Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75634
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.634, "Nichea, Liliana Genoveva c/ Instituto de Previsión Social s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -por mayoría- revocó la sentencia de primera instancia que había acogido parcialmente la demanda promovida contra el Instituto de Previsión Social (v. fs. 58/66 y 111/116).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16 de agosto de 2018), el que fue concedido (v. fs. 95/96).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 98), acompañado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 1 de abril de 2019) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa destacar, el juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión anulatoria articulada, dispuso dejar sin efecto las resoluciones dictadas por el Instituto de Previsión Social (IPS) y ordenó el reajuste de la pensión de la actora sobre la base del cargo desempeñado por el causante en la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con retroactividad a la fecha de vigencia de la prestación (30 de noviembre de 2009).
Para así decidir, señaló que en los casos de pensión por fallecimiento el art. 67 del decreto ley 9.650/80 (conf. ley 13.524) establece como caja otorgante a la jurisdicción provincial, con la sola condición de que el causante se encontrare afiliado a ella al momento de producirse el deceso.
Indicó que, de cara a la obtención de beneficios de pasividad, el decreto 9.316/46 autorizó el reconocimiento de los servicios prestados y las remuneraciones percibidas (simultánea y sucesivamente) en cargos de afiliación a las cajas nacionales y en las provincias o municipalidades adherentes, evitando su desconocimiento por el mero hecho de estar tutelados por sistemas distintos.
Manifestó que el art. 66 (segundo párrafo) del ya citado decreto ley 9.650/80 obliga al cómputo de la totalidad de los servicios comprendidos en el sistema de reciprocidad cuando ésta ha sido invocada.
Entendió que en autos la demandada resulta caja otorgante y que nada obsta a la aplicación del sistema de reciprocidad jubilatoria a fin de computar la totalidad de los servicios prestados por el afiliado cuando se encontraba en actividad.
Advirtió que la Asesoría General de Gobierno dictaminó en la instancia administrativa que el IPS puede incorporar servicios de extraña jurisdicción, en la medida en que se encuentren debidamente reconocidos, sin que ello importe desplazamiento del rol jubilador, de acuerdo con lo establecido por el último párrafo del art. 67 del decreto ley 9.650/80 (texto según ley 13.524).
Concluyó que la decisión del IPS en sentido contrario no se ajustaba a derecho.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -por mayoría- revocó el fallo de primera instancia.
Entendió que la cuestión a dilucidar radicaba en determinar si el IPS debe asumir el rol de caja otorgante de la pensión reclamada sobre la base de los servicios con aportes prestados bajo su régimen por el afiliado fallecido o si procede en cambio reajustar el haber pensionario teniendo en cuenta el mejor cargo desempeñado por el causante en la AFIP, entidad perteneciente al ámbito nacional.
Interpretó que la normativa aplicable (arts. 67, dec. ley 9.650/80 -modif. por ley 13.524- y 168, ley 24.241) dispone excepcionalmente, en los casos en que el afiliado se incapacitare o falleciere encontrándose en actividad en el orden provincial, la posibilidad de renunciar al cómputo de los años ejercidos en sede nacional a fin de acogerse al beneficio local, aun cuando allí se hubiera desempeñado el mayor tiempo con aportes, sin que se encuentre obligado a sujetarse al régimen de reciprocidad obligatoria, en cuyo marco se determina la caja otorgante de acuerdo con la mayor antigüedad en la actividad.
Sostuvo que en autos no se encuentran discutidos los hechos que generan el derecho a pensión (fallecimiento del cónyuge durante la relación de empleo y ausencia de necesidad de computar un tiempo mínimo con aportes al sistema provincial), pero que la pretensión incoada, tendiente a que el haber previsional se establezca en base al mayor cargo desempeñado por el causante en el ámbito nacional, no puede tener andamiento.
Estimó que lo expuesto resultaba coincidente con el criterio sentado en precedentes propios del Tribunal de Alzada y de esta Suprema Corte en los cuales se concluyó que quien solicita un beneficio previsional al amparo de la ley local no está obligado a denunciar ni computar los servicios prestados bajo el régimen de reciprocidad ni, por ende, a someterse a él para determinar la caja otorgante del beneficio (causas B. 49.820, "Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo. Coadyuvante: Lanzoni", sent. de 3-VI-1986; B. 60.578, "Haspert de Russo", sent. de 30-X-2002; B. 61.789, "Mascara", sent. de 2-III-2003; B. 60.656, "Borras", sent. de 27-VI-2007; B. 67.427, "Vighetto", sent. de 18-IV-2012; e.o.).
Destacó que según los fundamentos de la ley 13.524, esta reforma recogió en su texto el criterio interpretativo acuñado por la Corte local en los precedentes citados, sin perjuicio de que en ellos el hecho generador del beneficio había ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma aquí discutida.
III. Mediante el recurso de inaplicabilidad deducido, la actora denuncia errónea aplicación del art. 67 del decreto ley 9.650/80, modificado por la ley 13.524.
Plantea que la mayoría del tribunal a quo incorporó al texto legal, vulnerando el principio de división de poderes, una condición no prevista por aquel, consistente en la prohibición de traer a cómputo los servicios con aportes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de manera tal que éstos no sean considerados al determinar el cargo regulatorio de la prestación. Razona que si el legislador hubiese querido establecer tales limitaciones las habría plasmado en el texto legal, sin que su imprevisión pueda presumirse.
Advierte que, en los precedentes de esta Corte invocados por la mayoría de la Cámara, el texto legal aplicable difería del debatido en el presente (en tanto no contenía la excepción actualmente prevista por el tercer párrafo del art. 67 del dec. ley 9.650/80) y que la temática allí discutida resultaba asimismo diferente (ya que se cuestionaba en tales casos la obligatoriedad de invocar el régimen de reciprocidad jubilatoria, mientras que en autos se controvierte la regulación del cargo computable a fin de determinar el haber de la pensión por fallecimiento, en los términos del art. 48 del dec. ley 9.650/80).
Argumenta que la excepción introducida por la ley 13.524 en el párrafo tercero del art. 67 del decreto ley 9.650/80 obliga al IPS a ser caja otorgante en casos como el presente, sin establecer opción alguna en favor del afiliado ni de la administración provincial. De allí extrae que -a su entender- no resulta posible admitir la pérdida de servicios con aportes efectuados en el ámbito nacional. Sostiene que el principio de beneficio único obliga a que se consideren la totalidad de los aportes realizados.
Reprocha al tribunal a quo no haber tomado en cuenta que la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad (al igual que la jubilación por invalidez) tiene características diferentes de las del resto de los derechos previstos por el decreto ley 9.650/80, en tanto nace a raíz de una situación de fuerza mayor que impide al causante cumplir con ciertos requisitos legales que por tal razón son dispensados, como reunir treinta y seis meses consecutivos o sesenta alternados para acceder al cargo desempeñado al cese.
Agrega que existen numerosas disposiciones legales que permiten que el IPS brinde prestaciones con aplicación de servicios traídos en el marco de la reciprocidad jubilatoria, sin que se los considere al efecto de determinar la caja otorgante. Entre ellas, cita las leyes 7.918 (para magistrados y funcionarios judiciales), 8.320 (para legisladores provinciales), 10.427 (para docentes), 11.719 (para determinados cargos de magistrados) y 14.255 (para docentes de establecimientos educativos transferidos a la Provincia de Buenos Aires). Concluye que el principio sentado por el art. 168 de la ley 24.241 no es absoluto sino relativo, ya que cuenta con múltiples excepciones.
Seguidamente reproduce los argumentos del voto en minoría del fallo atacado. Si bien niega que pueda haber dudas sobre el derecho que le asiste, invoca, a todo evento, el principio de interpretación a favor del trabajador, consagrado por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Por todo ello solicita que se deje sin efecto el fallo atacado y que se confirme la sentencia dictada en su oportunidad por el juez de primera instancia.
IV. El recurso prospera.
Esta Corte ha tenido oportunidad de expedirse de manera reciente en la causa A. 75.519, "Eli" (sentencia de 14-IX-2020), sustancialmente análoga a la presente (si bien allí se trataba de una jubilación por invalidez y aquí de una pensión por fallecimiento).
Adelanto que comparto los fundamentos favorables al reajuste de la prestación previsional brindados en dicha oportunidad por el doctor Pettigiani, motivo por el cual a continuación reproduciré en lo medular tales conceptos, con las adaptaciones pertinentes.
IV.1. Al igual que en la citada causa "Eli" y a diferencia de otros casos en que esta Suprema Corte ha debido expedirse con anterioridad, en autos se debate el alcance de la modificación introducida por la ley 13.524 (B.O. de 15-IX-2006) al art. 67 del decreto ley 9.650/80, norma aplicable a la situación de autos por tratarse de una pensión acordada a partir del 30 de noviembre de 2009, tras el fallecimiento en actividad del cónyuge de la actora, acaecido el 4 de marzo de ese mismo año (v. fs. 3 de estas actuaciones y 2 del expte. adm. 21.557-176.571/10-00, obrante en copia).
Más precisamente, la controversia suscitada exige determinar si el hecho de que el IPS deba actuar como caja otorgante en mérito a lo dispuesto por la norma citada, pese a la existencia de una mayor cantidad de años de servicios con aportes prestados en el ámbito nacional (cfr. fs. 13, 64, 121 y 129, expte. adm. cit.), implica que el haber previsional resultante sólo puede ser liquidado sobre la base de un cargo desempeñado en el orden provincial -tal como, en línea con lo sostenido por la Fiscalía de Estado, lo ha establecido la mayoría de la Cámara interviniente- o bien si -como lo entendiera el juez de grado y lo plantea la actora- el rol jubilador desempeñado por la administración local no obsta a la consideración del cargo de mayor jerarquía ocupado en su momento dentro de la AFIP.
IV.2. A partir de la reforma operada por medio de la ley 13.524, el art. 67 del decreto ley 9.650/80 prevé:
"En el sistema jubilatorio será otorgante de la prestación, aquella a la que corresponda el mayor tiempo con aporte. En este mismo supuesto, si se acreditare igual tiempo con aportes en el régimen de dos o más cajas, el agente podrá optar por solicitar el beneficio en cualquiera de ellas.
A los efectos del presente artículo, el tiempo con aportes acreditados en las diferentes cajas correspondientes al sistema nacional, se sumará como si perteneciera a una misma caja.
Exceptúase de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los beneficios de jubilación por incapacidad y pensión por fallecimiento en actividad, resultando en estos supuestos caja otorgante de la prestación, esta jurisdicción previsional provincial en el caso que encontrare afiliado a la misma al momento de producirse la incapacidad o el deceso respectivamente".
Se desprende del texto transcripto que, en los casos de pensión por fallecimiento en los que al momento de producirse dicha contingencia el trabajador se encontrara afiliado al sistema previsional provincial, este último debería actuar como caja otorgante, con independencia del tiempo con aportes registrado en otros sistemas.
Sin perjuicio de lo indicado, la norma citada nada establece -al menos, de manera expresa- sobre los cargos computables en tales supuestos a fin de determinar el haber del beneficio previsional peticionado. En el ámbito local, dicha cuestión se encuentra regulada por otra disposición, a saber, el art. 48 del decreto ley 9.650/80, que tampoco explicita ninguna distinción entre cargos nacionales y provinciales.
IV.3. Corresponde advertir, por otra parte, que la Provincia de Buenos Aires adhirió mediante la ley 5.157 al sistema de reciprocidad entre los organismos de previsión social y las cajas de jubilaciones, establecido por el decreto ley 9.316/46, cuya finalidad esencial consiste en posibilitar el cómputo de los servicios prestados por los afiliados en diferentes jurisdicciones (conf. causas B. 49.138, "Vega Ocampo" y B. 49.332, "Alanis", sents. de 24-II-1987, AyS 1987-I-233; CSJN Fallos: 312:532; e.o.).
El sistema de prestación única allí consagrado nació para superar la notoria injusticia generada por la imposibilidad de acumulación de beneficios que impedía al trabajador adecuar la jubilación a lo ganado durante su vida activa. Con tal objetivo el citado decreto 9.316/46 autorizó el reconocimiento, a los efectos de obtener beneficios de pasividad, de los servicios prestados y remuneraciones percibidas (sucesiva y simultáneamente) en cargos de afiliación a las cajas nacionales y en las provincias o municipalidades adherentes, evitando que se desconozcan servicios prestados por el mero hecho de estar tutelados por sistemas distintos (conf. causa A. 70.727, "Wakun", sent. de 16-VIII-2017; entre muchas otras).
Concretamente, el art. 1 del decreto ley 9.316/46 dispone: "Decláranse computables para la obtención de las distintas prestaciones [...] los servicios prestados sucesiva o simultáneamente, bajo el régimen de una o de diversas Secciones o Cajas, previo reconocimiento de los mismos por la Sección o Caja en que corresponda".
A su vez, el art. 7 de dicho decreto establece: "La Sección o Caja otorgante de la prestación en el caso de servicios comprendidos en distintos regímenes de previsión aplicará las disposiciones orgánicas que la rijan, a los efectos de la determinación del monto de la prestación, considerando todos los servicios y la totalidad de las remuneraciones percibidas, como prestadas y devengadas bajo su propio régimen".
En sentido concordante, el art. 66 del decreto ley 9.650/80 prevé en su primer párrafo que "[l]os afiliados que hubieren desempeñado servicios en los distintos regímenes comprendidos en la reciprocidad jubilatoria, solo podrán obtener una prestación única considerando la totalidad de los servicios prestados".
En virtud de las prescripciones contenidas en el régimen de reciprocidad jubilatoria (arts. 1 y 7, dec. ley 9.316/46, ratif. por ley 12.921 y su doctrina; v. CSJN Fallos: 313:721; 317:985 y causa B. 52.640, "Hernández", sent. de 4-IV-1995; e.o.), esta Suprema Corte ha sostenido que los servicios y las remuneraciones reconocidos por cualquier caja adherida al sistema deben ser considerados por la caja otorgante del beneficio como prestados y devengados bajo su propio régimen (conf. causa B. 62.541, "Perego", sent. de 30-VI-2010; e.o.).
La aplicación de tales principios al caso de autos conduce, en mi opinión, al reconocimiento del derecho reclamado por la actora.
IV.4. En los precedentes de esta Corte invocados como fundamento tanto por la demandada como por la mayoría de la Cámara interviniente, los afiliados habían renunciado al cómputo de los servicios reconocidos en el ámbito nacional. Esa fue la principal razón tenida en vista para admitir que fuese el organismo previsional provincial quien otorgase los derechos peticionados y por ello es que, al calcular los haberes de las prestaciones, los mentados servicios nacionales no podían ser computados.
Las decisiones adoptadas en tales pronunciamientos se dictaron, además, bajo la vigencia de disposiciones legislativas que regulaban lo atinente a la caja otorgante de los beneficios en forma diferente de lo actualmente previsto por el art. 67 del decreto ley 9.650/80 (modif. por ley 13.524).
El mentado precepto (con anterioridad a la modificación efectuada por la ley 13.524) no contenía una previsión específica sobre el caso de jubilación por incapacidad o pensión por fallecimiento, encontrándose el requirente afiliado a la jurisdicción provincial.
En efecto, el citado art. 67 del decreto ley 9.650/80, en su redacción anterior, rezaba:
"En el sistema jubilatorio será caja otorgante de la prestación, aquella a la que corresponda el mayor tiempo con aporte. En este mismo supuesto, si se acreditare igual tiempo con aportes en el régimen dos (2) o más cajas, el agente podrá optar por solicitar el beneficio en cualquiera de ellas.
A los efectos del presente artículo, el tiempo con aportes acreditados en las diferentes Cajas correspondientes al Sistema Nacional, se sumará como si perteneciera a una misma Caja".
De allí que la plataforma fáctica y jurídica de los casos invocados difiera de la verificada en el presente, lo que deriva en que la doctrina legal entonces fijada resulte ajena a la cuestión puntualmente debatida en estos actuados, si bien ella puede servir para aclarar ciertos aspectos de la controversia sujeta a decisión. Veamos.
IV.4.a. En la causa B. 49.820, "Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo. Coadyuvante: Lanzoni", sentencia de 3-VI-1986 (cuyos lineamientos principales fueron reproducidos posteriormente en los precedentes B. 60.578, "Haspert de Russo", sent. de 30-X-2002; B. 61.789, "Mascara", sent. de 2-III-2003; B. 60.656, "Borras", sent. de 27-VI-2007; B. 67.427, "Vighetto", sent. de 18-IV-2012; e.o.), el organismo previsional había otorgado una jubilación por incapacidad en el entendimiento de que el beneficiario que había sufrido dicha contingencia mientras trabajaba en servicios de afiliación al Instituto provincial podía renunciar al cómputo de aquellos reconocidos en el orden nacional que no fuesen necesarios para la obtención de la prestación jubilatoria.
El tema fundamental a resolver en dicho precedente radicaba en determinar si la norma local que consagraba el beneficio de jubilación por invalidez para quien se incapacitaba en actividad sin exigir tiempo mínimo de servicios quedaba excluida cuando el afiliado que la invocaba había prestado servicios en el orden nacional en tiempo que superaba a los provinciales, pero que no eran traídos a cómputo para su acogimiento al régimen local.
En una decisión cuyos fundamentos comparto, el tribunal se pronunció entonces por una respuesta negativa a tal interrogante, en virtud de las siguientes consideraciones:
i) El carácter irrenunciable de la totalidad de los servicios prestados por el afiliado ha sido enunciado como principio a su favor para no vedarle su invocación posterior al otorgamiento de la jubilación a los efectos del reajuste del haber (causa B. 48.919, "Cabral", sent. 29-X-1985), pero no puede tornarse en su contra cuando es él quien expresamente decide prescindirlos para acogerse a un beneficio que, como la jubilación por invalidez, no los exige.
ii) El régimen de beneficio o prestación única con el alcance tuitivo indicado no puede constituirse en un obstáculo para que quien pueda acceder a él ac
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