Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75810
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.75.810 "FERNANDEZ ANGEL OSCAR C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 12 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la pretensión anulatoria deducida por el señor Angel Oscar Fernandez contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se deje sin efecto la exoneración dispuesta a su respecto, se disponga su reincorporación al cuerpo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el pago de los salarios caídos con más sus accesorios.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada comenzó por analizar la selección, valoración y alcance de la prueba rendida en autos, para finalizar destacando que según surgía de las actuaciones allegadas, el magistrado de primera instancia las había juzgado de conformidad con las reglas de la sana crítica, dando preeminencia a los elementos que estimó conducentes para el rechazo de la pretensión.
Señaló que los fundamentos del fallo llevaban un hilo conductor lógico con la aprehensión de los distintos elementos en los cuales basaba su convicción el sentenciante de grado, valorando el plexo probatorio.
Destacó que, si bien el recurrente pretendía restar valor a la prueba testimonial rendida en sede judicial, no se evidenciaba que las mismas se hubieren desplegado fuera del marco de la legalidad, sin que el apelante haya logrado comprobar sus dichos y postulados iniciales.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 210/217vta.).
II. Frente a ello, mediante presentación electrónica de fecha 24-II-2019 a las 01:43:27 p.m., el accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que fue concedido a fs. 234.
Aduce que el fallo de la Cámara viola, sea por errónea aplicación del derecho o por inobservancia de la ley aplicable, los arts. 285, CPP; arts. 141, 147, 150, 897, 900, 1040, 1041, 1042, 1043 del Código Civil de Velez (vigente en el momento de los hechos); y arts. 163, 427, 429, 436, 440, 446, CPCC. Entiende que también vulnera los arts. 18, 75 inc. 22, CN y 15 de la Constitución provincial; art. 8 inc. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sustancialmente esgrime que el fallo atacado se aparta de la normativa y doctrina aplicables, a la vez que cuestiona la selección y valoración de la prueba efectuadas en el decisorio que se controvierte.
Sostiene su embate en afirmaciones vinculadas a la pretendida incapacidad de uno de los testigos y sobre la denunciada violación del principio de contradicción en sede administrativa, lo que deriva en violaciones a su derecho de defensa.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto de la efectiva acreditación, en base a la prueba aportada en la causa, de los hechos que dieron origen al acto de exoneración dispuesto en su contra, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011, A. 73.960, cit. y A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018, entre otras).
IV.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
Para más, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015).
IV.3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 5
Fin de la sentencia