Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74699
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la Fiscalía de Estado y se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, sólo en cuanto confirmó el pronunciamiento de primera instancia que ordenó readecuar el monto de la multa por incumplimiento contractual (art. 289, CPCC). En consecuencia, se confirma el monto de la multa impuesta en el art. 2 de la resolución 442/07 del Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.
La ejecución de lo resuelto en esta sentencia quedará a cargo del tribunal de origen.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA; 71 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.699, "Archilli Rodolfo Adalgiso contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las partes, confirmando en lo sustancial lo resuelto por el juez de primera instancia que había acogido la demanda promovida por el señor Rodolfo A. J. Archilli en representación de la firma Archilli Hnos. S.C. (v. fs. 386/397).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 419/424).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 432) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que aquí interesa, hizo lugar a la demanda promovida por el representante de Archilli Hnos. S.C., anulando el aspecto cuantitativo del art. 2 de la resolución 442/07 del Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Por dicho acto se confirmó la anterior resolución 87/94 que había decretado la rescisión por culpa de la actora del contrato para la construcción de la Escuela Técnica n° 2 de Lomas de Zamora, sin perjuicio de reconocerle como legítimo abono un monto neto (deducidas sanciones y multas de la ley 6.021) de $692.395,71 en razón de los trabajos complementarios ejecutados que luego fueron de utilidad.
En consecuencia, con fundamento en el informe del perito obrante a fs. 235/268 y su ampliatorio de fs. 292/302 -productos de una medida para mejor proveer-, modificó el monto reconocido por la Administración, cuantificando el valor de la obra al 31 de marzo de 1991 en $1.315.880,69, reconociéndole a la accionante la suma que exceda de $900.000 (v. acuerdo transaccional agregado a fs. 219) con sus respectivos intereses. Entendió asimismo que, en virtud de la nueva estimación de las construcciones y las actualizaciones pertinentes, debía la demandada morigerar la multa otrora impuesta que correspondía deducir del crédito determinado en la sentencia.
Distribuyó las costas del pleito en un 20% a la parte actora y un 80% a la parte demandada (v. fs. 324/346).
I.2. Ambas partes apelaron el decisorio. La Fiscalía de Estado a fs. 352/354 y la actora a fs. 355/365, presentando sus correspondientes memoriales y réplicas.
I.2.a. La primera se agravió de la valoración del informe pericial que realizó el juez de grado para modificar el monto reconocido por la resolución 442/07 y que fuera ordenado como medida para mejor proveer con posterioridad al llamamiento de autos para sentencia.
Asimismo, denunció que el magistrado vulneró el principio de congruencia al condenarla a volver a estimar, bajo otros parámetros, la multa impuesta por incumplimiento contractual, dado que la propia actora había desistido de la pretensión anulatoria en ese aspecto (v. fs. 58 y vta.).
Por último, se quejó de la distribución de las costas.
I.2.b. De su lado, la accionante impugnó el importe reconocido en la sentencia, expresando disconformidad con las normas actuadas y denunciando apartamiento de las cláusulas del contrato, con una notoria desproporción entre el valor reconocido y el costo real y actual de los trabajos ejecutados.
Cuestionó, asimismo, los intereses, su cómputo y la distribución de las costas.
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar, por mayoría y parcialmente, a los recursos interpuestos.
En tal sentido, admitió la impugnación de la Fiscalía de Estado en relación a la imposición de las costas, distribuyéndolas en el orden causado. Y respecto al remedio articulado por la parte actora, hizo lugar a éste únicamente en lo referente a los intereses, aplicando la tasa pasiva "digital". Mas en lo restante, confirmó sustancialmente lo decidido por el juez de grado.
II.1. Cabe destacar que el voto que concitó la mayoría reputó que la medida para mejor proveer mandada por el magistrado, mediante la cual le requirió a la Dirección General de Asesorías Periciales una opinión técnica sobre la metodología para cuantificar los trabajos ejecutados y reconocidos a la accionante, no afectó la igualdad procesal ni el derecho de defensa del Estado demandado.
Afirmó que la experticia solicitada fue complementaria y, en modo alguno, sustitutiva de la carga probatoria que pesaba sobre la reclamante.
Señaló que ambas partes fueron notificadas de la medida para mejor proveer, la cual fue ordenada ante la necesidad de contar con una opinión técnica a fin de llegar al conocimiento de la verdad objetiva. Ello, teniendo en cuenta la disparidad entre la prueba pericial ofrecida por la parte actora y producida en la causa judicial (la cual arribó a una suma de $113.226.012,67) y las liquidaciones producidas en las actuaciones administrativas, con estimaciones de $6.271.827,57 y $832.895,85.
Consideró que el juez de primera instancia meritó adecuadamente la pericia derivada de la medida con los demás elementos probatorios de la causa, bajo las reglas de la sana crítica (arts. 384 y 474, CPCC; conf. art. 77 inc. 1, CCA). Afirmó que el magistrado efectuó un análisis prudente de las liquidaciones practicadas para el crédito reconocido a favor de la accionante -tanto en sede administrativa como en sede judicial-, basando finalmente su decisorio en el criterio del perito oficial.
