Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74764
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.764, "Valot SA. c/ Ministerio de Economía (Catastro) s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso interpuesto por la demandada y revocó el pronunciamiento de primera instancia que hizo lugar a la pretensión de la actora entablada contra el decisorio del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, registrado bajo el n° 558/05. Impuso las costas de ambas instancias a la parte actora en su calidad de vencida en el pleito (conf. arts. 12 inc. 1, 51, 55, 56, 58 y 59, CCA) -ver fs. 1.301/1.309 vta.-.
Disconforme con ese pronunciamiento la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 1.314/1.336), el que fue concedido a fs. 1.338/1.339.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.348), agregado el memorial de la Fiscalía de Estado a fs. 1.349/1.364 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El titular del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 con asiento en el Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró la nulidad de la resolución 558 del Tribunal Fiscal de Apelación, ordenando a la autoridad de aplicación reliquidar el impuesto inmobiliario correspondiente a los periodos fiscales 1986 a 1999, en relación a la partida 086-11264-7, de conformidad a la valuación real del inmueble. No obstante, rechazó la pretensión indemnizatoria, por no encontrar acreditado el daño denunciado por el actor (conf. art. 50 inc. 6, CCA).
Para así decidir, consideró que el tribunal administrativo había realizado un análisis meramente formal de la legislación catastral e impositiva -vigente al tiempo de determinar la valuación fiscal-, omitiendo verificar si la misma fue correctamente interpretada y aplicada por la Agencia de Recaudación cuando denegó lo peticionado por la empresa actora. Indicó que, en rigor, lo que se había solicitado en esa oportunidad era la rectificación de la valuación del inmueble sujeto a imposición y no la aplicación retroactiva de la ley 12.397 (que modificó los índices de antigüedad y estado de conservación, impactando sobre la base imponible del inmueble de autos), como erróneamente considerara el Tribunal Fiscal en la resolución denegatoria objeto de revisión.
Advirtió que el marco normativo resultaba complejo y que si bien la ley 5.738 (B.O. de 24-IX-1953) estableció el primer revalúo general inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires (realizado por la ley 5.739) y ordenó que, en lo sucesivo, se efectúe uno cada diez años (conf. art. 24), ello no sucedió sino hasta el año 2000.
Que el decreto 12.749/54, reglamentario de esa norma, luego de señalar los parámetros a tener en cuenta para determinar el valor básico de la tierra (art. 12 y sigs.), estipuló los valores de las construcciones según su destino, de acuerdo con la clasificación de tipos y características resultantes de las tablas anexas (art. 16); y estableció por el art. 17 los coeficientes de depreciación por antigüedad y estado de conservación de las construcciones, incluidos en la tabla 12, la que asignaba el valor 1 para los inmuebles habilitados en los años 1954 y 1955, mientras que para los años anteriores el coeficiente va bajando conforme mayor antigüedad.
Señaló que recién en el año 1988 se sancionó una nueva ley de catastro 10.707, la que no fue reglamentada sino hasta el año 1994 por el decreto 1.736/94. En ese ínterin, se dispuso (por dec. 5.346/90) la aplicación transitoria del decreto 12.749/54 (reglamentario de la primigenia ley de catastro 5.738), en todo aquello no previsto y que no se contrapusiera con la nueva normativa catastral. En consecuencia, se siguió aplicando la tabla 12 de coeficientes deducibles.
Indicó, con lo expuesto, que es justamente por el período comprendido entre los años 1986-1999 que el actor efectuó su reclamo, por considerar ilegitima la valuación tomada para liquidar el impuesto, en tanto aplicó siempre un índice igual a 1, que en la liquidación equivale a que el inmueble no se deprecia con el paso de los años.
Aseveró que esa omisión fue reconocida por el Tribunal Fiscal de Apelación quien, no obstante, justificó la legitimidad de lo actuado por la autoridad de aplicación en los reenvíos concatenados de leyes y reglamentos.
Al respecto el juez de grado sostuvo que, si bien observaba una legalidad formal, en tanto no se produjo un vacío legal reprochable ante la omisión de realizar un revalúo general, lo cierto fue que por el período comprendido entre los años 1984-1999, se mantuvieron inalterados los coeficientes de ajuste por antigüedad y estado de conservación establecidos en la ya citada tabla 12 que disponía un valor igual a 1 para los inmuebles habilitados en los años 1954 y 1955, lo que implicó que por más de veinte años, no se depreciaron las valuaciones analizada en autos.
En ese contexto, descalificó la decisión del Tribunal Fiscal (quien señaló sin más que esa era la tabla aplicable) en la consideración de que, desde la primigenia normativa hasta la más reciente, se facultó a la Administración a actualizar dichos coeficientes en atención a su calidad de órgano técnico especializado en la materia, con total independencia de que el legislador hubiera incurrido en mora al no disponer el revalúo general.
Indicó, a ese fin, que la ley 5.738/53 establecía en su art. 29 que: "El Poder Ejecutivo establecerá los coeficientes de ajuste individual con respecto a los valores básicos. Para las plantas subrurales y rurales dichos coeficientes serán reunidos en una tabla general y la Dirección General de Rentas determinará los coeficientes de corrección necesarios [...]".
Y agregó que el art. 3 de la posterior ley 10.707, disponía (en ese mismo sentido) que: "La Dirección de Catastro Territorial es el organismo a cuyo cargo está el cumplimiento de la presente ley y el ejercicio de la autoridad de aplicación en materia valuatoria"; ordenando en el art. 79 de la misma que: "Dentro del período de vigencia de cada valuación general, el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo catastral, establecerá la mutación de valores en el mercado inmobiliario resultante de la aplicación de lo dispuesto por los arts. 63 a 67 inclusive.
La relación entre los valores unitarios determinados a los fines de la actualización y los valores unitarios básicos de la última valuación general conformarán coeficientes de actualización de las valuaciones fiscales básicas, los cuales serán considerados en la ley impositiva correspondiente".
Con ello afirmó que, tanto la Dirección General de Rentas como luego la Dirección de Catastro Territorial, resultaban los organismos competentes para determinar la actualización de los coeficientes establecidos por el legislador, descalificando así el argumento del Tribunal Fiscal de Apelación, puesto que el legislador previó expresamente que la valuación general se efectuaría cada diez años (art. 24, ley 5.738/53) y puso en cabeza del Poder Ejecutivo (en los límites de sus atribuciones constitucionales) la facultad de reglamentar una cuestión cambiante, como es la actualización de los coeficientes de depreciación por antigüedad, según las pautas que la misma ley otorga.
Agregó, en esa inteligencia, que la fijación de tales coeficientes no sería más que una atribución reglamentaria propia de la autoridad de aplicación en la materia (art. 144 inc. 2, Const. prov.) que viene a complementar lo establecido por el legislador, a los fines del cumplimiento de la ley.
Asimismo, fundamentó la decisión en las pruebas periciales obrante en autos, por las que los profesionales intervinientes -ingeniero civil y actuaria-, concluyeron que la Dirección de Rentas provincial (a los fines valuatorios) había establecido una tabla de coeficientes de ajuste de valores según antigüedad y estado de conservación para edificios e instalaciones complementarias (se refiere a la tabla 12), conforme la cual los edificios habilitados con posterioridad al año 1954 se les aplica un coeficiente equivalente a 1 (es decir: no sufrían depreciación).
Finalmente, apuntó que el perito había concluido que, desde el año 1955 hasta 1999, no hubo depreciación ni reducción en los valores de lo construido (es decir no se computó antigüedad alguna), lo que implicaba un aumento encubierto del monto a tributar en ese período, situación que recién se subsanó en el año 2000, donde se tuvo en cuenta la real depreciación de las construcciones existentes.
Con lo expuesto, corroboró la omisión en la aplicación de los coeficientes de depreciación por antigüedad, los que debieron actualizarse pasados diez años desde el primer revalúo (modificándose la tabla 12) y recién fue rectificado con la sanción de la ley 12.397, en el año 2000. Concluyó entonces que, las leyes catastrales no tuvieron en cuenta -durante los años indicados- el coeficiente de depreciación por antigüedad y estado de conservación para los inmuebles habilitados en 1954 y 1955, siendo esa la causa de que se obtuviera un valor desajustado de la depreciación material, atento que nunca fue ajustado por la Dirección de Catastro Territorial.
Analizadas las normas catastrales, la competencia en cabeza de la Dirección de Catastro Territorial para actualizar el coeficiente por antigüedad y conservación -según lo expuesto supra- y la omisión en la aplicación de ese coeficiente según las pericias del ingeniero civil y de la actuaria, concluyó que debía hacer lugar a la pretensión y declarar la nulidad de lo resuelto por el Tribunal Fiscal de Apelación, todo por lo que ordenó la rectificación retroactiva del valor fiscal del inmueble por los períodos 1986 a 1999 inclusive. Asimismo, rechazó la pretensión indemnizatoria por no haberse acreditado el daño resarcible.
II. Apelado el fallo por las partes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso articulado por la demandada y revocó el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 1.301/1.309 vta.).
Para así resolver, analizó los antecedentes normativos vigentes al tiempo en que se determinó la valuación en debate -la que relató in extenso - y afirmó que asistía razón a la demandada por cuanto la modificación en la tabla de depreciación por antigüedad y estado de conservación no podía efectuarla la Administración sin previa habilitación del legislador.
Indicó que durante el período comprendido entre diciembre de 1986 -fecha en que la actora adquirió el inmueble por subasta pública-, y 1999 inclusive -momento en que entró en vigencia la ley 12.397 (1 de enero de 2000)-, la firma Valot S.A. debió abonar el impuesto inmobiliario de conformidad a la valuación fiscal que disponía la normativa vigente en ese entonces, utilizando la tabla 12 de depreciación por antigüedad y estado de conservación de las construcciones que, para el inmueble de marras, establecía un valor igual a 1 para la habilitación en los años 1954/1955 (conf. art. 17, dec. reg. 12.749, cit.); prescripciones que -en función de lo dispuesto por el decreto 5.346/90-, siguieron rigiendo en tanto no se contraponían con las previsiones de la nueva ley de catastro (conf. ley 10.707, cit.; v. fs. 1.307).
Por otra parte, puso de manifiesto que la primigenia ley de Catastro Parcelario de la Provincia preveía que la valuación general se efectuara cada diez años (art. 24, ley 5.738), y que dicha manda continuó rigiendo en la normativa posterior (v. art. 146, dec. ley 9.350/79, que fuera reiterada por el art. 78, ley 10.707), incluyéndose expresamente allí que los valores resultantes tendrían vigencia a partir de la fecha que establezca la ley especial, mandato que recién fue cumplido por el legislador en el año 2000, cuando se sancionó la ley 12.397.
En consecuencia, advirtió que no obstante que el iudex pudiera entender que la Dirección de Catastro Territorial se hallaba facultada para actualizar los coeficientes de ajuste por antigüedad y estado de conservación (en su condición de órgano técnico en la materia), lo cierto fue que, conforme la legislación aplicable (ref. arts. 78 y 79, ley 10.707, cit.), en el supuesto de existir una omisión -respecto de lo que consideró no correspondía abrir juicio, pues no había sido materia de controversia-, ella no le sería imputable a la autoridad de aplicación, sino que, según infiere el Tribunal Fiscal -y expresa la Fiscalía de Estado en su pieza recursiva- obedecería a una mora del legislador que en modo alguno permitiría evidenciar un supuesto obrar ilegal de la Administración (v. fs. 1.307 vta.).
Estimó también que la circunstancia de haberse sancionado la ley 12.397, disponiendo su vigencia a partir del día 1 de enero de 2000, impedía su aplicación retroactiva con anterioridad a esa fecha, lo que daba cuenta de que la requerida actualización de coeficientes, aun habiéndose contemplado que se efectuara cada diez años, sólo podía haberse implementado a través de un enunciado normativo de rango legal (ley especial, cfr. art. 78, ley 10.707 cit.), como lo entendió el propio legislador al dictar, con posterioridad, la aludida ley 12.397 (v. fs. 1.307 vta.).
En mérito de las consideraciones expuestas y ponderando que la parte actora, si bien planteó genéricamente la confiscatoriedad del impuesto inmobiliario no brindó fundamentos suficientes ni aportó prueba al respecto que permitan tener por acreditada la vulneración de la garantía de propiedad (conf. art. 17, Const. nac.), resolvió hacer lugar al recurso interpuesto por la representación fiscal y revocar el pronunciamiento recurrido, rechazando la pretensión.
Asimismo, atento la forma en la que decidió la cuestión, consideró que resultaba inoficioso tratar los restantes agravios de la demandada y rechazó también el recurso de la parte actora tendiente a que se revise la improcedencia de la pretensión indemnizatoria.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrinal legal, obrante a fs. 1.314/1.336, la actora denuncia la violación de los principios de contradicción, de imparcialidad, del debido proceso, de congruencia y del derecho de defensa, contemplados en los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Asimismo, alega absurdo en la valoración de la prueba y errónea aplicación de la normativa aplicable al caso, con cita de los arts. 1, 3, 53, 69, 70, 76 y 83 de la ley 10.707 y 7 del Código Fiscal.
III.1. En primer lugar, la recurrente denuncia que el Tribunal de Alzada omitió tratar el recurso de apelación por ella interpuesto, soslayando la prueba producida en autos, resolviendo en forma dogmática y en claro desmedro del principio de congruencia y de legalidad.
Sostiene que, en consecuencia, la Cámara omitió pronunciarse sobre el objeto de la litis, incurriendo en una absurda apreciación de las constancias de la causa.
III.2. Seguidamente acusa que la aplicación de un coeficiente de ajuste dispuesto en el año 1954, de ninguna manera pueda implicar el reconocimiento de amortización de un inmueble por el paso del tiempo, aun cuando fuera autorizado por decreto en el año 1990.
Indica que la valuación de un inmueble, como un activo fijo tangible, no solamente disminuye su valor monetario con el paso del tiempo, sino que también pierde valor por desgaste, demérito por el uso e inclusive por obsolescencia; pérdida de valor que debe ser contemplada como depreciación, para el cálculo del impuesto.
Seguidamente alega que todas las normas catastrales vigentes en los periodos fiscales que van desde 1986 a 1999 (periodos reclamados), reconocieron o estipularon la aplicación del coeficiente de depreciación y ordenaron también el revaluó general cada diez años.
Afirma que ello tiene su clara razón de ser en que a un inmueble que data de 1930 (como el de autos) no puede aplicarse el mismo coeficiente de depreciación en 1955 y en 1999, pues no reflejaría la depreciación en su justa y real medida, lo que palmariamente vulnera el principio de realidad económica contemplado en el art. 7 del Código Fiscal, como lo dispuesto por el propio régimen catastral previsto en la ley 10.707 (arts. 76 a 83); todo lo que afecta su derecho de propiedad.
Manifiesta que el Tribunal de Alzada soslayó que esa circunstancia fue reconocida por la Fiscalía de Estado y fue, asimismo, acreditada en la causa por la pericia del ingeniero civil Besoky, quien explicó claramente la ilegalidad cometida por la autoridad de aplicación.
También señala que esa irregularidad surge manifiesta cuando, por aplicación de la nueva tabla 12 -en el año 2000-, el inmueble pasó de estar valuado en 10 millones a sólo 2 millones. Advierte que, si durante los cuarenta y cinco años previos se hubiera ajustado debidamente la valuación año a año mediante coeficientes adecuados, hubiese sufrido ajustes progresivos, hasta llegar a esa reducción equivalente al 20% de su valor original.
Afirma que, no obstante estar probado y aceptado el detrimento, incurre en absurdo el Tribunal de Alzada al inferir que la autoridad de aplicación no estaba facultada para realizar per se el revalúo del bien y que, en su caso, se trató de una ilegalidad por omisión de la legislatura, que el contribuyente debería tolerar, como si el legislador no fuera parte del Estado.
Seguidamente repasa el art. 104 de la Constitución provincial y aduce que quien tenía la potestad para modificar los coeficientes de depreciación era el propio Estado por intermedio del Poder Ejecutivo, del cual la Dirección de Catastro es parte.
Asimismo, agrega a su fundamentación la teoría de la personalidad jurídica única del Estado.
En esta inteligencia señala que la ilegalidad no provino exclusivamente de la omisión legislativa, en tanto surgían de los arts. 1, 3, 76, 77, 83 de la ley 10.707, que la competencia en materia valuatoria le correspondía a la Dirección de Catastro de la Provincia de Buenos Aires, quien tenía (y tiene) la potestad y la habilidad técnica para hacer no sólo los revaluó generales -dispuestos por ley-, sino también los rectificativos individuales por cambios o motivos propios de cada inmueble en particular, sea por denuncia del contribuyente o de oficio. Al efecto trascribe los artículos pertinentes.
III.3. Acusa que la sentencia resuelve algo distinto a lo que se planteó en demanda.
Para ello reseña que, en su momento, requirió la intervención de la Dirección de Catastro al advertir que el revalúo general del bien no ponderó la depreciación por el paso del tiempo, por lo que la valuación fiscal resultaba errónea y que, no obstante los continuos reclamos, el Estado hizo caso omiso al mantener inalteradas las liquidaciones anuales que implicaban un impuesto confiscatorio, superior al 25% del valor del bien.
Advierte con ello que el fallo impugnado es incongruente puesto que, con el objeto de eludir la cuestión de fondo, realizó una interpretación forzada de la pretensión al denegar la aplicación retroactiva de los coeficientes aprobados por la ley 12.397, lo que en rigor de verdad no fue solicitado, en tanto sólo se refirió a ellos a fin de demostrar que la valuación anterior difería groseramente de la q
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