/4); instrumento que, rubricado por el actor el 4 de noviembre de 2011, obra glosado a fs. 62 de las referidas actuaciones.
Afirmó que la resolución general AFIP 2.437/08 sólo prescribe en cuanto al aspecto temporal aquí analizado que "de ejercerse la opción prevista [...], el beneficiario deberá formular la misma mediante nota, con anterioridad al momento en que se efectúe el pago" (conf. art. 9 inc. "b" apdo. 1.2. párrafo cuarto); exigencia que tuvo por cumplimentada previo a la acreditación del pago retroactivo en cuestión (consumado recién en el año 2013), y que fue también con anterioridad al trámite inicial conferido por la autoridad previsional a la solicitud del beneficio (v. providencia de fecha 16-XI-2011; fs. 112), como así también a su concesión (v. resol. 735.422, emitida por el Directorio del IPS con fecha 19-XII-2012; fs. 121 y vta.).
Descartada así toda negligencia temporal del beneficiario, advirtió que en el caso no les resultaba aplicable a los ajustes de haberes devengados en el año en curso (ref. 2013) lo normado en el inc. "b" apartado 1.2. de la mentada reglamentación, ya que el ejercicio de la opción prevista en el inc. "b" del art. 18 de la ley 20.628, sólo se contempla para las ganancias que, percibidas en un ejercicio fiscal, fueron devengadas en ejercicios anteriores.
Diversa consideración contempló respecto los montos relativos a las ganancias por haberes jubilatorios devengados en el ejercicio fiscal 2012, pues no medió un obrar negligente del beneficiario que imposibilitara el ejercicio de la opción reglada en el inc. "b" del art. 18 de la ley 20.628.
Finalmente, en lo atinente a los montos recaudados por haberes jubilatorios devengados en el ejercicio fiscal 2011, resultando que en el transcurso de dicho período fiscal el accionante percibió también ganancias en concepto de haberes salariales, consideró que la existencia de la intervención en el ejercicio fiscal de imputación de un agente de retención diverso (en autos, la Municipalidad de Bahía Blanca) al que ha de abonar el ajuste retroactivo (el IPS), tornaba operativa la previsión que dispone que, al efecto de posibilitar la correcta determinación del importe a retener en concepto de impuesto a las ganancias, "...los datos necesarios a los fines de la liquidación serán suministrados mediante certificado emitido por el agente de retención actuante en el respectivo período original, que deberá ser aportado por el beneficiario..." y que, en su defecto, "...en el supuesto de haber cesado sus actividades la persona o entidad mencionada, los referidos datos serán suministrados mediante la presentación de un formulario de declaración jurada F. 572 o a través del sistema informático implementado por el agente de retención y demás documentación indicada en el Artículo 11, debiendo aportarse los respectivos comprobantes de retención", previéndose como corolario que la falta de presentación de los mencionados elementos "...imposibilitará el ejercicio de la opción por este procedimiento".
A tenor de lo expuesto, coligió que, habiéndose efectuado tempestivamente por parte del señor Cabrera la opción contenida en el inc. "b" del art. 18 de la ley 20.628, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires debió practicar la retención del impuesto a las ganancias sobre los montos retroactivos en su momento percibidos por el actor en tales términos, sirviéndose para ello de los datos suministrados mediante el certificado emitido por el agente de retención actuante en el período en cuestión (esto es, el ejercicio fiscal 2011), el que fue acompañado debidamente por el beneficiario (v. fs. 7 y vta., expte. adm. 21557-207733/11).
También indicó que del cotejo de la pieza documental antes referida, surge un escollo insalvable a fin de acatar la manda decretada en el régimen legal en aplicación, pues de su más ligera lectura se avizora por los registros allí efectuados que no daba cuenta de las retenciones practicadas en concepto de impuesto a las ganancias sobre el haber salarial percibido por el demandante durante el término del ejercicio fiscal 2011 (en el que prestó labores en favor del municipio informante). Dicha omisión, presente en la certificación emitida por la comuna, se patentizaba aún más cuando se contrastaba con el recibo de haberes correspondiente al mes de septiembre del referido ejercicio, de cuyo cuerpo surgía que se le efectuó una retención, por la mentada gabela, por la suma de quinientos diecinueve pesos con nueve centavos -$519,09- (v. fs. 52, expte. adm. 21557-207733/11).
Consideró que tal falencia en la confección de la "Certificación de Servicios" elaborada por la nombrada Municipalidad, no enervaba en modo alguno la procedencia de la opción ejercida por el beneficiario y desde tal peldaño, juzgó que la "poquedad" de la información necesaria a los fines de practicar la liquidación y posterior retención -del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2011 exclusivamente- respecto del cobro retroactivo de los haberes previsionales percibidos por el demandante, debió ser enmendada en su oportunidad por el organismo público actuante el que, en su condición de ente técnico especializado en la materia, bien pudo subsanar dicha insuficiencia en una etapa temprana del procedimiento y enmendarla cursándole la requisitoria pertinente a la comuna informante; o cuanto menos debió ser comunicada tal contingencia al solicitante a fin de que, por sus propios medios, procure remediar aquel obstáculo que se erigía como un valladar en la consecución de su pedimento.
Con tales premisas a la vista, concluyó que la conducta administrativa censurada en autos, en cuanto se apartó irrazonablemente de dispensar un adecuado tratamiento al pedimento formalizado por el accionante mediante el cual ejerció la opción contenida en el inc. "b" del art. 18 de la ley 20.628, no merecía ser respaldada por la jurisdicción.
Estimó que la inteligencia propuesta, lucía compatible con la manda constitucional que en materia previsional consagra el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial para supuestos como el que aquí se exterioriza, en que los hechos y el derecho deben interpretarse a favor del reclamante de los beneficios.
II.5. Demostrada por las razones antes expuestas la reprochada sinrazón del obrar administrativo en el marco del expediente administrativo 21557-207733/11, examinó si la condena impuesta en el fallo de primera instancia, se ajustaba -o no- a derecho.
Al efecto indicó que el juzgador de grado resolvió acoger la demanda articulada por el accionante, y en consecuencia, con
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