Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74914
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.914, "Di Salvo Gabino José y Otros contra Registro Provincial de las Personas s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani , Genoud , Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso interpuesto por los accionantes y, en consecuencia, confirmó lo resuelto por la jueza de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda promovida (v. fs. 568/575).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 579/593).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 603) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Los señores Gabino José Di Salvo, Gustavo Gabriel Guerrero y el doctor Macelo Enrique Ponce Nuñez -en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-, promovieron demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires pretendiendo la anulación de las providencias emitidas por la Dirección Provincial del Registro de las Personas, en relación a los descuentos practicados en los haberes de los agentes de esa repartición que llevaron a cabo medidas de fuerza bajo la modalidad de "retención de tareas".
I.2. La magistrada a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la pretensión deducida (v. fs. 527/536).
Señaló que los descuentos realizados en los haberes de aquellos empleados administrativos que retuvieron tareas por hallarse en permanente estado de asamblea fueron razonables, toda vez que dicha conducta implicó la falta de prestación de servicios y atención al público por parte de los agentes, lo que corroboró de la documentación e informes obrantes en las actuaciones administrativas, sin perjuicio de que en las planillas de asistencia muchos empleados no figuraban como ausentes.
Entendió que no se violó el principio de legalidad dado que las deducciones se fundaron en la resolución conjunta 949/09 y que la conducta allí tipificada -"huelga"- era suficientemente amplia como para abarcar la singular modalidad de protesta ejercida por los peticionantes.
Descartó asimismo que en la especie se haya inobservado el derecho de defensa, pues consideró que los descuentos no implicaban estrictamente una sanción -algo que hubiese requerido sumario previo-, sino que lo que ocurría era simplemente que la no prestación de servicios constituía un antecedente de hecho a tener en cuenta a la hora de liquidar los haberes mensuales, cuya ausencia justificaba la reducción. Todo ello, no sin dejar de recordar las peculiares notas de las relaciones de empleo público regidas por la ley 10.430.
Finalmente, diferenció la situación de autos de la del agente Salto, a quien la misma Administración, tras acoger su reclamo, le devolvió los haberes descontados tras concluir que no se había plegado a la medida sindical que aquí interesa.
I.3. Apelado el fallo por los actores (v. fs. 541/548), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata resolvió rechazar el recurso interpuesto y, de ese modo, confirmar la sentencia dictada por la jueza de grado.
Para así decidir, remitió a los hallazgos materiales de esta última y tuvo por acreditada la falta de prestación de servicios del grupo de empleados y, en consecuencia, la violación del deber impuesto en el art. 78 inc. "a" de la Ley del Personal de la Administración Pública provincial. Ratificó lo resuelto en punto al caso del agente Salto.
Respaldó también la inteligencia de que la resolución conjunta 949/09, al hablar de "huelga", comprendía la figura más específica de la "retención de tareas" que habilitaba la deducción de los días no trabajados.
Si bien reconoció que en las circunstancias del caso la decisión de no laborar por parte de los trabajadores quedaba protegida por el derecho de huelga (art. 14, Const. nac.), con cita de precedentes de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que si bien su instrumentalización, dentro de su legítimo ejercicio, no extingue el vínculo de empleo, sí suspende sus prestaciones. De tal suerte que la consideración especial que merecen las inasistencias del agente y que evita reputarlas como faltas que puedan dar lugar al abandono del cargo, corre a la par del no devengamiento ni percepción de los haberes del período en el que se prolongó la medida de fuerza.
Por último, avaló lo resuelto por la magistrada en cuanto a que la omisión de notificar formalmente a los agentes antes de proceder a los descuentos en sus haberes no vulneraba su derecho de defensa, citando en sustento de tal afirmación lo resuelto por esta Corte en "Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires" (causa A. 70.707, sent. de 9-X-2013).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 579/593).
Los agravios, si bien promiscuos, pueden sintetizarse así: i] absurdo en la valoración de la prueba en tanto no se habría acreditado fehacientemente la interrupción en el funcionamiento de la oficina, máxime cuando a algunos de los empleados no se los consideró ausentes en las planillas de presentismo; ii] arbitrariedad y absurdo en la asimilación de los conceptos de "huelga" y "retención de tareas" y, con ello, violación del principio nullum crimen, nulla poena sine praevia lege ; iii] vulneración del derecho de defensa por falta de audiencia antes de formular los descuentos (art. 18, Const. nac.); y iv] arbitrariedad en lo decidido, por validar la legalidad de la resolución 949/09 que, en tanto regula los derechos de huelga y asociación, resulta ilegítima porque su contenido debió ser plasmado en una ley -más concretamente, del Congreso Nacional-. Invoca los arts. 14 bis, 28, 75 incs. 12 y 22 de la Constitución nacional; 11, 39 inc. 3 y 57 de la Constitución provincial y la ley 23.551.
III. El recurso no prospera.
III.1. El primer agravio involucra el modo en que los jueces de grado valoraron la prueba relativa a la interrupción en el funcionamiento de la oficina con motivo de la retención de tareas o participación en asambleas permanentes de los empleados del Registro Provincial de las Personas, a fin de juzgar la legitimidad de los descuentos efectuados en sus haberes.
Esto sitúa al Tribunal dentro del campo de la apreciación de los hechos, tarea propia de las instancias ordinarias que, por regla, resulta ajena al ámbito de los recursos extraordinarios y que solo puede ser abordada mediando la alegación y demostración de absurdo.
Tiene dicho esta Corte que para tener por configurado este último, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (doctr. causas A. 74.534, "Alfonsín", sent. de 12-VII-2017; A. 75.613, "López", sent. de 10-VII-2019; A. 74.290, "Andrade", sent. de 6-XI-2019; e. o.). En tal sentido, se ha dicho que no basta con disentir, sino que es menester poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de esta sede para el examen de tales cuestiones fáctico-probatorias. Es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (doctr. causas A. 71.890, "Lanusse", sent. de 28-XII-2016; A. 72.905, "Carnes Seleccionadas SA", sent. de 28-VI-2017; A. 74.470, "Agco ARG SA", sent. de 11-IX-2019; e. o.).
Sobre esa base, entiendo que el impugnante no ha logrado exponer un vicio de tales características, por lo que el recurso en este aspecto debe ser desestimado.
Advierto que la Cámara basó su análisis en las conclusiones a las que arribó la jueza más próxima a la controversia, que en virtud de documentos e informes agregados a las actuaciones administrativas tuvo por acreditado que un número de empleados del Registro Provincial de las Personas no prestó tareas en los días que les fueron descontados. Constan en el expediente las notificaciones a la cartera de trabajo por parte de ATE de la realización de paros, protestas, movilizaciones y asambleas permanentes en fechas determinadas (v. fs. 10/17), como asimismo planillas preparadas por la autoridad administrativa en las que se individualizan los agentes que se unieron a ellas los diversos días que llevaron a cabo (v. p. ej., fs. 42/48). La fuerza probatoria de tales elementos no fue debidamente desarticulada en las etapas anteriores del juicio, maguer lo que paralelamente podía surgir del sistema de presentismo.
A la luz de ello y en vista de las exigencias propias de esta instancia extraordinaria, no es posible concluir que el Tribunal de Alzada haya incurrido en el extremo vicio de absurdo, único supuesto que -como ya lo dije- permite a este Tribunal examinar cuestiones de hecho y prueba (doctr. causa A. 72.338, "G., H. E.", sent. de 26-XII-2018).
III.2. En cuanto a los agravios ligados a la arbitrariedad y también absurdo en la asimilación de los conceptos de "huelga" y "retención de tareas", violación del principio de máxima taxatividad legal e inobservancia del derecho de defensa en sede administrativa, debo decir que el contenido de estos planteos no es más que la reiteración de argumentos ya esgrimidos, debidamente abordados y a la postre rechazados en las dos instancias anteriores.
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que esa clase de reiteraciones, que se ponen de manifiesto cuando quien recurre se limita a insistir con su propia postura sin hacerse cargo de la conclusión que lo perjudica y demostrar su desacierto, llevan necesariamente a la declaración de insuficiencia del remedio extraordinario (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017; A. 75.082, "Manzolini", sent. de 13-XI-2019; e. o.), lo que así se declara en esta parcela (art. 279 in fine , CPCC).
III.3. Por último, los recurrentes sostienen que la resolución conjunta 949/09 -que sirvió de fundamento para los descuentos- vulnera la garantía de reserva legal, razonabilidad y jerarquía normativa.
Si bien cabe reconocer que el planteo parece haber formado parte de la postulación inicial y, sin embargo, no fue concretamente tratado por la jueza que previno, no se me escapa que este argumento -o la queja por haberse omitido su tratamiento- nunca fue llevado a conocimiento de la Cámara en oportunidad de apelar ante ella (v. fs. 541/548 vta.). Mal podría ser ahora reinsertado en el contexto del remedio extraordinario.
En tales condiciones, lo aquí avanzado no es sino el fruto de una reflexión tardía, ineficaz para reabrir la cuestión por esta vía recursiva (doctr. causas Ac. 88.256, "Riera", sent. de 3-X-2007; C. 117.904, "Aguirre", sent. de 26-III-2014; A. 72.840, "Weiss", sent. de 28-VI-2017; C. 121.223, "Riquelme", sent. de 6-VI-2018; A. 74.504, "Arabia", sent. de 24-IV-2019; e. o.).
Lo expuesto es suficiente para desestimar el planteo que introduce el recurrente en esta instancia, sellando la suerte adversa de su presentación.
IV. Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en autos. Con costas a los recurrentes vencidos (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:37:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:20:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:26:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 09:35:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 10:35:46 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia