Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75323
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.323, "Lovera Juan José c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión de nulidad deducida por el accionante contra el acto administrativo dictado por el Ministro de Justicia y Seguridad, mediante el cual se le denegó el ascenso al grado inmediato superior a partir del 1 de enero de 2005.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 82/93), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 95 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 97) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El 1 de enero de 2000 el actor fue promovido al cargo de Alcaide Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En diciembre de 2003, cuando contaba con las condiciones estatutariamente requeridas para que se produjera su ascenso por permanencia en el cargo a partir del 1 de enero de 2004 (cfr. art. 67 y concs., dec. ley 9.578/80), tal posibilidad le fue denegada con fundamento en lo previsto en el art. 71 inc. "a" del citado ordenamiento. Ello, en cuanto dispone que no tendrá derecho al ascenso el personal que, entre otras cosas, hubiere sido sancionado con un mínimo acumulativo o único de treinta días de arresto durante el "período de calificación". En esta ocasión, se consideró como impedimento que fue sancionado con arresto de veinticinco días el 13 de septiembre de 2001 y de otros seis días el 27 de noviembre de 2001.
Si bien reconoció que esa decisión fue ajustada a derecho, no entendió lo mismo cuando en el año 2004 su ascenso fue nuevamente denegado basándose en la misma causal. Contradicciones aparte, el actor sostuvo tanto al interponer un recurso jerárquico contra la decisión de la Junta de Calificaciones (v. fs. 1, expte. admin.), como al promover la presente demanda judicial (v. fs. 17 y vta.), que la normativa que se le aplicó para desconocerle la promoción automática hacía alusión a arrestos ocurridos durante el "período de calificación" (art. 71 inc. "a", dec. ley 9.578/80); precepto que el decreto 342/82 definía como aquel que abarcaba "...desde el 1° de septiembre del año anterior al 31 de agosto del año en curso". De ese modo, estimó que la ponderación de antecedentes negativos de ese tipo no podía válidamente extenderse a todo el "período de permanencia" como habilitaría el art. 96 del mismo decreto, desconociendo la norma de rango superior. Dice que esto mismo fue lo que hizo la demandada, la que a su criterio solo debió haber meritado el arresto de cinco días dispuesto el 2 de marzo de 2004, insuficiente para impedirle progresar en la carrera.
No obstante que a la postre accedió al cargo de Subprefecto a partir del 1 de enero de 2006, el actor planteó agravios concretos relativos al derecho que le asistía a que se lo eleve a esa jerarquía desde el 1 de enero de 2005, algo que incluso tendría implicancias de cara a una eventual jubilación.
I.2. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda (v. fs. 54/57).
Para así resolver, reputó que lo actuado por el Ministro de Justicia y Seguridad importó la inobservancia del postulado non bis in idem , en la inteligencia de que no era dable computar las sanciones de arresto impuestas a más de un período de calificación.
Esa sentencia fue apelada por la Fiscalía de Estado a fs. 62/65 vta., que reeditando argumentos vertidos a la hora de contestar la demanda, insistió con que en la especie no podía hablarse de un derecho automático al ascenso, a la par de destacar que en el año 2005 hubo setenta vacantes para el cargo de Subprefecto; que accedieron cuarenta y siete agentes por selección y veintitrés por antigüedad; que de los designados por selección todos tenían un promedio de calificación considerablemente mayor al del actor; y que de los ascendidos por antigüedad solo uno tenía un promedio de calificación inferior al del accionante. De esa forma, aseguró que hubo otros motivos para denegarle al agente Lovera la promoción, independientemente de las sanciones de arresto que constaban en su foja de servicios.
I.3. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás desestimó el recurso.
En ese sentido, afirmó que los agravios traídos por la demandada no eran sino una racionalización ex post facto de la motivación administrativa, que en modo alguno surgía de las actuaciones que tuvieron lugar ante el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad. Por eso, concluyó que "...pretender en la instancia judicial poner en debate dichas circunstancias cuando las mismas no fueron blandidas y, por ende, no pudieron ser motivo de cuestionamiento en el procedimiento llevado a cabo por la demandada, significaría lisa y llanamente conculcar el derecho de defensa y debido proceso del agente..." (fs. 80).
I.4. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia: i] Violación de la doctrina legal sentada por este Tribunal en las causas "Chocrón", "Mastandrea", "Barbalarga", "Ebic", "Búfalo" y "Vandamme" -entre otras- en las que se admitió la incorporación de elementos de hecho o de derecho novedosos al contestar la demanda; ii] Absurda valoración de las circunstancias del caso, pues resolviendo solo en virtud de la supuesta afectación al postulado non bis in idem, no se consideraron otros motivos acreditados en el expediente administrativo que igualmente justificaban la postergación del agente Lovera; iii] Violación del régimen de ascensos del Servicio Penitenciario Bonaerense previsto en los arts. 67, 68 y concordantes del decreto ley 9.578/80 y 117 a 132 del decreto 342/81, como asimismo, de doctrina legal vinculada a ellos; iv] Violación de la doctrina legal en punto a la aplicación del postulado non bis in idem ; y v] Violación de los arts. 1 de la Constitución nacional y 1 de la Constitución provincial, que consagran el principio de división de poderes.
II. El recurso no prospera.
II.1. En lo que atañe al primer capítulo de la impugnación, cierto es que esta Corte ha sostenido en algunos precedentes una tesis favorable a la introducción de fundamentos novedosos de hecho o de derecho por parte de la Administración, siempre que ellos puedan ser debidamente replicados por quien acciona (cfr. causas B. 50.284, "Chocrón", sent. de 6-XI-1990; B. 55.704, "Mastandrea", sent. de 6-VIII-1996; B. 60.505, "Barbalarga", sent. de 27-X-2004; B. 60.168, "Ebic", sent. de 12-X-2005; B. 60.742, "Búfalo", sent. de 21-XI-2007; e.o.). Con todo, ese criterio no ampara el comportamiento desplegado por la demandada durante este proceso.
En rigor, antes que incorporar fundamentos genuinamente novedosos o útiles para la solución de la controversia, la accionada intentó dotar al acto impugnado de una motivación que no es la que surge de su propio contenido ni de los antecedentes que llevaron a su dictado (v. fs. 12/13, 72 y 77, expte. admin.), ceñida a la circunstancia de que sobre el agente Lovera pesaban sanciones de arresto que -por su magnitud y temporalidad- se erigían como un valladar a los fines de su ascenso (cfr. art. 71 inc. "a", dec. ley 9.578/80). Esto fue puesto de manifiesto por la Cámara, que confirmó la condena del juez de primera instancia al considerar inatendible lo avanzado a esta altura por la Fiscalía de Estado.
II.2. Como precisé al emitir mi voto en la causa A. 70.701, "Latto" (sent. de 18-V-2016), la doctrina legal invocada por la quejosa encuentra su límite en la imposibilidad de auspiciar, justificar o convalidar que la Administración, que ha omitido motivar adecuadamente sus actos, pretenda brindar recién ante el tribunal los fundamentos que verosímilmente debieron integrar la decisión cuestionada. Ese intento, lejos de remediar, evidenciaría la falta de fundamentación oportuna de lo resuelto.
No obstante el vasto objeto cognoscitivo del proceso administrativo, una habilitación en extremo generosa para aportar los motivos determinantes en cualquier forma y tiempo conduciría al inaceptable resultado de vaciar de contenido normativo la exigencia de motivación (doctr. causa B. 62.241, "Zarlenga", sent. de 27-XII-2002). De allí que la sentencia de la Cámara deba ser sostenida en ese aspecto.
Lo expuesto también me conduce a descartar la denuncia de absurdo propuesta de seguido, en tanto ella se traduce -bajo distinto ropaje- sustancialmente en el mismo agravio.
III.1. En cuanto a la inaplicación de distintos dispositivos normativos, entre ellos los arts. 67, 68 y concordantes del decreto ley 9.578/80 y 117 a 132 del decreto 342/81, como asimismo, de doctrina legal relacionada a ellos, la recurrente ataca la consecuencia de lo decidido en la instancia de grado; esto es, la promoción retroactiva del agente.
En esa dirección, asegura con que no existe tal cosa como una "promoción automática" en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense. Dice que además de la permanencia en el grado, la calificación o el número de vacantes, también se debe tener en cuenta la idoneidad, rendimiento, preparación cultural, méritos y otras circunstancias que permitan definir la personalidad del agente (cfr. art. 90, dec. 342/81).
Pero estos argumentos, en la especie, no son de recibo.
III.2. Además de ensayar lo que entiende es la recta lectura de los referidos preceptos, la Fiscalía de Estado cita un fragmento del precedente "Mugueta" (causa A. 70.010, sent. de 15-XII-2010) -reiterado con posterioridad- que, antes que coadyuvar a su defensa, parece ir en contra de su admisión.
Ello así, en tanto allí este Tribunal sostuvo que "...el régimen del personal del Servicio Penitenciario contempla un mecanismo de ascenso casi automático con base en la antigüedad calificada en el grado que abarca a los grados inferiores del escalafón hasta el cargo de Subprefecto"; es decir, la jerarquía que perseguía el actor. A partir de allí, se señaló que solo se concibe el ascenso por selección, debiéndose considerar "...la idoneidad para desempeñar los cargos, la responsabilidad, la contracción al servicio, la competencia en sus funciones, la capacidad intelectual, la preocupación personal en su formación, la conducta, etc.".
Huelga notar que una apreciable distancia retórica existe entre afirmar que algo es "casi automático" a decir que "no es automático", como convenientemente reformula la apelante.
No puede perderse de vista que el actor, a partir del 1 de enero de 2006, finalmente fue promovido al rango pretendido (es decir, cuando al margen de su acierto o error se entendió que las sanciones de arresto del año 2001 habían dejado de gravitar), por lo que lo único que reclama es retrotraer la fecha en la cual esto último debió ser hecho efectivo. Asimismo, se vislumbra que la Junta de Reclamos reunida el 14 de febrero de 2005, si bien desestimó el recurso interpuesto por el entonces Alcaide Mayor Lovera contra lo decidido por la Junta de Calificaciones, remarcó "...la importancia y mérito de sus antecedentes" (v. fs. 18, expte. admin.). Acorde con ello, la Junta de Calificaciones ad hoc reunida el 8 de octubre de 2008 recomendó el ascenso retroactivo al 1 de enero de 2005, para lo cual le asignó al agente un puntaje de 8,85 puntos y orden de colocación n° 11 (v. fs. 86/87), bastante por encima del último ascendido por selección al grado de Subprefecto durante ese periodo de calificación (v. dictamen a fs. 78).
En tales condiciones, el agravio formulado luce manifiestamente insuficiente para revertir lo decidido (art. 279, CPCC).
IV. Tampoco merece acogida la crítica relacionada con la alegada violación a la doctrina legal de este Tribunal relativa al postulado non bis in idem , habida cuenta que dicha cuestión no fue motivo de agravio al recurrirse la sentencia de primera instancia.
Como reiteradamente se ha resuelto, por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley esta Corte no puede conocer de cuestiones que no fueran sometidas a consideración de la segunda instancia (doctr. causa A. 73.966, "Aquilano", sent. de 24-IV-2019).
Sobre esa base, advierto que en aquella ocasión se omitió cualquier consideración sobre este aspecto medular de la sentencia, limitándose a denunciar ante la Cámara la supuesta inobservancia del régimen de promociones para el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y la ausencia de un derecho automático al ascenso, así como la falta de ponderación de otros elementos relevantes tales como las vacantes disponibles y demás cuestiones atinentes al mérito (v. fs. 62/65 vta.)
Consecuentemente, este tramo de la impugnación resulta ineficaz, en tanto constituye el fruto de una reflexión tardía (doctr. causa A. 72.840, "Weiss", sent. de 28-VI-2017; e.o.).
V. Por último, la demandada alega que la decisión de retrotraer el ascenso del Subprefecto Lovera un año hacia atrás viola el principio de separación de poderes, al traducirse en la invasión de potestades discrecionales del poder administrador para conceder o denegar ascensos dentro de su órbita.
Al respecto, este Tribunal tiene dicho que el formal reconocimiento de poderes y funciones separadas no equivale a prohibir al Poder Judicial controlar la actuación u omisión de los otros poderes del Estado, siempre que ello ocurra en el marco de un caso concreto. Es así que no se trata de la injerencia de un poder en las atribuciones de otro, sino de la supremacía de una norma sobre la otra. Por implicancia, en ejercicio de la jurisdicción, compete al Poder Judicial adoptar las decisiones más idóneas para asegurar la efectividad de los derechos de los accionantes en las causas sometidas a su decisión, lo que de ningún modo puede verse como la sustitución de los demás departamentos, ni su pronunciamiento una valoración o emisión de juicio general respecto de situaciones cuyo gobierno le son ajenas (doctr. causas Ac. 83.536, "Cavallero", sent. de 16-VI-2004; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; e.o.).
Pero aun reconociendo la posibilidad de distinguir las potestades discrecionales de las regladas con consecuencias directas en la extensión del poder de revisión por parte de los jueces, lo referido más arriba al desarrollar el punto III.2. da cuenta de la existencia de numerosos elementos fácticos y normativos que permiten presumir que el sub lite se ubica dentro del alcance tradicionalmente reconocido al ejercicio del control judicial de la Administración (cfr. doctr. causa A. 71.230, "Gutiérrez", sent. de 15-VII-2015).
VI. Por las razones brindadas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado debe ser rechazado.
Voto por la negativa .
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, a excepción de los manifestado en el punto II.2 tercer párrafo, pues la solución propiciada al Acuerdo se abastece suficientemente con los demás argumentos.
Con tal aclaración, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Esta Suprema Corte ha sostenido desde antiguo un criterio favorable a la admisión de los fundamentos novedosos, de hecho o de derecho, introducidos al proceso por el representante de la demandada, los que, a su vez, pueden ser motivo de réplica por el actor, al contestar el traslado pertinente o en oportunidad de presentar su alegato. Tal posición se sustentó en la atribución de la que se hallaba investido el Tribunal, en el marco del juicio pleno, de examinar los hechos y el derecho invocados tanto en la demanda como su contestación, aun cuando difieran de los que fundan la resolución administrativa cuestionada.
El actual Código de la materia contempla expresamente esa facultad de la demandada de invocar aquellos argumentos de derecho que no se hubieran planteado en el procedimiento administrativo (art. 37, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; conf. doctr. causa B. 59.292, "Pagano", sent. de 3-XII-2008; e.o.).
I.2. Asimismo, he de señalar que el Fiscal de Estado actúa en las presentes actuaciones por expreso mandato de la Constitución provincial, en defensa del patrimonio y los intereses del Estado provincial (art. 155, Const. prov.).
En el cumplimiento de ese cometido constitucional, no es posible considerarlo absolutamente vinculado por el contenido de las decisiones dictadas por los entes y órganos de la Administración Pública provincial. Ello es así al punto que, de considerar la decisión administrativa contraria a derecho, la ley misma lo autoriza expresamente a demandar judicialmente su nulidad e inconstitucionalidad, según corresponda (conf. art. 40 in fine , dec. ley 7.543).
I.3. También se ha postulado, que dicho criterio encuentra su límite en la imposibilidad de auspiciar, justificar o convalidar que la Administración omita una adecuada motivación de sus actos, intentando brindar, recién ante el Tribunal, una relación completa de fundamentos que debieron integrar la decisión cuestionada (conf. causas B. 57.995, sent. de 30-VIII-2006; B. 59.292, "Pagano", sent. de 3-XII-2008; e.o.).
I.4. El reconocimiento de tal anuencia encuentra su límite en la defensa que importe ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (conf. doctr. causas B. 54.004, "Aserradero Savia Nueva S.A.", sent. de 31-VIII-2007; B. 62.052, "Magnani de Del Pozo", sent. de 22-V-2013 y B. 63.363, "Clementoni", sent. de 2-XI-2016).
I.5. He de allí la amplitud que se confiere a tal actividad -en más o en menos- o la medida en la cual esa articulación podrá ser admitida, no responde a una regla estricta, sino que -por sus variados matices- esos fundamentos dependerán de las circunstancias de cada caso en concreto.
II.1. La resolución ministerial, para denegar la solicitud de reubicación escalafonaria del accionante consideró que -de acuerdo a sus cuerpos asesores- que las sanciones disciplinarias registradas durante los períodos calificatorios resultaban un impedimento para el ascenso en las fechas reclamadas en tanto quedó habilitado para ascender a partir del año siguiente al período en cuestión.
II.2. Verifico que en autos, la representación fiscal argumentó -al contestar la demanda- que el señor Lovera se sometió al procedimiento de selección para ascender en su carrera administrativa, resultando que, de setenta vacantes disponibles, cuarenta y siete agentes fueron seleccionados debido a su mejor calificación. Luego las veintitrés restantes fueron cubiertas merced a su mayor antigüedad, en tanto que solo un puesto fue ocupado por un agente con menor promedio pero mayor antigüedad que el actor.
II.3. Asimismo encuentro que el planteo, con sus ribetes, fue dado a conocer al accionante y que también fue ventilado en la etapa de apelación.
II.4. En ese camino, la Cámara actuante señaló que el tratamiento de las argumentaciones fiscales -en estas condiciones- no podían ser admitidas al ser conculcatorias del derecho del actor, toda vez que no fueron expresada en el procedimiento administrativo ni pudieron ser allí cuestionadas.
Añadió que la nueva tesis fiscal no concordaba c
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.