Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73927
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.927, "Maiorini, Elizabeth C/ Ministerio de Salud s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Soria, Kogan, Torres, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que acogiera en forma parcial la demanda deducida por la señora Elizabeth Maiorini contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires -Hospital Especializado Materno Infantil "Dr. Victorio Tettamanti" de Mar del Plata- (v. fs. 421/429 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 432/439 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 440 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 447), agregado el memorial de la Fiscalía de Estado a fs. 460/462 vta. y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la señora Elizabeth Maiorini y, en consecuencia, anuló la resolución 2.066/09 que dispuso su cesantía por abandono de cargo -art. 85 de la ley 10.430- (v. fs. 371/379) y condenó a la demandada a la reincorporación de la actora al cargo con estabilidad del cual consideró fue ilegítimamente desplazada. Asimismo, ordenó el pago de la indemnización por daños materiales que la accionante adujo haber padecido con motivo de la medida adoptada.
Contra dicho pronunciamiento ambas partes interpusieron recursos de apelación (v. fs. 382/385 y 387/395 vta.).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocó la sentencia de grado y declaró abstracto el tratamiento del recurso de apelación de la actora.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, indicó que la resolución 2.066/09 tuvo como causal la figura del abandono de servicio previsto en el art. 85 de la ley 10.430, en atención a la circunstancia de haberse sustraído la actora de su deber de prestar servicios por un plazo de tres días consecutivos, sin previo aviso y sin que hubiese logrado acreditar encontrarse en alguna de las circunstancias justificantes previstas en la ley (arts. 33 y 35, ley 10.471; 36, 37, 38 y concs., ley 10.430).
En orden a ello, señaló que las ausencias de la agente no pudieron tener como sustento el descanso anual. Observó que según se desprende del expediente administrativo n° 2.975-7377: i) la demandante solicitó la licencia anual el 19 de enero de 2009 para ser usufructuada entre los días 9 de febrero de 2009 al 10 de marzo de 2009 (v. fs. 143); ii) con fecha 2 de febrero de 2009 el Director del Hospital denegó -por razones de servicio- la licencia peticionada (v. fs. 143 in fine ); iii) que a partir del 9 de febrero de 2009 la actora se ausentó de su puesto de trabajo (v. fs. 150).
Expuso que la propia señora Maiorini reconoció haber dejado de concurrir a prestar funciones pese a no haber recibido la autorización expresa de la autoridad a tal efecto y el hecho de haberse ausentado de la ciudad durante los días por los que había solicitado su licencia. Ello, en razón de que según manifestó, de acuerdo a sus planes: "...el período de vacaciones resultaba crucial, ya que para emprender semejante aventura (escalar un volcán) se requiere un período no menor a diez días de adaptación a la altura y unos quince días para atacar la cumbre y era imposible e infundado cualquier tipo de fraccionamiento de las vacaciones..." (v. fs. 59 vta., párr. séptimo.).
Consideró que tal declaración adquiere un gravitante efecto si se tiene en cuenta que la notificación cursada intimándola a reintegrarse en el plazo legalmente previsto data del 20 de febrero de 2009 (v. fs. 2, expte. adm.), esto es, en una fecha en que la propia interesada reconoció haberse encontrado fuera de la ciudad y cuando aún le restaban -a juzgar por sus propios dichos- dieciocho (18) días para completar su período "vacacional" consumido totalmente fuera de la ciudad de Mar del Plata.
Destacó que de lo relevado en la causa la deficiencia de la notificación alegada por la actora y sobre la cual el a quo apuntaló la nulidad a la postre decretada en el fallo apelado, no tuvo en el caso la trascendencia que le brindó el juez de primera instancia.
Por otra parte, señaló que aún dada por practicada la notificación en el domicilio de la actora, tal anoticiamiento no hubiera tenido virtualidad para evitar el dictado de la medida segregativa que le causó agravio, por cuanto la agente no estaba en condiciones de conocer su contenido por hallarse fuera de la ciudad, amén de mediar imposibilidad de regresar al puesto de trabajo por encontrarse, por su propia decisión y a sabiendas de que la autorización para gozar de la licencia anual no había sido otorgada, alejada del lugar de prestación de servicios por un plazo altamente superior al que la ley tolera tras la intimación para la reincorporación del agente sin sanción alguna.
Sostuvo que no puede declararse la nulidad de la actuación administrativa cuando de las constancias de la causa no surge cuál fue el perjuicio concreto e irreparable que, para ejercer su defensa, le produjo la aludida notificación (conf. arg. doctr. causa B. 55.766, "Barros", sent. de 4-VI-2014). Ante tal escenario, consideró que la defectuosa notificación de la intimación alegada se transforma tan solo en una maniobra para evitar los efectos de la medida segregativa, a sabiendas de que su ausencia durante treinta (30) días no tenía sustento legal alguno y de que la notificación practicada en su domicilio no hubiera surtido ningún efecto atento no encontrarse en tal lugar en el momento de su diligenciamiento ni en varios de los días subsiguientes.
Sin perjuicio de ello, entendió que la notificación de la intimación sobre cuya validez se discute, careció de los vicios que imputa la actora.
En tal sentido señaló que: "...el declarar el domicilio real ante la Administración es un deber que la legislación impone en forma expresa al agente público (cfr. art. 78 inc. 'o', ley 10.430; art. 33 ley 10.471) y tiene por fin que la administración cuente con el domicilio actualizado, pues será tenido en cuenta por ésta para hacer nacer determinados efectos jurídicos o exigir el cumplimiento de algunos deberes u obligaciones derivados de la relación de empleo, a través de notificaciones e intimaciones que pudieren llegar a cursarle el organismo correspondiente..." (v. fs. 374 vta., párr. quinto).
Advirtió a su vez que, en cumplimiento de la carga antedicha, la señora Elizabeth Maiorini el día 18-XII-1997 había denunciado, en su legajo personal, el domicilio de calle Querandíes y Caupolican de Mar del Plata en tanto que el 2 de febrero de 2000 lo hizo consignando nuevamente "Los Querandíes y Caupolican", con el agregado "e. Caupolican y Yanquetruz", sin otra precisión. Sostuvo que tal proceder -fijar domicilio en una esquina- sin precisar numeración o -en su caso y dadas las particulares características de la Reserva Forestal Bosque Peralta Ramos de la ciudad de Mar del Plata- sin brindar alguna otra indicación que permita individualizar correctamente la vivienda de la actora, no indicaría una buena predisposición para recibir comunicaciones.
Añadió que no puede entonces recaer sobre la accionada la consecuencia del cumplimiento insuficiente de la carga de denunciar domicilio legalmente impuesta al agente, pues es quien debe soportar los efectos de la omisión o la imperfección del imperativo fijado en su propio interés.
Consideró que el acto llevado a cabo por el oficial notificador se realizó de conformidad a las previsiones legales, perdiendo virtualidad, en tal contexto, el testimonio brindado por los señores Fidanza y Daller (v. fs. 349 y 350) pues no enervan la apatía con la que en su momento la actora dio cumplimiento al deber emergente del art. 78 inc. "o" de la ley 10.430.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad o doctrina legal (v. fs. 432/439) en el que denuncia la errónea aplicación del art. 85 de la ley 10.430; la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte y absurdo en la valoración de prueba.
En primer lugar, la recurrente alega que la Cámara pretende actuar en el caso el régimen disciplinario conforme los términos de la ley 10.430, cuando debió aplicarle la ley específica 10.471 (arts. 38 a 41), que rige para aquellos agentes municipales que se desempeñan en la carrera profesional hospitalaria.
Sostiene que, como consecuencia de ello, no corresponde aplicar el procedimiento abreviado del art. 85 de la ley 10.430 por cuanto el art. 41 de la ley 10.471 establece expresamente que: "...Las normas de procedimiento referentes a la disciplina del agente serán las establecidas por las disposiciones vigentes para el personal de la Administración Pública Provincial en lo que no se hallaren modificadas por la presente...".
Señala que de conformidad al art. 39 de dicho cuerpo normativo, salvo apercibimiento o suspensión de hasta tres (3) días, no es posible sancionar disciplinariamente al agente sin que en forma previa se instruya un sumario.
Sobre este punto, la recurrente concluye que el Tribunal de Alzada fundó la revocatoria del pronunciamiento de grado en una normativa diferente a la que -según entiende- resulta aplicable al caso.
Por otra parte, aduce que la decisión de la Cámara vulneró la doctrina legal de esta Suprema Corte en materia de la trascendencia de la notificación fehaciente en el procedimiento de abandono de cargo que decreta la cesantía de un agente. Refiere a las causas B. 50.252, "Coronel", sentencia de 10-V-2005; L. 33.899, "Marcos", sentencia de 13-XI-1984 y L. 37.003, "Lopez Pereira", sentencia de 20-II-1987.
Asimismo, denuncia la existencia de absurdo en la valoración de las pruebas realizada por la Cámara. Alega que, si bien se reconoce en la sentencia impugnada la deficiencia de la intimación, el Tribunal de Alzada fuerza una interpretación cargada de conjeturas y circunstancias incomprobables con el objeto de no declarar la nulidad del acto que dispuso su cesantía.
Sostiene que la afirmación expuesta en el fallo respecto a que: "...mal puede declararse la nulidad de la actuación administrativa cuando de las constancias de la causa no surge cual fue el perjuicio concreto e irreparable que para ejercer su defensa le produjo la aludida notificación..." (v. fs. 438 vta.), es errónea por cuanto la deficiencia en la notificación implicó en este caso la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa vulnerando el debido proceso legal.
Por otra parte, se agravia de la conclusión arribada por la Cámara vinculada a que la agente, notificada o no, igualmente no hubiese logrado presentarse a trabajar. Sostiene que ello es una conjetura y que eventualmente pudo haber ejercido diferentes acciones si hubiese sido informada por terceros de la existencia de la misiva, siempre que dicho diligenciamiento se hubiese realizado correctamente en su domicilio.
Finalmente, alega que la ponderación de la Cámara en torno a que el procedimiento dispuesto en el art. 85 de la ley 10.430 se realizó ajustado a derecho, vulneró los derechos y garantías establecidos en los arts. 14 bis, 18 y 19 de la Constitución nacional.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. Acierta la recurrente en cuanto alega que la deficiencia en la notificación implicó, en el caso, la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa.
De allí que el agravio vinculado con la denuncia de absurdo formulada con base en que lo resuelto por la Cámara en ese aspecto resulta una interpretación conjetural, es procedente.
En efecto, luce como una afirmación desprovista de sustento lógico lo señalado por el Tribunal de Alzada en orden a que la irregularidad de la diligencia en la que el juez de grado apuntaló la nulidad decretada no tiene la trascendencia que le brindara en su pronunciamiento pues, aun dando por practicada la notificación en el domicilio de la actora, tal anoticiamiento no hubiera tenido virtualidad para evitar el dictado de la medida segregativa por cuanto la agente no estaba en condiciones de conocer su contenido ni de regresar a su puesto de trabajo por encontrarse fuera de la ciudad.
La potencialidad de si notificada la agente se hubiese presentado o no a trabajar de forma alguna puede vulnerar el debido proceso, ni cercenar el derecho de defensa que le asiste, máxime en un procedimiento sumario que fue sustanciado en el marco de lo dispuesto en el art. 85 de la ley 10.430 por la causal de abandono de cargo.
IV.2. Conforme la doctrina legal de esta Suprema Corte, el cumplimiento de los recaudos previstos para proceder a la notificación de la resolución administrativa final, en tanto constituye un presupuesto indispensable para la existencia del consentimiento, debe surgir en forma categórica. De tal modo, en caso de duda acerca del conocimiento por el interesado de la resolución en cuestión -por mediar una notificación que no satisface los recaudos exigidos por la legislación procedimiental aplicable- debe estarse por la inexistencia de notificación (doctr. causas B. 57.948, "Robredo", sent. de 13-XII-2000 y B. 56.450 "Covello", sent. de 2-IV-2003).
Es que, como reiteradamente ha dicho este Tribunal, la notificación constituye un deber de la Administración en garantía de los derechos de quienes participan en el procedimiento (doctr. causa B. 63.224 "Molinatto", sent. de 14-VIII-2013; e.o.). Una recta interpretación de lo dispuesto en la materia por el decreto ley 7.647/70 (arts. 62, 63 y sigs.) permite afirmar que, sea cual fuere el medio elegido por la Administración para cumplir el recaudo de la notificación del acto administrativo, en la pieza que materializa la diligencia deben cumplirse los requisitos legales. El incumplimiento de tal premisa, determina la nulidad de la notificación, conforme lo dispuesto por el art. 67 (doctr. causas B. 60.411, "Ferraro", sent. 4-III-2009; B. 59.637, "Baldi de Perversi", sent. de 10-VII-2013).
En ese contexto, corresponde subsumir la resolución del caso bajo análisis en los mencionados postulados puesto que la previa notificación de la intimación fehaciente que debe cursarse en los términos del art. 85 de la ley 10.430 ha sido establecida en interés del agente a fin de que pueda justificar los motivos de su ausencia.
Resultando un hecho no controvertido en la causa que tal diligencia no cumplió con las formalidades legales impuestas en tanto se realizó en un domicilio ajeno al de la demandante (arts. 63 y 67, dec. 7.647/70), carecen de relevancia los argumentos esgrimidos para fundamentar el abandono de servicio en que se consideró incursa a la accionante, toda vez que lo dirimente en el caso radica en la ausencia de notificación formal de la intimación de reintegro a sus tareas.
En definitiva, la entidad de la irregularidad que porta, en el caso, el emplazamiento previsto en el art. 85 de la ley 10.430 como condición necesaria para configurar la aludida causal de extinción de la relación de empleo público, en tanto fue realizado en un domicilio ajeno al de la demandante (v. fs. 2 y 5, expte. 2975-7377-2009; fs. 349 y 350, del principal), es suficiente para determinar la nulidad del referido emplazamiento y para revocar, en consecuencia, el pronunciamiento en cuanto tuvo por legítimo el acto de cese.
V.1. Ahora bien, al momento de apelar la decisión de grado (v. fs. 387/395), la actora se agravió respecto de la cuantía indemnizatoria allí fijada, alegando que a la luz del principio de reparación integral y conforme la doctrina legal de esta Suprema Corte, que cita, correspondía se le reconociese el derecho a cobrar el ciento por ciento (100%) de los salarios dejados de percibir. En subsidio, planteó que ante el supuesto de que tal pretensión no prosperase, se eleve el monto establecido en la sentencia apelada a una suma equivalente al 70% u 80% de tales haberes.
V.2. Me permito recordar que, en caso de cesantías ilegítimas, esta Suprema Corte ha resuelto que el reclamo de las remuneraciones devengadas -como la que formula la actora- constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo (causa B. 49.176, "Sarzi", "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-212 y mi voto en causas B. 54.506, "Romero", sent. de 10-III-1998; B. 51.616, "Pippo", sent. de 14-VII-1998; B. 54.852, "Pérez", sent. de 10-V-2000; B. 55.010, "Chaina", sent. de 2-VIII-2000; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001 y B. 65.702, "Gallo", sent. 24-X-2018; e.o.).
De tal modo, al otorgar alcance indemnizatorio a dicha pretensión, ese daño se presume ( an debeatur ) por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad con la consiguiente inversión de la carga probatoria.
Ahora bien, en cuanto a la cuantía de la reparación, debe recordarse que este Tribunal ha resuelto, sentando una doctrina que entiendo enlaza y armoniza los fundamentos de la reparación con la naturaleza jurídica de la garantía de la estabilidad, que en estos casos debe ponderarse siempre "... la posibilidad de que el empleado despedido sin derecho pueda sufrir inmediatamente a su cesantía, un daño igual a la privación de su sueldo..." y que ese daño es "... lógico de presumir durante un tiempo prudencial suficiente como para que el cesante dedique las horas que antes empleaba en su cargo a otra actividad lucrativa" (causa B. 38.396, "Acuerdos y Sentencias", 1958-III-44, esp. voto del señor Juez de primer voto, doctor Acuña Anzorena, a la cuarta cuestión planteada, citado por el señor Juez de primer voto, doctor Vivanco, en la causa B. 49.176, "Sarzi", "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-212).
De allí que la presunción del daño por la ilegitimidad del acto no puede alcanzar también a la magnitud del mismo y, sin más, determinarse que ésta siempre será equivalente a la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente ilegítimamente despedido.
Antes bien, el monto del perjuicio ( quantum debeatur ), debe estar supeditado a la demostración que efectúe la parte actora y en tal caso a la prueba en contrario de la demandada, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo (doctr. art. 375, CPCC; remisión arts. 77 inc. 1 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Por ello, corresponde que este Tribunal fije prudencialmente el mismo, atendiendo a las circunstancias de la causa y en orden a lo impuesto por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable en virtud de lo dispuesto en los arts. 77 inc. 1 y 78 inc. 3 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
En tal sentido, a partir de una nueva reflexión, suscitada teniendo en consideración: i) las circunstancias de la causa analizadas a la luz de los criterios reseñados precedentemente; ii) la ausencia de normativa de específica aplicación que regule el tópico; iii) el carácter de deuda de valor que cabe asignarle a la indemnización cuya cuantía aquí se procura establecer hasta el momento de su determinación (arg. art
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