Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70767
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.767, "Lettieri, Pascual Marcelo c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó, en lo sustancial, la sentencia de primera instancia que anuló parcialmente la resolución ministerial 2.923/06 y la resolución 1.323/07, por la cual se declaró al actor prescindible de la fuerza policial, por aplicación del régimen de la ley 13.409 (art. 4 y concs.).
Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el que fue concedido a fs. 253/254.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 274) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor Marcelo Pascual Lettieri promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de la resolución 2.923 de fecha 21 de diciembre de 2006 emanada del Ministerio de Seguridad por la cual se lo declaró prescindible y de la resolución 1.323/07 que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la primera. En consecuencia, solicitó la reincorporación e indemnización por los daños y perjuicios que adujo haber sufrido con la medida cuestionada (v. fs. 21/39).
I.2. El juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión anulatoria, ordenó la reincorporación del actor a la fuerza policial y condenó a la demandada al pago de los salarios caídos -descontándose los montos que percibiera en ocasión de la jubilación extraordinaria concedida- y una suma de dinero en concepto de daño moral.
Resolvió así considerando que, no obstante que el actor se hallaba en condiciones de acceder a un beneficio de retiro, en tanto contaba con veinticinco (25) años, diez (10) meses y doce (12) días de servicios en la policía provincial, se lo declaró prescindible en manifiesta transgresión del art. 5 de la ley 13.409 que establece: "La prescindibilidad no podrá ser aplicada al personal que se hallare en condiciones de acceder a retiro o jubilación".
II. Por su parte, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás acogió parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y modificó la indemnización otorgada en concepto de daño material, pero confirmó la sentencia apelada en cuanto a la anulación del acto de prescindibilidad respecto del actor.
Para así decidir consideró que de las constancias de la causa surge que el señor Lettieri contaba con una antigüedad de veinticinco (25) años, diez (10) meses y doce (12) días al momento de ser declarado prescindible, y se le acordó el beneficio de jubilación extraordinaria, acorde a los años de servicios (v. fs. 159). Sin embargo, entendió que tal solicitud no implicó la renuncia a su reclamo, sino que fue consecuencia de aquella medida y para compensar la pérdida de haberes. Afirmó que, por esta razón, no puede prosperar el planteo de la demandada respecto de la aplicación al caso del art. 6 de la ley 13.409 que prevé la renuncia a todo reclamo administrativo o judicial en caso de optar por el retiro.
Entendió que cabe interpretar el art. 5 de la ley que declaró el estado de emergencia de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, de modo que incluya todos los beneficios reconocidos en la norma previsional sectorial, ya que esa norma no efectúa ninguna distinción, debiendo primar los fines tuitivos propios de la materia, sin que se desnaturalicen los derechos reconocidos a todo empleado público o, en el peor de los casos, se produzca la pérdida o desconocimiento de los mismos por una interpretación amplia de una norma de excepción, o una restrictiva de las excepciones legales a ésta.
Consideró que no puede interpretarse que la condición del actor de acceder a retiro se encuentre fuera del límite de aplicación dispuesto por el art. 5 si no ha sido dispuesto por el legislador.
Señaló que debe tenerse en cuenta que las normas de prescindibilidad, por ser de emergencia y transitorias, deben ser interpretadas restrictivamente.
Agregó que no puede sostenerse que, por alguna razón no expuesta por el legislador, la jubilación móvil extraordinaria a que tiene derecho el actor y que lo pone "en condiciones de acceder a retiro o jubilación ", se encuentre fuera del límite impuesto en el art. 5 de la ley de emergencia.
Expresó que, al no haber sido reglamentada la posibilidad de retiro activo obligatorio o jubilación anticipada, carecía de razonabilidad declarar prescindible al actor cuando aparecía excluido por hallarse en condiciones de obtener un haber de pasividad, o bien, ante la posibilidad de optar entre éste o permanecer en las fuerzas hasta reunir las condiciones necesarias para obtener una jubilación ordinaria, ya que su antigüedad solo le permitía acogerse al beneficio jubilatorio previsto en el art. 35 inc. "b", es decir, al retiro o jubilación móvil voluntario (art. 38).
