Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75827
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 inc. 2, CPCC), se revoca la sentencia impugnada y se mantiene lo decidido por el juez de primera instancia a fs. 153/156.
Las costas generadas en las instancias de grado y las de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 51 y 60 inc.1, ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437; 68, primer párrafo, 274 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.827, "Gómez, Silvia Graciela contra Instituto de Previsión Social. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la demanda promovida por la señora Silvia Graciela Gómez contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 170/174).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 25 de octubre de 2018, 12:25:47 p.m., en el sistema Augusta), que fue concedido.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 184), agregado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 22 de octubre de 2019, 11:55:32 a.m. en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la acción promovida por la señora Silvia Graciela Gómez, con el objeto de obtener la nulidad de las resoluciones emitidas por el Directorio del Instituto de Previsión Social dictadas en el expediente administrativo 21557-238828/12 (v. fs. 73 y 91).
Como consecuencia de la nulidad pretendida, la parte actora solicitó en su demanda que se le reconozca como cargo determinante del haber jubilatorio el de Subsecretario Municipal que fuera desempeñado ininterrumpidamente durante el período 2009/2012 (v. decretos de designación a fs. 39 y 36) en las municipalidades de San Fernando y General Rodríguez. Específicamente, requirió el cargo de Subsecretario de la Municipalidad de San Fernando, por ser el de inferior jerarquía, con retroactividad al 25 de septiembre de 2012, fecha en la cual se le comenzó a liquidar la prestación previsional concedida mediante la resolución 772.988 (v. fs. 73).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada afirmó que, en el caso, no se encontraba controvertido que la accionante se había desempeñado durante el período 2009/2012 en el cargo de Subsecretaria de Reordenamiento Territorial, Tierras y Vivienda en los municipios de San Fernando y de General Rodríguez de manera consecutiva.
Delimitó la cuestión a resolver en analizar si el desempeño en los cargos antes mencionados puede computarse para reconocerle el derecho a obtener su jubilación con el cargo solicitado, de acuerdo a las previsiones del art. 41 del decreto ley 9.650/80.
Señaló que, si bien los cargos tienen idéntica denominación en ambas comunas, el régimen legal de cada uno es diferente.
En este aspecto, advirtió que el juez que previno incurrió en un error de juzgamiento en el entendimiento de que la denominación -por sí sola- no resulta suficiente para permitir la acumulación de cargos a los fines previstos por el art. 41 del decreto ley 9.650/80, en atención a las diferencias que observó en los regímenes legales aplicables en la especie.
Precisó que de las constancias administrativas agregadas en autos surgen diferencias sustanciales entre los servicios prestados en cada uno de los municipios, como ser el régimen horario y los rubros que integraban el sueldo (v. fotocopias de los recibos de haberes agregadas a fs. 46/52).
Por su parte, si bien reconoció que la actora acreditó que las tareas que desarrolló en la ejecución del Programa de Mejoramiento de Barrios (PRO.ME.BA) eran similares en ambos municipios, juzgó que de ello no es posible concluir que las demás funciones y misiones fueran idénticas, recaudo que considera esencial para el reconocimiento del derecho pretendido.
Señaló que esta Suprema Corte en la causa B. 54.771, "Aquino", sentencia de 5-VII-1996 sostuvo que la previsión contenida en el art. 41 del decreto ley 9.650/80 se refiere a cargos laborados en una misma estructura orgánico funcional.
Consecuentemente, concluyó que la pretensión de acumular cargos desempeñados en distintas estructuras, como entiende que sucede en el caso, requiere de la efectiva demostración de que se trata de un cargo único (v.gr. horario, misiones, funciones, etc.), circunstancia que, estimó, no se encontraba acreditada en autos.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 25 de octubre de 2018, 12:25:47 p.m., en el sistema Augusta) en el que denuncia la errónea aplicación del art. 41 del decreto ley 9.650/80 por la absurda valoración que hizo el Tribunal de Alzada en relación a las tareas que desarrollara en ambas municipalidades, vinculadas con las misiones y funciones del cargo desempeñado.
Afirma que se encuentra acreditado en autos que en ambos municipios ejerció idénticas funciones como Coordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios en los Municipios (PRO.ME.BA), el que fuera llevado adelante por la Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Aduce que la decisión impugnada es arbitraria por cuanto constituye una apreciación dogmática presumir que se trata de estructuras jurídicas disimiles toda vez que el cargo de Secretario del Poder Ejecutivo municipal reconoce las mismas funciones jerárquicas derivadas de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de la ley 11.757.
Alega que, contrariamente a lo sostenido por la Cámara, el precedente "Aquino" (antes cit.) avala el derecho reclamado en autos, en el entendimiento de que en la causa mencionada los cargos desempeñados pertenecían a distintas provincias, en cuyo caso no podía predicarse la equivalencia de la estructura orgánico funcional ni del régimen legal, tal como sucede en el presente caso.
Manifiesta que la actora percibe en la actualidad un haber jubilatorio que no guarda proporcionalidad con sus ingresos en actividad durante el período comprendido entre los años 2009 y 2012.
III. Adelanto que, en mi opinión, el recurso debe prosperar.
III.1. Entiendo que le asiste razón a la recurrente cuando afirma que, en el caso, el Tribunal de Alzada efectuó una errónea interpretación del art. 41 del decreto ley 9.650/80 para denegar el reajuste solicitado toda vez que se encuentra debidamente acreditado el desempeño en el cargo de Subsecretaria en ambas municipalidades -cuyas funciones y jerarquías resultan similares- por un período mayor a treinta y seis (36) meses consecutivos.
Ello, teniendo en cuenta los principios rectores en la materia y las pautas hermenéuticas que se desprenden del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Cabe recordar que el mencionado precepto de la ley previsional en su parte pertinente establece que para la regulación del haber jubilatorio debe computarse la "...remuneración asignada al cargo de que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio o en el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado. En todos los casos se requerirá haber cumplido en el cargo un período mínimo de treinta y seis (36) meses consecutivos o sesenta (60) alternados. Si estos períodos fuesen menores, el cargo jerárquicamente superior se considerará comprendido en el inferior, regulándose el haber por este último cargo siempre que haya revistado en el mismo por un período mínimo de treinta y seis (36) meses consecutivos o sesenta (60) alternados".
Como antes se señaló no se encuentra controvertido en autos que la accionante se desempeñó de manera consecutiva como Subsecretaria de Reordenamiento Territorial, Tierras y Vivienda del 19 de febrero de 2009 (v. acto de designación a fs. 39) al 7 de diciembre de 2011 (v. decreto fs. 45) en el municipio de San Fernando y del 7 de diciembre de 2011 al 25 de septiembre de 2012, en la Municipalidad de General Rodríguez (v. certificación de servicios fs. 35).
El Tribunal de Alzada sostuvo que, en atención a que dicho cargo fue ejercido en dos municipalidades diferentes, es necesaria la efectiva demostración de que se trata de un cargo único (v.gr. horario, misiones, funciones, etc.), circunstancia que valoró no acreditada en autos.
En este aspecto cabe destacar que el derecho reclamado se fundó en la última parte del primer párrafo del art. 41 del decreto ley 9.650/80 para que, en definitiva, se haga efectiva la garantía de que el jubilado mantenga una situación equivalente a la que tuvo en actividad durante el período de treinta y seis (36) meses consecutivos o sesenta (60) alternados.
En el caso, la negativa de considerar el cargo de Subsecretaria como cargo de mayor jerarquía para regular el haber no se ajusta a la razonable proporcionalidad que debe existir entre la situación de jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad.
En efecto, la jubilación que actualmente percibe la recurrente no se condice con lo que fueron sus ingresos durante los años 2009/2012, como tampoco refleja lo que fueron sus aportes al Instituto de Previsión Social durante dicho período.
Conforme surge de la prueba aportada y producida en las actuaciones, en los cargos jerárquicos desempeñados durante el período 2009/2012, la recurrente tuvo a su cargo la ejecución del Programa de Mejoramiento de Barrios (PRO.ME.BA) del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, cuyas misiones y funciones lucen detalladas en el informe elaborado por la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 5/7 y 130) motivo que permite considerar que, a los efectos previsionales, se encuentran cumplidos los recaudos temporales exigidos por el art. 41 del decreto ley 9.650/80 para regular el haber jubilatorio. Máxime teniendo en cuenta que se trata de la ejecución descentralizada de un programa provincial de urbanización y mejoramiento integral en los barrios en diversos municipios.
A lo expuesto debe adicionarse que el propio art. 41 establece, para el caso de que no se alcancen los períodos mínimos requeridos en alguno de los cargos, que el cargo jerárquicamente superior se considerará comprendido en el inferior, regulándose el haber por este último cargo, circunstancia por la cual la parte actora solicitó que el haber jubilatorio se regule sobre la base del cargo de Subsecretaria Municipal desempeñado en la Municipalidad de San Fernando (que tiene un régimen horario menor).
Debo señalar en relación al régimen horario que la parte actora no sólo no lo desconoce, sino que en él se asienta para solicitar expresamente que se tome el cargo de la Municipalidad de San Fernando que es el que tiene menor carga horaria y por ende salario, a fin de hacer valer la última parte del primer párrafo del art. 41 de la ley previsional que considera, para el caso de que no se alcancen los límites temporales previstos en la norma, la posibilidad de que un cargo superior se subsuma en el inferior.
Considero que una correcta hermenéutica conduce a ponderar la naturaleza sustitutiva de la prestación previsional, la cual se orienta a salvaguardar en la pasividad una situación patrimonial equilibrada respecto del haber que tuvo en actividad.
Desde dicha perspectiva, cabe efectuar el análisis de los hechos y el derecho aplicable que se avenga con la finalidad tuitiva y con los principios constitucionales en juego.
En particular, debo recordar que ante la duda en torno a la solución del caso, por imperativo constitucional, debe soslayarse cualquier interpretación "desfavorable" de la norma aplicable a la situación en la que se encuentren los destinatarios de la seguridad social (causas B. 58.854, "Cal Herbertz", sent. de 16-VIII-2000; B. 59.475, "Rodríguez", sent. de 31-VII-2007; B. 66.120, "Weingardt", sent. de 11-XI-2009 y A. 71.314, "Teplizky Jutoran", sent. de 11-II-2016).
Ello surge del principio que expresamente consagra, en materia previsional, el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, que ante situaciones como la planteada en el caso manda interpretar los hechos y el derecho a favor del reclamante del beneficio y, además, establece lo que se denomina "primacía de la realidad" (conf. causas B. 58.477, "Colombo", sent. de 16-VIII-2000; B. 59.096, "Fiscal de Estado", sent. de 18-XII-2002; A. 71.498, "González, María", sent. de 11-V-2016 y A. 72.102, "Borio", sent. de 19-X-2016).
III.2. En relación a la causa "Aquino" (B. 54.771, sent. de 5-VII-1996) referenciada por ambas partes y por la Cámara interviniente, debo señalar que las circunstancias fácticas y jurídicas de dicho precedente (en el que se analizaron cargos con regímenes estatutarios diferentes desempeñados en otras provincias) difieren de las aquí planteadas, motivo por el cual no resulta parangonable.
En aquella ocasión, al indicar al alcance del art. 37 del decreto ley 9.650/80 -actual art. 41, texto ordenado 1994-, se sostuvo que dicho precepto constituía una excepción al régimen previsional, que debía ser interpretado en forma estricta y por lo tanto no podía ser aplicado en ese supuesto.
En el caso aquí debatido se trata de establecer cuál es el cargo de mayor jerarquía desempeñado por la accionante para la regulación del haber jubilatorio teniendo en cuenta los plazos previstos en el art. 41 del decreto ley 9.650/80 y las funciones jerárquicas desempeñadas por la recurrente.
Entiendo que -sin perjuicio de las atribuciones constitucionalmente reconocidas al régimen municipal- corresponde considerar, para determinar el mejor cargo desempeñado por la actora durante su vida laboral, en virtud de lo dispuesto en el art. 41 citado, el de Subsecretario Municipal, en atención a la identidad de funciones desempeñadas durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2012 en cargos de idéntica denominación, pero de diferente jerarquía. El lapso desempeñado en el cargo superior se considera como laborado en el inferior y el haber se regula por este último, tal como lo dispone el tan mentado art. 41.
Esta solución, entiendo, garantiza la adecuada proporcionalidad que debe existir entre el haber en pasividad y el de actividad, atendiendo a la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero respecto del segundo, de forma tal que el conveniente nivel de pasividad ha de considerarse alcanzado sólo cuando el jubilado conserva una situación patrimonial proporcionada a la que le correspondería de haber continuado en actividad.
Ello se ve reflejado asimismo en los principios protectorios que el ordenamiento legal brinda en una etapa existencial difícil, que se asienta en el equilibrio que debe predicarse del salario (ingresos tenidos por el trabajador en actividad y sobre los que debió aportar) respecto del beneficio previsional, a fin de no afectar el nivel de vida del beneficiario.
De esta manera más allá de la identidad de la denominación del cargo en ambas municipalidades, lo esencial radica en la continuidad de los servicios, de aportes y la identidad de las funciones desempeñadas.
Así, si se tienen en cuenta los principios que informan la materia objeto de la controversia, debe evitarse el excesivo rigor formal, para arribar a soluciones que se adecuen a los propósitos perseguidos por la norma prefiriéndose una interpretación que los favorezca y no la que los dificulta (art. 39 inc. 3, Const. prov.; doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1989-II-506; 1986-IV-134).
Lo dicho basta para revocar la sentencia de la Cámara y reconocer el derecho previsional pretendido por la parte actora.
Por lo expuesto cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 inc. 2, CPCC), revocar la sentencia impugnada y mantener lo decidido por el juez de primera instancia a fs. 153/156.
En punto a las costas generadas en las instancias de grado se imponen a la demandada vencida (arts. 51, ley 12.008 -texto según ley 14.437- y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, 68 primer párrafo y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a los fundamentos brindados por la señora Jueza doctora Kogan en los puntos III.1. y III.2. párrafos 1 a 3 de su exposición, siendo que los mismos dan acabada respuesta a la controversia suscitada en autos.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega, doctor Genoud, permitiéndome tan sólo señalar que las particulares circunstancias del caso (desempeño sucesivo en dos municipalidades bonaerenses en identidad de cargos [Subsecretaria de Reordenamiento Territorial, Tierras y Vivienda: en San Fernando desde el 19 de febrero de 2009 hasta el 7 de diciembre de 2011 y en General Rodríguez desde el 7 de diciembre de 2011 y el 25 de septiembre de 2012 {fs. 38/39 y 45 y fs. 35/37, respectivamente} y con idénticas funciones (ejecución del Programa Mejoramiento de Barrios PRO.ME.BA desarrollado por la Unidad Ejecutora Provincial homónima [ver certificado de fs. 5 y 130]), supuesto -como queda de manifiesto- sustancialmente diverso al configurado en el precedente B. 54.771, "Aquino", sentencia de 5-VII-1996, tornan aplicable la previsión de la última parte del primer párrafo del art. 41 del decreto ley 9.650/80 al establecer "...Si estos períodos fuesen menores, el cargo jerárquicamente superior se considerará comprendido en el inferior, regulándose el haber por este último cargo".
De tal modo, coincido con mis colegas que me preceden en el orden de votación, en tanto la Cámara ha formulado una absurda valoración del material probatorio al concluir que no era dable relacionar ambos desempeños a los efectos del cálculo del haber jubilatorio.
Por lo expuesto, entiendo corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 inc. 2, CPCC), revocar la sentencia impugnada y mantener lo decidido por el juez de primera instancia a fs. 153/156.
Las costas generadas en las instancias de grado (arts. 51, ley 12.008 -texto según ley 14.437- y 274, CPCC), y las de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, 68 primer párrafo y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 inc. 2, CPCC), se revoca la sentencia impugnada y se mantiene lo decidido por el juez de primera instancia a fs. 153/156.
Las costas generadas en las instancias de grado y las de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 51 y 60 inc.1, ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437; 68, primer párrafo, 274 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.