Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75046
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA -ley 12.008, texto según ley 13.101-; 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.046, "Laprovittola Eduardo c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos promovida por el señor Eduardo Laprovittola contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios, y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener el reajuste de su haber previsional, la equiparación con los beneficiarios de la ley 13.364 y modificatorias y la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de las leyes 11.761 y 13.364.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 244/257 vta.). Por resolución obrante a fs. 259/269 vta. la Cámara interviniente denegó el mencionado en primer término y concedió el último.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 262) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia de grado en cuanto desestimara la demanda promovida por el señor Eduardo Laprovittola contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires por la que pretendiera el reajuste de su haber previsional, la equiparación con los beneficiarios de la ley 13.364 y modificatorias y la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 54 y 57 de las leyes 11.761 y 13.364 (v. fs. 235/239 vta.).
I.1. Para así decidir, sostuvo que correspondía adoptar el criterio que había seguido en precedentes análogos (causas n° 14.131 y 15.301; e.o.).
I.2. Reprodujo los fundamentos expuestos en las causas citadas y expresó que el pronunciamiento impugnado tiene sustento en el principio general en materia previsional que dispone que el régimen legal aplicable al beneficio debe ser el vigente a la fecha de cese en los servicios (conf. arts. 53, dec. ley 9.650/80 y 25, ley 13.364).
Señaló que no se encontraba controvertido que el accionante había obtenido su beneficio bajo el régimen de la ley 11.761 y con sustento en dicha normativa debían entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas siempre acotadas a un conjunto de exigencias que, determinadas al momento del otorgamiento, carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así otorgados guardaba relación directa con los requisitos de acceso.
Indicó que a su vez tal sistema legal correspondía para la base de cálculo del haber, al tratarse de uno que arraigaba al amparo del sistema legal por entonces en vigor y guardaba proporción con el resto de las exigencias de acceso (cfr. art. 75 y concs., ley 11.761).
I.3. Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un "bloque" que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad; ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
I.4.Sostuvo, del mismo modo, que la diferencia de texto, en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (cfr. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364) no suponía un trato distinto para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, el recurrente denuncia la violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; 266 del Código Procesal Civil y Comercial y doctrina legal de esta Suprema Corte (v. fs. 244/257 vta.). Asimismo, alega absurdo.
II.1. En primer término, se agravia en tanto la Cámara habría vulnerado el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial con motivo de que se encontraba obligada a resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.
Expresa que el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado sobre dos puntos esenciales del proceso, ello es el reajuste del haber jubilatorio en función de los importes que recibe un activo y el consecuente quebrantamiento de la movilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional y la supresión del prorrateo establecido en el art. 62 de la ley 11.761 para la determinación del monto de la prestación.
II.2. Sostiene que la sentencia impugnada transgrede el art. 14 bis de la Constitución nacional y la doctrina legal de esta Corte en cuanto receptan la garantía de la movilidad, que a su decir importa la existencia de una razonable proporcionalidad remunerativa entre la situación de pasividad y la de actividad.
Afirma que tal circunstancia no ha sido asignada en el caso mediante la aplicación de los arts. 54 y 57 de la ley 11.761 y 57 de la ley 13.364 y su modificatoria.
Entiende que la Cámara no pudo supeditar la movilidad jubilatoria a un principio de menor jerarquía como es la que consolidó el estatus previsional del accionante.
A su vez, sostiene que la sentencia atacada incurre en absurdo al efectuar un erróneo tratamiento de la proporcionalidad entre el haber del actor y la remuneración de los activos, conforme al informe pericial producido en la causa y las planillas agregadas a fs. 112/113 y 160/162.
II.3. Aduce que la Cámara transgrede el principio de igualdad establecido en el art. 16 de la Constitución nacional con motivo de que los agentes beneficiarios de la ley 13.364 se encuentran en condiciones más favorables con respecto a él, quien está lejos de percibir el 82% de lo que cobra un agente activo, ello a pesar de haber realizado una carrera semejante y alcanzado la misma jerarquía en sus cargos.
II.4. Por último, se agravia respecto a que la Cámara no abordó la inaplicabilidad a su situación previsional del art. 62 de la ley 11.761, entendiendo que una ley local no puede discriminar a quienes computan servicios prestados con afiliación a otro sistema comprendido en el régimen de reciprocidad, recortando sus haberes. Invoca la doctrina de este Tribunal emergente de las causas B. 53.122, "Cattaneo de López", sentencia de 25-VIII-1992 y B. 54.279, "Menduiña", sentencia de 8-III-1994, entre otras.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el Tribunal de Alzada abordó la cuestión atingente al régimen legal aplicable al actor, en atención a la fecha en que este se acogió a su beneficio previsional.
Desde tal mirador, determinó que la ley 11.761 era aplicable al caso en cuanto a la determinación de la base de cálculo del haber previsional del señor Eduardo Laprovittola y así también en el porcentual correspondiente, sin perjuicio de su movilidad tal como la demandada lo admitía en cuanto importara un reconocimiento constitucional (conf. art. 39 inc. 3, Const. prov.).
En este tramo del recurso, el actor no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara, en cuanto a que la ley aplicable a su situación previsional es la que regía al momento de acceder al beneficio, ni tampoco tal cual era su carga, acredita violación a la norma en cuestión.
III.2. El impugnante tampoco logra demostrar el absurdo que alega.
Tiene dicho este Tribunal que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia el mentado vicio sin explicar circunstancialmente en qué radica éste. Las meras discrepancias con la decisión de la Cámara -como trasunta en rigor lo expuesto por el impugnante en esta parcela- no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 75.277, "Albanese", sent. de 29-V-2019; A. 73.808, "Alanis", sent. de 5-VI-2019; e.o.).
Planteos como el aquí analizado requieren demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate; no siendo suficiente la mera exteriorización de un punto de vista discrepante con el de los sentenciantes sustentado en un personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (arts. 279 y 384, CPCC; doctr. causas A. 72.005, "Carnes Seleccionadas S.A.", sent. de 28-VI-2017; A. 75.613, "Lopez", sent. de 10-VII-2019; A. 74.470, "Agco Arg. S.A.", sent. de 11-IX-2019; e.o.).
En el caso, el fundamento esgrimido en el recurso lejos está de demostrar absurdo pues no aporta una explicación que compruebe la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera de las constancias objetivas de la causa.
III.3. En cuanto a la denuncia de violación del art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (punto II.4.) es doctrina reiterada de este Tribunal que ello es materia del recurso extraordinario de nulidad y no de la vía en tratamiento. Al respecto, tiene dicho esta Corte que resulta inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la intención de la defensa era denunciar que el Tribunal revisor omitió dar tratamiento a determinadas cuestiones que fueron llevadas a su conocimiento, pues debió efectuar el planteo a través de la vía recursiva pertinente. La denuncia de eventual omisión de cuestión esencial es propia del recurso extraordinario de nulidad (causas C. 122.514, "R., J. A.", sent. de 13-II-2019; C. 127.858, "M., V. O.", sent. de 20-IX-2017; C. 89.527, "Negruzzi", sent. de 30-XI-2011; C. 105.676, "Pérez", sent. de 4-III-2009; e.o.).
En la especie, el a quo desestimó aquella impugnación y no habiendo constancias de que se haya deducido la correspondiente queja, corresponde desestimar el planteo formulado.
III.4. Por último, advierto que los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017; A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde", ambas sentencias de 11-IV-2018 y los antecedentes en ellas citados.
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
Asimismo, se observa que lo formulado por el recurrente en los puntos 3 y 4 de la pieza recursiva (v. fs. 251 vta.), sobre la violación de la ley -en particular de los arts. 14 y 16 de la Constitución nacional-, han sido abordados en la citada causa A. 72.826.
IV. Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso extraordinario en tratamiento (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc.1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria , votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA -ley 12.008, texto según ley 13.101-; 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2020 11:46:25 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 03/08/2020 14:59:55 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 04/08/2020 23:12:59 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:06:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:57:56 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia