Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74784
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo N° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.784, "Tomei, Ana María y ots C/ Municipalidad de Zárate s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Zárate y -en consecuencia- confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la defensa de falta de legitimación activa y acogió favorablemente la pretensión anulatoria articulada (v. fs. 558/575).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 576/589), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 591).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 593) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Zárate y -en consecuencia- confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la defensa de falta de legitimación activa y acogió favorablemente la demanda entablada, declarando la nulidad del decreto 86/10, por medio del cual el señor Intendente de dicha comuna dispuso tener por operada a favor de ésta la prescripción adquisitiva de ciertos inmuebles.
En sustento de su decisión, el Tribunal de Alzada consideró que los planteos esbozados en el escrito presentado no contenían una crítica concreta y razonada del fallo de grado, en los términos del art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto se limitaban a reiterar -incluso más livianamente- los argumentos desarrollados a lo largo del juicio y a denunciar de manera genérica supuestos errores in iudicando e in procedendo , así como un tratamiento presuntamente defectuoso de cuestiones esenciales.
En contraste, observó que la magistrada de grado ponderó con riguroso detalle los antecedentes del caso, tanto fácticos como jurídicos y analizó la cuestión desde todas las ópticas posibles, compulsando las constancias y antecedentes obrantes no sólo en este expediente judicial, sino también en las actuaciones administrativas y aun en otras causas sobre idéntica temática, en cuyo marco se celebró una audiencia relativa al plan urbanístico desarrollado en la costanera de la ciudad de Zárate y se obtuvo información sobre la historia de las tierras en cuestión.
Puntualizó que no se advertía en el recurso de la comuna cuál sería la omisión parcial en que la jueza habría incurrido al abordar la defensa de falta de legitimación activa ni el agravio que le causaría el reconocimiento de aptitud en los adquirentes por boleto, ya que aun apartadoséstos, la acción hubiera continuado con la titular registral del inmueble.
Sostuvo que las quejas de la demandada sobre la valoración de las disímiles fechas de inicio de la posesión volcadas en los informes obrantes en el expediente administrativo revelaban una mera diferencia de criterio con la sentencia, sin mayor fundamentación. A similar conclusión arribó con respecto a la discrepancia en torno a lo que debe entenderse por "actos posesorios". Añadió que tampoco el agravio basado en la ley 24.320 se encontraba debidamente fundado, ya que la apelante sólo indicaba el enfoque que supuestamente debía emplearse al analizar el régimen normativo, sin precisar el presunto error cometido por la magistrada de grado.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la demandada denuncia errónea aplicación de la ley 24.320 y vulneración de los derechos de propiedad, debido proceso y trato igualitario.
Advierte que -a su entender- ni la jueza de primera instancia ni el Tribunal de Alzada valoraron la prueba tendiente a acreditar la posesión del municipio. Sostiene que omitieron analizar informes y otros elementos obrantes en el expediente administrativo, que en su oportunidad sirvieron de sustento para que la Escribanía General de Gobierno escriturara el inmueble en cuestión a su favor.
Plantea que el procedimiento administrativo cuestionado se fundó en lo dispuesto por la ley 24.320, que no fue declarada inconstitucional por los magistrados intervinientes ni impugnada por la actora, por lo que -entiende- debería ser aplicada en la especie.
Alega que la sentencia atacada incumplió el deber de resolver las cuestiones analizadas mediante una decisión razonablemente fundada en el texto de las leyes 21.477 y 24.320, así como en los hechos acreditados en autos, lo que considera que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva. En su apoyo, invoca los arts. 1 y 3 del Código Civil y Comercial, doctrina de autores y jurisprudencia.
Expresa que, por lo expuesto, el fallo resulta subsumible en los conceptos de sentencia arbitraria de la Corte nacional o absurdo de la provincial. En la misma línea, acusa violación de las reglas de la sana crítica, recogidas por el art. art 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
Afirma que, según surge de las probanzas de la causa -en especial de la declaración del testigo Queralt-, la Municipalidad de Zárate ha sido poseedora del bien en cuestión por más de veinte años, desde el proceso de relocalización de pobladores de la zona iniciado en 1992, época a partir de la cual el inmueble fue objeto de mejoras constantes y periódicas, permaneciendo librado al uso público.
III. El recurso no prospera.
Esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (conf. causas A. 73.253, "Molina", sent. de 19-X-2016; A. 73.928, "Kohnen", sent. de 21-VI-2018 y A. 72.943, "Brown", sent. de 24-IV-2019; e. o.).
Si la Cámara, en ejercicio de facultades que le son propias, concluyó que el recurso de la actora no podía prosperar en tanto no articulaba una réplica atendible que constituyera una crítica concreta y razonada de la sentencia atacada -de conformidad con lo dispuesto por los arts. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial-, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, como en la especie, no logra evidenciar que esa conclusión del a quo sea producto de un razonamiento absurdo (doctr. causas A. 70.791, "G., M. S.", sent. de 31-VIII-2011; A. 70.831, "P., A. M.", sent. de 22-VIII-2012 y A. 74.894, "Báez", sent. de 11-IV-2018, e. o.).
Pese a que la misión de la impugnante consistía en demostrar el desvío lógico en la decisión del Tribunal de Alzada y la suficiencia del recurso ordinario que había interpuesto, ella se limita a expresar ante esta Suprema Corte argumentos genéricos sobre la cuestión de fondo debatida en autos, omitiendo atacar de manera eficaz el razonamiento actuado por la Cámara interviniente.
Al respecto, este Tribunal tiene dicho que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013; A. 71.813, "Cerdeiro", sent. de 22-VI-2016 y A. 72.843, "Basualdo", sent. de 21-VI-2018, e. o.), dejando sin réplica los fundamentos del fallo atacado (conf. causas A. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; A. 70.139, "Falasconi", sent. de 28-IX-2016 y A. 74.692, "Lobosco", sent. de 25-IX-2019, e. o.).
IV. Por los fundamentos expuestos, que considero suficientes para decidir, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud, y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2020 15:00:05 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 04/08/2020 18:26:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2020 23:10:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:05:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:57:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia