Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75519
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.519, "Eli, Carlos José contra Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -por mayoría- confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la pretensión anulatoria promovida contra el Instituto de Previsión Social (v. fs. 111/116).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 119/126), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 128/129).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 131), acompañado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 12 de noviembre de 2018, 11:39:11 hs.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La apoderada del señor Carlos José Eli promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social (IPS), con el objeto de que se dejen sin efecto las resoluciones 731.111 y 781.755, dictadas por dicho organismo los días 17 de diciembre de 2012 y 22 de enero de 2014, respectivamente, en cuanto rechazaron la petición de que el haber previsional reconocido a aquel fuese liquidado en base al cargo desempeñado dentro de la empresa Mastellone Hnos. S.A.; en la misma oportunidad, la profesional solicitó que las diferencias presuntamente adeudadas por tal concepto fuesen abonadas en forma retroactiva al día 1 de septiembre de 2008 (fecha de vigencia del beneficio otorgado), tomando los valores a la fecha de realización de la liquidación, con más intereses y costas (v. fs. 8/14).
Relató que el señor Eli sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó graves secuelas, incapacitándolo en forma total y permanente para trabajar, motivo por el cual peticionó en sede administrativa el reconocimiento del correspondiente derecho jubilatorio. Expuso que el trámite fue prolongado debido a la necesidad de determinar jurídicamente cuál era la caja otorgante, ya que su representado contaba con más años de servicio con aportes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que al IPS, pero finalmente este último concedió la jubilación por invalidez en mérito a lo dispuesto por la ley 13.524. Añadió que, sin embargo, el organismo rechazó el pedido de que la prestación fuese liquidada en base al cargo desempeñado en la ya mencionada firma privada, por entender que existía una renuncia al cómputo de los servicios nacionales y por el contexto fáctico y jurídico del caso.
Sostuvo que la Administración provincial otorgó el beneficio en virtud de lo dispuesto por el art. 67 del decreto ley 9.650/80 (modif. por ley 13.524), pero que limitó injustificadamente los alcances de dicha normativa al marginar los servicios desempeñados en el orden nacional de la liquidación del haber. Advirtió que el precepto citado establece que el IPS será la caja otorgante en casos de jubilación por incapacidad, como el de autos, cuando al momento de producirse tal contingencia el afectado se encontrare afiliado a la jurisdicción previsional provincial, mas planteó que una vez determinado ello, el haber debe ser liquidado de conformidad con las disposiciones específicas que regulan dicha cuestión, especialmente los arts. 41 y 45 del decreto ley 9.650/80.
Señaló que en ningún momento la ley 13.524 condiciona ni limita el reconocimiento del derecho reclamado en el sentido pretendido por la demandada, descartando que puedan realizarse en la materia interpretaciones extensivas que lleven a desconocer la proporcionalidad que debe existir entre el haber previsional del actor y lo aportado por éste durante sus años de actividad. En abono de su posición, invocó los fundamentos de la ley en discusión y principios hermenéuticos recogidos por jurisprudencia de esta Suprema Corte.
Expresó que la apoderada que intervino en un primer tramo del trámite administrativo no renunció al cómputo de años de servicios con aportes nacionales, como lo interpretó el organismo previsional, sino que se limitó a pedir que la situación se resolviera sin considerar el reconocimiento de tales servicios en ese momento, más allá de lo que se peticionara con posterioridad. Destacó que dichas manifestaciones tuvieron lugar en un marco muy especial, debido a la necesidad imperiosa del señor Eli de percibir un ingreso alimentario y contar con obra social. Concluyó que no podía vislumbrarse en tales asertos una renuncia practicada con libertad de consentimiento. Por otra parte, adujo que la mencionada apoderada no contaba con facultades para concretar esa hipotética renuncia y que, en todo caso, ésta sería nula por el carácter integral e irrenunciable de los beneficios de la seguridad social (conf. art. 14 bis, Const. nac.).
Observó que el art. 45 del decreto ley 9.650/80 no distingue entre cargos provinciales y nacionales, sino que se limita a requerir el cumplimiento de ciertos plazos de permanencia en el caso de optarse por uno diferente del que el afiliado tenía al momento de incapacitarse. Indicó que el señor Eli se desempeñó durante más de treinta y seis meses consecutivos en el cargo que ocupara en la empresa Mastellone Hnos. S.A., circunstancia que por lo demás consideró no controvertida.
Recordó que el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial prescribe que en caso de duda debe aplicarse la norma más favorable para el trabajador, lo que consideró violado por las resoluciones administrativas impugnadas, a las que -por todo lo expuesto- tachó de arbitrarias e ilegítimas. Agregó que muchas veces el IPS considera cargos desempeñados en el orden nacional al momento de liquidar los haberes correspondientes a jubilaciones ordinarias o por invalidez y concluyó que no debería haber inconveniente para ello en el presente.
II. En oportunidad de contestar el traslado corrido, la Fiscalía de Estado se opuso al progreso de la demanda.
Puntualizó que no se encontraba discutido que mediante nota suscripta el día 6 de mayo de 2010 (reiterada siete meses después), la entonces apoderada del actor solicitó que "...no sea tenido en cuenta el expediente de reconocimiento de servicios nacionales y se liquide el beneficio jubilatorio conforme la certificación de servicios extendida oportunamente por la Municipalidad de Cañuelas". Consideró que ello importó una renuncia, practicada por medio de una representante con facultades suficientes y que en consecuencia obligaba al señor Eli. Negó que existieran en el caso elementos que autorizaran a tener por demostrada falta de discernimiento, intención o libertad ni coacción alguna. Con cita de doctrina de esta Corte, planteó que nadie puede ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
Sin perjuicio de lo indicado, sostuvo que la cuestión de fondo (a saber, si en casos como el del demandante -con mayor cantidad de años de servicios prestados en el orden nacional- correspondería o no renunciar al régimen de reciprocidad jubilatoria para que el IPS actúe como caja otorgante) encontraba respuesta en el sistema diseñado por el decreto 9.316/46 (al que la Provincia de Buenos Aires adhirió mediante la ley 5.157), con las modificaciones introducidas por la ley 24.241.
Reconoció que, en su último párrafo, el art. 67 del decreto ley 9.650/80 (modif. por ley 13.524) consagra una excepción para los supuestos de incapacidad o fallecimiento a los principios generales sobre determinación de la caja otorgante allí establecidos, pero indicó que -en su criterio- la citada norma provincial no puede modificar lo dispuesto por la preceptiva nacional, en virtud del principio de supremacía federal derivado del art. 31 de la Constitución.
Postuló que una interpretación armónica de las reglas en juego (basada en los fundamentos de la ley 13.524 y en la doctrina de esta Suprema Corte) llevaba a la conclusión de que lo que se consagró legalmente es la posibilidad del afiliado de sustraerse a la aplicación del régimen de reciprocidad en ciertos supuestos especiales, para poder obtener el beneficio en sede provincial, siempre que consecuentemente se abandone la pretensión de cómputo de los servicios prestados en el ámbito nacional. Precisó que -en su visión- ello se desprende a contrario sensu de las causas B. 49.820, "Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo. Coadyuvante: Lanzoni", sentencia de 3-VI-1986 y B. 60.578, "Haspert de Russo", sentencia de 30-X-2002. Razonó que el IPS no exige la renuncia a servicios foráneos, sino que se trata de un presupuesto lógico necesario para que el organismo nacional pierda el rol de caja otorgante. Negó que dicha interpretación violente el principio de igualdad.
En subsidio, planteó la prescripción de los haberes previsionales devengados hasta un año antes del reclamo administrativo efectuado por la actora en el mes de octubre de 2011 (conf. art. 62 párr. segundo, dec. ley 9.650/80; fs. 91, expte. adm. 21.557-18.454/11). Asimismo, se opuso a la solicitud de que las diferencias entre el cargo reclamado y el abonado se calculen tomando los valores a la fecha de realización de la liquidación, en la inteligencia de que ello constituiría una actualización vedada por el art. 10 de la ley 23.928 y la ley 25.561. En apoyo de sus dichos, citó lo resuelto por esta Corte en la causa B. 49.193, "Fabiano", resolución de 2-X-2002.
III. El juez de primera instancia rechazó la demanda promovida, distribuyendo las costas en el orden causado (conf. art. 51 inc. 2, CCA -texto según ley 14.437-).
Para así decidir, abordó en primer lugar lo concerniente a la presunta renuncia a los servicios nacionales que la entonces apoderada del señor Eli efectuara en sede administrativa. Explicó que el carácter irrenunciable de los beneficios previsionales y el principio según el cual los poderes especiales deben interpretarse siempre en sentido restrictivo, máxime al involucrar la renuncia de un derecho (conf. arts. 1.879, 1.881 inc. 4 y 1.884, Cód. Civ.; conc. 375, Cód. Civ. y Com.), conducían a concluir que la apoderada en cuestión carecía de facultades para llevar a cabo ese acto, máxime por cuanto entre sus prerrogativas no se preveía aquella de manera concreta y específica (conf. fs. 134/135, expte. adm.). Por ende, descartó que medie, en el presente conflicto, renuncia válida a los servicios nacionales del actor. Resaltó que el nuevo apoderado del señor Eli manifestó fehacientemente su intención de computarlos "...a los efectos del cargo determinante de la prestación [... y] del pago de la retroactividad del derecho peticionado en autos", lo cual, una vez denegado, motivó el inicio de esta acción.
Zanjada la cuestión anterior, se dispuso a analizar si, a la luz de lo prescripto por el art. 67 del decreto ley 9.650/80 (texto según ley 13.524), el hecho de traer a cómputo los servicios nacionales desempeñados por el actor hubiese desplazado el rol de caja otorgante que la disposición citada confería al Instituto de Previsión Social. En coincidencia con la postura del actor, admitió que de una primera lectura del precepto citado se desprendía una posible respuesta negativa a tal interrogante, más seguidamente juzgó que esa interpretación no se condecía con los fundamentos que inspiraron el dictado de la ley 13.524, con la doctrina jurisprudencial que le precediera ni con el régimen de reciprocidad en la materia.
En apoyo de sus dichos, citó parte de los fundamentos de la ley citada, recordó lo establecido por el art. 67 del decreto ley 9.650/80 durante la vigencia de la ley 12.867 y puntualizó que esta Suprema Corte admitió la posibilidad de acceder a la jubilación por incapacidad en el ámbito provincial cuando dicha contingencia se produjera mientras la persona afectada se encontrara afiliada al IPS y no trajera a cómputo los servicios prestados en el orden nacional. Invocó en tal sentido la doctrina de las causas B. 49.820, "Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo. Coadyuvante: Lanzoni", sentencia de 3-VI-1986; B. 60.578, "Haspert de Russo", sentencia de 30-X-2002; B. 61.789, "Mascara", sentencia de 2-III-2003; B. 60.656, "Borras", sentencia de 27-VI-2007 y B. 67.427, "Vighetto", sentencia de 18-IV-2012.
Estimó que los fundamentos de la ley 13.524 aluden a la doctrina jurisprudencial referida y que como ésta presupone la renuncia al cómputo de los servicios nacionales para el otorgamiento de la jubilación por invalidez en sede provincial, debe considerarse que también el art. 67 del decreto ley 9.650/80 en su actual redacción contempla dicha limitación. Adujo que pretender lo contrario se contrapone con los principios del régimen de reciprocidad jubilatoria (dec. ley 9.316/46 y art. 168, ley 24.241), de naturaleza federal.
Concluyó que, de traer a cómputo los servicios nacionales del señor Eli, el IPS perdería su rol de caja otorgante, no obstante el destacable esfuerzo argumentativo desplegado en sentido adverso por la actora.
IV. A su turno, la Cámara interviniente confirmó, por mayoría, el fallo de grado.
Entendió en tal sentido que la cuestión a dilucidar radicaba en determinar si, con sustento en lo normado por el art. 67 del decreto ley 9.650/80 (texto según ley 13.524), el actor tenía derecho a que su jubilación por invalidez, otorgada por el IPS, fuese liquidada tomando como base de la prestación el cargo desempeñado en la empresa Mastellone Hnos. S.A., ejercido en el ámbito nacional.
Interpretó que el precepto citado dispone excepcionalmente, para quien se incapacitare o falleciere encontrándose en actividad en el orden provincial, la posibilidad de renunciar al cómputo de los años ejercidos en sede nacional a fin de acogerse al beneficio jubilatorio local, aun cuando allí se hubiera desempeñado el mayor tiempo con aportes, sin que el afiliado se encuentre obligado a sujetarse al régimen de reciprocidad, en cuyo marco se determina la caja otorgante de acuerdo con la mayor antigüedad en la actividad (cfr. arts. 168, ley 24.241 y 67, dec. ley 9.650/80).
Sostuvo que en autos no se encuentran discutidos los hechos que generan el derecho a la jubilación por invalidez (incapacidad total producida durante la relación de empleo y ausencia de necesidad de computar un tiempo mínimo con aportes al sistema provincial), pero que la pretensión incoada, tendiente a que el haber previsional se establezca en base al mayor cargo desempeñado en el ámbito nacional, no puede tener andamiento.
Estimó que lo expuesto resultaba coincidente con el criterio sentado en precedentes propios del Tribunal de Alzada y de esta Suprema Corte en los cuales se concluyó que quien solicita un beneficio previsional al amparo de la ley local no está obligado a denunciar ni computar los servicios prestados bajo el régimen de reciprocidad ni, por ende, a someterse a él para determinar la caja otorgante del beneficio (causas B. 49.820, "Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo. Coadyuvante: Lanzoni", sent. de 3-VI-1986; B. 60.578, "Haspert de Russo", sent. de 30-X-2002; B. 61.789, "Mascara", sent. de 2-III-2003; B. 60.656, "Borras", sent. de 27-VI-20070; B. 67.427, "Vighetto", sent. de 18-IV-2012; e.o.).
Destacó que según los fundamentos de la ley 13.524, esta reforma recogió en su texto el criterio interpretativo acuñado por la Corte local en los precedentes citados, sin perjuicio de que en ellos el hecho generador del beneficio había ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma aquí discutida.
V. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, la actora denuncia errónea aplicación del art. 67 del decreto ley 9.650/80, modificado por la ley 13.524.
Plantea que -al igual que el juez de grado- la mayoría del tribunal a quo incorporó al texto legal, vulnerando el principio de división de poderes, una condición no prevista por aquel, consistente en la prohibición de traer a cómputo los servicios con aportes a la ANSES, de manera tal que éstos no sean considerados al determinar el cargo regulatorio de la prestación. Razona que si el legislador hubiese querido establecer tales limitaciones las habría plasmado en el texto legal, sin que su imprevisión pueda presumirse.
Advierte que, en los precedentes de esta Corte invocados por la mayoría de la Cámara, el texto legal aplicable difería del debatido en el presente (en tanto no contenía la excepción actualmente prevista por el tercer párr., art. 67, dec. ley 9.650/80) y que la temática allí discutida resultaba asimismo diferente (ya que se cuestionaba en tales casos la obligatoriedad de invocar el régimen de reciprocidad jubilatoria, mientras que en autos se controvierte la regulación del cargo computable a fin de determinar el haber de la jubilación por invalidez, en los términos del art. 45, dec. ley 9.650/80).
Argumenta que la excepción introducida por la ley 13.524 en el párrafo tercero del art. 67 del decreto ley 9.650/80 obliga al IPS a ser la caja otorgante de la jubilación por incapacidad en casos como el presente, sin establecer opción alguna en favor del afiliado ni de la Administración provincial. De allí extrae que -a su entender- no resulta posible admitir la pérdida de servicios con aportes efectuados en el ámbito nacional. Sostiene que el principio de jubilación única obliga a que se consideren la totalidad de los aportes realizados.
Reprocha al tribunal a quo no haber tomado en cuenta que la jubilación por invalidez tiene características diferentes de las del resto de los derechos previstos por el decreto ley 9.650/80, en tanto nace a raíz de una situación de fuerza mayor que impide al afiliado cumplir con ciertos requisitos legales que por tal razón son dispensados, como reunir treinta y seis meses consecutivos o sesenta alternados para acceder al cargo desempeñado al cese.
Agrega que existen numerosas disposiciones legales que permiten que el IPS brinde prestaciones con aplicación de servicios traídos en el marco de la reciprocidad jubilatoria, sin que se los considere al efecto de determinar la caja otorgante. Entre ellas, cita las leyes 7.918 (para magistrados y funcionarios judiciales), 8.320 (para legisladores provinciales), 10.427 (para docentes), 11.719 (para determinados cargos de magistrados) y 14.255 (para docentes de establecimientos educativos transferidos a la Provincia de Buenos Aires). Concluye que el principio sentado por el art. 168 de la ley 24.241 no es absoluto sino relativo, ya que cuenta con múltiples excepciones.
Seguidamente reproduce los argumentos del voto en minoría del fallo atacado. Si bien niega que pueda haber dudas sobre el derecho que le asiste, invoca, a todo evento, el principio de interpretación a favor del trabajador, consagrado por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
VI. Considero que el recurso debe prosperar.
VI.1. A diferencia de otros casos en que esta Suprema Corte ha debido expedirse, en el presente se debate el alcance de la modificación introducida por la ley 13.524 (B.O. de 15-IX-2006) al art. 67 del decreto ley 9.650/80, norma expresamente invocada en los actos administrativos impugnados y que resulta directamente aplicable a la situación de autos por tratarse de una jubilación por invalidez acordada a partir del día 1 de septiembre de 2008, tras el cese en la actividad ocurrido el día 31 de agosto del mismo año (v. fs. 66 y 126, expte. adm. 21.557-107.544/08, obrante en copia).
Más precisamente, la controversia suscitada exige determinar si el hecho de que el IPS deba actuar como caja otorgante en mérito a l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.