Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73235
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.235, "Sinagra, Oscar Héctor contra Instituto de Previsión Social (IPS). Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Kogan, Torres, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar, por mayoría, al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocó la sentencia que había acogido la pretensión deducida en autos (v. fs. 175/180).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/188), el que fue concedido por la Cámara actuante mediante el decisorio obrante a fs. 190/191.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 203) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida por el actor y ordenó al Instituto de Previsión Social reajustar el beneficio jubilatorio conforme la remuneración correspondiente al cargo de Contador General de la Municipalidad de Florencio Varela.
Para así resolver señaló que en autos se hallaba acreditado que el señor Sinagra ocupó el cargo de Director de Contaduría en el municipio mencionado y que, a través del decreto 2.494/05, se confirió a dicho cargo el rango de Contaduría General, habiendo sido éste el cargo tomado como base para la determinación del haber.
Advirtió que tales circunstancias surgen acreditadas de la certificación de servicios expedida por el municipio accionado, con fecha 22 de junio de 2000, en la que consta que el señor Sinagra se desempeñó como Director de Contaduría (v. fs. 107, expte. adm.), y el decreto de cese 380/69 que también refiere al accionante como Director de Contaduría (v. fs. 109, expte. adm.).
Señaló que ello debe sumarse a lo que resulta del informe expedido por la Directora General de Personal de la Municipalidad de Florencio Varela, de fecha 17 de noviembre de 2006, del que surge que el cargo que ocupó el señor Sinagra tuvo varias denominaciones tales como Contador y Contador General, agregándose que desde el día 1 de septiembre de 2005 se le otorgó el rango de Contador General, dentro del Agrupamiento Ocupacional Personal Superior, obrando en la escala salarial con la categoría 432 (decreto 2.494/05).
Por lo tanto, consideró que se trató del mismo cargo reestructurado, correspondiendo efectuar la debida correlación y, en consecuencia, reconoció al accionante el derecho al reajuste de su haber jubilatorio.
I.2. Contra esa sentencia la demandada interpuso recurso de apelación (v. fs. 153/155).
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar, por mayoría, al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocó la sentencia de primera instancia (v. fs. 175/180).
Para ello advirtió que el desempeño del actor en el máximo nivel del organismo antes de su reestructuración (Director de Contaduría) por decreto 2.494/05 (art. 2), que modificó la estructura del organismo, no es suficiente para justificar en él un ejercicio equivalente al nuevo cargo de Contador General así determinado, pues lo cierto es que el mantenimiento de la individualidad presupuestaria del que constituyó la base de percepción del beneficio, dentro de la nueva estructura y su situación de revista al cese en la comuna de Florencio Varela en el agrupamiento jerárquico (categoría 7 con carga horaria de 30 hs.), a diferencia de cuanto corresponde al rango más alto después del indicado decreto (categoría 432 "Personal Superior" sin carga horaria), conforman un núcleo de circunstancias suficientes para derivar en la falta de sostén de su reclamo de equiparación (arts. 50 y 51 y concs., dec. ley 9.650/80; cita fs. 218 y 222/228, expte. adm. 2.803-49.515.88).
De ese modo, la mayoría de los integrantes del Tribunal de Alzada concluyó en que el contexto descripto muestra en el demandante una situación de revista pasiva que mantiene su correlación con un cargo del agrupamiento jerárquico que no se corresponde con el que reclama.
I.4. Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/188).
Explicó que su derecho jubilatorio lo obtuvo con base en el cargo de Contador municipal desempeñado durante el período comprendido entre los días 30 de junio de 1964 y 30 de abril de 1969, siendo la máxima autoridad del área contable de la comuna, con el cargo superior jerárquico de la escala administrativa, equivalente a las funciones que actualmente desempeña el Contador General (categoría 432).
Denunció violación de la doctrina legal de esta Corte en la materia, y sostuvo que en el caso no existió imposibilidad de establecer la equivalencia entre los cargos de Contador municipal y Contador General, siendo ambos los superiores jerárquicos en el Área Contable, con las mismas funciones y misiones, existiendo correspondencia funcional entre el cargo ejercido y el pretendido.
II. El recurso prospera.
En mi criterio, los argumentos introducidos por el recurrente se muestran hábiles para revocar la sentencia impugnada.
II.1. Para decidir el rechazo de la pretensión, la Cámara sostuvo que el mantenimiento de la individualidad presupuestaria del cargo base del beneficio, con posterioridad a la nueva estructura del organismo aprobada por el decreto 2.494/05, así como la situación de revista al momento del cese en el agrupamiento jerárquico, a diferencia del cargo pretendido -personal superior-, eran motivos suficientes para derivar en la falta de sostén de su reclamo de equiparación (arts. 50 y 51 y concs., dec. ley 9.650/80).
Por su parte, el actor plantea que el cargo por él desempeñado en el municipio era el superior en la escala jerárquica, de carácter unipersonal y con cumplimiento de todas las funciones que actualmente cumple el Contador General, quien resulta ubicado como personal superior sin carga horaria.
Considera así acreditado que, mediante el decreto 2.494/05, se confirió a dicho cargo -Director de Contaduría- el rango de Contaduría General.
II.2. En primer lugar, cabe recordar que la correlación de cargos en materia de reajuste de beneficios reposa en el principio de movilidad consagrado en el art. 50 del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994) y permite actualizar los haberes en los casos en que se presenten dificultades en la individualización del cargo presupuestario, o cuando el que determinó el haber inicial ha sido reestructurado o suprimido. El criterio rector adoptado en este punto estriba en equiparar el cargo de mayor jerarquía desempeñado por el jubilado -que es el que ha desaparecido o cambiado de denominación- con el cargo que actualmente tiene asignadas funciones iguales o similares.
De allí la necesidad de garantizar una adecuada proporcionalidad entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño de la función tenida en cuenta para la determinación del haber (doctr. causas B. 53.106, "Infante", sent. de 18-VIII-1992, "Acuerdos y Sentencias", 1992-III-172; B. 53.042, "Ferreyra", sent. de 12-III-1993; B. 53.898, "Blanco", sent. de 20-VIII-1996; B. 56.081, "Panelli", sent. de 8-IV-1997,"Acuerdos y Sentencias", 1997-I-881; B. 55.975, "Gut", sent. de 28-VI-2000; B. 58.301, "Carpinetti", sent. de 21-VI-2000; B. 54.881, "Poggio", sent de 19-III-2003; B. 60.505, "Barbalarga", sent. de 27-X-2004; B. 61.255, "Bidart", sent. de 21-V-2008; B. 55.884, "Aguiar Tassano", sent. de 3-III-2010; B. 63.220, "Giffi", sent. de 22-IX-2010 e I. 68.019, "Rossi", sent. de 14-IX-2011).
En virtud del principio de proporcionalidad, el haber previsional del cargo regulatorio ha de ser determinado por la remuneración que percibe el activo (doctr. causa B. 60.933, "Ninet", sent. de 22-X-2003 y sus citas; e.o.).
En el caso, tanto los informes brindados por la Municipalidad de Florencio Varela, como lo que surge de los propios términos del decreto 2.494/05, son demostrativos de la equivalencia del cargo de Director de Contaduría desempeñado por el actor con el nuevo cargo de Contador General.
En efecto, mediante el dictado del decreto 2.494/05 se otorgó el rango de Contaduría General a la hasta ese momento Dirección de Contaduría, ratificándose en el cargo a quien fuese titular de la Dirección de Contaduría.
Asimismo, en los considerandos de dicho acto se señala que "...en virtud de la importancia legal y operativa de las áreas mencionadas, se debe otorgar a las mismas el rango correspondiente".
Por su parte, el informe elaborado por la Dirección General de Personal del municipio indica que el actor desempeñó el cargo de Contador de esa comuna, siendo el funcionario de máximo nivel del área contable, especificando, a su vez, que dicho cargo tuvo diferentes denominaciones, a saber, Contador y Director de Contaduría, siendo que desde el día 1 de septiembre de 2005, según decreto 2.494/05, se le otorgó rango de Contador General dentro del agrupamiento ocupacional personal superior, obrando en la escala salarial con la categoría 432 (v. fs. 222, expte. adm.).
Conforme lo expuesto, considero que en el caso se halla acreditado que el actor ocupó el cargo de Director de Contaduría en la Municipalidad de Florencio Varela, y que a través del decreto 2.494/05 se confirió a dicho cargo el rango de Contaduría General, habiendo sido éste el cargo tomado como base para la determinación del haber.
III. Por las razones dadas, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar, en consecuencia, la sentencia apelada, confirmando así la dictada en primera instancia (art. 289, CPCC).
Las costas generadas en las instancias de grado se imponen a la demandada vencida (conf. art. 51, inc. 1, ley 12.008, texto según ley 14.437), al igual que las de esta instancia extraordinaria (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Habré de prestar mi adhesión al distinguido colega que abre el acuerdo en cuanto acoge el recurso extraordinario traído como así el objeto inmediato de la pretensión, propiciando anular las resoluciones 2.873/07 y 2.938/08 del Instituto de Previsión Social por las que se rechazó la solicitud de revisión del cargo de Contador municipal, por el que se había oportunamente ajustado su haber previsional (conf. resol. 488.673/01), con la de Contador General de la Municipalidad de Florencio Varela (rango otorgado por decreto municipal 2.494/05 a la entonces Dirección de Contaduría) y se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la primera.
Me apartaré sin embargo en cuanto también recepta el objeto mediato de la pretensión y disponiendo de hecho la correlación, por ser esta una facultad propia del Poder Ejecutivo (art. 51, dec. ley 9.650/80, t.o. dec. 600/94), sin perjuicio claro está de su eventual ulterior revisión jurisdiccional a petición de parte.
I. Liminarmente señalaré que surge sin hesitación de los escritos postulatorios (v. fs. 27/30 vta. y 49/56) que las partes se encuentran contestes en que el aquí accionante, contador público nacional Oscar Héctor Sinagra (DNI 5.157.956 Clase 1936), se desempeñó en la Municipalidad de Florencio Varela como Contador municipal (arts. 77 inc. 1, CCA; 354 inc. 1 y 375 contrario sensu, CPCC).
Asimismo, que por el antes mencionado decreto 2.494/05 de la Municipalidad de Florencio Varela se otorgó el rango de Dirección General a la entonces Dirección de Contaduría, en cuyo cargo se había desempeñado el aquí accionante entre los días 1 de julio de 1964 y 30 de abril de 1969, según constancias de autos (v. fs. 227/28, 107 y 109, exp. adm. agregado sin acumular).
II. De los considerandos del precepto de marras surge que el otorgamiento del nuevo rango no obedeció a la creación de una nueva estructura orgánica funcional, más amplia y con otras misiones y funciones, sino lisa y llanamente a la necesidad de jerarquizar a su titular en atención a las responsabilidades que le competen en función de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Desde esa plataforma cognoscitiva juzgo que el presente caso difiere de los precedentes B. 49.157, "Morcillo", sentencia de 9-VI-1987 y B. 62.350, "De Luca", sentencia de 2-VI-2004, toda vez que en éstos la reforma era claramente hacia adelante estableciendo nuevas estructuras y una nueva designación para quien iba a estar al frente de la misma.
En el sub examen, el entonces Contador municipal fue meramente ratificado en el cargo así jerarquizado.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
El recurso no prospera. Ninguno de los motivos expuestos por el recurrente resultan suficientes para revocar el fallo del Tribunal de Alzada.
I. Para decidir el rechazo de la pretensión, la Cámara sostuvo que el mantenimiento de la individualidad presupuestaria del cargo base del beneficio, con posteridad a la nueva estructura del organismo aprobada por decreto 2.494/05, así como la situación de revista al momento del cese en el agrupamiento jerárquico, a diferencia del cargo pretendido -personal superior- eran motivos suficientes para derivar en la falta de sostén de su reclamo de equiparación (arts. 50 y 51 y concs., dec. ley 9.650/80).
La correlación de cargos en materia de reajuste de beneficios reposa en el principio de movilidad consagrado en el art. 50 del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994) y permite actualizar los haberes en los casos en que se presenten dificultades en la individualización del cargo presupuestario, o cuando el que determinó el haber inicial ha sido reestructurado o suprimido. El criterio rector adoptado en este punto estriba en equiparar el cargo de mayor jerarquía desempeñado por el jubilado -que es el que ha desaparecido o cambiado de denominación- con el cargo que actualmente tiene asignadas funciones iguales o similares.
Por el contrario, encontrándose determinado el cargo prestado por el jubilado y conservando éste individualidad presupuestaria, debe estarse a los sueldos que se abonan a los activos por igual función.
Ello me lleva a considerar, tal como lo resolvió la Cámara actuante, que la situación previsional del demandante no ofrece dificultad desde el punto de vista de la individualización del cargo sobre cuya base se determinó el haber a partir de la concesión del beneficio.
II. En cuanto a la invocada violación de doctrina legal, tiene dicho esta Corte que tal vicio llega a invalidar un acto jurisdiccional cuando el tribunal ha determinado la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas A. 68.826, sent. de 5-XII-2008; A. 69.210, sent. de 26-VIII-2009; A. 70.410, "Farmacia Española SCS", sent. de 18-V-2011 y A. 69.981, "Farmacia Lipstein", sent. de 31-VIII-2011).
De este modo, sólo será suficiente un remedio extraordinario como el intentado cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Suprema Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. causa Ac. 84.617, sent. de 5-V-2014 y sus citas; e.o.). Requisitos que, en mi opinión, no fueron cumplidos por el recurrente de autos. Por el contrario, sólo se limitó a citar extractos de doctrina emanada de algunos fallos, en los que se hace mención al principio de proporcionalidad en materia previsional. Pero no llegó a esbozar, siquiera, cuál es la analogía que esos supuestos guardan con el caso, tornando insuficiente al planteo ensayado.
III. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los agravios traídos a esta instancia, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto no puede prosperar (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2020 10:54:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2020 11:30:00 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 11:57:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 13:35:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 19:30:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2020 12:23:24 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2020 13:10:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia