Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72796
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.796, "Barabino, Alfredo Ramón c/ Caja de Previsión Social para Agrim. Arq. Ing. y Técnicos de la Provincia de Bs. As s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocó el fallo de primera instancia que había acogido la pretensión anulatoria interpuesta por el actor (v. fs. 233/237).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 240/245), el que fue concedido a fs. 247/248.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 252) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, al hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó el fallo de primera instancia que acogiera favorablemente la demanda y, en consecuencia, desestimó la pretensión anulatoria interpuesta por el accionante.
Para así resolver, el Tribunal de Alzada:
I.1. Precisó los límites de la cuestión litigiosa, centrada en determinar si el actor cumplía con los presupuestos previstos en la ley 5.920 para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria.
Consideró fuera de discusión que la ley 5.920 era la que regía el caso, por ser la que se hallaba vigente al momento del cese en la actividad profesional (día 17 de mayo de 1994, fecha de la cancelación de la matrícula).
Sostuvo que no existe controversia respecto de los extremos exigidos por ese cuerpo legal para acceder al beneficio: cincuenta y cinco (55) años de edad y veinticinco (25) años de actividad profesional y acreditación de que dicho ejercicio había sido continuo y permanente, dato este último que debe surgir del monto de los aportes efectuados (arts. 42 y 43, ley 5.920).
En ese contexto, verificó que al momento del cese el accionante contaba con sesenta y dos (62) años de edad (pues nació el día 31 de octubre de 1931), computando veintiún (21) años de aportes y que por excedencia -conforme lo previsto en el art. 42- le correspondía computar tres años y medio (3.5) más de actividad.
Tras transcribir el art. 43, advirtió que le asistía razón a la apelante, toda vez que las derivaciones que el fallo implica o que el actor extrae de ciertos antecedentes no son de recibo, a juzgar por las constancias ulteriores que determinaban con precisión que la prueba del ejercicio profesional -y, por ende, el estado de la cuenta de aportes- debía ser considerado a la fecha del cese.
Sobre tal base, y al contrario de la conclusión del fallo de grado, estimó que al momento de la baja matricular el actor acreditaba en su cuenta de aportes tan solo veintiún (21) años computables -esto es con coeficiente igual o superior a uno (1)- tal como surge de la prueba pericial producida en la causa, que corrobora lo actuado en sede administrativa y lo sostenido por la demandada en autos, los que, aun considerando el excedente de tres años y medio (3.5) de edad, no alcanzaban el mínimo legal de veinticinco (25) años exigido por la ley.
I.2. Respecto de la alegada aplicación de la doctrina de este Tribunal en lo atinente a la legalidad del reglamento que dispone como recaudo adicional el "número promedio de veces", sostuvo que tal cuestión no resultó decisiva para la resolución de la cuestión litigiosa.
I.3. Agregó que el actor tampoco consiguió completar la antigüedad exigida por la ley a través de la prueba rendida en la causa por falta de idoneidad en el modo y medio de su demostración. En tal sentido afirmó que: "...efectivamente, la fotocopia de un plano agregada a fs.13/15 resulta ilegible y los testigos llamados a declarar (v. fs. 126/127 y 154) no acreditan en todos los casos la calidad exigida por la ley -profesionales afiliados- ni deponen concretamente sobre la enunciación de los trabajos que permitan tener por acreditado el ejercicio profesional" (fs. 236).
I.4. Concluyó sosteniendo que, en tales condiciones, la interpretación que contiene el pronunciamiento de grado no se ajusta a derecho, pues implica desplazar los extremos legales a los que se encuentra supeditado el acceso a la prestación previsional, por lo que revocó la sentencia estimatoria y rechazó la pretensión del actor.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la parte actora denuncia violación de la doctrina legal de este Tribunal, de los arts. 25, 26, 27 y 43 de la ley 5.920 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. También absurdo en la apreciación de la prueba relativa a la acreditación del requisito de veinticinco (25) años de ejercicio profesional continuo y permanente.
II.1. Centra el primero de los agravios en el tratamiento dado por la Cámara al requisito de acreditación del ejercicio profesional continuo y permanente, distinguiendo con claridad las dos etapas en que se divide el período de matriculación: esto es, antes y después de la creación de la Caja profesional por la ley 5.920.
Respecto del período anterior a la creación de la Caja, afirma que los servicios deben ser probados mediante la enunciación de los trabajos y con la información sumaria de tres testigos.
Con relación a la segunda, que se inicia con la sanción de la ley 5.920, describe que se exige para dar por acreditado el ejercicio de la profesión el llamado "aporte mínimo anual", a cuyo efecto su Directorio deberá establecer el mínimo de aportes requeridos (conf. arts. 25, 26, 27 y 43, ley 5.920).
En ese contexto aduce que, de los informes agregados en autos, surge que la Caja consideró a efectos del cálculo jubilatorio los años con coeficiente uno (1) o mayor, por lo que le reconoció veintiún (21) años de aportes entre los años 1972 y 1992.
Expresa que, sin embargo, del expediente administrativo (certificado expedido por la Caja en la fecha 30 de enero de 1991) se evidencia que la Caja tuvo por acreditados veintiún (21) años de ejercicio profesional con aportes hasta el año 1989, tomando en cuenta períodos inferiores al referido coeficiente en el lapso comprendido entre los años 1962 a 1971. Ello en el entendimiento de que los mismos cubrían los aportes mínimos anuales.
Sostiene que la Cámara desconoció que, si al año 1989 el actor contaba con veintiún (21) años de servicios profesionales, al año 1992 se debieron computar veinticuatro (24) años de aportes, lo que la condujo a convalidar el nuevo requisito que la accionada le exige al beneficiario en orden al número de promedio de veces.
II.2. En cuanto al período previo a la creación de la Caja, denuncia absurdo en la valoración de la prueba obrante en autos, producida e incluso no controvertida por la demandada.
Destaca que el Tribunal de Alzada no consideró la documental consistente en el plano agregado, por ilegible, no obstante que del mismo surge en forma clara el año 1957. Además, habiéndose matriculado con fecha 2 de octubre de 1957, tampoco reconoce los trabajos realizados en ejercicio de la profesión desde dicho momento y hasta el año 1959, los que quedan evidenciados en el certificado emitido por la Municipalidad de General San Martín y por la prueba testimonial (v. fs. 126, 127 y 154) y documental agregada, que -por imperativo de lo dispuesto en el art. 43 de la ley 5.920- debieron evaluarse.
II.3. Afirma el recurrente que la Cámara incurrió en absurdo al desconocer la real situación en la que se encontraba el accionante respecto de su derecho a acceder al beneficio jubilatorio.
En ese orden, sostiene que el a quo rechazó su pretensión a pesar de encontrarse acreditado que cuando solicitó el beneficio jubilatorio (año 1993), contaba con sesenta y un (61) años de edad y veinticinco (25) años continuos y permanentes de servicios con aportes (desde el año 1968 hasta el año 1992), demostrando que desde el año 1968 hasta el año 1971 –cuatro (4) años- ingresó los aportes mínimos exigidos en cada período (cuota mínima anual), a la fecha de la solicitud.
Expresó que ello es así, aún sin adicionar los servicios prestados durante el lapso durante el cual la Caja no tenía existencia -que fueron desechados pese al plano agregado y testimonios recibidos-.
Concluye afirmando que, al momento de la cancelación de su matrícula (día 7 de septiembre de 1993), registraba más de treinta (30) años de servicios continuos y permanentes de la profesión, con y sin aportes, y más de sesenta y un (61) años de edad.
II.4. Pone de manifiesto que la Caja denegó el beneficio expresando que "...el apelante no cumple con el requisito establecido en el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones, denominada 'número promedio de veces' arrojando un promedio de 0.73 cuando el reglamento exige un promedio de 1.00 o superior".
Sostiene que queda en claro que la Caja se ha excedido en el ejercicio de las facultades conferidas legalmente, en tanto ha desconocido su propia normativa y certificaciones expedidas, añadiendo un nuevo requisito: el pago de la cuota mínima anual superior a coeficiente uno (1) aún en aquellos años en los que al actor se le consideró como efectuado el aporte mínimo obligatorio (lapso años 1959-1970).
Por último, manifiesta que el Tribunal de Alzada aplicó erróneamente y desplazó la doctrina legal de los precedentes que cita en los que, según aduce, idénticas peticiones, han sido resueltas en favor de los reclamantes.
III. Me anticipo a señalar que en mi parecer el recurso debe prosperar.
III.1. De modo liminar cabe señalar que, si bien el rechazo dispuesto por la Caja profesional tuvo entre sus fundamentos que el actor contaba con un "...promedio de 0,73" sobre el total de aportes, no superando la exigencia reglamentaria que resultó descalificada por la doctrina de este Tribunal en los precedentes B. 59.148, "Baldomir", sentencia de 2-II-2000 y B. 59.568, "Maschiovecchio", sentencia de 24-X-2001, la decisión de la demandada se encuentra centrada en la falta de acreditación del requisito de veinticinco (25) años de actividad profesional.
En efecto, como sostuvo el a quo , el modo en que la demandada realizó el cálculo de años computables luego de la vigencia de la ley 5.920, no ha resultado decisivo para resolver la cuestión litigiosa en autos.
III.2. Expuesto ello y en lo que hace al tratamiento del planteo de absurdo en la valoración de las pruebas documentales y testimoniales producidas en autos -tendientes a acreditar el ejercicio profesional anterior a la vigencia de la ley 5.920-, corresponde señalar que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso -fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia-, constituyen facultades privativas de los jueces de grado, excluidas, en principio, de la revisión extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causa L. 102.679, sent. de 7-IX-2011; e.o.).
El concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia recurrida, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado (causas C. 119.553, sent. de 29-III-2017; C. 118.307, sent. de 23-V-2017; C. 120.407, sent. de 8-XI-2017; e.o.).
En autos, la Cámara entendió que el actor acreditó un total de veinticuatro años y medio (24.5) de actividad profesional (21 años con aportes iguales o superiores a 1 y 3.5 años por excedencia de edad) no alcanzando el mínimo exigido por la ley (25 años), descalificando la prueba aportada (fotocopia de un plano agregado a fs. 13/15 y testimonios obrantes a fs. 126/127 y 154) respecto de los años previos a la creación de la respectiva Caja profesional.
Sin embargo, el Tribunal de Alzada no valoró la certificación obrante a fs. 12 de autos por la que la Municipalidad de General San Martín dejó constancia de que el arquitecto Barabino se desempeñó como Director de Obras Públicas entre los días 22 de mayo de 1959 y 1 de julio de 1960.
Por otra parte, tal como lo sostiene el recurrente, del plano agregado a fs. 13/15 surge con claridad el año de su confección (1957), su firma y sello como profesional interviniente, la firma de la propietaria, así como los sellos municipales correspondientes. Si bien muchas partes del documento son de difícil lectura, ello no resulta obstáculo para tener por acreditada la intervención profesional del actor.
A igual conclusión se arriba a través de los testimonios brindados por los arquitectos Alicia Amalia Cassinelli (v. fs. 126), Jorge Evaristo Dos Reis (v. fs. 127) y Gabriel Fernández (v. fs. 154), quienes afirmaron conocer la actividad profesional del actor durante los años 1957 y 1958.
Se vislumbra en la labor del judicante la presencia del vicio de absurdo denunciado, pues en el análisis probatorio efectuado por la Cámara no ha primado la consideración integral de la totalidad de los elementos colectados en la causa, cuya valoración conjunta y relacionada permiten validar la invocación efectuada por el recurrente en cuanto a tener por acreditado su ejercicio profesional durante el período en cuestión. En efecto, la actora logró así rebatir de un modo directo, concreto y eficaz los fundamentos de la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada.
El recurrente demostró fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio al restarle entidad a probanzas documentales que acreditaban su actuación profesional como arquitecto durante los años 1957/1960. El error en dicha apreciación de la prueba resultó ser palmario y grave, por llevar al sentenciante a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa, lo que justifica su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Por último, corresponde agregar que en la interpretación de las normas previsionales debe primar el fin tuitivo que las animan, de tal modo que el sentido que a aquellas se asigne no conduzca a desnaturalizarlas o a la pérdida o desconocimiento de los beneficios por ellas reconocidos. Lo contrario implica incurrir en una interpretación rígida, incompatible con los principios y la finalidad tuitiva de todo régimen previsional. Esta es la solución que surge del principio contenido en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, incorporado en la reforma del año 1994, destinado a quienes están encargados de aplicar e interpretar el derecho y conforme al cual, en caso de duda en materia de seguridad social, regirá el principio de interpretación en favor del trabajador.
III.3 Lo dicho es suficiente para tener por cumplido el requisito de años de ejercicio profesional exigido por la norma y, consecuentemente, justificar la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y reconocer el derecho del señor Alfredo Barabino a la jubilación ordinaria (arts. 42 y 43, ley 5.920).
IV. Ahora bien, en virtud del principio de la apelación adhesiva, cabe analizar lo alegado por la accionada en orden a la desestimación de la defensa de prescripción en su momento opuesta.
IV.1. Al contestar la demanda la Caja solicitó en subsidio que, atento al abandono del trámite administrativo que -según adujo- la parte actora hizo desde el año 1994 hasta el año 2000, se declarasen prescriptos los eventuales haberes devengados, ello con fundamento en la aplicación supletoria del art. 62 del decreto ley 9.650/80.
IV.2. El juez de grado desestimó dicho planteo por entender que la petición formulada por el arquitecto Barabino, con fecha 7 de septiembre de 1993, recién fue resuelta con posterioridad a la notificación de la sentencia recaída en el proceso de amparo por mora (14 de mayo de 2012), recordando en tal sentido que recurrir a la figura del silencio administrativo es un derecho que le asiste al particular para paliar la omisión administrativa y en modo alguno constituye una carga cuya inobservancia revierta en su perjuicio, agravando el daño ocasionado por el incumplimiento de la Administración. Por ello concluyó que, habiendo sido instituido a favor del particular, mal podía emplearse el instituto en cuestión en contra de sus derechos.
IV.3. En su apelación, la Caja insistió en sostener que en la especie la mera concurrencia del transcurso del tiempo con inacción del demandante conducía necesariamente a la prescripción de los haberes previsionales requeridos. Así, afirmó que el instituto de la prescripción resultaba aplicable aún en los casos en que la resolución del trámite se encontrara pendiente de decisión por parte de la autoridad administrativa.
IV.4. La defensa no puede prosperar.
Este Tribunal ha asimilado la presentación efectuada por el interesado en sede administrativa, en reclamo del derecho pretendido, a la demanda judicial prevista en el art. 3.986 del Código Civil (por entonces vigente) como acto idóneo para la interrupción de la prescripción, en el marco de la doctrina general que considera con ese efecto a cualquier acto que demuestre en forma auténtica que no hay abandono y sí intención y propósito de no perder el derecho a ejercitar (causas B. 53.126, "Hernández de Fernández", sent. de 3-V-1995; B. 59.744, "Eleprint S.A.", sent. de 15-XII-2010; B. 61.436, "Cálix S.A.", sent. de 11-IX-2013 y B. 54.636, "Strassner y Pilz", sent. de 21-XII-2016).
Y ha decidido también que la reclamación administrativa, como antecedente necesario de la demanda, interrumpe la prescripción del derecho del particular; interrupción que se mantiene durante el procedimiento administrativo, si no se incurre en caducidad, hasta que se dicta la resolución administrativa que le pone término (conf. doctr. causas B. 55.828, "Bonifetto", sent. de 29-IV-1997; B. 61.436 y B. 54.636, cits.; e.o.).
Es decir, que los efectos del acto interruptivo duran mientras se mantenga la instancia administrativa.
Por lo tanto, al no poder declararse la caducidad del procedimiento administrativo por estar exceptuados de tal instituto los "expedientes de previsión social" (art. 127, dec. ley 7.647/70), la prescripción interrumpida por el reclamo no puede correr de nuevo mientras dure la instancia.
De allí que en el sub lite el reclamo del interesado interrumpió el curso de la prescripción y, no habiendo caducado el procedimiento administrativo incoado, no puede considerarse que hayan prescripto los haberes devengados durante su vigencia (art. 127 in fine , dec. ley 7.647; doctr. arts. 3.986 primera parte y 3.987, Cód. Civ. por entonces vigente; conf. art. 171, Const. prov.; causas B. 51.052, "De Filipis de Ciurlanti", sent. de 17-X-1990 y B. 55.828, cit.).
Las razones hasta aquí puestas de manifiesto resultan suficientes para rechazar la excepción de prescripción opuesta por la Caja demandada con relación a una parte de los haberes devengados.
V. Por todo lo hasta aquí expuesto, si mi parecer es compartido, cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada, reconocer el derecho del señor Alfredo Barabino a la jubilación ordinaria, rechazar la excepción de prescripción opuesta por la Caja demandada y condenar a la misma al pago de los haberes devengados desde la fecha de cancelación de su matrícula profesional -día 17 de mayo de 1994- (arts. 60, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 28
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.