Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75717
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la revocatoria planteada (art. 290 CPCC).
II. Denegar la concesión del recurso extraordinario federal articulado (art. 257, CPCCN). Con costas (art. 68, CPCC).
A.75.717 "DOBLER JUAN CARLOS C/ PODER EJECUTIVO Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 04 de marzo de 2020.
I. Contra el pronunciamiento de este Tribunal que declaró mal concedido el recurso de inaplicabilidad de ley articulado por la demandada, en razón de la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, tal como lo establece el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 221/222), dicha parte deduce recurso de revocatoria. Expresa que oportunamente, para tornar inoponible e inconstitucional el filtro económico de la norma citada, alegó gravedad institucional y cuestión federal, así como la presencia de un notorio interés público, habilitante de la excepción prevista en el art. 31 bis de la ley 5827, y que se omitió evaluar y brindar respuesta a tales planteos (v. presentación electrónica de fecha 3-X-2019).
Con posterioridad, interpuso también recurso extraordinario federal contra aquel decisorio. En su presentación alega la vulneración de los derechos y garantías previstos en los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional, arbitrariedad de la sentencia y gravedad institucional (v. fs. 225/237).
Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 239), el mismo fue contestado por la apoderada de la parte actora (v. fs. 246/250).
II. Respecto de la revocatoria deducida corresponde señalar en torno a la omisión de tratamiento de las cuestiones relativas a la inexigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278 respecto del valor del litigio, con cita de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos 308:490) y "Di Mascio" (Fallos 311:2478), que no se observa en el sub lite motivo alguno que autorice a hacer excepción a la postura aludida, sobre la base de la referida doctrina, por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (doctr. causas Q. 72.162, "Nico", resol. de 9-X-2013; A. 70.721, "Fisco c/ Petit Four", resol. de 5-III-2014; Q. 73.625, "Cablevisión S.A.", resol. de 20-V-2015; Q. 75.359, "Interbas SA", resol. de 29-VIII-2018, A. 75896, "Burgueño", resol. de 30-X-2019).
En efecto, el embate se vincula a cuestiones de derecho común y local -en el caso, el reconocimiento de un derecho indemnizatorio por aplicación del art. 116 inc. "e", apartado 3 del decreto ley 9550/80-, que denota que en el caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal.
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional", si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (CSJN Fallos 303:221; doctr. causas Q. 73.948, "Scarimbolo", resol. de 25-XI-2015, Q. 74.063, "Bernuzzi", resol. de 20-IV-2016 y A. 74.781, "Veronesi", resol. de 3-V-2018), circunstancia que se constata ausente en el caso.
Tampoco se aprecia la existencia de un notorio interés público comprometido que autorice a esta Corte -con carácter excepcional- a prescindir del requisito de admisibilidad mencionado (art. 31 bis, último párrafo, ley 5827).
En virtud de lo señalado corresponde el rechazo de la revocatoria deducida por la demandada.
III. Pasando al tratamiento de la vía federal articulada contra el mismo pronunciamiento, corresponde agregar a los fundamentos antes señalados que las decisiones que declaran la inadmisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales no justifican como regla la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (art. 14, ley 48; Fallos 310:1542; 325:2192, 1145).
El embate en consideración carece de un planteo suficiente (arts. 14 y 15, ley 48) para admitir el andamiaje formal del extraordinario federal articulado, en tanto la fundamentación aportada no permite avizorar -prima facie- la existencia de un supuesto excepcional que autorice la concesión de la vía impugnativa en tratamiento cuando lo que está en juego es la determinación de la competencia de los tribunales locales y la interpretación de la normativa procesal que le da sustento.
Es pertinente tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (Fallos 329:2206).
Por otra parte, tratándose de cuestiones no federales, es particularmente restringida la consideración de la tacha de arbitrariedad y, siendo que el embate no expresa argumentos que prima facie valorados sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de carácter excepcional, corresponde su rechazo.
Finalmente, respecto de la gravedad institucional alegada por el impugnante, no puede perderse de vista que, en caso de concurrir, solo faculta al Tribunal para prescindir de ciertos extremos formales, pero no a suplir la inexistencia de cuestión federal (doctr. causa B. 51.812 "Empresa Argentina de Constructora Públicas", resol. de 21-VI-2006; CSJN Fallos: 311:120), requisito que, por lo señalado, no se encuentra cumplido en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la revocatoria planteada (art. 290 CPCC).
II. Denegar la concesión del recurso extraordinario federal articulado (art. 257, CPCCN). Con costas (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Pe-Ko-To
Reg. Nº 43
Fin de la sentencia