Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74659
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.659, "Valot, Eduardo Alfredo contra Provincia de Buenos Aires y Otro. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -por mayoría- hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia reduciendo la suma total de condena a ciento treinta mil pesos ($130.000) y la confirmó en lo restante.
Disconformes con ese pronunciamiento , ambas partes interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La jueza de Primera Instancia a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la acción contencioso administrativa promovida por el señor Eduardo Alfredo Valot contra la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia: declaró la nulidad de la resolución de incompetencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación, recaída en el expediente nº 2307-5652/98 y ordenó la exclusión del actor del padrón de contribuyentes del impuesto inmobiliario, en relación a los inmuebles matrículas n° 7226, 7225, 7224, 7223 y 7222, en forma retroactiva al 18 de marzo de 1988 y la baja de toda deuda por dicho impuesto (conf. arts. 12 incs. 1, 3 y concs., 50 incs. 2, 6 y concs., CCA; 7, 87 y 143, Cód. Fiscal, t.o. 2.004; 28, Const. nac.; 522, 1.068, 1.078, 1.112 y 2.513, Cód. Civ. y 165, 384 y 474 y concs., CPCC). Por último, admitió la pretensión resarcitoria contra el Estado provincial, condenándolo a pagar la suma de tres millones quinientos ochenta mil pesos ($3.580.000), en concepto de daño por pérdida de chance, moral y psíquico; más intereses y costas.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, modificó parcialmente la sentencia impugnada, dejando sin efecto la indemnización fijada en concepto de pérdida de chance y reduciendo la otorgada por daño moral y psíquico, imponiendo las costas en el orden causado (cfr. art. 51, CCA).
Para así decidir, y en lo que interesa a los recursos extraordinarios interpuestos, el Tribunal de Alzada reseñó -previo a resolver los agravios expuestos por ambas partes- las constancias relevantes de la causa (expte. adm. nº 2307-5652/98 y agregado nº 2306-71.382/99, causas judiciales n° 42.082 -reivindicación- y n° 46.802 -expropiación-, ambas tramitadas ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 10 de Lomas de Zamora) y puntualizó:
Que del juicio de reivindicación iniciado por el señor Valot, surgía que con fecha 18 de marzo de 1988 resultó desposeído de los inmuebles de su propiedad (matrículas n° 7222, 7223, 7224, 7225 y 7226 del Partido de Avellaneda).
Que los citados terrenos se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación por ley 11.182 (B.O. de 8-XI-1992).
Que, en el marco del juicio expropiatorio iniciado por la Provincia, con fecha 1 de febrero de 1999 se decretó una medida cautelar de prohibición de innovar respecto de los bienes afectados y se ordenó al Fisco provincial abstenerse de requerir por la vía de apremio los tributos devengados a partir de la fecha de ocupación de los terrenos (18-III-1988) y hasta que recayera sentencia definitiva, lo cual aconteció el 8 de febrero de 2006.
Que, en respuesta al reclamo administrativo efectuado por el actor, la Subdirección de Técnica Tributaria de la ex Dirección Provincial de Rentas emitió el informe 27/00, en el que se indicó que el señor Valot -en su carácter de propietario de los inmuebles- resultaba el obligado al pago del impuesto inmobiliario, ello hasta que el Estado provincial tomara efectiva posesión de los inmuebles, circunstancia acaecida el 29 de junio de 2000.
Que, con motivo de las construcciones realizadas por los ocupantes en los terrenos y su incidencia en materia de impuesto inmobiliario, el actor inició ante la Dirección Provincial de Catastro Territorial el expediente n° 2335-14.884/96, en el cual el Tribunal Fiscal de Apelación dictó resolución con fecha 20 de junio de 2002, mediante la cual concluyó que el actor no revestía el carácter de sujeto pasivo de la obligación tributaria, luego de verificada la desposesión.
Que, el 21 de mayo de 2002, la ex Dirección Provincial de Rentas había intimado al contribuyente para que dentro de los cinco días hábiles acreditare el cumplimiento del impuesto inmobiliario respecto a las partidas involucradas, siendo tal intimación impugnada ante el Tribunal Fiscal de Apelación, quien en esa oportunidad, mediante resolución 502/05, se declaró incompetente con base en que dicha intimación no resultaba apelable ante ese tribunal (art. 104, Cód. Fiscal).
II.1. En ese contexto, se abocó al tratamiento de las críticas esgrimidas por el fisco demandado. En primer lugar, se refirió a la nulidad de la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal de Apelación y a la alegada falta de decisión sobre la cuestión de fondo que permita su revisión.
II.1.a. Indicó -a dicho respecto- que compartía lo decidido por la jueza a quo , por cuanto resultaba contradictoria la conducta de la accionada, quien, por un lado, esgrimió que no había recaído decisión de autoridad competente sobre el tema de fondo -esto es la exigibilidad respecto del actor de la deuda en cuestión- y por otro, procedió a intimarlo para su pago bajo apercibimiento de ejecución; conducta que consideró iba en desmedro de la seguridad jurídica, con afectación del derecho de defensa del contribuyente; máxime cuando esa situación se reiteró con motivo de las acciones ejecutorias en procura del cobro de la deuda del impuesto en cuestión, que dieran lugar al dictado de una medida cautelar tendiente a impedir tal ejecución.
Por otra parte, estimó que lo resuelto por la jueza de grado resultaba acorde con el principio de economía procesal -al advertir el tiempo transcurrido desde la formulación del planteo actoral en sede administrativa- validando así el tratamiento del tema fondal del caso -sin reenvío al organismo fiscal- atento las diversas pretensiones articuladas por el accionante (v.gr. reconocimiento de derechos e indemnizatoria).
II.1.b. En relación a los agravios tendientes a cuestionar la exclusión del actor del padrón de contribuyentes, señaló:
Que el art. 129 del Código Fiscal contemplaba entre los posibles sujetos obligados al pago del impuesto inmobiliario, no sólo al titular registral del inmueble, sino también -en lo que al caso concierne- a los poseedores a título de dueño.
En esta inteligencia, advirtió que resultó suficientemente acreditada la posesión y el animus domini por parte de los ocupantes de las parcelas en cuestión, conforme la manda del art. 2.373 del Código Civil (vigente al tiempo de los sucesos de marras).
Indicó también que el Tribunal Fiscal de Apelación, con fecha 20 de junio de 2002, dictaminó en favor de la inexigibilidad al actor del pago de diferencias en concepto de impuesto inmobiliario, con motivo de mejoras realizadas por los ocupantes luego de verificada la desposesión; y que el propio organismo tributario -en casos de idéntica configuración fáctica al de autos- contempló la posibilidad de que exista un "poseedor a título de dueño" en su carácter de contribuyente de aquel, ante la existencia de usurpación del inmueble comprometido (cfr. informes 49/95, 20-III-1995 y 214/02, 23-X-2002, Dir. Téc. Trib. DPR Bs. As.; en especial informes 11/03 y 48/07).
Como corolario, concluyó que el titular registral del bien reviste el carácter de sujeto pasivo del impuesto hasta el momento en que se acredite fehacientemente su desplazamiento por un tercero poseedor a título de dueño, como efectivamente acaeció en autos (arg. art. 129, Cód. Fiscal, t.o. 1999), por lo cual -señaló- resultaba ajustado a derecho el pronunciamiento de grado en cuanto resolviera dar de baja al actor del padrón de contribuyentes del impuesto inmobiliario, a partir de la fecha judicialmente constatada -y no controvertida- de desposesión con motivo de su ocupación ilegal, ocurrida el 18 de marzo de 1988.
II.2. Seguidamente, abordó el aspecto del decisorio referido a la pretensión indemnizatoria, que resultara objeto de impugnación por ambas partes, tratando en primer lugar los agravios de la demandada, en tanto los de la parte actora se limitaban a los rubros indemnizatorios y los intereses aplicados.
II.2.a. En este cometido, puntualizó que resultaban aplicables al caso los arts. 1.112 y 1.113 del derogado Código Civil y que no se encontraba controvertida la atribución de responsabilidad estatal por falta de servicio, configurada por el irregular accionar provincial con motivo de la ejecución por vía de apremio de la deuda en cuestión, en incumplimiento de la medida cautelar de no innovar dictada en el juicio de expropiación.
Luego, estimó que asistía razón a la accionada en cuanto objetó el alcance de la responsabilidad, pues consideró que no cabía incluir como hechos dañosos, a las medidas cautelares de embargo de cuentas (3-X-2006) e inhibición general de bienes (28-VIII-2007), ya que estas fueron trabadas cuando ya no se encontraba vigente la referida medida cautelar de no innovar (dictada en el proceso expropiatorio), en tanto había acaecido la condición resolutoria a la que se encontraba supeditado su vigor, esto es, el dictado de la sentencia definitiva en dicho juicio expropiatorio, el 19 de junio de 2006.
II.2.b. Posteriormente, desestimó el planteo de prescripción efectuado por el fisco demandado, consistente en que el cómputo del plazo bienal debía efectuarse desde la fecha de inicio de los juicios de apremio tramitados.
Al efecto, la Cámara coincidió con la jueza a quo en cuanto la tuvo por no operada, en virtud de que la demanda fue interpuesta en el mismo año en que se dictó la resolución 502/05, pretensión que tiene por objeto discutir la exigibilidad del impuesto inmobiliario y cuestionar las intimaciones de pago formuladas en la especie. En este contexto consideró que los sucesos dañosos invocados por el actor revistieron carácter continuo –en referencia a las medidas adoptadas en los procesos de apremio en incumplimiento de una manda judicial-.
De tal modo advirtió que el señor Valot no pudo cuestionar la legitimidad del accionar ejecutivo sino hasta una instancia ordinaria posterior, oportunidad en la que efectivamente efectuó la presentación que motivara la postura denegatoria -si bien tácita- relativa a su petición de inexigibilidad de la deuda de marras, que habilitara esta instancia revisora.
II.3. Despejadas las cuestiones referidas a la responsabilidad estatal, examinó la admisibilidad y cuantificación de los daños reconocidos en la sentencia, que fueran objeto de crítica por ambas partes. Para ello, en primer lugar, efectuó una serie de consideraciones sobre el daño resarcible por el accionar estatal, para luego determinar:
II.3.a. Con relación a los daños patrimoniales -que recibieran agravio del actor por su desestimación en la sentencia de primera instancia- confirmó lo resuelto por la jueza a quo en la consideración de que los mismos resultaron objeto del juicio expropiatorio, no siendo atribuibles al presente reclamo tributario.
II.3.b. Posteriormente, dejó sin efecto la indemnización fijada por el rubro pérdida de chance, que la sentencia de grado había estimado en la suma de $3.000.000.
Para ello, ponderó: i) que las medidas cautelares trabadas por el fisco -embargo e inhibición general de bienes- fueron trabadas efectivamente con posterioridad a la sentencia definitiva en el juicio expropiatorio, es decir, cuando ya no estaba vigente la medida precautoria de no innovar oportunamente resuelta; ii) que las pericias industrial y contable invocadas por la iudex , se expedían sobre cuestiones vinculadas con la frustración del proyecto de radicación industrial en los inmuebles expropiados, configurando daños que hallaron su cauce procesal en el juicio expropiatorio y iii) que el actor promovió el presente juicio por derecho propio y sin haber acompañado documentación societaria respaldatoria de su participación en la empresa Valot S.A.
A tenor de lo expuesto, desestimó la procedencia del rubro en cuestión en tanto no advirtió configurado, con suficiente respaldo de probabilidad, la pérdida de oportunidades de negocios o inversiones denunciado por el accionante.
II.3.c. En relación al daño moral, estimó de recibo el agravio de la demandada en lo atinente a la cuantificación que del mismo efectuara la iudex ($500.000), el que juzgó prudente disminuir a la suma de cien mil pesos ($100.000).
Para fundar su decisión, apreció el daño espiritual efectivamente padecido por el demandante en el marco de la sana crítica, teniendo en cuenta pautas interpretativas sobre el tópico basadas en criterios jurisprudenciales y doctrina autoral, como así también señaló la normativa aplicable.
II.3.d. Seguidamente, se expidió sobre el daño psiquiátrico y psicológico, estimando justo su reconocimiento autónomo al daño moral, pero considerando elevado el monto justipreciado en la sentencia de grado, el que fijó -conforme las constancias fácticas y probatorias, apreciadas a tenor de la sana crítica- en la suma de treinta mil pesos ($30.000).
II.3.e. Por último, confirmó la parcela del fallo referida a los intereses.
Para ello, en primer lugar, descartó el agravio actoral, tendiente a que los intereses se computen desde la usurpación o desde que fue iniciado el expediente administrativo (26-V-1999), al advertir que los daños configurativos de la responsabilidad estatal dilucidada en autos, resultaban de fecha posterior a la pretendida por el apelante.
En segundo orden, se refirió a los agravios expuestos en relación a la tasa aplicada, señalando que no resultaba admisible la aplicación de la tasa activa pretendida por el accionante, como tampoco el criterio propiciado por la demandada (tasa pasiva "común"). Ello así en tanto consideró correspondía adoptar el criterio sentado sobre el tópico por esta Suprema Corte en el precedente "Ubertalli" (causa B. 62.488, sent. de 18-V-2016).
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 104 del Código Fiscal; 16, 50 inc. 2, 51, 60 inc. 2, 70, 71 inc. 1 y 76 del Código Contencioso Administrativo; 71 del Código Procesal Civil y Comercial; 4.037 del derogado Código Civil y 17 y 18 de la Constitución nacional. Asimismo, acusa absurdo valorativo.
III.1. En primer lugar, insiste en sostener que la declaración de nulidad de la resolución 502/05 vulnera el art. 104 del Código Fiscal, ya que la intimación de pago recurrida ante el Tribunal Fiscal de Apelación no es un acto determinativo de impuesto que habilite la instancia recursiva, sino una actuación de mero trámite, no prevista en el citado art. 104 como susceptible de ser apelable ante ese organismo.
Discrepa con los argumentos dados por la Cámara para soslayar la aplicación del citado artículo. En ese sentido manifiesta: i) que no existió una conducta contradictoria de su parte, sino una doble vía que rige la actuación de la Administración en torno a la naturaleza de sus funciones: Administración activa -al efectuar las intimaciones impositivas- y jurisdiccional -al resolver el Tribunal Fiscal de Apelación si corresponde su intervención- y ii) que no hubo afectación del derecho de defensa, ya que el actor no utilizó ninguno de los medios legales que se encontraban a su disposición para combatir la inactividad formal administrativa -silencio administrativo o amparo por mora-.
III.2. Subsidiariamente -ante el supuesto de que se confirme la ilegitimidad del acto cuestionado- reprocha que la Cámara haya omitido el reenvío de las actuaciones al Tribunal Fiscal de Apelación para el tratamiento de la cuestión de fondo -exigibilidad del impuesto inmobiliario de las parcelas expropiadas al actor-, violentando de esta forma lo normado por los arts. 50 inc. 2 y 70 del Código Contencioso Administrativo.
En base a lo expuesto, pretende se dejen sin efecto las cuestiones que fueron consideradas en la sentencia como consecuencia de la citada omisión (exclusión del actor del padrón de contribuyentes; baja de toda deuda por impuesto inmobiliario desde el 18 de marzo de 1988 y el reconocimiento de los daños moral, psíquico y psicológico).
III.3. Por otro lado, sostiene que la sentencia impugnada, al confirmar el rechazo de su defensa de prescripción, vulnera el art. 4.037 del derogado Código Civil.
En este sentido refiere: i) que los sentenciantes de ambas instancias manifiestan contradicción, ya que por un lado estimaron que el inicio del cómputo de la prescripción debía contarse a partir del dictado de la resolución 502/05 (2-VI-2005) pero, por otro lado, tomaron como causa eficiente de los daños ocasionados los apremios iniciados con anterioridad por el Estado provincial, por entender que con ello se incumplió la medida cautelar de no innovar dictada en el juicio expropiatorio (de 1-II-1999); ii) que los daños por el incumplimiento estatal fueron reclamados por primera vez en este proceso, mediante escrito presentado por el actor con fecha 30 de abril de 2007; iii) que en virtud de la fecha de la presentación indicada, correspondía declarar la prescripción de todos los daños originados con anterioridad al 30 de abril de 2005 y iv) que los hechos estimados en la sentencia como generadores de daños al actor, esto es los juicios de apremio, se iniciaron con anterioridad al 30 de abril de 2005.
En consecuencia, sostiene que a la fecha de presentar el actor el reclamo indemnizatorio, el plazo bienal de prescripción, aplicable en la especie, se encontraba vencido para los juicios de apremio iniciados por el Estado provincial, razón por la cual correspondería -según su criterio- hacer lugar a la defensa de prescripción de la pretensión indemnizatoria reconocida en la sentencia impugnada.
III.4. Por su parte, denuncia que la sentencia en crisis incurre en absurdo al admitir y cuantificar los rubros indemnizatorios reconocidos al actor, en concepto de daño moral y psicológico.
En este sentido, reitera manifestaciones realizadas en la apelación ordinaria, sobre el crecimiento comercial de la empresa Valot S.A. durante el período que duró la controversia y señala que es poco probable que el actor haya padecido los daños morales y psíquicos reconocidos en la sentencia impugnada.
En particular, respecto del daño moral, aduce que la sentencia reconoce al accionante un supuesto daño moral sufrido por una persona distinta a la que integra la litis (ref. empresa Valot S.A.) y que, en su caso, el monto reconocido resulta exorbitante a la luz de la doctrina de esta Suprema Corte emergente de la causa B. 66.781, "Dominguez", sentencia de 15-VII-2015.
En cuanto al daño psicológico y psiquiátrico, señala que el mismo resulta discutible, en tanto: i) no se puede generar ante una actividad legítima es
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