Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76279
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.279 "PACUCA SA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 19 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la pretensión deducida por la firma Pacuca S.A. contra la Provincia de Buenos Aires (ARBA), por la que perseguía la anulación de las Disposiciones Delegadas 6709/16, 6729/16 y la Resolución n° 69/17, mediante las cuales se revocaron exenciones y se rechazaron los recursos interpuestos contra las mismas (v. fs. 181/188).
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada, coincidiendo con el razonamiento seguido en el fallo de origen, entendió que los argumentos traídos por Fiscalía de Estado en su apelación, permitían concluir en la insuficiencia de la crítica esgrimida.
En tal sentido, detalló que la cuestión controvertida radicaba en establecer si a la firma accionante le correspondían los beneficios establecidos en el artículo 2 de la ley 12.368, en tanto que en el sub lite , según se exponía a fs. 129 –circunstancia no cuestionada ante el Tribunal de Alzada- el thema decidendum consistía en verificar la legitimidad de los actos mediante los cuales se revocaron las disposiciones que reconocieron las exenciones y se rechazaron los recursos interpuestos contra ellas.
Estimó que, respecto del fundamento medular utilizado por la jueza de grado para acoger la demanda, esto es, que los actos cuestionados no recaen sobre una exención que se estaba gozando al momento de su dictado, para evitar la continuación del beneficio, sino que sus efectos ya se habían agotado al haberse consumado su objetivo, la recurrente no había realizado una crítica concreta y razonada (conf. art. 56 inc. 3, CCA), pues omitía refutar la razón central brindada por la sentenciante para estimar la pretensión.
Señaló que las disposiciones y la resolución de ARBA, se encontraban viciadas de nulidad en forma absoluta e insanable, al haberse vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo de la actora, pues no se le había dado intervención en el procedimiento seguido para la revocación de las exenciones ya reconocidas, sin que la utilización de los recursos administrativos pueda subsanar el apuntado defecto.
Sostuvo que, no advertía en forma inopinable que la duración del estado de emergencia agropecuaria que motivara los beneficios promocionales luego revocados, estuviese exenta de un margen de apreciación de hecho y de derecho que la colocase dentro de los alcances de la ley 12.368 y su reglamentación. No surge de las constancias y debate de la causa, de modo incontrastable, la falta de vigencia, para el caso, del marco legal respectivo.
Concluyó entonces que la mera expresión de disconformidad con lo decidido por la jueza de primera instancia, sin hacerse cargo de los fundamentos del pronunciamiento en crisis resultaba insuficiente para revertir tal solución y confirmó de ese modo el decisorio apelado.
Por último, descartó también los argumentos de la apelante referentes a la violación de doctrina legal emanada de este Tribunal, debido a que los fallos citados en el escrito no guardaban una similitud estructural con la plataforma fáctica y jurídica resuelta en el presente caso. Y consideró inoficioso el tratamiento de los agravios vinculados a la indebida remisión al Código Civil, al perjuicio fiscal ocasionado y al ejercicio de las atribuciones de los arts. 113 y 114 del Dec.Ley 7647/70.
II. Frente a ello, mediante presentación electrónica del día 24/9/2019 a las 8:43:33 a.m., Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 193/194.
Sostuvo sustancialmente que la Cámara violó y forzó las normas de los artículos 56 inc. 2, CCA; 260, CPCC y concordantes; arts. 113 y ss., Dec.Ley 7647/70; transgrediendo además la doctrina legal que cita.
Señaló que la sentencia del Tribunal de Alzada no encuentra motivación suficiente pues, el ejercicio de la potestad revocatoria supone inexorablemente modificar hacia el pasado, una situación que se hallaba irregularmente constituida que, por resultar gravemente ofensiva del ordenamiento jurídico, debe ser dejada sin efecto en forma retroactiva.
Afirmó que la Cámara omitió ponderar que si el acto de otorgamiento de las exenciones se encontraba afectado de una causal de nulidad absoluta -lo que la invalida en forma retroactiva-, nunca pudo haber producido los efectos que se han estimado consumados y agotados.
Destacó, con cita de un fallo de la Corte nacional, que los actos que concedieron las franquicias carecieron de presunción de legitimidad, en razón de la invalidez manifiesta y absoluta que los afectaba. Por lo tanto, los mismos pueden ser anulados mediante declaración administrativa al respecto.
Manifestó que los actos de otorgamiento de las exenciones, han sido dictados concediendo un beneficio a quien no reunía los requisitos para su goce, por lo que constituyen actos sin causa. En tal sentido la norma procedimental autoriza la revocación de los actos irregulares y es por ello, que el análisis de la regularidad del acto es ineludible para determinar la legitimidad del ejercicio de la facultad revocatoria por parte de la Administración.
Señaló que, tal como fuera esgrimido al contestarse la demanda e interponerse recurso de apelación, no ha existido en el procedimiento revocatorio ningún vicio que implique afectación de la debida tutela de la contribuyente, por lo que no puede fundadamente sostener que ha existido violación del debido proceso.
Recalcó que la Administración no se encontraba obligada a instar la acción de lesividad por vía de acción ni reconvención, por cuanto se actuó en ejercicio de las atribuciones conferidas por los arts. 113 y 114, Dec.Ley 7647/70, que faculta a la revocación ante su propia sede de los actos irregulares groseramente viciados.
Finalmente afirmó que la decisión de la Cámara se aparta de jurisprudencia uniforme de este Tribunal, sin efectuar un razonamiento lógico y/o jurídico que justifique dicho apartamiento.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente, que se apontocan en que los actos que concedieron las exenciones carecieron de presunción de legitimidad en razón de la invalidez manifiesta y absoluta que los afectaba y por lo tanto pueden ser anulados mediante declaración administrativa al respecto, se desentienden de los fundamentos dados por la Cámara para resolver la cuestión del modo en que lo hizo, sin desarrollar de manera adecuada una crítica concreta y razonada.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causa A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el decisorio que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019, entre otras).
A la vez, esta Corte tiene dicho que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.799, "Mansilla", resol. de 7-VI-2017; A. 75.537, "Legorburu", resol. de 14-VIII-2019, entre otras), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 75.754, "Ríos", resol. de 11-XII-2019).
Particularmente ha dicho también esta Corte, que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo del agravio desplegado (doctr. causas A. 73.816, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018; A. 74.741, "Sacco", resol. de 21-XI-2018).
IV.2. Por su parte, el agravio referido a la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte también debe ser desestimado, atento a su deficiente postulación.
En efecto, si bien la recurrente ha individualizado algunos precedentes de este Tribunal, lo cierto es que no se ha detenido a explicar de qué modo se ha violado la doctrina que de éstos emana, ni cuales han sido concretamente las circunstancias de hecho en las cuales se pronunció en cada uno de ellos y que hacen de dichos supuestos uno análogo al presente.
Tiene dicho este Tribunal que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados -como aquí acontece- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, A. 76.142, "Mondelez Argentina SA", resol. de 20-XI-2019, entre muchas otras).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 23
Fin de la sentencia