Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76073
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.76.073 "ARRIOLA MARIA CRISTINA C/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERS. DEL BCO PCIA DE BS AS S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDNARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 12 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial Junín, rechazó la pretensión anulatoria interpuesta por la señora María Cristina Arriola, con el objeto de obtener la anulación del acto administrativo individual emitido por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que le denegaba el beneficio de pensión. Ello, toda vez que la accionante no logró acreditar las exigencias contenidas en los arts. 40 y 41 de la ley 13.364 -modificada por ley 13.873-.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, anuló la Resolución de fecha 23/09/2015 emitida por la demandada y concedió el beneficio previsional de pensión por fallecimiento del titular jubilado, señor Darío Juan Pedro Bussalino, desde la fecha de su fallecimiento.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada afirmó que aún cuando no le hubiese dado en el expediente administrativo el valor probatorio que la reclamante le asigna, la demandada tuvo pleno conocimiento de la información sumaria y, además, no efectuó ofrecimiento alguno tendiente a contrarrestar -de modo directo- los testimonios brindados y ponderados en el Fuero de Familia (v. fs. 8/9), esto es, requiriendo la comparencia -en autos- de los allí declarantes, a los fines de someterlos al respectivo interrogatorio.
Sostuvo que, con tal trámite judicial, la Caja no se encontraba ante una prueba no bilateralizada, generada de modo paralelo al conocimiento del juez de primera instancia en lo contencioso administrativo, sino ante una producida para acompañar el reclamo administrativo que la demandada aceptó incorporar, y que -conociéndola en su alcance y contenido- no intentó neutralizarla (v. fs. 180/187).
III. Frente a ello, mediante presentación electrónica de fecha 04-VII-2019, la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que fue concedido a fs. 204/205.
Aduce que, el fallo de la Cámara, desconoce un criterio pacífico en la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sobre la ineficacia probatoria de la información sumaria, por tanto ello no puede resultar un elemento fundamental y definitivo de probanza, ya que se trata de un trámite realizado de manera unilateral por la interesada, con posterioridad a la muerte del causante.
Señala además que, la señora Arriola, no ha logrado acreditar de manera fehaciente la convivencia invocada como lo exige la normativa aplicable y hace referencia a los testimonios de vecinos del domicilio del causante que manifestaron no conocerla.
IV. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
V.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de la efectiva acreditación, en base a la prueba aportada en la causa y de manera fehaciente, la convivencia invocada en los términos exigidos por la normativa vigente, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011, A. 73.960, cit.; A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018, entre otras).
V.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos de la recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016; A. 75.881, "Di Girolamo", res. de 25-IX-2019).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
Para más, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019; A. 75.726, "Magliocco", res. de 11-IX-2019, e.o.).
V.3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 4
Fin de la sentencia