Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75401
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.401, "Costa Ricardo José c/Poder Judicial s/Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda iniciada por el señor Ricardo José Costa contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires declarando la nulidad de las resoluciones de la Procuración General 94/07 y 65/08 (v. fs. 1.164/1.168 vta.).
Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.175/1.184), que fue concedido por la Cámara a fs. 1.193/1.194.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.196) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de apelación articulado por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de grado que declarara la nulidad de las resoluciones de la Procuración General 94/07, del 13-III-2007 y 65/08, del 22-II-2008, que impusieran al actor la sanción disciplinaria de apercibimiento grave. Con costas de la segunda instancia a la vencida.
Para así decidir:
I.1. Luego de relatar los antecedentes de la causa, recordó que en primera instancia se hizo lugar a la demanda del doctor Ricardo José Costa, declarándose la nulidad de las resoluciones 94/07 y 65/08 que le aplicaran una sanción disciplinaria de apercibimiento grave, por considerar que el órgano que las dictó (Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), carecía de competencia; que fueron dictadas incumpliendo las pautas fijadas por la resolución 1.233/00 -vicios en el procedimiento- y que los actos mencionados resultaban arbitrarios y manifiestamente ilegales en lo referido a su causa o motivación.
Apuntó que apelada dicha sentencia por la demandada, ese tribunal confirmó el pronunciamiento de grado, en base a la incompetencia de la Procuración General para el dictado de las resoluciones referidas. Y que, con posterioridad, recurrido este último pronunciamiento, esta Corte provincial resolvió dejarlo sin efecto, con reenvío a fin de que mediante un nuevo pronunciamiento se traten los restantes agravios. Ello con fundamento en la interpretación errónea de la Cámara al Ac. 3159 en cuanto a las facultades disciplinarias de la SCBA en el ámbito de la Superintendencia.
I.2. Aseveró que, sellada la competencia del órgano que dictara los actos impugnados debían tratarse el resto de los agravios; en primer término, los vicios de procedimiento alegados y luego los vicios de arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta en lo que respecta a la causa o motivación de las resoluciones cuestionadas.
En ese sentido entendió que no era necesario considerar todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, como así tampoco el orden en el que han sido planteados, bastando que se traten solamente aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo. Citó doctrina de la Corte de la Nación.
I.3.a. Respecto de los vicios de procedimiento recordó que el juez de primera instancia sostuvo que las resoluciones atacadas resultaban nulas por incumplirse con el reglamento disciplinario aplicable y que se le impidió al actor ejercer su debido derecho de defensa al negársele sin fundamento la producción de prueba esencial. Asimismo, que se omitió considerar la falta de antecedentes para la graduación de la pena. Y además que del expediente administrativo PG 23/05, no se desprendía la "aquiescencia" del organismo donde se desempeñaba el agente a la fecha del dictado del acto en cuestión, requisito éste previsto por la resolución del 30-V-2001 (v. fs. 1.047).
I.3.b. Citó la ley 12.061 (ley del Ministerio Público, entonces aplicable) en sus arts. 12 y 13 sobre las funciones de superintendencia del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia y sus facultades disciplinarias respecto de los integrantes del Ministerio Público y luego el Reglamento de Procedimiento Disciplinario para los miembros del Ministerio Público, la resolución 1.233/01.
Hizo hincapié en la resolución de la SCBA de 30-V-2001, mencionada en la N° 65/08 (que rechazara el recurso de reconsideración contra la antecedente 94/07). Apuntó que mediante la resolución 425/10, fechada en 12 de julio de 2010, el Secretario de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia, informó al juez de primera instancia sobre la referida resolución del 30-V-2001: "...que en relación a la potestad disciplinaria de la Procuración General en caso de traspaso de agentes, no se ha dictado una resolución expresa sino que la cuestión fue tratada en Acuerdo de Ministros y con asistencia del Titular del Ministerio Público, acordándose: [...] Sanciones disciplinarias a empleados funcionarios que han pasado de la Jurisdicción administración de Justicia a la del Ministerio Público y viceversa. Analizada la cuestión el Tribunal se expidió manifestando que será el organismo en el que revistiera el agente judicial al momento del hecho el encargado de instruir el sumario y aplicar la sanción que corresponda. En la resolución deberá constar la aquiescencia del organismo en el que se desempeñe a la fecha de su suscripción [...]’. Regístrese. Ricardo Miguel Ortiz Secretario. Registro de Subsecretaría de Servicios Jurisdiccionales n° 000425".
I.3.c. Advirtió en ese marco que, al igual que lo hiciera el magistrado de grado, de la lectura del expediente PG 23/05 no se desprende constancia alguna que permita presumir qu la aquiescencia requerida por la norma haya sido expresada.
I.3.d. Recordó que el actor fue designado juez de Garantías en lo Criminal y Correccional el 3 de noviembre de 2006, con anterioridad a las resoluciones 94/07 y 65/08, dictadas respectivamente el 13-III-2007 y el 22-II-2008. Es decir, al momento del dictado de estas el doctor Costa ya había dejado de formar parte del Ministerio Público, pasando a desempeñarse en el ámbito de la Administración de Justicia.
Aseveró que en esas circunstancias era necesario obtener la "aquiescencia" del organismo en el que se desempeñaba el actor al momento de la suscripción de las resoluciones sancionatorias, lo que no sucedió.
Interpretó que el término "aquiescencia" significa consentimiento y/o conformidad (conf. www.rae.es), lo cual evidencia su trascendencia en la conformación del acto y su omisión constituye un vicio de carácter esencial que provoca la nulidad de las resoluciones cuestionadas.
Adujo que la "aquiescencia" requerida por la resolución SCBA de 30-V-2001 no resulta ser un mero requisito formal, sino que constituye un requisito sustancial cuya inobservancia torna nulo el acto en cuestión. En ese sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia han consagrado el principio según el cual los actos administrativos deben dictarse de acuerdo con los procedimientos formales impuestos por las leyes y reglamentos en salvaguarda del interés púbico, siendo la consecuencia de su inobservancia la nulidad de aquéllos (conf. PTN Dictámenes: 125:137, pto. III.)
Citó doctrina de la propia Cámara en la que se resolvió, que la omisión en el procedimiento administrativo de formación del acto afecta el derecho de defensa del particular e implica un vicio en el procedimiento de formación de acto. Lo cual en principio produce una vulneración al derecho de defensa (arg. art. 15, Cód. Penal).
Mencionó también abundante doctrina de esta Corte provincial sobre el principio de legalidad al que debe sujetarse la actividad estatal y el respeto a los procedimientos esenciales previstos en las normas legales, cuyo cumplimiento es una garantía para los administrados y que configura un elemento inherente a la legitimidad del acto administrativo (conf. art. 103, dec. ley 7.647/70; Cámara in re causa 3.965 "Mazzocuolo Luis c/ Municipalidad de General San Martín s/ Materia a categorizar", sent. de 3-IV-2014).
En ese sentido, advirtió la inobservancia de la norma que regía la actuación de la demandada. Destacó, que el debido proceso surge como garantía innominada de los arts. 18, 16, 17, 28 y 33 de la Constitución nacional; y fundamentalmente, a partir de la reforma constitucional de 1994, integra expresamente los derechos y garantías constitucionales con la incorporación que el art. 75 inc. 22 hace de Tratados que lo reconocen como derecho humano fundamental.
Refirió a los principios de la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial que prevé la Constitución provincial en su art. 15. Citó doctrina de autores relacionada con que la inobservancia de las formas esenciales vicia el acto administrativo incidiendo en su validez y que el incumplimiento grave del debido procedimiento previo a todo acto administrativo -en el cual procede incluir al debido proceso adjetivo como especie- debe ocasionar la nulidad absoluta del acto pertinente.
Sostuvo finalmente que tramitar debidamente el procedimiento sirve tanto para garantizar el derecho de defensa como para procurar que aquél se vea coronado con un acto conforme a derecho. Por lo cual el contenido del debido proceso no se agota con el aseguramiento de las garantías adjetivas personales a favor del particular, sino que se integra -asimismo- con el cumplimiento de las formas o pasos esenciales que, en cada caso, exija la legislación expresa o implícitamente, constituyendo un requisito esencial del acto administrativo.
Verificó que se configuraba el vicio esencial del acto impugnado por la falta de la "aquiescencia" requerida por la norma aplicable por lo cual debía rechazarse el recurso y confirmar la sentencia de grado en tanto declaró la nulidad de las resoluciones 94/07 y 65/08 dictadas en el marco del expediente administrativo PG 23/05. De ello dedujo que devenía innecesario el tratamiento del resto de los agravios.
II. Contra este pronunciamiento se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.175/1.184).
Afirma que la Cámara violó y aplicó erróneamente el Ac. 1887, según Ac. 3159; la ley 12.061; los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 266 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial.
Entiende que la Procuración era soberana para aplicar la sanción al actor y que el a quo al requerir la aquiescencia de la Corte para validar las resoluciones de la Procuración General se ha basado en la resolución de esta Suprema Corte de 30-V-2001, la cual, a su entender, no se puede calificar de norma jurídica en los términos del decreto-ley 7.647/70, lo cual repugna las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y violenta las competencias jurisdiccionales del Tribunal de Alzada.
Sostuvo que se ha violado la doctrina legal recaída en la causa A. 71.656; que se ha incurrido en incongruencia y se ha violentado la autoridad de cosa juzgada en materia de competencia respecto de las facultades disciplinarias de la Procuración y que se ha omitido el tratamiento de agravios tales como la arbitrariedad de la falta, su eventual falta de motivación, la procedencia de la prueba ofrecida en el sumario, la desproporción de la sanción, etcétera. Por último, entiende que la Cámara ha incurrido en absurdo.
III. Con carácter previo a decidir la presente cuestión, cabe recordar que esta Corte, el 23-VIII-2017 (v fs. 1.139/1.153) hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley planteado por la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, en cuanto esta efectuó una interpretación inadecuada del Ac. 3159 (modificatorio del Ac. 1887) al desconocer las facultades disciplinarias de esta Corte para aplicar sanciones a los magistrados en el ámbito de Superintendencia. En dicho pronunciamiento se dejó sin efecto la sentencia del Tribunal a quo y se reenviaron las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento para el tratamiento de los restantes agravios.
En dicha oportunidad esta Corte dirimió en sentido positivo su competencia para imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad. Allí se dijo que "en el orden provincial, el análisis de la responsabilidad disciplinaria administrativa -orientada a examinar si los jueces han incumplido alguna norma de buena praxis judicial y si, en ese caso, se les debe aplicar una determinada sanción, pero sin afectar su continuidad en el cargo, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, sin que en ello tenga injerencia alguna el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quien únicamente tiene competencia asignada constitucionalmente para llevar adelante los procesos de responsabilidad política, decidiendo la continuidad o no de los funcionarios juzgados".
IV. Despejado ello, cabe señalar que los planteos formulados por el recurrente vinculados con la impugnación de una sanción disciplinaria de apercibimiento, desprendida de toda otra alternativa, se revelan, en esta oportunidad, como insustanciales o carentes de trascendencia para ser abordados en instancia extraordinaria por este Tribunal (conf. causas C. 107.383, sent. de 22-VIII-2012; C. 103.088, "Campi", sent. de 13-VIII-2014; A. 73.863, "Rafaniello", sent. de 6-VI-2018 y A. 74.366, "Ates", sent. de 29-V-2019), destacando además que la pretensión ha recibido una respuesta coincidente en ambas instancias de grado (conf. causas C. 106.659, "Vilches", sent. de 24-IV-2013 y A. 73.616, "Toledo", sent. de 28-IX-2016).
Por tales fundamentos, el recurso extraordinario debe rechazarse (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC), con costas al recurrente vencido (art. 68, Cód. cit.).
Voto, pues, por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Kogan y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:24:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2020 21:07:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 11:05:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 14:05:31 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 09:25:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia