Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76273
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.76.273 "COLOMBO MIGUEL ANGEL C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OT. S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 19 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la demanda promovida por el ex agente penitenciario, señor Miguel Ángel Colombo, por la que procuraba que se anule la resolución del Ministerio de Justicia número 263 del 26 de agosto de 2015, mediante la cual se denegó su pedido tendiente a concretar el ascenso al grado de Inspector General perteneciente al Escalafón General del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Para así decidir, en primer término, analizó toda la normativa que regía la situación del accionante, sin dejar de anotar que en la resolución denegatoria mencionada, se ponderaba que el causante fue relevado de sus funciones como Jefe de Complejo Penitenciario el 10/03/11, no volviendo a ocupar ninguno de los cargos compatibles con las funciones de Inspector General del Escalafón General. Asimismo, se evaluaba que el agente se encontraba en situación de retiro efectivo voluntario desde el 30/09/13, habiendo cerrado su carrera activa dentro de la institución, conforme al artículo 54 del decreto ley 9578/80.
Advirtió entonces que, el actor no había logrado demostrar el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener el ascenso que solicitaba, ni acreditar error de juzgamiento a la luz de los elementos probatorios de la causa y la normativa aplicable a su situación de revista.
Señaló que, la propuesta del Jefe de Servicio no determinaba en forma mecánica el acceso al cargo, sino que solamente constituía un paso del procedimiento para su evaluación a cargo de la autoridad con competencia en la materia, reconocimiento que resultaba discrecional para la Administración, sin que se haya probado en autos la irrazonabilidad de la decisión adoptada, ni la ausencia de motivación del acto impugnado.
Enfatizó que, si bien el agente tiene el derecho a la carrera administrativa, el solo hecho de haber sido calificado apto para el ascenso no le generaba un derecho a pretender automáticamente dicha promoción, aún ante la existencia de una vacante en este sentido.
Finalizó sosteniendo que, el control judicial se limitaba a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria, pero no implicaba que el juez pudiera sustituir a la Administración en su facultad de decidir en aspectos fácticos que no presenten aquellos vicios. Y desechó el argumento vinculado a la demora administrativa en resolver el pedido, por lo que decidió confirmar el fallo apelado (v. fs. 222/226).
II. Frente a lo así decidido, el accionante articula recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 235/248), el que fue concedido a fs. 250/251.
Afirma que la sentencia del Tribunal de Alzada incurre en la violación de los artículos 54, 67, 68, 69 y 71 inc. c, del decreto ley 9578/1980 -Régimen del Personal del Servicio Penitenciario-; 74 a 119, del decreto reglamentario 342/1981, en lo atinente al sistema de ascensos y de retiros.
Sostiene que la Cámara, con el pretexto de aplicar el texto aislado de los arts. 54 y 71 del dec-ley 9578/80, violó el espíritu de la norma y omitió interpretarla de manera sistemática, en congruencia con la situación fáctica del caso y con el principio de la buena fé.
Asume que se viola el principio general señalado, cuando la Administración (y luego el juzgador) pretenden que su obrar negligente perjudique al agente ya que, al momento de la propuesta de ascenso, por un lado existía la vacante y, por otro, contaba con todas las condiciones requeridas para acceder a la transformación del cargo. Tal posición conlleva una interpretación imposible de sostener, sin asumir el costo de desnaturalizar el régimen de retiros y ascensos, en sus respectivos plexos normativos.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 73.960, cit., e.o.).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos traídos por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de las motivaciones que tuvo la Administración al rechazar el pedido de ascenso, con base en las disposiciones legales que emanan del régimen de promociones y retiros del personal penitenciario bonaerense.
IV.2. El agravio referido a la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte, también debe ser desestimado atento a su deficiente postulación, pues corresponde afirmar que resulta plenamente aplicable al presente caso la doctrina sentada por este Tribunal in re "Elizondo" (causa B. 67.200, sent. de 11-III-2009) ya que, a diferencia de la interpretación del recurrente, la Corte sostuvo allí que el régimen legal aplicable no le confiere al accionante el derecho a ascender por la sola circunstancia de haber sido calificado apto para el ascenso, máxime cuando ha pasado a situación de pasividad (conf. causa A. 71.961, "Marengo", sent. de 4-V-2016).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 22
Fin de la sentencia