Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74500
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario deducido, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se rechaza la demanda interpuesta (art. 289, CPCC).
Cesen los efectos de la medida cautelar oportunamente dictada a fs. 336/349.
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 2, ley 13.101, texto según ley 14.437).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.500, "Aguer, Enrique c/ Poder Judicial s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó la impugnación articulada por la actora e hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la demandada. De este modo, confirmó la sentencia de grado en cuanto anuló la resolución sancionatoria, pero dejó sin efecto los rubros indemnizatorios reclamados en concepto de daño moral y material (v. fs. 635/664 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 669/679 vta.), el que fue concedido a fs. 683/684.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 726), agregado el memorial de la actora a fs. 727/745 vta. y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
II. La jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Nicolás declaró la nulidad de la resolución 2.474 del día 3 de septiembre de 2008, a través de la cual esta Suprema Corte dispuso la cesantía del actor -perito médico de la Asesoría Judicial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires- por haberse constatado la comisión de las faltas comprendidas en los arts. 11 y 12 de la Acordada 1.793 y 66 inc. "a" de la Acordada 2.300.
Asimismo, ordenó la reincorporación del agente y reconoció el pago de los rubros indemnizatorios reclamados en concepto de daño moral y material. El primero de ellos lo fijó en $20.000, mientras que el segundo de los mencionados lo determinó en el 25% de los salarios dejados de percibir desde que se decretó el cese (día 14 de septiembre de 2008) y hasta la restitución transitoria, hecha efectiva en virtud de la medida cautelar dictada en la causa el 14 de junio de 2010. Ello con más los intereses que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días, vigente en cada uno de los periodos comprendidos.
III. Apelada la sentencia por las partes (v. fs. 561/594 vta. y 595/609), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto declaró la nulidad de la resolución sancionatoria y ordenó la reincorporación del actor, pero dejó sin efecto el reconocimiento de los rubros indemnizatorios (daño moral y patrimonial) hasta tanto se dicte un nuevo acto administrativo, conforme las pautas de la decisión (v. fs. 663 vta./664 vta.).
Para así resolver, en lo que al recurso interesa, sostuvo que, al contrario de lo alegado por la demandada en la apelación, no había cuestiones esenciales no resueltas por el a quo como así tampoco se dio tratamiento a otras no propuestas en el debate.
Seguidamente, confirmó lo decidido por la jueza de grado en cuanto calificó los hechos a la luz de los antecedentes agregados a la causa -básicamente la documental y la informativa- concluyendo que hubo exceso de punición al aplicar la sanción de cesantía al actor.
Sostuvo que el resultado arribado en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) del habeas corpus y en la instrucción penal seguida al perito, con relación a la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, eran cuestiones de suma importancia para determinar la gravedad de la negligencia atribuida al actor.
Afirmó que el principio general resulta aquel que define que a una falta culposa debe corresponderle, en general, una sanción de tipo correctiva, señalando que solo cuando la infracción sea de una entidad tal que se justifique, puede aplicarse una sanción expulsiva. Ello en virtud de la interpretación armónica de los arts. 66 inc. "a", 70, 71 y 72 de la Acordada 2.300, en los que se establecen cuáles son las sanciones aplicables.
Finalmente sostuvo que, dado como se resolvía la litis, resultaba prematuro abordar el reclamo indemnizatorio accesorio, postergando su tratamiento para el momento en que recaiga una nueva decisión en el sumario.
IV. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 669/679 vta.) la Fiscalía de Estado denuncia la vulneración del principio de congruencia y de los términos de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, alega errónea aplicación de las Acordadas 2.300 y 1.793 de esta Suprema Corte y de la doctrina legal en materia de independencia entre la responsabilidad penal y la administrativa. También, denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la inaplicabilidad del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Por último, aduce que la decisión viola el principio de congruencia interna y cae en la arbitrariedad de anular el acto sancionatorio sin ordenar a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que dicte uno nuevo.
En primer lugar, alega que la sentencia impugnada vulneró el principio de congruencia externa entre la decisión y el thema decidendum , alegando que los jueces de grado introdujeron hechos y pruebas no sometidas a discusión al explayarse sobre consideraciones exculpatorias ajenas a las postulaciones y defensas planteadas por las partes, escapando del núcleo de la materia sometida a debate e incurriendo en el vicio de sentencia arbitraria, infringiendo así los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial.
Afirma que la ausencia del tratamiento de ciertas cuestiones y el análisis de otras no propuestas, ha implicado el desconocimiento de las normas invocadas y que dan sustento a la facultad sancionatoria aplicada, como así también a la doctrina de esta Suprema Corte en la materia, vulnerando el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sostiene que los judicantes debieron limitarse a evaluar la impugnación del acto sancionatorio, impuesto luego de la investigación correspondiente al comprobarse que el actor había incumplido deberes y responsabilidades que derivan de las normas propias de su relación de empleo, quedando fuera la investigación de cualquier ilícito, deber o responsabilidad de otros sujetos o de la existencia de perjuicios que no fueran el menoscabo del prestigio del Poder Judicial.
Aduce que, en el caso, la accionada resolvió de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el marco de una denuncia de la gravedad que importa la sospecha de la existencia de apremios ilegales en una unidad carcelaria. Entiende que el actor debió poner la mayor diligencia al realizar la pericia encomendada, conducta que no aconteció en la especie y que dio suficiente fundamento a la sanción aplicada.
Asimismo, denuncia que es absurdo el razonamiento de la Cámara, alegando que la decisión se aparta de lo dispuesto en la Acordada 2.300 al interpretar que allí se encuentra regulado el principio de culpabilidad en la comisión de las faltas. Señala que la norma solo establece los deberes y prohibiciones de los agentes y sus correlativas responsabilidades, sin contemplar una clasificación de conductas culposas o dolosas a las que deba corresponderles una determinada sanción correctiva o expulsiva necesariamente.
Acusa que, con el fin de morigerar la pena, el Tribunal de Alzada ha trastocado la imputación realizada por la demandada al agente. Sostiene que el profesional fue sancionado por haber incumplido con los deberes, regulados en el art. 66 inc. "a" de la Acordada 2.300 y los previstos en los arts. 11 y 12 de la Acordada 1.793 y no por las faltas comprendidas en el art. 71 inc. 3 de dicho cuerpo normativo.
Afirma que la Cámara cambió el eje de la imputación atribuyéndole al actor la comisión de otra conducta, cuestión que habilita la casación del fallo.
Advierte que la configuración fáctica de la falta no se encuentra discutida, por lo que el objeto de debate sería el exceso de punición y no la infracción en sí misma.
Por su parte, también alega el desconocimiento de los principios que rigen la materia disciplinaria al pretender traer hechos y circunstancias que surgen de otros procesos judiciales, perdiendo de vista los diferentes ámbitos y tipos de responsabilidades que se investigan en cada uno de ellos. En tal sentido, invoca la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte vinculada con la independencia que cabe predicar entre lo decidido en el fuero penal y aquello que se resuelve en un procedimiento disciplinario.
Denuncia que la decisión impugnada resulta absurda pues ha soslayado la prueba irrefutable de la deficiente actuación del agente Aguer como perito médico, en el marco del delicado proceso penal donde se investigaba la posible comisión de apremios ilegales. Sostiene que el Tribunal de Alzada invirtió la carga de la prueba infringiendo de ese modo los términos del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, pues no valoró la legalidad del acto ni el hecho de que la medida fue dictada en el ejercicio de facultades discrecionales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como autoridad sancionatoria.
Por último, alega que la sentencia padece incongruencia interna, toda vez que deja de lado la resolución respecto de los daños material y moral, decididos en la primera instancia para el momento en que se hubiera resuelto el sumario, sin ordenar previamente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la obligación de transitar nuevamente por un procedimiento disciplinario o dictar un nuevo acto.
V. Adelanto que en mi opinión el recurso prospera.
Considero que los argumentos expuestos por la Fiscalía de Estado logran rebatir los fundamentos centrales en los que se apoya la sentencia.
Es un hecho no controvertido la falta de diligencia y contracción al trabajo desplegada por el actor al realizar la pericia que le fuera encomendada en el marco de una IPP, donde se investigaba la posible ocurrencia de apremios ilegales en una comisaría. El tema a resolver resulta únicamente si, al aplicar la sanción de cesantía, la autoridad disciplinaria ha incurrido en un exceso de punición.
La Cámara interviniente -al igual que la jueza de primera instancia- consideró que la decisión de desvincular al agente fue desproporcionada en relación con la falta cometida.
Frente a ello, la demandada recurrente alega absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas, como así también la violación de la normativa y la doctrina del Tribunal en materia disciplinaria, denunciando que el Tribunal de Alzada ha resuelto en forma dogmática, omitiendo ponderar que la adopción de la medida segregativa aplicada se dispuso teniendo en cuenta las circunstancias especiales y delicadas en las que se cometiera la infracción comprobada y que, precisamente, fueran puestas de relieve en la resolución sancionatoria.
Tal como llega la cuestión a esta instancia extraordinaria estimo que asiste razón a la recurrente. Encontrándose firme tanto la materialidad del hecho como su tipificación y constando expresamente en los considerandos de la resolución las razones por las cuales se decidiera por una sanción expulsiva, entiendo que ningún reproche vinculado al exceso de punición puede ser realizado.
En efecto, en el acto aludido se pusieron de relieve:
- Las circunstancias especialmente delicadas en las que se le encomendara al actor la realización de la pericia: esto es en el marco de un habeas corpus , iniciado por un defensor oficial a raíz de la denuncia de varios detenidos respecto a la existencia de malos tratos y aplicación de corriente eléctrica por parte de personal policial.
- Informes proporcionados por cátedras de medicina legal de distintas universidades donde se exponen las técnicas forenses que deben aplicarse en supuestos de apremios ilegales.
- Informes de otros agentes de la oficina pericial quienes dieran su opinión respecto a la experticia practicada por el señor Aguer, dando cuenta de las graves deficiencias que esta padecía, concluyendo que resultaba escueta y no brindaba detalles.
- Recomendación del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas vinculada a la necesidad de adoptar medidas concretas y eficaces a los fines de eliminar la impunidad de este tipo de delitos en el ámbito carcelario.
Asimismo, con motivo del planteo de la defensa, vinculado con la implicancia que considera debiera tener el archivo que se dispusiera en la causa penal seguida por incumplimiento de los deberes de funcionario público, se recordó la doctrina del Tribunal respecto a la independencia que existe entre los ámbitos administrativo y penal, en razón de la distinta naturaleza de los bienes jurídicos que cada una de ellas protegen y las diferentes responsabilidades a que dan lugar.
Todas estas consideraciones, que resultaron suficientes para imponer la sanción de cesantía, fueron soslayadas por las instancias inferiores, no obstante haber sido desarrolladas in extenso en los considerandos de la resolución sancionatoria a los fines de fundar adecuadamente la elección de una sanción expulsiva.
De tal manera no hay dudas respecto de cuales fueron los motivos que llevaron a la autoridad demandada a la conclusión de la inconveniencia de que el actor continuase prestando tareas bajo su órbita, ello acreditada que fuera la afectación del prestigio y la eficacia del servicio de justicia.
En la especie, entiendo que, lejos de lo considerado por las instancias de grado, el órgano administrativo decisor ha cumplido con los recaudos precedentemente descriptos, explicitando, en la resolución 2.474/08, el sustento fáctico en el que se basa la medida expulsiva aplicada, haciendo mérito de la gravedad de los hechos investigados y la importancia de la tarea encomendada al actor. Todo lo cual otorgó la plataforma fáctica y jurídica suficiente para aplicar la sanción dispuesta.
A esta altura corresponde recordar que, conforme ha dicho este Tribunal, en la determinación de la sanción a imponer, cuando el ordenamiento jurídico autoriza al órgano a elegir entre varias alternativas punitivas la más ajustada a las circunstancias del asunto en análisis, radica el ejercicio de la discrecionalidad o libertad de apreciación de las faltas con que cuenta la Administración para ejercer su potestad disciplinaria. Y que, ante el cuestionamiento judicial, incumbe al accionante acreditar la ilegitimidad, irrazonabilidad o exceso de punición en el ejercicio de tal facultad (conf. causas B. 66.966, "Avila", sent. de 14-VIII-2013; B. 63.469, "Sanz Orellana", sent. de 6-XII-2017; e.o.).
Como así también que el recaudo de suficiente motivación debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo que en el caso de una medida sancionatoria debe exponer no solo las circunstancias fácticas consideradas por el órgano sino también referir cuales son las normas jurídicas que justificaron la decisión (arg. art. 108, dec. ley 7.647/70 y doctr. causa B. 63.173, "Di Lorenzo", sent. de 13-XI-2013), extremos estos que considero han sido acabadamente cumplidos al tiempo de dictarse la decisión administrativa cuestionada y que las instancias inferiores no han logrado analizar con claridad incurriendo en el vicio denunciado por la demandada.
Por su parte, también entiendo consistente el embate del recurso que denuncia violada la doctrina de esta Suprema Corte referida a que, ante la pérdida de confianza en el agente, no resulta irrazonable la decisión de separarlo del cargo, pues la buena fe-lealtad es un principio rector en las relaciones profesionales que se dan entre las autoridades y los empleados públicos (cfr. causas B. 56.530, "Borelli", sent. de 17-X-2001; B. 61.309, "González", sent. de 23-XII-2013; e.o.).
VI. Por las razones dadas, suficientes a la luz de los agravios traídos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido, revocar la sentencia impugnada y, en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta (art. 289, CPCC).
Cesen los efectos de la medida cautelar oportunamente dictada a fs. 336/349.
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 2, ley 13.101, texto según ley 14.437).
Las de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario deducido, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se rechaza la demanda interpuesta (art. 289, CPCC).
Cesen los efectos de la medida cautelar oportunamente dictada a fs. 336/349.
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (art. 51 inc. 2, ley 13.101, texto según ley 14.437).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2020 16:21:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 19:30:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2020 12:59:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2020 21:10:58 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/12/2020 07:43:22 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia