Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75719
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada (arts. 289 in fine y 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.719, "Croce, Martha Azucena contra Instituto de Previsión Social. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , de Lázzari , Genoud , Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata modificó parcialmente la sentencia dictada por el juez de primera instancia y dispuso el reenvío de las actuaciones al Instituto de Previsión Social a fin de que proceda al dictado de un nuevo acto administrativo (v. fs. 352/355).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 7 de agosto de 2018 de 5:52:30 hs., sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 363) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora Martha Azucena Croce promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social a fin de obtener la nulidad de la resolución 693.340 de fecha 17 de noviembre de 2010, mediante la cual el Directorio de esa entidad previsional dejó establecido que el cargo nacional con el cual pretende reajustar el beneficio jubilatorio (Promotora de Ventas en Publicidad Guías "A Comisión" de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL), actualizado mediante la aplicación del sistema de coeficientes, le arrojaría un menor haber que el cargo provincial con el cual viene percibiendo el beneficio (categoría 17, 30 horas, jerárquico, del Ministerio de Economía).
Como consecuencia de la nulidad pretendida, solicitó se condenara al Instituto demandado al reconocimiento y pago del cargo desempeñado en ENTEL durante el período 1978/1984, aplicando para ello los porcentajes de los aumentos otorgados al personal de la Administración pública provincial o nacional a las remuneraciones certificadas (tomando de referencia un cargo o categoría determinada) o, en su caso, efectuando un análisis comparativo con un cargo presupuestariamente vigente en la Administración provincial o nacional sobre la base de los aportes integrados en el mismo período; con retroactividad al día 10 de julio de 2001 (v. fecha de solicitud ante la entidad previsional, fs. 168 y lo dispuesto en el art. 62, dec. ley 9.650/80), con la respectiva actualización e intereses hasta la fecha de su efectivo pago, con costas (v. fs. 9/16).
A fs. 263/264 la actora desistió de que -en el caso- se aplicara el sistema de coeficientes, atento la preeminencia del mecanismo de correlación por equivalencia de cargos.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda, anuló la resolución impugnada y reconoció el derecho de la accionante a obtener el reajuste de su prestación previsional.
En consecuencia, condenó al Instituto a realizar una equiparación entre las misiones y funciones del cargo desempeñado por la actora en la empresa ENTEL, con alguno de los vigentes en el esquema funcional y salarial de la Administración pública provincial o nacional. Y, para el caso de que dicho cotejo diera resultado negativo, ordenó que se realizara una compulsa teniendo en cuenta las remuneraciones y aportes efectuados por la accionante en el cargo nacional con otro de similar cuantía vigente en la actualidad, con retroactividad al día 10 de julio de 2001. Impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 303/308).
III. Apelada la sentencia por la Fiscalía de Estado a fs. 321/333, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, modificó los alcances de la sentencia de grado, revocándola parcialmente (v. fs. 352/355).
Confirmó el decisorio en lo relativo a la nulidad de la resolución impugnada y dispuso el reenvío al Instituto de Previsión Social para que dicte un nuevo acto administrativo. Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado.
Para así decidir, refirió que estas actuaciones tenían su origen en el reclamo formulado por la actora ante el Instituto de Previsión Social con el objeto de reajustar su prestación jubilatoria con el cargo desempeñado en ENTEL durante los años 1978 a 1984.
Señaló que, tal como estaba planteado el caso, no se afectaba la base ya determinada del haber (establecida desde el desempeño provincial de la beneficiaria y que fijara como pauta de cálculo la resolución 505.011), sino que la cuestión a dirimir se circunscribe a la solicitud de la correlación del cargo que desempeñara la accionante en la empresa ENTEL con uno de la Administración pública provincial o nacional y con base en un análisis comparativo de los aportes ingresados en un mismo período, como componente de base del haber jubilatorio.
Afirmó que, habiendo desaparecido el mencionado cargo desempeñado por la accionante en ENTEL del esquema funcional y salarial, incluso con anterioridad al acto de otorgamiento de su jubilación ordinaria (v. resol. 505.953 a fs. 163 y su modif. 525.953 agregada a fs. 178), el supuesto se encuadraba en el art. 41 del decreto ley 9.650/80.
Además, teniendo en cuenta la delimitación del objeto de la demanda (v. ptos. VI y VII, escrito postulatorio) como, asimismo, el desistimiento parcial formulado por la parte actora (respecto del cual expuso que carecía de impronta para desplazar un derecho que resultaba irrenunciable), consideró que cabía interpretar el reclamo hacia la correlación de cargos prevista en el art. 51 del decreto ley 9.650/80, como método primero.
En ese contexto, al ingresar a los argumentos de la resolución 693.340 (del día 17 de noviembre de 2010) advirtió que, no obstante reconocer la prioridad de ese mecanismo de correlación por sobre el de coeficientes (v. tercer párr. cons., resol. 693.340), el acto del Instituto de Previsión Social carecía de una explicación que permitiera conocer los motivos por los cuales se había decidido en la declinación de aquel mecanismo (planteado por el propio organismo previsional, v. fs. 246).
Indicó que sólo podía leerse la improcedencia de la equivalencia de un cargo nacional con otro provincial, mas sin adecuadas precisiones; y que si bien de fs. 250 se extraía el coeficiente uno y una aplicación que arrojaría como resultado una cuantía menor en relación con el haber de la afiliada, ello no se explicaba desde las constancias colectadas.
En dicho marco, juzgó que la resolución impugnada debía ser anulada al destacar que la misma carecía de motivación suficiente, contrariando las exigencias de validez que son inherentes y resultan del régimen legal de aplicación que debe predicarse de todo acto administrativo (arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70).
Puso de relieve que, en virtud del modo en que fue planteada la acción y se había configurado el contradictorio, la condena no podía traspasar el umbral de un reenvío de las actuaciones a la autoridad administrativa para que dicte un nuevo acto, debidamente fundado y con arreglo al marco legal aplicable.
Sostuvo que los elementos acompañados solo arrojaban certeza sobre la presencia del presupuesto de equivalencia de cargos o actualización de coeficientes y su encuadre a dichas pautas legales, pero no aportaban otros convincentes que pudieran sostener un pronunciamiento de condena como el perseguido por la actora.
En consecuencia, confirmó la sentencia en la parcela relativa a la anulación del acto y la revocó en lo demás, ordenando al Instituto de Previsión Social que dicte un nuevo acto administrativo con arreglo a las pautas y normas legales del fallo, dentro del plazo de sesenta días de que el pronunciamiento adquiera firmeza.
IV. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 7 de agosto de 2018 de 5:52:30 hs., sistema Augusta) en el cual denuncia que el fallo impugnado vulnera la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa B. 55.884, "Aguiar Tassano", sentencia de 3-III-2010.
Señala que, en la causa mencionada, este Tribunal ordenó al Instituto de Previsión Social que procediera a efectuar el cálculo del haber, tomando como pauta indicadora las remuneraciones percibidas y los aportes efectuados por el actor con otro de similar cuantía perteneciente al ámbito de la entonces Caja Nacional de Industria y Comercio que conservara individualidad presupuestaria.
En apoyo a su postura cita doctrina de esta Corte relacionada con las equivalencias por correlación de cargos y la movilidad previsional.
Aduce que el fallo impugnado no resuelve la cuestión litigiosa y transgrede el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC) en el entendimiento de que el Tribunal de Alzada se extralimitó en sus facultades decisorias resolviendo cuestiones ajenas a los términos en los cuales había quedado planteada la litis. Puntualmente, reprocha que en momento alguno la accionante cuestionó la falta de fundamentación de la resolución impugnada.
Indica que la postura de la entidad demandada no da lugar a dudas respecto de que no realizará una correlación de cargos como la solicitada por la recurrente.
Manifiesta que la decisión de la Cámara dilata un derecho de naturaleza alimentaria generando una situación incierta respecto del haber jubilatorio de la accionante.
Destaca que la resolución del juez de primera instancia no afectaba facultades discrecionales de la Administración, en la medida que la condena por él dispuesta garantizaba la movilidad previsional de la actora a través de la equiparación del cargo desempeñado en ENTEL con otro de la Administración pública provincial o nacional o, en su caso, la compulsa de las remuneraciones percibidas y aportes realizados con un cargo similar que se encuentre vigente en la actualidad.
Por último, denuncia absurdo en el razonamiento del Tribunal de Alzada en virtud de que la pretensión planteada radica -justamente- en que se le obligue a la entidad previsional demandada a realizar la equiparación de cargos que en el procedimiento administrativo se ha rehusado a hacer.
Considera que el reenvío dispuesto por la Cámara, sin especificar los parámetros que garanticen la movilidad previsional, deja la posibilidad de que luego del tránsito por el procedimiento administrativo se obtenga una resolución similar a la dictada en el año 2010 (v. resol. 693.340 del día 17 de noviembre de 2010, fs. 252).
En dicho marco, reitera que su petición radica en que los servicios prestados, las remuneraciones percibidas y los aportes efectuados sean considerados para liquidar el haber previsional de modo de reflejar en la pasividad lo que fue su situación en actividad.
V. El recurso no prospera (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V.1. El agravio relativo a la violación de la doctrina legal emergente de la causa "Aguiar Tassano" (antes cit.) no es de recibo por haber sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disimiles a los del caso en juzgamiento.
Si bien la recurrente individualiza el precedente y alega ciertas diferencias, como también similitudes, omite individualizar de manera precisa cómo se identificaría con el caso bajo examen.
El antecedente aludido tiene vinculación con el art. 51 del decreto ley 9.650/80 y la necesidad de resguardar adecuadamente el principio de proporcionalidad que debe existir entre la situación del jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad, no encontrando vinculación directa con lo decidido por el Tribunal de Alzada en estas actuaciones con relación a la falta de motivación del acto administrativo impugnado, su declaración de nulidad y la disposición que ordena el dictado de otro debidamente fundado, dado que el supuesto reposa en la adecuación del haber por equivalencia de cargos o, en su defecto, la aplicación del sistema de coeficientes.
Por otro lado, en la causa B. 55.884, "Aguiar Tassano" (sent. de 3-III-2010), estaba fuera de discusión la imposibilidad de correlacionar el cargo efectivamente desempeñado por el actor con otro vigente de igual naturaleza y función, situación que no acontece en las presentes actuaciones pues, tal como expresó el Tribunal de Alzada, el Instituto de Previsión Social, si bien reconoció la prioridad del mecanismo de correlación, luego no lo aplicó sin emitir concretos motivos que pudieran justificar su proceder.
En estas actuaciones el acto ha sido anulado por su falta de motivación y se ha dispuesto que el Instituto de Previsión Social dicte uno nuevo debidamente fundado en consideración a la solicitud que efectuara la beneficiaria de correlacionar, para la regulación del haber jubilatorio, el cargo desempeñado en la empresa ENTEL; situación que pone en evidencia que la plataforma fáctica de la causa citada en la impugnación difiere de los hechos debatidos en la especie y, por lo tanto, su invocación resulta inadecuada para alegar la infracción pretendida.
En efecto, conforme lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal, resulta ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes aludidos mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento (conf. causas A. 69.919, "Perazzo", sent. de 8-IX-2010; A. 70.765, "Cabezali", sent. de 4-VI-2014; A. 71.004, "Tórtora", sent. de 6-VIII-2014; A. 74.433, "Clair", sent. de 8-V-2019; entre muchas otras).
V.2. Igual suerte adversa corre el embate relacionado con la infracción del principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC).
La actora refiere que el Tribunal de Alzada anuló el acto impugnado tras considerar que no se encontraba debidamente motivado, a pesar de que -según expone- dicho vicio no había sido planteado por esa parte en el escrito inicial.
Al respecto, cabe señalar que esta Suprema Corte tiene dicho que el principio de congruencia significa que el litigio no puede resolverse sobre la base de presupuestos no invocados en la demanda ni en defensas no articuladas por la accionada (causas Ac. 50.848, sent. de 17-X-1995, A. 68.808, "M., A. y o.", sent. de 20-VI-2007; A. 70.113, "Reviello", sent. de 25-IX-2013; A. 71.107, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 15-VII-2015; e.o.), debiendo el Tribunal de Alzada ajustar su competencia decisoria con la extensión de los agravios expresados por las partes.
En el caso, no resultó infringida tal regla toda vez que la Cámara ha ceñido su actuación conforme el marco dado por las cuestiones propuestas por las partes en los escritos de constitución del proceso (conf. causas L. 79.719, "Pascolino", sent. de 11-IV-2007 y L. 63.492, "Romero", sent. de 17-V-2000), sin que se alcance a observar que en su actuación los jueces de la causa hayan excedido los referidos límites.
La recurrente no ha desarrollado ningún argumento suficientemente eficaz que permita visualizar un apartamiento del Tribunal de Alzada del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, en tanto la sentencia en crisis se muestra atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (doctr. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016; A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017 y A. 72.858, "Bernal", sent. de 8-XI-2017).
En la materia esta Corte se ha pronunciado, de manera clara y reiterada, al establecer que el principio de congruencia sólo se infringe cuando no media conformidad entre la sentencia y el pedimento formulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa (conf. causas Ac. 88.465, "Barroso", sent. de 14-IX-2005; Ac. 89.609, "Guerrero", sent. de 15-VIII-2007; C. 94.266, "B., J. A. y C., N. A.", sent. de 18-III-2009; C. 99.711, "Pecelis", sent. de 7-X-2009; C. 106.369, "Amestico", sent. de 14-III-2012; C. 106.727, "Peloso", sent. de 12-IX-2012; C. 97.265, "Anania de Loyden", sent. de 26-III-2014; e.o.), supuesto que no ha ocurrido en autos.
Además, tal como indicara el juez de primera instancia, se observa que la falta de motivación de la resolución fue advertida oportunamente por la accionante, dado que en el escrito de demanda se afirmó que el acto (anulado en las instancias de grado) había limitado su derecho sobre la base de una mera afirmación dogmática al sostener, simplemente, que aplicando el sistema de coeficientes resultaba un menor haber, sin efectuar ningún análisis que mostrara cuales son los coeficientes que se aplicaron (v. fs. 11/12).
Siendo así, devienen estériles los argumentos desarrollados por la recurrente con relación a la violación del principio de congruencia, en tanto no pasan de conformar la exposición de un criterio disímil al sustentado en la sentencia, insuficiente para conseguir la apertura de la instancia extraordinaria (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V.3. Por último, respecto del vicio lógico denunciado en relación con la pretensión judicial y el alcance de la condena, y lo resuelto por el Tribunal de Alzada, debo señalar que esta Suprema Corte ha delimitado al absurdo como aquel desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (causas A. 73.253, "Molina", sent. de 19-X-2016; A. 73.169, "Liserre", sent. de 17-V-2017; A. 75.726, "Magliocco", sent. de 11-IX-2019; e.o.).
La impugnante aduce que la conclusión a la que arribaron los jueces de la Cámara es ilógica y absurda, pero omite efectuar un desarrollo que permita evidenciar su existencia, motivo por el cual el agravio planteado resulta ineficaz y debe desestimarse (conf. doctr. art. 279, CPCC).
VI. Por lo expresado hasta acá, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y se confirma la sentencia impugnada (arts. 289 in fine y 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:25:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:32:16 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 21:06:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 11:05:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 09:25:26 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia