Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75622
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.622, "Torres, Cristian Javier contra Ministerio de Economía-Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Soria, Torres
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor y confirmó -por otros fundamentos- la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda promovida por el señor Cristian Javier Torres contra el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (v. fs. 580/598).
Disconforme con dicho pronunciamiento , el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 3-IX-2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 603 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 608) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó -por otros fundamentos- la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda promovida por el señor Cristian Javier Torres contra el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, mediante la cual pretendió la nulidad de las resoluciones n° 329/12 y su confirmatoria 11.407, n° 295/12, dictadas en el marco del expediente administrativo 2.319-57.448/09, por cuyo medio se aplicó al accionante la sanción de cesantía, por considerarlo responsable de transgredir los deberes contenidos en el art. 27 incs. "a", "b" y "g" de la ley 22.140, correspondientes al art. 23 incs. "a", "b" y "h" de la ley 25.164; el reconocimiento del derecho a ser reinstalado en el cargo y la reparación de los daños y perjuicios que adujo padecer.
Para así decidir y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada efectúo las siguientes consideraciones.
I.1. Liminarmente, discrepó con el juzgador de grado en cuanto estimó aplicable la ley 22.140 y su decreto reglamentario a los procedimientos disciplinarios incoados respecto de los empleados de casinos.
A juicio del a quo , mediante el decreto 214/06 se homologó el convenio colectivo de trabajo general para la Administración Pública nacional, que entró en vigencia el 1 de marzo de 2006, quedando así cumplida la condición establecida en el art. 4 de la ley 25.164 para derogar a su antecesora 22.140 y el régimen instituido por ésta.
Así sostuvo que, si la ley 25.164 reemplazó al estatuto anterior y siendo este cuerpo normativo de plena aplicación al personal de casinos por conducto del art. 2 del decreto 3.004/95, correspondía concluir que bajo dicha normativa debió instruirse el sumario disciplinario que tramitó por expediente 2.319-57.448/09, en tanto fue iniciado en el mes de abril del año 2009.
I.2. Luego, bajo los parámetros establecidos en la normativa que reputó aplicable, se abocó al análisis del planteo prescriptivo formulado por el recurrente.
Señaló que el plazo de prescripción para la aplicación de la sanción de cesantía es de un año, contado a partir del momento de la comisión de la falta (cfr. art. 37, ley 25.164). Asimismo, indicó que su cómputo queda suspendido por la iniciación del sumario y hasta su finalización (cfr. art. 37 apdo. "I", dec. 1.421/02).
En este contexto, ponderó que -en la especie-, la potestad disciplinaria de la Administración no se encontraba prescripta, pues habían transcurrido menos de dos meses entre la comisión de la falta (16-II-2009) y el dictado de la resolución 441/09 que ordenó instruir el sumario (8-IV-2009), quedando luego su cómputo suspendido hasta el día en que se dictó la sanción expulsiva (29-II-2012).
A su vez, valoró que el procedimiento disciplinario tuvo un curso preciso y constante hasta el último acto procesal reseñado, ya que la Administración lo mantuvo activo desarrollando numerosos actos de trámite e impulsándolo hasta su conclusión respetando un estándar de razonabilidad temporal, sin que el ex agente instara legalmente al organismo demandado a expedirse en un tiempo acotado.
I.3. Posteriormente, advirtió que los agravios tendientes a patentizar la violación del derecho de defensa y cuestionar la admisibilidad y valoración de la prueba del registro fílmico -a partir del cual se constató que el actor, en su calidad de cajero, había operado un volumen de fichas superior en doscientos dólares al declarado en la jornada laboral investigada- reproducían los expuestos en el escrito de demanda, que fueron debidamente considerados y desestimados por el juez de primera instancia. En consecuencia, juzgó que tal conducta procesal soslayaba las exigencias del art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo.
I.4. Igual suerte adversa brindó a la crítica por la cual el apelante pretendía demostrar que la sentencia se basó en presunciones y en planillas que contenían errores materiales, pues consideró que lo manifestado era producto de una deficiente lectura del fallo, que se desentendía de las conclusiones brindadas por el sentenciante de grado que, luego de analizar la totalidad de la prueba de cargo, consideró que la actitud infiel del actor -al operar valores por un monto mayor al declarado en la jornada laboral investigada-, constituía una falta grave, independientemente de que hubiera sido -o no- quien sustrajera las fichas del cofre que había sido manipulado por su compañero Alcoba.
I.5. Idéntica consideración mereció lo manifestado en torno a que el juez de primera instancia habría cambiado la imputación que se le hizo en sede administrativa.
En este sentido, la Cámara indicó que si bien el sumario se inició para investigar un faltante de fichas, la propia Administración sumariante, tras colectar la prueba de cargo, entendió que existía una clara falta disciplinaria del actor que consistía en tener un sobrante de doscientos dólares y no haberlo comunicado como novedad. Así, evidenció el desenfoque de la crítica y declaró la insuficiencia del agravio en cuestión.
I.6. Por otro lado, descartó que el juez de grado haya omitido brindar tratamiento a los planteos que el recurrente denunciara como preteridos -razonabilidad del plazo que insumió la sustanciación del sumario y la proporcionalidad entre la sanción aplicada y la falta imputada-.
I.7. Asimismo, al no existir una actuación ilegítima de la Administración, consideró innecesario pronunciarse sobre los daños que el accionante entendió acreditados a partir de la prueba pericial psiquiátrica, cuya falta de ponderación reprochaba.
Finalmente, no advirtió de qué modo podía operar la presunción contenida en el art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial frente a la frustración de la prueba pericial contable, en tanto no se verificó que su producción hubiera podido desvirtuar las conclusiones del fallo, basadas -principalmente- en el video presentado.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 3-IX-2018), en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia la errónea interpretación y aplicación del art. 37 apartado "I" del decreto 1.421/02; la violación de las garantías constitucionales al debido proceso y defensa en juicio; arbitrariedad y absurdo valorativo. Asimismo, alega la vulneración de la doctrina legal que denuncia.
II.1. En primer lugar, insiste en propugnar la prescripción de la acción disciplinaria.
Al efecto, postula que la Cámara efectuó una errónea interpretación del art. 37 apartado "I" del decreto 1.421/02, en cuanto estimó que la suspensión del plazo de prescripción se extendió hasta el día en que se dictó la sanción expulsiva (29-II-2012), cuando -a su entender- dicha suspensión corrió hasta la clausura de las actuaciones, que se verificó con posterioridad a la recepción de la prueba de cargo, concretamente el día 29 de septiembre de 2010.
Con base en ello, postula que la acción disciplinaria se encontraba prescripta al momento de aplicarse la sanción expulsiva, toda vez que había trascurrido más de un año (cfr. art. 37, ley 25.164) desde la clausura de las actuaciones (29-IX-2010) hasta el dictado de la resolución sancionatoria (29-II-2012).
II.2. Luego, centra su queja en el análisis que efectuaron los magistrados de grado sobre el material fílmico que fuera utilizado en el sumario como prueba de cargo en su contra.
Aduce que dicha valoración resultó superficial, ya que no se consideraron distintas circunstancias fácticas que oportunamente expuso y que ahora reitera, encaminadas a restar valor probatorio a la filmación aludida.
II.3. Cuestiona que los sentenciantes otorgasen entidad probatoria a las planillas labradas durante la investigación pese a los errores materiales que contenían, cuando por el carácter extremo de la sanción aplicada no debía permitirse la existencia de dudas.
Asimismo, reitera los planteos dirigidos a censurar la comprobación del faltante de fichas en su jornada laboral, que diera origen al sumario administrativo y por el cual -aduce- se le aplicó la sanción de cesantía, la que revelaría, en su criterio, la falta de motivación del acto enjuiciado.
II.4. Por otro lado, postula que los jueces de grado modificaron gravemente la imputación que se le hiciera en sede administrativa, al resolver los presentes autos en razón de otro hecho que no fue atribuido ni probado en la especie, consistente en que habría operado un volumen de fichas superior al denunciado.
II.5. Seguidamente, reprocha al Tribunal de Alzada haber omitido expedirse sobre las siguientes cuestiones, a saber: i) existencia de vicios en la etapa sumarial (tanto al prestar su declaración indagatoria sin la presencia de un abogado defensor y al recibir la declaración testimonial del agente Picón fuera del radio del casino donde el actor se desempeñaba), circunstancias que alega, violentaron la garantía del debido proceso y derecho de defensa y; ii) trato desigual recibido en relación a sus compañeros de trabajo que también participaron en el hecho investigado, lo cual -sostiene- atenta contra el principio de tipicidad.
II.6. Discrepa con el tratamiento brindado por la Cámara a la alegada violación de los principios de inmediatez y proporcionalidad.
II.7. Finalmente, denuncia nuevamente la falta de ponderación de la pericia psiquiátrica, como así también que se haya omitido hacer efectiva la presunción contenida en el art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial, ante el incumplimiento de la accionada de acompañar la documental requerida para poder confeccionar la prueba pericial contable.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. Este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco del cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados con suerte adversa ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (doctr. causa A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva, habida cuenta que los reproches que se presentan como agravios y causales de casación, no hacen más que reeditar argumentos ya desestimados en la causa, sin lograr asestar un embate preciso que permita desbaratar el razonamiento que funda la decisión impugnada.
III.2. Liminarmente cabe señalar que, mediante la denuncia de errónea interpretación del art. 37 apartado "I" del decreto 1.421/02, el recurrente intenta discutir el momento hasta el cual se extiende la suspensión del plazo de prescripción de la acción disciplinaria.
Empero, ese aspecto en debate resulta, por regla, extraño a la competencia del Tribunal.
En tal sentido, esta Suprema Corte tiene dicho que los tópicos vinculados con el cómputo de la prescripción, interrupción o suspensión y punto de arranque de la misma son típicos planteos fáctico probatorios y por tal motivo extraños a la competencia de la instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (doctr. causa A. 73.928, "Kohnen", sent. de 21-VI-2018).
En el caso, la Cámara ponderó que el cómputo del plazo de prescripción -que corrió desde la fecha de la comisión de la falta (16-II-2009)- quedó suspendido con el dictado de la resolución 441/09 que ordenó instruir el sumario (8-IV-2009) hasta el día en que se dictó la sanción expulsiva (29-II-2012). Asimismo, apreció que el procedimiento tuvo un curso preciso y constante hasta este último acto procesal (v. fs. 590 in fine /592).
Frente a lo así decidido, el recurrente insiste en postular que la suspensión del plazo prescriptivo se extendió hasta la clausura de las actuaciones sumariales (producida el 29-IX-2010) y que, por ello, la acción disciplinaria se encontraba prescripta al momento del dictado de la cesantía, al haber transcurrido más de un año desde dicha clausura hasta el dictado de la resolución sancionatoria (29-II-2012).
Como se observa, el impugnante se limita a continuar propugnando, sin más sustento que su propio criterio, una extensión del plazo de suspensión diferente al considerado por el Tribunal de Alzada, sin lograr demostrar, como era su carga hacerlo (cfr. art. 279, CPCC), que el razonamiento seguido por los sentenciantes en ejercicio de facultades que le son privativas, haya incurrido en el aludido vicio de absurdo.
En ese contexto, cabe tener presente que la acreditación del absurdo no se abastece con la mera reiteración de las razones que ya fueron rechazadas en las instancias anteriores; ni con el planteo de una disconformidad o discrepancia con la línea argumental de lo resuelto en el fallo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (doctr. causas A. 72.901, "Ordosgoiti", sent. de 26-X-2016 y A. 74.234, "Cobo de Gonzalez Fajore", sent. de 3-X-2018).
Por lo demás, tampoco alcanza para conmover los fundamentos de la sentencia impugnada, la divergencia de criterio en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se ha subsumido el relato de los hechos, si no se demuestra la errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causa A. 70.232, "Benítez", sent. de 27-IV-2016).
Las circunstancias referidas resultan suficientes para rechazar el agravio pues, como ha afirmado esta Suprema Corte, es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarlo con su propia interpretación, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas C. 96.091, "Guevara", sent. de 11-III-2009 y C. 121.938, "De Lóizaga", sent. de 7-XI-2018).
III.3. Tampoco cumplen con la carga técnica que es requerida en la instancia extraordinaria que se pretende transitar, los restantes cuestionamientos tendientes a demostrar un yerro valorativo en los sentenciantes de grado. Pues, sin evidenciar un vicio de absurdo al respecto, el recurrente se limita a insistir con la ponderación que debió efectuarse de los hechos y prueba, omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que dan sustento a la solución en crisis (doctr. causa A. 74.054, "Baigorria", sent. de 21-XI-2018).
III.3.a. Así, la Cámara desestimó las críticas tendientes a patentizar la violación del derecho de defensa y cuestionar la admisibilidad y valoración de la prueba del registro fílmico, al advertir que los argumentos esgrimidos reproducían los expuestos en el escrito de demanda y reflejaban una vaga disconformidad con lo decidido en la sentencia de primera instancia, sin lograr evidenciar una crítica concreta y razonada en los términos requeridos por el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo (v. fs. 592 vta./593 vta.).
Tal declaración no resultó cuestionada en el recurso en tratamiento (cfr. art. 279, CPCC).
En efecto, constituía una carga del recurrente desbaratar esta parcela del decisorio acreditando que su pieza recursiva cumplía con las mandas legales impuestas por la ley procesal y que, consecuentemente, el a quo incurrió en un yerro al sostener que su apelación no constituía una crítica concreta y razonada de la sentencia de origen.
Sin embargo, advierto que la impugnación en tratamiento resume ante esta Suprema Corte idénticos agravios a los esgrimidos al formular su apelación, sin siquiera mencionar como violada la normativa en la que se apoya la sentencia. Por tal motivo, la decisión de la Cámara llega incólume a esta instancia revisora.
Ha resuelto esta Suprema Corte que, en los casos como el presente donde el Tribunal de Alzada en ejercicio de facultades propias hizo una valoración del escrito de expresión de agravios llegando a la conclusión de que los embates esgrimidos no reunían los requisitos del art. 56 inc. 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- no cuestiona tal decisión, ni denuncia transgredida aquella norma y omite, a su vez, calificar y demostrar que el fallo que cuestiona es absurdo (doctr. causa A. 74.934, "Super Merced S.A.", sent. de 29-V-2019).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
III.3.b. Por otro lado, la Cámara desestimó los agravios tendientes a: i) restar eficacia probatoria a las planillas en virtud de los errores materiales que contenían; ii) achacar al sentenciarte de grado haber cambiado la imputación que se le efectuara en sede administrativa; iii) denunciar la falta de ponderación de la pericia psiquiátrica y la omisión de hacer efectiva la presunción del art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial. Ello así, por fundamentos que llegan firmes por falta de impugnación adecuada.
En este sentido, el Tribunal de Alzada ponderó que las críticas dirigidas a reprochar la entidad probatoria otorgada a las planillas, eran producto de una errónea lectura del fallo de grado, que se desentendía de las categóricas conclusiones a las que arribara el sentenciante tras analizar la totalidad de la prueba de cargo, resultando insuficiente para patentizar yerro alguno.
Asimismo, en torno a lo manifestado respecto del cambio de imputación, señaló que, si bien el sumario se había iniciado a fin de investigar un supuesto faltante de fichas, la propia Administración sumariante entendió que existía una falta disciplinaria del actor, consistente en tener un sobrante de dólares y no haberlo comunicado como novedad, extremo que -consideró- evidenciaba el desenfoque de la crítica y la insuficiencia del agravio.
Por su parte, sostuvo que, al no haberse acreditado actividad ilegítima de la Administración, resultaba innecesario ponderar la prueba pericial psiquiátrica a partir de la cual el recurrente pretendía demostrar el d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.