Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75842
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.842 "POZZOLI ANA MARIA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) S/ PRETENSION NULATORIA. RECURSO EXTRAORDINARIO INAPL. DE LEY"
La Plata, 19 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Pettigiani y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por la señora Ana María Pozzoli contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se disponga el reajuste de su haber previsional en un 80% del cargo de base reconocido (Asistente Social R-1), y en un 70% del cargo simultáneo desempeñado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos con retroactividad al 1-I-2012, ello en función de lo prescripto en el art. 42 del decreto ley 9650/80.
Conviene reseñar que la actora mediante resolución del IPS 595.194 de fecha 11-XII-2008, obtuvo la jubilación ordinaria, con servicios mixtos, a partir del 1-III-2006, consistente en un 75% del haber en su cargo de Maestra Secretaria con 24 años en la Dipregep 812 de Florida.
A esa fecha contaba con 59 años, 9 meses y 10 días de edad y un total de 37 años, 2 meses y 8 días de servicios prestados, contando con 21 años, 2 meses y 28 días al frente de grado y excediendo en 9 años, 9 meses y 10 días la edad requerida para acceder al beneficio jubilatorio.
A su vez, en virtud de la petición formulada por la demandante, mediante la resolución 729.721 del IPS de fecha 3-X-2012, se dispuso el reajuste de su haber previsional en base al 75% del cargo de Asistente Social R-1 con 24 años y el 63% de Maestra Asistente Social Educación Especial con 22 años desempeñados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello a partir del 1-I-2012, decisión confirmada por resolución 785.520 del citado organismo del 26-III-2014 que rechazara el recurso de revocatoria intentado.
Para así decidir, sostuvo la demandada que, por aplicación del art. 42 citado, desde que se encontró en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio la actora continuó prestando tareas durante 3 años y no durante los 5 años que le hubieran permitido acceder al 80% del haber pretendido, ello en tanto consideró que 5 años antes del cese -esto es al 1-III-2001- la demandante no podía acceder a la jubilación por contar con mayor cantidad de años de aportes al Anses que al IPS.
A su turno, el magistrado de primera instancia hizo lugar a la pretensión anulatoria, disponiendo el reajuste de los haberes en el sentido solicitado por la accionante, quedando establecidos los mismos tal como se señalara en el primer apartado de este Acuerdo.
Interpuesto un recurso de apelación por parte del organismo demandado, en oportunidad de resolver el mismo, el Tribunal de Alzada puntualizó que la cuestión se circunscribía a la determinación del haber ya reconocido en favor de la actora descartando toda cuestión relativa al acceso al beneficio cuya concesión no ofrecía diferencias respecto de aquellos agentes que lo hubieren alcanzado con servicios puros provinciales.
Consideró que en el caso la actora, permaneció en actividad bajo el régimen provincial después de reunir los requisitos para obtener su jubilación ordinaria, superando en más de cinco años el límite de edad requerido, más allá de las variables de caja otorgante durante ese lapso hacia atrás.
Subrayó la Cámara actuante que al no existir distinción normativa, en los términos del art. 42 del decreto ley 9650/80, en cuanto al origen y procedencia de los aportes efectuados, ya sean por servicios puros o por servicios mixtos, alcanza con la verificación de la excedencia en edad -al menos 5 años- que al momento de cesar en el servicio gozaba la actora para hacerla acreedora al mayor porcentaje que reclama sin que la situación de caja otorgante por entonces constituya un impedimento legal para acceder a la modificación en más de la base de su haber.
Concluyó que la lógica de la autoridad previsional, que liga esta última situación al acceso al beneficio por la caja provincial, carece de sostén normativo con lo que correspondía proveer satisfactoriamente al reconocimiento del reajuste en un 80 % del haber del cargo de Asistente Social R-1.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs.121/131).
II. Frente a ello, la demandada vencida, mediante presentación electrónica de fecha 12-XI-2018 a las 12:50:52 p.m., interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal.
Anticipa que sus agravios giran en torno al reconocimiento al reajuste de los haberes jubilatorios de la actora en un 80% del cargo base de la prestación, en razón de considerarse cumplida la excedencia en edad al beneficio jubilatorio, dejando de lado la impugnación del decisorio en cuanto reconoce un 70 % del cargo simultáneo prestado por la actora como maestra Asistente Social de Educación Especial desempeñado en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fundamento en el art. 47 del decreto ley 9650/80.
Sentado ello la impugnante esgrime que el fallo atacado se aparta de la normativa y doctrina aplicables para arribar a una solución incorrecta del caso al considerar que se hallaban cumplidos por parte de la actora los recaudos legales exigibles para concederle la ampliación del porcentaje de su prestación, de acuerdo a lo previsto en el citado art. 42.
Agrega que la Cámara interviniente desoyó los argumentos planteados por su parte al momento de interponer el recurso de apelación incurriendo en violación de su derecho de defensa.
A la vez cuestiona la valoración de las circunstancias fácticas efectuada por el a quo y controvierte la forma en que se realizó el cómputo del plazo de excedencia en la sentencia impugnada.
Denuncia la conculcación de doctrina de esta Corte que entiende aplicable al caso.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o argumentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
Al respecto cabe señalar que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva el cuestionamiento concreto, directo y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el inmpugnante se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante dejando sin réplica los fundamentos del fallo atacado (doctr. causas A. 73.477, "Basualdo", resol. de 22-IV-2015, A. 74.269, "Zamparolo", resol. de 10-VIII-2016, entre otras).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente, respecto a que al momento del acceso a la jubilación - esto es al 1-III-2001- la actora poseía mayor proporción de aportes en el Anses que en el IPS por lo que resultaba impensado considerar el 80% en la determinación del haber en tanto a esa fecha no habría siquiera accedido al beneficio previsional provincial, no pasan de expresar un criterio divergente respecto del sostenido por el juzgador en cuanto al cumplimiento por parte de la actora de los requisitos necesarios para acceder la reajuste pretendido, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Conviene reiterar que la Cámara interviniente sostuvo que el art. 42 de aplicación al caso no distingue el origen de los aportes con los que se alcanzó la concesión del beneficio previsional ni impone límite alguno, pudiendo ser puros o mixtos.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 74.661, "Casadei", resol. de 7-III-2019, entre muchas otras) Tal agravio se configura cuando se acredita la existencia de un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 74.622, "Martínez", resol. de 20-II-2019; A. 74.664, "Jose", resol. de 22-V-2019).
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que, no puede alegarse la conculcación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras).
IV. 4. Lo expuesto hasta aquí resulta suficiente para rechazar el embate en estudio.
Sin perjuicio de ello, es oportuno señalar que esta Corte recientemente ha expresado que los arts. 42 y 43 del decreto ley 9.650/80 prevén un incremento del haber cuando el beneficiario, una vez cumplidos los recaudos de edad y años de servicio para obtener la jubilación ordinaria, decide continuar en actividad y, de tal modo, incrementar el haber con el cual se jubilará, regulando tales disposiciones supuestos bien distintos y partiendo de porcentuales diferentes.
Así el art. 42 comprende a quienes obtienen el beneficio invocando la reciprocidad jubilatoria, mientras que el artículo siguiente involucra a quienes hayan prestado servicios comunes en su totalidad con afiliación al Instituto de Previsión Social.
Distingue así los casos como el traído a estudio de las hipótesis en que es de aplicación del art. 43, el cual efectivamente se dirige a aquellos beneficiarios que hayan desempeñado sus servicios exclusivamente en la Provincia, es decir, quienes hayan cumplido una carrera pura provincial (doctr. causa A. 72.978, "Kaltenbach", sent. de 10-IV-2019)
De ese modo queda claro que en el supuesto de autos, en que la actora al momento de invocar las condiciones para acceder al beneficio jubilatorio utilizó servicios desempeñados tanto en la órbita provincial como nacional, el caso fue correctamente encuadrado por la Cámara interviniente al revertir la solución brindada por el Instituto de Previsión Social de acuerdo a las disposiciones del citado art. 42.
IV. 5. Por las razones dadas, no habiéndose acreditado la errónea aplicación de las normas denunciadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto, confirmándose la sentencia de la Cámara en lo que ha sido materia de agravio (arts. 279 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Pe-Ge
Reg. Nº 19
Fin de la sentencia