II.2. En relación a la condena de recalcular la multa impuesta con motivo de la causal de recisión contractual, sostuvo que su cuantificación se hallaba vinculada a la liquidación objeto de controversia, por lo que lógicamente debía ser evaluada de manera conjunta con el reconocimiento del legítimo abono, sin perjuicio del desistimiento del derecho efectuado por la parte actora a fs. 58 y vta.
En consecuencia, desestimó el agravio relativo a la afectación del principio de congruencia avanzado por la Fiscalía de Estado en su apelación.
II.3. Respecto de los intereses, juzgó aplicable la tasa pasiva "digital", conforme la doctrina establecida en los precedentes "Ubertalli", "Cabrera" y "Trofe" de esta Suprema Corte, a computar a partir del reconocimiento -en carácter de legítimo abono- del crédito (resol. 442/07 de 23-VIII-07) y hasta la fecha de su efectivo pago.
II.4. Finalmente, redistribuyó las costas en el orden causado, atento el vencimiento parcial y mutuo de los litigantes (arts. 77 inc. 1, CCA; 71, 73 y concs., CPCC).
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 419/424).
Denuncia violación de los arts. 34 incs. 4 y 5, 36 inc. 2, 163 inc. 6, 272 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicables por conducto del art. 77 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, aduce que la sentencia impugnada quebranta el art. 110 del decreto ley 7.647/70 y afecta las garantías de igualdad y del debido proceso consagradas en los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional.
Alega también transgresión de la doctrina legal de este Tribunal respecto del alcance y modo con que algunas de las normas aludidas en el párrafo anterior rigen en el proceso contencioso administrativo, citando -entre otras- las causas B. 67.078, "Galli", sentencia de 24-VI-2015; L. 87.673, "Medina", sentencia de 8-VII-2007, B. 67.404, "Urruty", resolución de 26-IV-2006; Ac. 83.414, "Peralta", sentencia de 5-XI-2003; B. 63.050, "V, F. A.", resolución de 6-IX-2006 y B. 58.475, "Petrini", sentencia de 2-IX-2015.
III.1. La recurrente se agravia de la medida para mejor proveer dispuesta por el juez de primera instancia (v. fs. 228), por cuanto entiende que con ella se suplió la carga probatoria que pesaba sobre el accionante en el marco del juicio pleno en el que se desenvuelve el proceso contencioso administrativo, teniendo en cuenta la presunción de legitimidad que caracteriza a los actos estatales.
Concretamente, señala que el único fundamento para modificar el monto reconocido por la resolución impugnada en el sub lite radicó en el informe producido por el perito de la Dirección General de Asesorías Periciales, quien interviniera a instancias del magistrado y luego de que la causa se encontrase con llamamiento de autos para sentencia.
Dice que es evidente que en autos la aludida carga no quedó satisfecha con la prueba ofrecida en el punto VII.4 del escrito de inicio y producida a fs. 139/147, en virtud de las deficiencias advertidas tanto por la representación fiscal, como por el perito de la Asesoría Pericial y el propio juez de primera instancia.
Asegura que en esas condiciones el a quo violó la doctrina legal de esta Suprema Corte, tanto en materia de cargas probatorias como del correcto empleo de las medidas para mejor proveer.
Concluye afirmando que las facultades instructorias no pueden ser actuadas para sanear la negligencia en que hubiera incurrido cualquiera de las partes en la producción de la prueba por ellas ofrecida, ya que, de lo contrario, se afectaría la igualdad que los jueces tienen el deber de mantener entre los litigantes, minando así el derecho de defensa.
III.2. En segundo orden, dice que el pronunciamiento confirmado por el Tribunal de Alzada excedió las posibilidades decisorias de las instancias de grado y violó, por ello, el principio de congruencia. Lo anterior, en la inteligencia de que el desistimiento del derecho manifestado al inicio del juicio (v. fs. 58/64 vta.) impedía expedirse modificando el monto de la multa dispuesta en su oportunidad con sustento en la culpabilidad de la actora en la recisión contractual.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. En lo que atañe a la crítica dirigida al uso que le diere el juez de grado a la medida para mejor proveer ordenada a fs. 228 -informe pericial en cuya virtud a la postre fundó su decisorio- debo destacar que la denuncia relacionada con la infracción de normas legales que el recurrente individualiza revela insuficiencia, toda vez que no ha logrado demostrar que la Cámara las haya desconocido o aplicado erróneamente. Lo mismo es predicable respecto a la supuesta violación de la doctrina legal citada referente a tales preceptos.
En efecto: la argumentación plasmada en el remedio extraordinario reitera planteos semejantes a los previamente introducidos en el recurso ordinario ante el Tribunal de Alzada, la cual en su voto mayoritario brindó fundadas razones para sostener lo actuado por el magistrado de la instancia anterior. En esa línea, destacó el oportuno pedimento por la actora de la pericia técnica; la disparidad entre las dos liquidaciones elaboradas en sede administrativa; la exorbitancia de la producida en autos por el perito; la bilateralización de la medida para mejor proveer con amplia oportunidad de debate y, también, el reiterado uso de este último dispositivo por parte de esta Corte en el marco de su competencia originaria (v. fs. 390/391). Todo ello, para finalmente concluir que la ponderación del material probatorio fue adecuada y no merecía reproche. A lo que me permito agregar que desde un primer momento se buscó contar con la opinión del perito oficial, que por razones de acumulación de trabajo declinó su intervención (v. fs. 104).
Así las cosas, advierto que la pieza impugnativa no aborda con la debida particularidad los fundamentos del fallo atacado, desentendiéndose de la mayoría de ellos para dedicarse a criticarlo con su propia interpretación del asunto, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 71.718, "Raymundo", sent. de 14-VI-2017; A. 73.023, "Rodriguez", sent. de 9-V-2018; A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019; A. 74.114, "Massalin Particulares SA", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
En tales condiciones y como adelanté, este tramo del embate debe ser desestimado por resultar insuficiente (art. 279, CPCC).
IV.2. Distinta solución merece a mi criterio la denunciada violación de los arts. 163 inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV.2.a. Como se ha dicho, el principio de congruencia consagrado en dichas normas exige correspondencia entre la pretensión deducida y la sentencia que se dicta. Como consecuencia, el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todos los reclamos articulados y no sobre otros (doctr. causas C. 115.808, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Coop. Farmacéutica Junín Ltda.", sent. de 30-X-2013; C. 118.299, "Olguín", sent. de 8-VII-2014; A. 69.988, "Blanco Méndez", sent. de 26-X-2016; C. 120.653, "Campagne", sent. de 7-VI-2017; C. 120.769, "Banco Platense SA", sent. de 24-IV-2019; e.o.).
Es que los jueces y tribunales están investidos de la jurisdicción para dirimir las cuestiones controversiales sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó trabada la relación procesal; sin incurrir en omisiones ni en demasías decisorias. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (doctr. causas L. 40.856, "Bruni", sent. de 7-II-1989; L. 40.874, "Tellechea", sent. de 28-III-1989; e.o.).
IV.2.b. Bajo tales premisas noto que la sentencia de la Cámara, en cuanto confirmó la de primera instancia que mandó a readecuar el monto de la multa por incumplimiento contractual sobre la base de la nueva valuación del proyecto, incurrió en una demasía decisoria incompatible con el ordenamiento procesal.
En ese sentido, el a quo pasó enteramente por alto el desistimiento parcial del derecho efectuado por la parte actora a fs. 58 y vta. antes de dar traslado de la postulación, donde en términos claros y precisos abandonó la pretensión anulatoria contra la decisión que tuvo por rescindido el contrato por su culpa "...con las consecuencias del artículo 62 de la ley 6.021" -esto es, las potestades sancionatorias de la autoridad comitente-, dejando solamente en pie un intento anulatorio para que se nulifique la suma reconocida como legítimo abono y se la estime nuevamente en el equivalente a lo plasmado en la primera liquidación administrativa o, en su defecto, a valores actuales.
Así fue que el juez de primera instancia, observando que la demanda a fs. 25 vta. efectivamente contenía dos pretensiones distinguibles, tuvo por producido el desistimiento en los términos del art. 305 del Código Procesal Civil y Comercial respecto de aquella que perseguía fulminar la rescisión culposa junto a la multa (v. fs. 60/64). Y fue sobre esta nueva plataforma que la Provincia contestó sobre la única cuestión litigiosa subsistente, dejando sobradamente en claro que ejercía su derecho de defensa de modo más acotado dado el reencauzamiento del pleito (v. fs. 68/76).
Siendo así, corresponde acoger el remedio en este tramo y revocar lo resuelto por la Cámara sobre el punto, en tanto se verifica la infracción alegada por la recurrente y que resulta violatoria del principio de congruencia (art. 289, CPCC).
V. Por lo expuesto, se hace parcialmente lugar el recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido por la Fiscalía de Estado y se revoca la sentencia de la Cámara de Apelaciones en la parcela señalada en el punto IV.2. de este voto (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA; 71 y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la Fiscalía de Estado y se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, sólo en cuanto confirmó el pronunciamiento de primera instancia que ordenó readecuar el monto de la multa por incumplimiento contractual (art. 289, CPCC). En consecuencia, se confirma el monto de la multa impuesta en el art. 2 de la resolución 442/07 del Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.
La ejecución de lo resuelto en esta sentencia quedará a cargo del tribunal de origen.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA; 71 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:37:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:20:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:26:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 09:35:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 10:35:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia