Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75193
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y se revoca la sentencia obrante a fs. 263/266 (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia de origen a fin de que continúe el proceso según su estado (arts. 278, 289 y 291, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 51 y 60 inc. 1, CCA y 68, 274 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.193, "Molina, José Salvador contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 263/266).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 267/275), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 277/278.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 283) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor José Salvador Molina, promovió demanda contencioso administrativa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se anule el acto administrativo que rechazó su presentación de fecha 18 de enero de 2016, por la cual solicitara la nulidad de la notificación que le comunicaba la decisión de no renovar el contrato de locación de servicios que lo vinculaba con dicha institución. Asimismo, peticionó la suspensión de la ejecutoriedad de esa medida a fin de ser reincorporado en el cargo (v. fs. 21 vta.).
II. Oportunamente se presentó la demandada y opuso la excepción de inadmisibilidad de la pretensión por considerar que el acto invocado como causa del reclamo se encontraba firme y consentido (cfr. art. 35 inc. 1 apdo. "i", CCA).
Refirió que el actor se vinculó con su mandante mediante contratos de empleo público por tiempo determinado -siendo el último con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015- y que se le notificó del cese del vínculo a partir del 1 de enero de 2016, mediante carta documento de fecha 1 de diciembre de 2015 y notificación personal efectuada por el accionante el 2 de diciembre de 2015.
Sostuvo que recién con fecha 18 de enero de 2016, el actor formuló presentación ante el Banco, planteando la nulidad de la notificación del cese del vínculo y pidiendo vista de las actuaciones administrativas, la cual fuera rechazada por extemporánea, mediante resolución de la Gerencia de Gestión de las Personas del Banco Provincia que fuera notificada al actor personalmente con fecha 31 de marzo de 2016.
III. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (cfr. art. 35 inc. 1 apdo. "i", CCA).
Para ello, sostuvo que la decisión que determinó el cese de la relación laboral -atento el vencimiento del plazo estipulado en el contrato-, que fuera notificada al actor con fecha 1 de diciembre de 2015, devino firme en sede administrativa en virtud de la extemporaneidad del planteo efectuado por el interesado, el cual fuera presentado el 18 de enero de 2016, es decir, más de un mes después de notificada la recisión del contrato (v. fs. 236/240 vta.).
IV. A su turno la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación esgrimido por el accionante y confirmó el pronunciamiento de grado (v. fs. 263/266).
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- consideró que el recurrente no logró acreditar el error de juzgamiento que alegó configurado en la sentencia de primera instancia.
Preliminarmente, con base en las actuaciones administrativas incorporadas a la causa, reseñó: i) que el actor celebró con la entidad bancaria demandada un contrato de empleo por tiempo determinado, destinado a regir desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015; ii) que con fecha 1 de diciembre de 2015 se le comunicó, mediante carta documento, que el día 31 de diciembre de 2015 se cumplía el plazo contractual y que, en consecuencia, cesaba el vínculo laboral a partir del día siguiente; iii) que con fecha 18 de enero de 2016 el actor planteó la nulidad de la notificación y solicitó vista de las actuaciones; iv) que ante el rechazo a su reclamo, interpuso la presente acción y la parte demandada opuso excepción de inadmisibilidad de la pretensión, de conformidad con lo previsto por el art. 35 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
En ese contexto, sostuvo que el cese del vínculo laboral quedó consentido en sede administrativa, motivo por el cual consideró que debía confirmarse lo resuelto por la jueza a quo .
Por su parte, señaló que la notificación cuestionada contenía los elementos para imponer adecuadamente al recurrente del conocimiento de las circunstancias que dieran lugar a la decisión de dar por concluida la relación laboral existente y que se advertía tardíamente ejercida su posibilidad impugnatoria, sin que el apelante hubiere aportado argumentos suficientes a fin de conmover lo decidido por la magistrada de grado.
V. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 267/275) en el que denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 y 166 párrafo quinto de la Constitución provincial; así como de la doctrina legal de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Arguyó que el agotamiento de la vía administrativa se ha convertido en un procedimiento excepcional, en pos de facilitar el acceso a la justicia.
Sostuvo que exigir el agotamiento de la vía cuando la Administración no ha dado respuesta a los planteos efectuados en dicha sede, ni ha notificado en forma fehaciente el dictado del pertinente acto administrativo, constituiría una carga excesiva o inútil (art. 14, inc. 1, apdo. "b", CCA), lesiva del derecho de defensa en juicio (art. 15, Const. prov.).
VI. La impugnación debe prosperar toda vez que el tema en debate ha sido resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos al sub lite (cfr. art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
En efecto, en las causas A. 70.396, "Franchetti" (sent. de 19-X-2011) y A. 70.210, "Zancochia" (sent. de 29-VIII-2018), esta Suprema Corte señaló el error en que incurriera la Cámara al considerar extemporánea la impugnación realizada por el actor contra la notificación de la decisión de no renovar su designación vencido el plazo estipulado. Ello básicamente, porque soslayó la circunstancia de que tal diligencia carecía de las notas típicas de los actos administrativos que motorizan las cargas impugnatorias.
En ese sentido, se señaló que, de la lectura de dichas comunicaciones, se advertía que ellas no podían ser consideradas notificaciones válidas, ya que no era posible determinar cuál era el acto administrativo cuya notificación intentaban realizar y no se individualizaba expediente alguno, no reuniendo de tal manera los requisitos previstos en la norma (arts. 62 y 67, dec. ley 7.647/70).
Así, se concluyó que los fallos en cuestión habían interpretado y aplicado erróneamente al caso lo dispuesto por los arts. 166 de la Constitución provincial; 14 y 35 de la ley 12.008, texto según ley 13.101, circunstancias que habilitaban el control casatorio en esta instancia (art. 279, CPCC).
Como se advierte, las circunstancias que rodean dichas causas son idénticas a la aquí debatida, en tanto el a quo omitió ponderar que la comunicación efectuada por el Banco demandado para disponer el cese de la relación laboral de la actora, no reunía los requisitos típicos exigidos para los actos administrativos que motorizan las cargas impugnatorias.
VII. A mérito de lo expuesto y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y revocar la sentencia obrante a fs. 263/266 (art. 31 bis, cit.). En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia de origen a fin de que continúe el proceso según su estado (cfr. arts. 278, 289 y 291, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 51 y 60 inc. 1, CCA; 68, 274 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Sobre la base de los elementos que seguidamente serán expuestos, considero que el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento no puede progresar.
El contrato a término -en cuestión- se extinguió debido a la expiración de su plazo (1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015). Este detalle era conocido por el actor y así le fue informado (1 de diciembre de 2015). Adicionalmente se le comunicó que el mismo no sería renovado.
De las cláusulas de la contratación, no se advierte un imperativo que indique que tal situación debía ser notificada.
El accionante tomó conocimiento en forma personal el día 2 de diciembre de 2015, deduciendo recurso administrativo con fecha 18 de enero de 2016. En esa oportunidad señaló la nulidad de la notificación del cese del vínculo, además de solicitar vista de las actuaciones administrativas.
La respuesta de la demandada fijó su extemporaneidad mediante resolución de la Gerencia de Gestión de las Personas del Banco Provincia que fuera notificada al actor personalmente con fecha 31 de marzo de 2016.
El representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se opuso al progreso formal de la demanda, lo que así resolvió el magistrado de primera instancia y luego confirmó la Cámara actuante.
I.2. Si bien no se registra un acto administrativo dictado por la autoridad con competencia resolutoria final, que movilizara la actividad procesal tendiente a satisfacer los recaudos de admisibilidad de la pretensión, también es claro que dichas cargas impugnatorias y el consecuente desarrollo del plazo para presentar la demanda no escapan a este supuesto.
I.3. En efecto, transcurrido prácticamente un mes desde que el actor personalmente tomó conocimiento de la decisión dedujo su presentación administrativa, para finalmente deducir la demanda el 5 de mayo de 2016.
Es decir, que a partir de la fecha de la notificación personal del día 2 de diciembre de 2015, el término fijado en el art. 18 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- al 5 de mayo de 2016 se encontraba agotado, sin que la deducción de un recurso extemporáneo permitiese su interrupción.
I.4. De otro lado al demandar fundamentó su tesitura en virtud de considerar ilegítimo el temperamento de la entidad bancaria y carente de motivación.
En tal orden de ideas, es evidente que, a pesar de la ausencia de un acto administrativo de la autoridad con competencia resolutoria final, se ha impugnado una decisión dictada por los órganos de la demandada y tachadas de ilegítimas, la que fue conocida por el actor en debida forma.
I.5. Cierto es que la referida tarea impugnatoria y el consecuente desarrollo del plazo para presentar la demanda se revelan de manera predominante en el ámbito de las pretensiones que persiguen la anulación de actos administrativos.
Sin embargo, tal detalle no le es exclusivo. Este puede resultar preceptivo ante la presencia de otras manifestaciones expresas de contenido administrativo.
I.6. En autos la demanda se ha fundamentado en el art. 12 incs. 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo, y ha desarrollado argumentos tendientes a la ilegitimidad de la resolución adoptada por la accionada.
No se me escapa que allí se ha solicitado el restablecimiento del vínculo de empleo -detalle que dispensaría de la carga procesal en tratamiento-, más ello lo ha sido como corolario de una previa censura de lo actuado por la entidad bancaria.
He de allí que en este caso el transcurso del plazo fijado en el art. 18 del Código Contencioso Administrativo es una consecuencia natural e ineludible tanto de la actuación como de la manera de postular elegida por el actor.
A mérito de ello, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
La causa en tratamiento resulta análoga a las ya votadas A. 70.210, Zancochia y A. 70.396, Franchetti, en consecuencia y por los mismos fundamentos, adhiero al voto de la doctora Kogan.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan , votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y se revoca la sentencia obrante a fs. 263/266 (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia de origen a fin de que continúe el proceso según su estado (arts. 278, 289 y 291, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 51 y 60 inc. 1, CCA y 68, 274 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 09:31:17 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:13:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:10:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 17:47:42 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 10:22:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 11:25:49 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia