Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74587
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo N°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.587, "Interbas S.A. c/ Instituto Provincial de Lotería y Casinos Dirección de Vialidad s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la pretensión anulatoria, dejando sin efecto la resolución sancionatoria 649/08, emitida por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y ordenó restituir a la actora, en el plazo de sesenta días, la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos ($445.000) abonada en concepto de multa. Impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida (v. fs. 484/490).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 494/504), el que oportunamente fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 506/507).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 512) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Por sentencia de fecha 20 de diciembre de 2011, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por la empresa Interbas S.A., declarando la nulidad parcial de las resoluciones 269/08 (que alcanza a su faz sancionatoria) y 649/08, emitidas por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (en adelante IPLyC) y ordenó restituir a la actora, en el plazo de sesenta días, la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos ($445.000) abonada en concepto de multas (v. fs. 438/444).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia recurrida.
Para así decidir indicó que, de conformidad con los antecedentes de la causa, en particular de las constancias de las actuaciones administrativas agregadas en copia y acumuladas (expediente 2319-43875/08), no se observaba que se hubiere dado intervención a la empresa demandante en el procedimiento previo a la sanción, en los términos de los arts. 122 a 136 del decreto ley 8.031/73, aplicable por reenvío de la ley 13.063; ni tampoco que se hubiera articulado un procedimiento que, aún sin adecuación a esa ortodoxia de rito, sea apto para dar satisfacción al derecho de defensa.
Sostuvo que, tal como lo dejaba ver la propia decisión administrativa, el procedimiento seguido para su dictado no daba cuenta de una intervención previa de la empresa demandante que posibilitara la instancia de réplica, y sostuvo que esa participación precedente constituía un elemento de validez de todo acto administrativo, cuya ausencia connotaba un vicio inicial insanable.
Manifestó que compartía los fundamentos del juez de primera instancia, quien consideró esencial dicho recaudo frente a la garantía constitucional del debido proceso y que sin su resguardo el acto que se dicte resultará irregular y padecerá de un vicio que no podrá ser salvado ni por la vía recursiva administrativa ni mediante el control judicial posterior (conf. arts. 18, Const. nac. y 103 y concs., dec. ley 7.647/70).
Asimismo, tuvo por acreditada la ausencia de esa diligencia, como el hecho de que el procedimiento seguido para su dictado no daba cuenta de ningún trámite en esa dirección.
Sostuvo que esa intervención omitida es la que permite la participación de aquel a quien se le endilga algún incumplimiento, debiendo contar con una imputación inequívoca que le permita conocer qué es lo que se le reprocha a fin de que pueda efectuar el descargo que considere pertinente, ofreciendo y produciendo la prueba que estime conducente a su derecho, en reclamo de una decisión fundada que valore sus alegaciones.
Advirtió que esta falta dejaba al descubierto la violación del debido proceso ante la inobservancia de exigencias esenciales, lo que consideró no podía ser purgado, resultando por tanto el acto emanado de dicho procedimiento irregular y nulo, debiendo declararse su extinción (conf. art. 103 y concs., dec. ley 7.647/70).
Indicó, en ese sentido, que el ejercicio de la prerrogativa sancionatoria (conf. art. 8, ley 13.063) debe conciliarse con la garantía de defensa, lo que implica necesariamente tomar conocimiento de los hechos atribuidos, lo que no puede ser vedado y debe garantizar la eventual contradicción de la parte interesada.
Sostuvo también que la presunción de legalidad del acto administrativo, como principio general, cede frente a un procedimiento que no respetó la citada garantía constitucional (art. 18, Const. nac.), ni los principios sobre los cuales se vertebra aquel.
Asimismo, negó que el tratamiento del recurso de revocatoria tuviera efectos de saneamiento sobre el acto, pues estimó que el carácter insanable del vicio que lo afectaba impedía todo ulterior rescate y, en ese sentido, advirtió que tampoco podía subsanarse en la ulterior instancia judicial, por cuanto el procedimiento administrativo había conculcado irremediablemente el derecho de defensa de la actora.
Concluyó, por lo expuesto, que la resolución sancionatoria contenía vicios producto del procedimiento seguido para su sanción, violatorio de las reglas del debido proceso que, con impronta constitucional (art. 18, Const. nac.), constituye un elemento esencial de toda resolución administrativa y se nutre también en la regla de la congruencia (conf. art. 108 y concs., dec. ley 7.647/70; v. fs. 488 vta.).
Agregó que esta última veda al juzgador toda conducta adjetiva que obstaculice al interesado ejercer su plena y oportuna defensa, impidiendo la introducción de cuestiones que no reporten un desarrollo suficiente y al alcance de aquel en todas las instancias de rito (conf. arts. 18, Cont. nac.; 77, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 34 inc. 4 y concs., CPCC; v. fs. 488 vta.), con lo que advirtió que la controversia de autos exhibía precisamente esa carencia, lo que consideró explicaba la improcedencia del reenvío que proponía la apelante, atento la necesidad de remover el acto nulo, sin variable de corrección para un procedimiento que se constituyó en la fuente misma del vicio padecido, afectando un elemento esencial de manera insanable.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la Fiscalía de Estado denuncia errónea aplicación de los arts. 18 de la Constitución nacional y 103 del decreto ley 7.647/70, como la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.1. En primer lugar, denuncia la errónea aplicación de lo normado por los arts. 18 de la Constitución nacional y 103 del decreto ley 7.647/70, en los que se asentó la nulidad del acto administrativo sancionatorio. Para ello afirma que las intervenciones que ha tomado la firma en las actuaciones administrativas descartan toda posible afectación de su derecho de defensa.
A tal fin denuncia que no fueron debidamente considerados los antecedentes administrativos del expediente 2319-43875/08, del que surge que con fecha 26 de febrero de 2008 (v. fs. 90/92) se realizó una inspección en la Sala de Bingo n° 6 de la ciudad de Ramos Mejía y se constató la falta de operatividad de diversos monitores; la habilitación de una salida de emergencia como puerta de ingreso; la baja de dieciséis (16) máquinas monopuesto y el cambio de lay out de quince (15) monopuestos sin contar con la correspondiente autorización para hacerlo; también la existencia de ciento noventa y nueve (199) máquinas de juego y doscientos (200) puestos de bingo electrónico superando la proporción establecida por el decreto 1.533/07; la existencia de cincuenta y cuatro (54) máquinas que no podían ser auditadas y, por último, la falta de fijación de carteles del Programa de Prevención y Asistencia al juego compulsivo y de la nueva imagen e isologotipo del IPLyC.
Agrega que a fs. 111 consta la remisión de las actuaciones a la Dirección Jurídico Legal para que proyecte el correspondiente acto administrativo, determinándose las sanciones que pudieran corresponder e intimando a la sala en cuestión para que regularice la cantidad de máquinas de juego, con ajuste al art. 2 inc. 10 del decreto citado.
Señala que contra la resolución sancionatoria 269/08 la firma interpuso recurso de revocatoria (v. fs. 297/316) y que, luego de tomar vista de las actuaciones, amplió sus fundamentos a fs. 382/332.
Indica que a fs. 249/251 y 262 luce agregada la intervención de la Dirección Jurídico Legal, que analizó los argumentos y concluyó que las sanciones impuestas tenían un marco legal adecuado y que las multas resultaban proporcionadas a las infracciones verificadas. Como también que a fs. 327 intervino la Dirección de Mercado, la que luego de considerar individualmente las faltas, advirtió que por su multiplicidad constituían antecedentes conforme lo establecido en el art. 6 inc. 2 del decreto 2.195/06.
Por último, apunta que dictaminó la Asesoría General de Gobierno, quien aconsejó hacer lugar parcialmente al recurso de revocatoria en lo atinente a la reducción del monto de la multa por violación del sistema de conexión y desconexión de máquinas (v. fs. 264/266), y que a fs. 339 luce agregada la resolución 649/08 que hizo lugar parcialmente al recurso y redujo esa multa de $679.000 a $100.000.
Con lo expuesto manifiesta que la empresa Interbas S.A. ejerció con amplitud su derecho de defensa en el marco del procedimiento administrativo, sin que se hayan indicado qué defensas o pruebas se vio impedida de ofrecer.
Afirma que han sido erróneamente aplicadas las normas denunciadas, porque los eventuales apartamientos del trámite no colocaron en indefensión a la parte actora, quien tomó debido conocimiento de cada una de las infracciones que se le imputaron y pudo controvertirlas con éxito parcial en sede administrativa.
Agrega que no obstante las constancias ya indicadas, el acto administrativo que trató las impugnaciones (resol. 649/08, dictada como consecuencia del recurso de revocatoria) resultó una resolución fundada. Aduce también que la actora accedió a esta instancia judicial de conocimiento pleno, reeditando el debate llevado a cabo en sede administrativa, sin indicar qué defensas se vio privada de producir.
Manifiesta que lo expuesto revela el error de juzgamiento en las instancias ordinarias y el yerro en la aplicación de los arts. 18 de la Constitución nacional y 103 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, como asimismo el absurdo en la valoración de los antecedentes administrativos.
Advierte que el Tribunal de Alzada confirmó una sentencia que declaró la nulidad por la nulidad misma, sin reparar en que el derecho de defensa de la actora, en realidad, estuvo preservado en sede administrativa y que no se han alegado argumentos o planteos que la interesada se haya visto privada de introducir ante el IPLyC.
II.2. Asimismo, denuncia violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia.
Indica que, si bien la doctrina legal ha admitido la posibilidad de juzgar acerca de la observancia de las normas de procedimiento administrativo, ha dejado en claro que su eventual violación da lugar a la nulidad del acto sólo cuando se afecta en forma irremediable el derecho de defensa del interesado.
Seguidamente transcribe la doctrina emergente de las causas B. 64.783, "Del Diestro", sentencia de 16-III-2016; B. 61.202, "Marino", sentencia de 11-III-2015 y B. 65.342, "De Gregorio", sentencia de 6-VIII-2014, de las que surge que esta Suprema Corte alude a los supuestos de indefensión, indicando que no cualquier apartamiento de las reglas rituales puede conducir a nulificar el acto administrativo, sino que para que ello suceda tiene que tratarse de un vicio grave que impida totalmente el derecho de defensa del interesado.
Señala que ello ocurre sólo cuando éste arriba a la instancia judicial sin haber podido efectuar alegaciones defensivas en sede administrativa, ofrecer pruebas o recurrir el acto, lo que afirma no aconteció en la especie.
II.3. En subsidio sostiene que, de anularse el acto sancionatorio por vicios del procedimiento, se deben reenviar las actuaciones al IPLyC para que dicte un nuevo acto y que yerra el Tribunal de Alzada cuando sostiene que ese reenvió no es posible porque el vicio convierte al acto en insanablemente nulo, "...sin variable de corrección".
Denuncia que lo resuelto resulta equívoco, porque en él se confunde el instituto de la subsanación (o saneamiento) de los actos administrativos, con el efecto pretendido -en subsidio- respecto a una hipotética sentencia de condena.
Agrega que el saneamiento de los actos administrativos es un mecanismo que tiende a salvar la validez de los actos afectados por vicios leves (o no graves) que no se aplica, por regla, a los actos nulos (con vicios graves).
Por todo ello, insiste que en el hipotético caso de que se mantenga la decisión de declarar nulo el acto, deben reenviarse las actuaciones a la Administración para el dictado de un nuevo acto que salvaguarde el derecho de defensa, evitando de ese modo que se clausure la potestad sancionatoria de la Administración y se impida el juzgamiento acerca de la real existencia de infracciones.
Cita la doctrina emergente de la causa B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", sentencia de 4-IX-2002.
III. El recurso prospera.
III.1. La recurrente denuncia la errónea aplicación de lo normado por los arts. 18 de la Constitución nacional y 103 del decreto ley 7.647/70 -en los que se asentó la nulidad del acto administrativo sancionatorio-, en tanto afirma que las intervenciones que ha tenido la firma en las actuaciones administrativas descarta toda afectación del derecho de defensa.
A tal fin aduce que no fueron debidamente considerados los antecedentes administrativos del expediente 2319-43875/08, de los que surgen la debida participación de la empresa, como lo fundado de la decisión sancionatoria.
III.2. Ahora bien, del cotejo del expediente administrativo agregado a autos surge -como denuncia el recurrente- que la empresa Interbas S.A. ejerció su derecho de defensa en el marco del procedimiento administrativo, sin que se hayan evidenciado qué apartamientos del trámite la colocaron en indefensión, en tanto tomó debido conocimiento de cada una de las infracciones que se le imputaron y hasta pudo controvertirlas con éxito parcial en sede administrativa.
En efecto, de las copias del expediente administrativo agregado en autos, surge que con fecha 26 de febrero de 2008 se labró el acta de verificación en presencia de la señora Paola Jelicanin -en su carácter de Gerente de la Sala de Bingo- en la que constan las distintas infracciones comprobadas, de la que se labraron tres copias, una de ellas para la actora (v. fs. 90).
Asimismo se evidencia que el acta fue puesta a consideración del señor Director Provincial de Juegos y Explotación del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, quien solicitó la intervención de la Dirección Jurídico Legal para que determine las sanciones y procedimientos que pudieren corresponder (v. fs. 10), habiendo la dependencia jurídica remitido con fecha 5 de marzo de 2005 el proyecto que se le solicitase (v. fs. 113), el que fue materializado por el titular de la entidad provincial bajo el número 269/08 y notificado a Interbas S.A. mediante carta documento cuya copia luce agregada a fs. 115/116.
Seguidamente, a fs. 204, se encuentra la nota de la actora en autos por la que solicita tomar vista del expediente administrativo y fotocopiarlo.
A continuación luce agregado -ver fs. 297/316- el recurso de revocatoria interpuesto por Interbas S.A. donde denuncia ilegitimidad de la facultad sancionatoria, exceso reglamentario y violación de su derecho de defensa (el que fuera presentado con fecha 31 de marzo de 2008).
El Instituto Provincial de Loterías y Casinos, el día 3 de abril de 2008, confirió la vista de las actuaciones (v. fs. 321), ampliando posteriormente la actora los fundamentos de su impugnación, denunciando la presencia de una grave violación de sus derechos en el procedimiento seguido previo al dictado del acto sancionatorio (v. fs. 328/332).
Requerida la intervención de la Delegación de la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 333/334), la misma sostuvo que debía hacerse lugar parcialmente al recurso de revocatoria interpuesto, a través de la modificación de la resolución 269/08, por lo que el señor Director Provincial de Loterías y Casinos requirió se proyectase un acto administrativo que hiciera lugar parcialmente al recurso en cuestión, tal como indicaba el representante del señor Asesor General de Gobierno (v. fs. 335), el que fue posteriormente dictado bajo el número 649/08.
III.3.a. Analizadas las actuaciones administrativas, cabe advertir en primer lugar que esta Suprema Corte tiene dicho que las nulidades por vicios procedimentales son establecidas a fin de evitar que el incumplimiento de las formas se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o las coloque en estado de indefensión. Si no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto, ni se ha puesto en evidencia la infracción de la garantía de defensa en juicio, no hay motivo para predicar la invalidez del acto. Las formas rituales no constituyen un fin en sí mismas, salvo supuestos excepcionales, que por su carácter esencial o por afectar derechos humanos o personalísimos indisponibles, conlleven por su sola infracción la nulidad absoluta del acto (conf. doctr. causa B. 65.185, "YPF S.A.", sent. de 20-IX-2017).
En la especie, la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia y mediante afirmaciones dogmáticas estimó que a lo largo del procedimiento sumarial se reportaron lesiones o menoscabos del derecho de la accionante a ser oída, a ofrecer o producir prueba y a obtener una decisión fundada.
Ahora bien, para ello se soslayó que la inspección que originó el acta de infracción se llevó a cabo en presencia de las autoridades del IPLyC y del personal del bingo. Se obvió también que la empresa accionante tomó vista de las actuaciones, extrajo fotocopias de las mismas y que interpuso recurso de revocatoria, el que luego amplió en sus fundamentos, acompañando profusa prueba documental. Asimismo, se omitió considerar la intervención de la Dirección Jurídico Legal y de la Asesoría General de Gobierno en el trámite del expediente (conforme el repaso de antecedentes efectuado supra), dictaminando esta última en favor de la infractora. Tampoco se evaluó la circunstancia de que se hizo lugar al recurso administrativo interpuesto, reduciéndose la multa principal en un 85% del monto original impuesto, lo que evidencia que no solo pudo ejercer en debida forma su derecho de defensa en juicio, sino que se atendieron las defensas planteadas.
Lo expuesto da cuenta tanto de la actividad administrativa como de la recursiva desplegada por la empresa gerenciadora del bingo y despeja toda duda en orden a su debida intervención en el procedimiento administrativo previo.
III.3.b. Como se adelantara, incurriendo en un absurdo en la valoración de las constancias de la causa, la Cámara actuante -por mayoría- confirmó la decisión de grado mediante la cual se dispuso la nulidad de la resolución 269/08 sobre la base de la ausencia de previa intervención de la firma actora, como la falta de dictamen jurídico previo, negando cualquier efecto subsan
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