Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75819
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 289, CPCC; art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Costas a la recurrente (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.819 "LINARES GALVAN ARAUJO RICARDO JULIO C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 19 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó -por mayoría- la apelación interpuesta por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, no hiciera lugar a la pretensión incoada por el señor Ricardo Julio Linares Galván Araujo contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por la que persiguiera la anulación de la resolución que dispuso su cesantía como agente policial y se indemnicen los daños y perjuicios que tal decisión administrativa le ocasionara.
Para así decidir, la Cámara interviniente adelantó que el análisis de las constancias de la causa la llevaban a disentir con las afirmaciones de la actora y ratificar el razonamiento desplegado por el magistrado de la instancia anterior ya que no existió una crítica concreta y razonada del mismo.
De tal modo advirtió que el juzgador no había efectuado un análisis sesgado de la cuestión ventilada, habiendo considerado las circunstancias relevantes que surgen de las pruebas aportadas, las que -a su entender- daban cuenta que el señor Linares hubo afirmado falsedades y ocultado la verdad ante el personal policial actuante y funcionarios de la Fiscalía N°4 de Avellaneda, en las diversas oportunidades que prestó declaración.
Argumentó el rechazo del planteo del apelante referido a la absolución dispuesta en sede penal, advirtiendo la independencia que cabe predicar respecto de esta última en relación con la instancia disciplinaria en sede administrativa, en cuyo mérito no reviste trascendencia -en principio- la suerte seguida por el proceso penal para deslindar toda responsabilidad disciplinaria. Así expresó, para fundar la diferente naturaleza de la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, que: "En efecto, diversos son los valores en juego, los que motivan -en definitiva-, la sanción administrativa. En efecto, el bien jurídico tutelado, en la especie es la preservación de los valores institucionales y de sus integrantes, cuestión que resulta ponderada en sede administrativa. Los cargos atribuidos en sede administrativa, revisten un encuadre que supera el delito tipificado en la causa penal, evaluando la conducta llevada a cabo por el agente, en el marco de las obligaciones previstas por la normativa vigente en oportunidad del acaecimiento de los hechos, máxime ponderando las circunstancias particulares del funcionario policial como son la antigüedad en la institución de más de 14 años y su jerarquía (Subcomisario)".
De tal modo el Tribunal de Alzada ponderó que el accionante no demostró los extremos aducidos en respaldo de su pretensión, comportando ello una omisión insoslayable de la parte interesada y consideró que no resultó demostrado error alguno de parte de la jueza de grado en la valoración de las probanzas de autos, resultando ajustada a la totalidad de las constancias de la causa lo resuelto por la iudex.
Agregó que, a mayor abundamiento, a la luz de las constancias del proceso no luce irrazonable la cesantía dispuesta, sino proporcionada a la falta comprobada, no habiéndose invocado ni menos aún acreditado la existencia de exceso de punición, habiendo sido sancionado el actor como corolario de un proceso disciplinario administrativo en el que se respetó el debido proceso adjetivo, garantizando así el pleno ejercicio del derecho de defensa en dicha instancia.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado y desestimó el recurso de apelación deducido por el actor.
II. Frente a ello, la parte actora vencida, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual esgrime que el fallo atacado viola la ley 9.688, decreto ley 7.718/71, Código Procesal Civil y Comercial y Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts. 9 y 10). Argumenta que la decisión del Tribunal de Alzada incurre en absurdo y arbitrariedad al no observar las normas sobre la valoración de la prueba producida en el expediente, lo que conduce a una conclusión errónea al sentenciar en lo atinente a la sanción administrativa expulsiva impuesta por la demandada.
III. El remedio no puede prosperar, atento a la manifiesta deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, entre otras).
En tal sentido, los pocos argumentos esbozados desordenadamente por la parte recurrente respecto a que los puntos de interés que propone la Cámara interviniente para la resolución del caso resultan secundarios y accesorios, no alcanzan siquiera a expresar un mero criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo, lo que constituye, como se dijo, una tarea insuficiente a los fines impugnatorios.
En efecto, la parte actora alega la violación de normativa sin vinculación con los hechos discutidos en autos, como la ley de accidentes de trabajo (Ley 9.688) o la norma de procedimientos laborales (decreto ley 7.718/71, hoy derogada), refiriendo jurisprudencia que tampoco resulta aplicable al presente caso, limitándose -como aspecto relevante de su embate- a copiar textualmente el voto íntegro de la posición minoritaria del fallo de Cámara. La postulación de un encuadre normativo divergente al aplicado por el tribunal, resulta insuficiente en la especie para abastecer técnicamente el embate que -así formulado- deja incólume el pronunciamiento del Tribunal de Alzada.
Debe ser desestimado -atento su manifiesta insuficiencia técnica- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquéllos que dotan de contenido al fallo, a punto tal que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas actuadas por el órgano jurisdiccional de grado (doctr. causa L. 104.897, "Serra", sent. de 13-VII-2011).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece la sentencia que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 y A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018).
IV. 2. Para más, esta Corte ha resuelto que es facultad de los tribunales de las instancias de grado seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin necesidad de expresar la valoración que le merecen todas y cada una de ellas. De allí que, a los fines de que se admita la revisión de tal actividad en la instancia extraordinaria, es necesario invocar y demostrar que existió absurdo (doctr. causas A. 69.506 "Vigil" sent. de 1-IV-2009, A. 69.321 "Bellia Munzón" sent. de 27-VII-2008, A. 73.076, "Consentino", resol. de 7-VI-2017, entre otras).
Tal vicio lógico consiste en el error grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa no configurándose con la mera diferencia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; (causa A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018 causas A. 70.247, "Capra", sent. de 20-III-2013; A. 73.580, "Favini", sent. de 9-IX-2015; A. 73.757, "M.C.R.", sent. de 11-VII-2018).
En efecto, el Tribunal de Alzada, confirmando el razonamiento formulado por el sentenciante de grado consideró que de la prueba rendida de las actuaciones lograba extraerse que no luce irrazonable la cesantía dispuesta por la administración, por resultar proporcionada a la falta -debidamente comprobada y acreditada-, y habiéndose respetado todas las garantías procedimentales del agente.
Tal conclusión, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento atacado, no logra ser desvirtuada por los reproches volcados por la recurrente, en tanto sus críticas sobre la falta de consideración de la particular situación de salud que padecía el agente al momento de los hechos que dieron origen al sumario administrativo o a la valoración efectuada de sus antecedentes laborales, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la interpretación de la prueba, lo que no basta para demostrar el yerro alegado, sino que sólo tiende a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre tantas).
IV. 3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 289, CPCC; art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Costas a la recurrente (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Pe-Ko
Reg. Nº 28
Fin de la sentencia