Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74883
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.883, "Telecom Personal S.A. c/ Municipalidad de General San Martín s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 46/48 vta.) y, en consecuencia, revocó la sentencia interlocutoria de primera instancia (v. fs. 40/42 vta.) que rechazó el planteo de inaplicabilidad e inconstitucionalidad en subsidio del art. 70 de la ley 13.133 e intimó a la parte actora a que acreditara en autos el monto de la multa a la orden de la autoridad que la dispuso y a presentar el comprobante del depósito, con apercibimiento de tener por desistida la acción promovida (v. fs. 54/59 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, el señor Fiscal General del Departamento Judicial de General San Martín interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 65/77 vta.), que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 79 y vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 85/91), dictada la providencia de autos (v. fs. 92) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Telecom Personal S.A. promovió una pretensión anulatoria con el objeto de que se declarase la nulidad de la resolución 222/15, a través de la cual el funcionario de la Municipalidad de General San Martín a cargo del órgano sancionatorio previsto por el art. 81 de la ley 13.133 le impuso una multa de $10.000 por infringir los arts. 4 y 10 bis de la ley 24.240 (LDC) y otra de $2.000 en concepto de daño directo a favor de la denunciante, usuaria del servicio de telefonía celular.
En la oportunidad referida, la firma actora planteó la incompetencia del órgano municipal con el argumento de que el servicio de telecomunicaciones, dada su naturaleza interjurisdiccional, constituía una materia de regulación privativamente federal; se agravió de los incumplimientos que se le atribuyeron, relacionados con el trámite de traslado de la línea telefónica de la reclamante hacia otra empresa; y cuestionó el monto de las sanciones impuestas.
Asimismo, postuló la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art. 70 de la ley 13.133 -texto según ley 14.652-, en cuanto exige el pago previo de las multas por infracciones al régimen de protección de los derechos del consumidor y del usuario, como requisito para interponer la acción judicial contra ellas (v. fs. 4/11 y 18/29).
I.2. En su primer despacho, el juez de primera instancia corrió vista al Ministerio Público Fiscal a los fines y efectos que estimase correspondientes, "de conformidad con lo previsto por el art. 27 de la ley 13.133..." (v. fs. 32, pto. VII).
I.3. El señor Fiscal General Adjunto departamental contestó defendiendo la aplicación y constitucionalidad del pago previo previsto en el art. 70 de la ley 13.133, sobre la base de la jurisprudencia de la Corte nacional que sólo lo dispensa en caso de imposibilidad de pago y otros supuestos que no estimó configurados en la especie. Con respecto a la doctrina sentada por esta Suprema Corte en la causa I. 3.361, "Herrera", sentencia de 19-XII-2012, entendió que ella resulta inaplicable en materia de derecho del consumidor.
Asimismo, se pronunció a favor de la competencia del órgano municipal interviniente (v. fs. 33/36).
I.4. En su sentencia, el juez de grado rechazó el planteo de inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art. 70 de la ley 13.133 e intimó a la actora a depositar el monto de la multa a la orden de la autoridad que la dispuso, con apercibimiento de tener por desistida la acción (v. fs. 40/42). Disconforme, el apoderado de Telecom Personal S.A. interpuso recurso de apelación (v. fs. 46/48).
I.5. Llegado el caso a su conocimiento, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín acogió el remedio, revocó la resolución apelada y declaró la inconstitucionalidad del tramo objetado del art. 70 de la ley 13.133, en el entendimiento de que la exigencia del pago previo de las multas impuestas vulneraba las garantías de tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia (conf. arts. 10 y 15, Const. prov.). En su apoyo, citó lo resuelto por esta Corte en la mentada causa I. 3.361, "Herrera".
II. Contra este último pronunciamiento, el señor Fiscal General del Departamento Judicial de General San Martín interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
II.1. En el punto II de su presentación abordó lo relativo a su legitimación activa. Citó el art. 27 de la ley 13.133 en cuanto establece la actuación obligatoria del Ministerio Público "como fiscal de la ley".
Añadió: "Esta intervención obligada del Ministerio Público no es a los fines de representar al particular damnificado en la relación de consumo, ni que actúe en nombre de una asociación de consumidores, sino que interviene por un interés actual, colectivo y relevante, en defensa del orden público y de la ley, resguardando la regularidad del proceso en el que se encuentra en juego un derecho de incidencia colectiva y garantizando la fiel observancia de los derechos expresamente consagrados en la propia Constitución Nacional". Ello "...en atención a la expresa calidad de orden público que la legislación citada proclama respecto a sus normas" (fs. 66 y vta.).
II.2. En cuanto al fondo de la cuestión, denunció que la sentencia impugnada desconoce expresos textos legales y trabajosa doctrina y jurisprudencia desarrollada durante años en materia de defensa de los derechos de los consumidores, como asimismo el principio de legalidad de los actos administrativos y la ausencia de derechos absolutos, a partir de la facultad del Estado de dictar leyes que reglamenten su ejercicio (conf. art. 14, Const. nac.).
II.2.a. Invocó doctrina legal de esta Corte en torno a los criterios de interpretación que deben ponerse en juego a fin de armonizar la materia del consumidor con el resto del ordenamiento jurídico.
Citó en tal sentido las decisiones adoptadas en los autos "Cuevas", sentencia de 1-IX-2010; "Tev S.A.", sentencia de 22-XII-2010; "B.B.V.A. Banco Francés S.A.", sentencia de 5-X-2011; C. 119.166 "Rodríguez", sentencia de 11-II-2016; y el voto del doctor de Lázzari en C. 117.245, "Crédito para Todos S.A.", sentencia de 3-IX-2014.
II.2.b. En lo que atañe al solve et repete , comentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado su constitucionalidad, de modo tal que los contribuyentes sólo pueden sortear dicho requisito: a) cuando resulte desproporcionada la magnitud del monto a pagar en relación con su concreta capacidad económica; b) cuando exista falta comprobada e inculpable de recursos económicos para poder hacer frente a su pago; c) cuando hacerlo efectivo importe un verdadero desapropio o revele en forma inequívoca propósitos persecutorios o configure la doctrina de la desviación del poder; d) cuando se afiance en forma suficiente el monto del litigio.
Señaló que en la causa I. 3.361, "Herrera", sentencia de 19-XII-2012, invocada por la Cámara en la sentencia atacada, esta Suprema Corte trató la constitucionalidad del art. 42 de la ley 11.477 (pago previo de una multa en materia pesquera, exigido a un contribuyente que carecía de habilitación para alquilar botes). Refirió que, en dicha ocasión, tres votos se inclinaron por el criterio sentado por la Corte nacional, mientras que los cuatro restantes declararon la inconstitucionalidad del requisito de pago previo, debido a que las multas reclamadas no podían considerarse válidamente como recursos ordinarios del sistema financiero público.
Advirtió que en el presente caso también se discute el acceso a la instancia judicial para el cuestionamiento de una multa administrativa, pero resaltó que ésta fue impuesta en el marco de las leyes 13.133 y 24.240, correspondientes al derecho del consumidor. Manifestó que, en este ámbito particular, la exigencia del pago previo de las multas responde principalmente a que el consumidor se encuentra en una situación desigual ante la empresa (con mayor solvencia para afrontar su pago) y a la usual menor cuantía de los asuntos involucrados.
Concluyó en este aspecto que el ya citado precedente "Herrera" difiere fácticamente del supuesto bajo análisis, descartando la aplicación analógica de la solución allí alcanzada. Por otro lado, sostuvo que la modificación de la ley provincial en cuestión responde a un " aggiornamiento " y que respeta la jurisprudencia de la Corte nacional, toda vez que no diferencia a las multas de otros supuestos en la aplicación del solve et repete , por lo que éstas se encuentran sometidas únicamente al régimen de excepciones antes descripto.
Advirtió que la ley 13.133 prevé la posibilidad de eximir del pago a los peticionantes que acrediten la existencia de un perjuicio. Agregó que, a diferencia de lo acontecido en "Herrera", en la especie no se trata del derecho de defensa de una persona física, sino de una operadora de telefonía, proveedora habitual de dicho servicio, que no sólo omitió la invocación y acreditación de elementos que justifiquen la causal eximente legalmente prevista, sino que incluso reconoció que tal requisito no le impedía acceder a la jurisdicción.
II.2.c. Asimismo, cuestionó el fundamento de la Cámara relacionado con la naturaleza jurídica de la sanción pecuniaria discutida.
