Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74175
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.175, "Ganon, Gabriel Eliberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada circunscribiendo el alcance del fallo de primera instancia que había hecho lugar a la demanda (v. fs. 580/596).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 603/618), el que fue concedido a fs. 620 y vta.
Oída la entonces señora Procuradora General (v. fs. 703/706 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 707) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Mercedes hizo lugar a la pretensión esgrimida por el señor Defensor General del Departamento Judicial de San Nicolás, condenando a la Provincia de Buenos Aires a garantizar -en un plazo máximo de 180 días- el adecuado albergue y condiciones de higiene necesarias a los internos representados en la causa que se encuentran alojados en el Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico Colonia "Dr. Domingo Cabred".
Este decisorio fue apelado por la Fiscalía de Estado.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó dicha sentencia, pero limitando la condena sólo respecto de los pabellones que habitan los siete pacientes individualizados en la acción, confirmándola en lo demás decidido e imponiendo las costas de ambas instancias a la accionada.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada destacó como cuestión preliminar que tanto el defensor oficial como el apoderado del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, manifestaron su formal consentimiento de la sentencia recaída en autos, con lo que la cuestión relativa a la falta de legitimación para promover la presente acción con carácter colectivo, decidida en primera instancia, quedó firme y en consecuencia fuera de revisión.
II.1. Al respecto, consideró contradictoria la sentencia dictada en la instancia de grado pues, por un lado, rechazó la acción colectiva al tratar la legitimación activa, y, por el otro, otorgó un alcance a la condena que se extiende más allá de los pabellones donde habitan o reciben prestaciones los siete internos representados por el señor defensor oficial.
Así, entendió que correspondía hacer lugar al referido agravio, ordenando que la condena recaída en autos se limite a presentar un plan de reformas edilicias y mejora de las condiciones de higiene y seguridad, únicamente en relación a los pabellones donde se encuentran alojados los actores aquí representados.
II.2. Por su parte, respecto de los agravios vinculados con la extralimitación que entiende importa la condena dispuesta, individualizó las pruebas que en autos acreditan la omisión ilegítima por parte del Estado provincial (fotografías, informes presentados por la Licenciada María Eugenia Pini, el Director Ejecutivo del nosocomio, los peritos oficiales arquitectos, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el reconocimiento judicial efectuado por el magistrado de primera instancia), y concluyó que verificadas en forma suficiente las distintas y graves deficiencias de habitabilidad, seguridad y falta de higiene, no caben dudas de la omisión ilegítima del Estado provincial en proveer los recursos y medios para solucionarlas, lesionando gravemente de tal modo los derechos fundamentales y sociales de las personas afectadas. Todo ello en violación de las leyes 26.657 de protección a la salud mental, a la cual adhirió la Provincia demandada mediante ley 14.580.
En consecuencia, verificada la ocurrencia de la omisión ilegítima del actuar estatal, y con ello, la violación de derechos e intereses de las personas afectadas, estimó adecuada la condena dispuesta por el a quo .
II.3. Por su parte en punto a los planteos referidos a la extralimitación del Poder Judicial por atribuirse competencias propias, y exclusivas del Poder Ejecutivo, recordó que éste tiene mandato constitucional y legal para controlar la actividad administrativa desplegada por los poderes ejecutivos provincial y municipales (arts. 15, 161, 166 y concs., Const. prov.; ley 12.008, según ley 13.101 y modificatorias) y en consecuencia que, configurándose en el sub lite un "caso", el ejercicio de la función jurisdiccional no sólo deviene ajustado a derecho, sino que resulta un deber impostergable el dirimir la controversia que se le presenta, de conformación al mandato constitucional y legal y en el marco del principio de división de poderes.
II.4. Finalmente, en refuerzo de la decisión adoptada, hace referencia a la solución de este Tribunal en la causa "Gutiérrez, Griselda M y ot. c/ Hospital Interzonal Alejandro Korn s/Amparo" (A. 71.230, sent. de 15-VII-2015), por encontrarse debidamente acreditado en aquel precedente, como en esta causa, un déficit en la prestación del servicio de salud a cargo del Estado que se traduce en una omisión lesiva violatoria del derecho a la salud de los pacientes que se atienden en dicho nosocomio.
III. Contra este pronunciamiento se alza el Fisco mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 603/618, denunciando la violación de los arts. 1, 5 y concordantes de la Constitución nacional; 1, 119, 144 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la doctrina legal fijada en las causas "Gutiérrez" (A. 71.230, sent. de 15-VII-2015) y "Oberti" (Q. 70.775, sent. de 14-VIII-2015). Alega la existencia de absurdo material y formal. Expone los siguientes agravios:
III.1. Sostiene que la sentencia incurre en una indebida e injustificada intromisión en la agenda pública del Poder Ejecutivo.
Afirma que la Cámara ingresó a decidir sobre una política pública cuya competencia exclusiva corresponde al Poder Ejecutivo quien debe actuar según criterios de mérito, oportunidad y conveniencia evaluando las posibilidades materiales, instrumentales y presupuestarias, todas cuestiones ajenas a la intervención del Poder Judicial. Agrega que este criterio fue sostenido por este Tribunal respecto de la gestión hospitalaria en materia de salud mental en la causa "Gutiérrez".
Resalta que la propia demandada es la primera interesada en resolver los problemas del nosocomio y que con tal finalidad viene desarrollando diversas tareas que fueron desconocidas por el Tribunal de Alzada.
Entiende que, de generalizarse decisiones judiciales como las recaídas en autos, se provocaría una invasión judicial sobre las políticas públicas y el colapso del funcionamiento económico del Estado.
Agrega que, según criterio propio de este Tribunal, las decisiones judiciales no deben superponerse con acciones administrativas en curso ("Oberti"). En todo caso, el Poder Judicial puede controlar la efectiva adopción de las medidas invocadas por la Administración a fin de verificar que se encuentren implementando diligencias tendientes a superar la situación existente.
A todo evento, concluye que el Poder Judicial debió limitarse a señalar los criterios generales y establecer los resultados a alcanzar, respetando las medidas implementadas por las autoridades administrativas, sin reemplazarlas en la adopción de las medidas concretas.
III.2. Argumenta que existió un desconocimiento de las medidas de acción concretas implementadas por la autoridad demandada.
Señala que en el presente caso no existe una omisión o incumplimiento de su parte, en lo atinente a las funciones que le son propias.
En cuanto al mejoramiento de las condiciones de alojamiento de internados destaca que con el objetivo de optimizar el nosocomio en cuestión: se procedió a reconectar la red cloacal que estaba colapsada; restituir el agua corriente a todos los sectores del hospital; reparar las calefacciones; e incrementando los controles sobre empresas tercerizadas que prestan servicio de comida, lavadero y limpieza; habiéndose regularizado la provisión de medicamentos e insumos a todos los pacientes, y refaccionando la panadería que funciona dentro del nosocomio (expte. 5.100-12168/11).
Agrega que, según consta en expediente 5.100-23787/12, entre los años 2008 y 2012: se reciclaron y pusieron en funcionamiento los Pabellones n° 5 y 9; se refaccionó el tablero de distribución eléctrica del Hospital; se finalizó la reparación del Pabellón n° 1; se construyó una planta depuradora cloacal; se recicló el Pabellón n° 6 construyéndose un patio interno; se construyó una nueva farmacia; se reciclaron los sectores para consultorios externos, enfermería, el Museo del Hospital y la escuela de enfermería profesional; se cercó y colocaron portones en el sector de Geriatría (Pabellones n° 14, 15 y 18). Además, dijo que se encuentran en curso trabajos de reciclado del Pabellón n° 4 y de una vivienda para alojamiento transitorio de mujeres víctimas de violencia familiar.
Concluye que no existiendo omisión o indiferencia en el obrar estatal respecto de la atención del nosocomio en cuestión y habiéndose implementado medidas de acción positiva respecto del tema, no existe ilegalidad que pueda ser reprochada a la autoridad administrativa demandada.
III.3. Por último, invoca absurdo en la decisión del Tribunal de Alzada, con violación del art. 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto se establece que el límite de la intervención judicial en el caso debe ser el requerimiento de un plan de saneamiento a la Administración, pero por otro lado se confirma la sentencia de primera instancia que avanzó más allá al ordenar un conjunto detallado de medidas concretas de implementación.
IV. Considero que la impugnación deducida no puede prosperar.
IV.1. Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir el remedio intentado.
En tal sentido el cumplimiento de los requisitos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el impugnante indique no sólo con claridad la ley o la doctrina legal que se repute violada o aplicada erróneamente, sino también explique en qué consiste la violación o el error (conf. causas L. 53.384, sent. de 7-XII-1993; L. 73.746, sent. de 19-II-2002; Ac. 81.842, sent. de 24-III-2004; A. 68.138, sent. de 23-XI-2005; L. 83.599, sent. de 8-XI-2006; L. 89.656, sent. de 31-X-2007; A. 68.934, sent. de 3-IX-2008; entre muchas otras), pues tal como tiene dicho este Tribunal quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. causas C. 94.501, sent. de 4-VI-2008; C. 96.866, sent. de 6-V-2009; C. 101.221, sent. de 24-V-2011 y C. 107.352, sent. de 28-III-2012).
Ahora bien, considero que en el caso estos vicios no han podido ser demostrados. Del análisis de la pieza recursiva se desprende que la misma contiene una reiteración de los argumentos ya rechazados en la instancia de origen y posteriormente reproducidos en la apelación. Planteos que fueran decididos por la Cámara también en un sentido adverso, con fundamentos que -como veremos- llegan indemnes a esta instancia extraordinaria.
Los embates de la Fiscalía de Estado recurrente pueden sintetizarse -básicamente- en el supuesto exceso jurisdiccional cometido ya sea por sobrepasar los alcances y extensión de la condena, como así también por entrometerse en competencias propias de otro poder.
En consecuencia, pues en tanto el recurrente se ha limitado a invocar la supuesta extralimitación en la condena por inmiscuirse en competencias propias de la Administración, pero sin hacerse cargo de los fundamentos del rechazo de éstos, realizado por el Tribunal de Alzada y sin aludir al material fáctico y probatorio sobre el cual se asentó la condena, circunstancia que en mi opinión resulta suficiente para el rechazo del recurso.
Respecto a la invocación del absurdo, cabe recordar que este instituto creado por doctrina de este Tribunal supone la denuncia de un notorio desvío de las reglas del pensar, de la lógica o del sentido común, o una grosera desinterpretación del material probatorio aportado (causas Ac. 74.854, sent. de 6-XI-2006 y Ac. 91.954, sent. de 8-VIII-2007), que deviene en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas L. 94.977, "Balbis", sent. de 6-V-2009 y L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008), situación ausente en la presente, ello desde que -como vimos- el recurrente no ha desconocido el material fáctico sobre el que se asienta la sentencia: esto es, las graves irregularidades detectadas surgidas del propio informe evacuado en este proceso -y que entre otras pruebas- dieran lugar a la condena dispuesta.
En el caso, el recurrente únicamente refiere -en forma genérica- a la interpretación errónea de artículos de las constituciones provincial y nacional, así como denuncia la no aplicación de la doctrina legal de la Suprema Corte en los precedentes "Gutiérrez" y "Oberti" pero sin identificar ni desarrollar los argumentos que den cuenta de la forma en que la normativa o doctrina citada son desconocidos por el a quo , ni mucho menos precisa de qué forma la sentencia de Cámara viola el derecho vigente.
Cabe recordar que la mención genérica de la violación de las normas de la Constitución, sin referencia a su aplicación concreta ni explicando de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no basta para fundamentar un agravio, toda vez que es necesaria una cabal demostración de la ilegalidad denunciada, subrayando específicamente cómo y por qué el fallo que se cuestiona conculcó la normativa a la que alude en forma genérica (art. 279, CPCC; doctr. causa C. 103.181, "Eiriz", sent. de 9-VI-2010; entre otros).
IV.2. Por su parte, respecto a la violación de la doctrina de este Tribunal que emana del precedente A. 71.230, "Gutiérrez", destaco que lejos de abonar su posición viene a confirmar precisamente el tipo de condena que se ha dispuesto.
En efecto, en el referido antecedente, esta Corte falló en favor de los recurrentes, condenando a la Provincia de Buenos Aires a elaborar un plan de refuerzo de la planta de personal de enfermería de un Hospital Interzonal Especializado en Psiquiatría para de ese modo garantizar una adecuada atención de los pacientes internados.
Allí, en el voto del doctor Hitters -al que adhiriera-, expresamente se puntualizó que "Es la discrecionalidad administrativa la que encuentra un límite en el efectivo cumplimiento de las prerrogativas superiores y no viceversa, por lo que no puede considerarse que exista una zona de reserva de la Administración, eximida de ajustarse a los presupuestos impuestos supranacionalmente -como pretende Fiscalía de Estado- en tanto el goce efectivo de los derechos mentados no puede quedar supeditado al cumplimiento discrecional de las normas de organización", dejando expresado que ello en modo alguno significa conculcar el principio de división de poderes y menos limitar el accionar de la Administración en el ejercicio de las funciones que le son propias.
Es más, respecto de los límites de la potestad jurisdiccional cuando se trata de revisar el ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo también allí se dijo precisamente que compete al Poder Judicial adoptar las decisiones más idóneas para asegurar la efectividad de los derechos de los accionantes, agregando además que ello de ningún modo puede verse como un propósito de sustituir a los otros poderes del Estado en la definición, programación y ejecución de políticas públicas, ni tomarse su decisión como una valoración o emisión de juicio general respecto de situaciones cuyo gobierno le son ajenas.
Por su parte, con referencia a la invocada violación de la doctrina emanada del precedente "Oberti", inicio por destacar que los hechos y circunstancias particulares difieren de manera sustancial a la de autos. En efecto, en dicha ocasión este Tribunal resolvió confirmar la revocación de una medida cautelar dictada en el marco de un proceso judicial cuando, la orden precautoriamente dispuesta se superponía con acciones concretas que la Administración se encontraba llevando a cabo.
Dicha situación difiere no sólo en las cuestiones fácticas, sino también en la etapa procesal en la que se ha tomado la decisión judicial, circunstancias que impiden tomar la doctrina allí sentada en relación al caso de autos.
En síntesis, el recurso deducido en tal sentido no cumple con la exigencia del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y su doctrina, pues se advierte que el impugnante se limita a reiterar argumentos fundados en apreciaciones subjetivas e insuficientes para desvirtuar lo decidido en la sentencia.
En adición -y pese a lo alegado por el recurrente- me permito agregar que el tema litigioso tuvo adecuada oportunidad de discusión, las partes pudieron esgrimir sus argumentos y defensas, se han respetado los principios de bilateralidad y contradicción y el ejercicio del derecho de defensa en juicio, lo que importa el agotamiento de la cuestión debatida. Frente a ello considero que los reparos planteados por el Fisco se presentan como meras objeciones formales.
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Presto mi adhesión al voto del doctor de Lázzari, concretamente a los puntos I a IV.1. de su opinión, pues también considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad es insuficiente (art. 279, CPCC).
II.1. En relación a la alegada violación a la doctrina legal de este Tribunal sentada en los precedentes "Gutiérrez" y "Oberti", hemos advertido que a los fines de la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fundado en esa causal, la pieza debe individualizar concretamente aquella doctrina que se dice vulnerada y señalar los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose además indicar la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; e.o.).
Lo anterior ha de ser así, pues la aplicación expansiva de la regla de decisión plasmada en determinados precedentes, a otros conflictos que se estiman fáctica y jurídicamente equiparables, está rigurosamente condicionada a la cabal demostración por parte de quien los invoca de plausibles semejanzas entre ambos (CSJN Fallos: 335:2028; 340:1084; 342:853; doctr. causa B. 76.088, "Cinto", resol. de 31-VII-2019).
II.2. Sobre esa base, coincido con los colegas que me anteceden en que la parte recurrente se ha desentendido de aquella carga. La
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.