Adunó que si el sentido de la norma hubiera sido el de disponer que quienes se encuentren en condición de obtener el beneficio previsto en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.326 estaban excluidos, debió decirlo expresamente. Así también, si la intención hubiera sido disponer un sistema de retiro anticipado obligatorio, debió haber sido regulado concretamente, estableciendo los parámetros para ello, disponiendo cuáles serían los criterios a seguir, ya sea la edad de corte o las condiciones para su aplicación, pero nada de ello ocurrió.
Consideró que con este mismo criterio debe ser interpretado el art. 6 de la ley en punto a que la opción de recibir una indemnización o el retiro allí prevista se aplica a quienes no han alcanzado los veinticinco años de servicios (v. fs. 226/236).
III. Contra ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de inaplicabilidad de ley alegando el apartamiento de la normativa aplicable.
Reconoce que el art. 5 de la ley 13.409 establece que la prescindibilidad no procede respecto de aquellos agentes que se hallaren en condiciones de acceder al retiro o jubilación. Sin embargo, considera que tal limitación debe ser interpretada en el marco de la emergencia que justificó el dictado de dicha norma.
Observa que si bien el actor podría haber accedido a la jubilación que contempla el art. 38 de la ley 13.236, tal posibilidad se encuentra supeditada a su exclusiva voluntad. De lo contrario, la relación de empleo público que lo vinculaba con la Administración jamás se podría haber extinguido por jubilación.
Destaca que esa particularidad está ausente en los restantes supuestos de acceso al beneficio previsional, que se encuentran reglados en la normativa mencionada, de modo que para acceder a la jubilación ordinaria (art. 28), prestación por invalidez (art. 30 y sigs.), o los demás casos de las denominadas jubilaciones extraordinarias (art. 35 inc. "a", "c", y "d"), la exteriorización de la voluntad del agente para acogerse a la pasividad, no resulta ser condición imprescindible para acceder al beneficio.
En cada uno de esos supuestos, agrega, la administración puede por sí misma instar la extinción del vínculo, mientras se reúnan los requisitos que objetivamente deben acudir para el acceso al beneficio jubilatorio.
Afirma que, por lo tanto, la prestación previsional prevista en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236, que permite acceder a una jubilación contando con un período de servicios notoriamente inferior a los treinta y cinco (35) años que se requieren para acceder al beneficio ordinario, no habilita a la Administración a disponer el cese de la relación de empleo público por jubilación, excepto que exista petición expresa del agente.
Considera que, si así fuera, los agentes policiales que tienen veinticinco (25) años de servicios, pero no alcanzan a reunir los treinta y cinco (35) años que requiere el art. 28 de la ley 13.236 para el retiro previsional ordinario, bajo la interpretación que siguieron tanto el juez de primera instancia como la Cámara, tendrían en sus manos la posibilidad de sortear los mecanismos previstos por el legislador para resolver la emergencia policial.
Estos fundamentos, afirma el recurrente, invalidan la decisión judicial recurrida, en tanto soslaya disposiciones expresas de la ley 13.409 (arts. 1, 4 y concs.), sobre la base de una errónea interpretación de su art. 5, el cual -según entiende- no constituía ningún obstáculo para disponer la prescindibilidad del accionante.
Manifiesta que esa situación es la que se presenta en el caso del actor pues, de un lado argumenta que se encontraba en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio extraordinario voluntario, lo que impedía que la Administración dispusiere válidamente su prescindibilidad con sustento en el texto del art. 5 de la ley 13.409. Y de otro, postula su intención de continuar prestando servicios policiales, exteriorizando su voluntad de no acceder a la jubilación extraordinaria voluntaria.
Así, expresa, amparándose en un beneficio extraordinario que el régimen previsional policial les concede a los agentes (jubilarse anticipadamente con menos años de servicios que los requeridos para acceder a la jubilación ordinaria) y sin hacer uso de tal gracia legislativa, el accionante pretende ponerse a resguardo de los instrumentos diseñados por el legislador para paliar la emergencia policial.
Según el recurrente, este razonamiento arroja un resultado inadmisible, que consiste en que todos los agentes que tienen entre veinticinco (25) y treinta y cinco (35) años en la policía (salvo el supuesto excepcional que hubieran optado voluntariamente por acceder al beneficio del art. 25 inc. "c", ley 13.326) no podrían estar alcanzados por la prescindibilidad.
Tal interpretación del art. 5 de la ley 13.409 -enfatiza- no es compatible con la situación de emergencia policial declarada legislativamente y coloca a dichos agentes en una posición de privilegio con respecto de los restantes miembros de la fuerza, lo cual produce una patente afectación de la garantía de igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.).
Concluye que la norma en cuestión debe interpretarse y aplicarse como una limitación para declarar prescindibles a aquellos agentes que reúnan las condiciones para acceder a la jubilación ordinaria o a las prestaciones extraordinarias distintas a la reglada por el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236, salvo que los agentes beneficiados por esta última norma expresamente hayan manifestado su voluntad de acogerse al beneficio excepcional, en cuyo caso la prescindibilidad tampoco podría ser declarada a su respecto.
Finalmente expresa que ninguna indemnización debe reconocerse al accionante atento el carácter sustitutivo del haber de retiro que percibe.
IV. Considero que el recurso extraordinario interpuesto es fundado.
IV.1. La ley 13.409 declaró el estado de emergencia de las Policías de la Provincia de Buenos Aires por seis meses (art. 1) y estableció la posibilidad de declarar la prescindibilidad, jubilar o pasar a retiro al personal según el caso (art. 4).
Paralelamente, y en general, la demostración tanto de que no ha mediado el motivo determinante invocado por la autoridad (art. 108, dec. ley 7.647; causa B. 62.241, "Zarlenga", sent. de 27-XII-2002) o de que ella ha desviado el fin previsto por las normas actuadas (art. 103, dec. ley 7.647/1970; doctr. causa B. 52.891, "de Olazábal", sent. de 15-XI-2006), conlleva la invalidez de la decisión administrativa.
En el caso, el señor Ministro de Seguridad, por resolución 2.923/06, haciendo uso de sus atribuciones y considerando que la emergencia es causal suficiente para declarar la prescindibilidad, jubilar o pasar a retiro al personal, declaró la prescindibilidad del actor (art. 4, ley 13.409; v. fs. 71/73).
Desde la perspectiva señalada, no se advierten detalles que permitan concluir que la Administración haya extralimitado dichas directivas.
IV.2. Toca el turno de analizar el agravio vinculado a los alcances del art. 5 de la ley 13.409 -aplicada en virtud del decreto 2.555/06, luego convalidado por el art. 11 de la ley 13.704-.
La norma dice: "La prescindibilidad no podrá ser aplicada al personal que se hallare en condiciones de acceder a retiro o jubilación".
Por su parte, la ley 13.236 -que regula la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías- en el art. 25 prevé cuatro tipos de beneficio: a) retiro o jubilación móvil ordinarios; b) retiro o jubilación móvil por invalidez; c) retiro o jubilación móvil extraordinarios y d) pensión móvil.
A su vez, los supuestos de retiro o jubilación móvil extraordinario están especificados en el art. 35 de la ley 13.236, y serán concedidos por: a) exceder la edad máxima prevista por la ley para permanecer en servicio activo; b) retiro voluntario; c) retiro o baja por falta de aptitudes profesionales o d) baja emergente de sanción de cesantía o exoneración.
En la especie, se cuestiona la facultad de aplicar la prescindibilidad a un agente policial que cuenta con más de veinticinco (25) años de servicios y, en consecuencia, con posibilidad de acceder a un beneficio extraordinario.
Tanto la sentencia de primera instancia como la de Cámara abordaron esta cuestión jurídica y resolvieron el litigio en forma favorable a la pretensión del accionante. Para ello, interpretaron que la mentada limitación del art. 5 de la ley 13.409 para aplicar la prescindibilidad alcanza al beneficio de retiro o jubilación móvil extraordinaria estipulada en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236.
Por su parte, el recurso extraordinario en tratamiento esgrime argumentos en los que controvierte esta conclusión.
IV.3. Como dije, juzgo que al recurrente le asiste razón en sus planteos.
En primer lugar, porque considero que el art. 5 debe ser interpretado dentro del marco normativo de la emergencia que prevé las herramientas tendientes a cumplir con determinados objetivos, a saber: transformar la estructura de las Policías para dotarla de eficiencia y optimizar los recursos humanos y materiales y los servicios que presta (art. 2, ley 13.409).
Con tal prisma debe evaluarse el sentido del precepto en cuestión.
En el caso, al señor Lettieri se lo declaró prescindible mediante la resolución 2.923/06 (v. fs. 71/73) y luego se le acordó un beneficio de jubilación móvil extraordinario por el cual percibe un 65,20% del haber de pasividad conforme los veinticinco (25) años, diez (10) meses y doce (12) días de servicios computados (v. copia resol. 60.561/07, fs. 159).
Sentado ello -y más allá del encuadre legal dado al beneficio otorgado por la Caja que no fue discutido (arts. 25 inc. "c", 35 inc. "d" y 40, ley 13.236; v. fs. 159)- lo cierto es que el meollo de la cuestión a resolver gira en torno a establecer si puede la Administración declarar la prescindibilidad de un agente que ha alcanzado los veinticinco (25) años de antigüedad en el servicio y tiene la posibilidad de acceder a un retiro o jubilación extraordinaria, sin que ello implique la afectación del derecho a la estabilidad del agente público.
Considero que sí, pues una interpretación contraria no se corresponde con la situación de emergencia policial declarada legislativamente.
En un caso análogo al presente (causa A. 69.997, "De Matteis", sent. de 16-III-2011), en el que se planteó la discusión acerca de la inteligencia del art. 5 de la ley 13.409, esta Corte -por mayoría- se remitió a los fundamentos expuestos en otro precedente de configuración similar, aunque relativo a la interpretación del art. 6 de la ley 11.880 (causa B. 59.529, "Mangudo", sent. de 10-XI-2010). Asimismo, en la causa B. 59.463, "Salguero", sentencia de 10-XI-2010, este Tribunal se pronunció en el sentido que estos supuestos no conllevan la afectación del derecho a la estabilidad del agente. Ello con base en los siguientes fundamentos.
Si bien el derecho a la estabilidad del agente público reviste carácter fundamental en nuestro ordenamiento (arts. 14 bis, Const. nac. y 103, Const. prov.), no es absoluto ni obliga mantener bajo cualquier circunstancia en actividad al funcionario, aunque sus servicios dejen de ser necesarios por causas razonables.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación corroboró tal criterio al decidir en la causa "Madorrán, Marta Cristina c/Administración Nacional de Aduanas s/Reinstalación" (sent. de 3-V-2007). Allí puso de manifiesto que la consagración de la estabilidad del empleado público en el art. 14 bis de la Constitución nacional persiguió "...poner a los servidores del estado al abrigo de la discrecionalidad de las autoridades de turno y de los vaivenes de la vida política no solo a efectos de tutelar la dignidad del agente público frente a dichas situaciones, sino también para evitar el notorio perjuicio para los administrados derivado del deterioro de la función pública" (cons. 6), tal garantía, no significa clausurar todo supuesto de separación del agente de su cargo, sino la invalidez de las segregaciones sin invocación de "causas justificadas y razonables" (cons. 10 y 11).
Es decir, ante una situación excepcional de emergencia, formalmente declarada, el derecho a la estabilidad del empleado público puede ser reemplazado por una indemnización o, como en el caso, por el otorgamiento de un beneficio previsional (conf. doctr. causas B. 55.956, "Pérez Demarchi", sent. de 17-V-2000; B. 57.253, "Rodríguez", sent. de 9-V-2001 y B. 57.780, "Stefancik", sent. de 11-VI-2003).
De esta manera, ningún reproche constitucional cabe efectuar a las normas mencionadas, en tanto en el caso del cese por prescindibilidad se indemniza al agente conforme las pautas de la ley aplicable y en los supuestos de jubilación con el pago de los haberes de pasividad en forma periódica (causa I. 1.232, "Zaratiegui", publicada en "Acuerdos y Sentencias", 1988-III-507), aunque sea con un beneficio menor al máximo previsto para la jubilación ordinaria (doctr. causas B. 55.064, "Gullini", sent. de 27-V-1997, publicada en "Acuerdos y Sentencias", 1997-II-1009 y B. 59.532, "Chelía", sent. de 15-XII-2010).
Lo expuesto precedentemente resulta suficiente para revocar la decisión del a quo (art. 289 inc. 1, CPCC) en tanto no se advierte que la Administración haya incurrido en violación de las normas que regían su actuació
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