Argumentó que ni la justificación del solve et repete tradicionalmente esgrimida para las obligaciones tributarias, basada en la necesidad de financiamiento del Estado, ni los principios genéricos referidos a sanciones punitivas impuestas en otras materias, pueden aplicarse al derecho del consumidor, sino que es necesario realizar un análisis particular y específico para éste.
Alegó que las particularidades del régimen específico adoptado a nivel constitucional, nacional y provincial, imponen un esfuerzo adicional a los magistrados. Ponderó en tal sentido la afectación establecida por el art. 75 de la ley 13.133 (texto según ley 14.393) para el producido de las multas impuestas en dicho marco normativo. Expresó que éstas cumplen una importante función de sostén del sistema protectorio del consumidor a nivel municipal, en mérito a su destino financiero, como así también una función preventiva y disuasoria para que los proveedores de los servicios pongan su mejor esfuerzo en evitar el conflicto y, en su caso, le brinden una solución en tiempo apropiado a los consumidores.
II.2.d. Por último, recordó que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes gozan de una presunción de legitimidad que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia.
Añadió que la Cámara debió expresar con total precisión, a más de la norma tachada de inconstitucional, el perjuicio real y efectivo que causaba su cumplimiento, requisitos indispensables para tomar una decisión de tal envergadura. Sobre el punto, observó que la actora reconoció que la norma impugnada no le generaba tal daño y que ello fue admitido por el tribunal sentenciante.
Indicó que todos los derechos individuales reconocidos y consagrados por la Constitución nacional están sujetos a las reglamentaciones fijadas con fines de conveniencia social y seguridad común (conf. art. 14, Const. nac.).
Culminó su exposición planteando la existencia de "...sobrados motivos para que este Superior Tribunal, en uso de las facultades casatorias que le son reservadas por la Constitución Provincial, confirme la vigencia del art. 70 de la ley 13.133 [y] de la doctrina legal vigente en la materia en relación a la integración normativa, revocando la sentencia basada en una declamada defensa del acceso a la justicia, que importa en realidad, una violación al régimen legal y constitucional vigente, inaplicable en la especie, de acuerdo a lo establecido por el art. 7 del Código Civil y Comercial y 3 de la LDC".
III. En las condiciones del caso el recurso extraordinario es admisible atento a que el señor Fiscal General no podrá reeditar su planteo ligado al solve et repete más allá de la etapa en la que actualmente se encuentra el pleito, pues de progresar la pretensión anulatoria incoada por la parte actora sorteando el requisito contenido en el art. 70 de la ley 13.133 tal discusión habrá devenido abstracta.
Sentado ello, anticipo que el recurso no prospera dada su insuficiencia.
III.1.a. En primer lugar, me permito observar que el señor Fiscal General del Departamento Judicial de General San Martín ha fundado su legitimación para interponer el recurso extraordinario bajo análisis en el art. 27 de la ley 13.133, norma que determina la actuación del Ministerio Público como "fiscal de la ley", a la par que prescribe su intervención, tratándose de derechos de incidencia colectiva, en supuestos de abandono de la pretensión por las asociaciones legitimadas para en tales situaciones continuar con el proceso.
Dicha regulación se inscribe en el Título VII de la ley 13.133, donde se abordan las pretensiones formuladas con el objeto de defender los derechos e intereses de usuarios y consumidores (conf. art. 23, ley cit.). Específicamente, el art. 26 de esa normativa -texto según ley 14.640- reconoce legitimación para interponer las acciones judiciales correspondientes a los consumidores y usuarios, en forma individual o colectiva; a las asociaciones de consumidores debidamente registradas; y a los municipios, a través de las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC).
En todos los litigios indicados resultan competentes los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial o los juzgados de paz letrados -según corresponda-, salvo que se trate de controversias regidas por el derecho administrativo, suscitadas entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuyo caso la competencia es de los juzgados del fuero contencioso administrativo (art. 30, ley cit. -texto según ley 14.514-).
Como algo distinto de lo anterior, el procedimiento administrativo relativo a la inspección, comprobación y sanción de las infracciones al régimen de protección de los derechos del consumidor y del usuario se encuentra legislado en el Título VIII, Capítulo IV, de la ley 13.133 (art. 36 y sigs.). En este trámite se aplican las prescripciones del código de implementación y, en forma supletoria, las del decreto ley 7.647/70.
El infractor que de acuerdo con lo recién indicado resulte pasible de las penalidades contempladas en los arts. 73 y siguientes de la ley 13.133 -concordantes con las previstas en el art. 47 de la Ley de Defensa del Consumidor- puede acudir a la revisión judicial de los actos dictados por la autoridad de aplicación conforme al procedimiento establecido en el art. 70 del mismo plexo (conf. art. 23, tercer párr., ley 13.133). Este precepto dispone que las decisiones adoptadas por el organismo correspondiente agotan la vía administrativa y que la impugnación debe presentarse ante la misma entidad emisora del acto, quien habrá de remitirla junto al expediente administrativo al juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo competente.
Igual mecanismo se aplica a las sanciones que impongan los municipios, a los que los arts. 79 y siguientes de la ley 13.133 les han encomendado el ejercicio de las competencias allí previstas respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos partidos (conf. art. 80, ley cit.).
III.1.b. En la especie, la demanda judicial no se ha iniciado por alguno de los legitimados a los que el ordenamiento confiere preferente tutela, sino que ha sido promovida por un presunto infractor de los derechos de consumidores y usuarios, luego de agotada la instancia administrativa destinada a la comprobación de infracciones a su marco normativo. Tal procedimiento, como dejé sentado al comienzo, culminó con la imposición de dos multas a Telecom Personal S.A. por parte del funcionario municipal a cargo del organismo especializado previsto en el art. 81 de la ley 13.133, lo cual fue impugnado por la empresa en los términos del art. 70 del código de implementación ante el fuero contencioso administrativo.
Es decir que, en autos, la empresa que impugna las penalidades impuestas por la autoridad administrativa del consumo es la parte actora en el litigio entablado, mientras que la demandada es la propia municipalidad que estableció dichas sanciones, resultando ajena la consumidora denunciante a la relación procesal.
En ese escenario, que difiere sustancialmente de las situaciones previstas en los arts. 26 y 27 de la ley 13.133, la participación del Ministerio Público Fiscal no sólo no es obligatoria, sino que en rigor no es procedente. Ello, por tratarse de un ejercicio impugnativo que atañe únicamente a la firma sancionada y que se vincula al control judicial suficiente que los tribunales han de ejercer para que la adjudicación que tenga lugar en sede administrativa sea constitucionalmente válida (art. 15, Const. prov.; CSJN Fallos: 247:646 y 328:651).
Con todo, dada la intervención que se le confirió al señor Fiscal General Adjunto departamental en las instancias previas y en virtud del principio favor actionis que en este supuesto manda al uso prudencial del examen oficioso de legitimación, corresponde soslayar aquí lo anterior y decidir la suerte del recurso extraordinario en función de las consideraciones que expondré a continuación.
III.2.a. De conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la vía elegida por el impugnante sólo se abre en el supuesto de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local (conf. art. 161 inc. 1, Const. prov.; causas Q. 71.994, "Zara Argentina", resol. de 4-VII-2012; A. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.403, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; e.o.).
El objeto de este remedio extraordinario es el de corregir errores in iudicando cometidos al apreciarse el apego de una norma local a la Constitución provincial, supuesto ausente cuando el caso constitucional se plantea respecto de cláusulas de la Constitución nacional (conf. causa A. 72.922, "Millers", sent. de 18-IV-2018).
Del mismo modo, lo referente a pretendidos errores de juzgamiento con sustento en la inaplicabilidad de normas legales y precedentes emitidos por esta Suprema Corte resulta ajeno a la vía intentada, puesto que la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal del Tribunal constituyen causales propias del recurso de inaplicabilidad de ley y, por ende, extrañas al recurso extraordinario de inconstitucionalidad (conf. causa A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016).
III.2.b. En el caso planteado, el impugnante ataca la decisión de la Cámara que declaró inconstitucional el segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133, pero no funda correctamente su posición en un confronte directo entre esta cláusula legal y determinados preceptos de la Constitución local.
Nótese que a lo largo de la presentación bajo análisis se argumenta en diversas oportunidades en torno a preceptos de la Constitución nacional (v.gr., arts. 14 -fs. 69 y 76- y 42 -fs. 71 vta.-), lo que, como ya se indicó, constituye por definición materia ajena al recurso de inconstitucionalid
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