Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72495
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.495, "Pedersoli, José Carlos c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Torres, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 204/223) y confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda interpuesta por el señor Pedersoli contra la Provincia de Buenos Aires por la que pretendió la nulidad de la resolución 781/06 que dispuso su prescindibilidad de la fuerza policial por aplicación de la ley 13.409 (v. fs. 246/251).
Disconforme con ese pronunciamiento, el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 255/269), el que fue concedido a fs. 271/272.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 281), agregado el memorial presentado por la Fiscalía de Estado a fs. 285/298 y vta. y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el accionante (v. fs. 204/223) y confirmó la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravio (v. fs. 246/251).
Para así decidir, en lo que al recurso interesa, el Tribunal de Alzada convalidó la emergencia declarada en la ley 13.409 y rechazó la postura del accionante en cuanto propone un análisis de los diferentes cuerpos legales concomitantes a su dictado a los fines de acreditar que la norma impugnada configurase una mera prórroga carente de autonomía, cuyo objeto fuera prolongar indebidamente la continuidad sine die de la situación de anormalidad.
Por otra parte, consideró legítima la resolución 781/06 que dispuso la prescindibilidad del actor, con fundamento en el art. 4 de la ley 13.409. Señaló que en el caso no se verificaron vicios en el obrar administrativo.
Asimismo, refirió a la doctrina legal de este Tribunal por la que se establecieron las pautas rectoras para evaluar la facultad de la administración de disponer con la debida habilitación legal mediante norma transitoria y de emergencia, la baja de un empleado por razones de servicio (doctr. causas B. 59.733, "Lagoa", sent. de 20-VIII-2008; B. 57.780, "Stefanicik", sent. de 11-VI-2003; e.o.).
Destacó que la condición de pasividad del agente (jubilación extraordinaria v. fs. 45) subsume el caso en el art. 6 de la ley 13.409 e impide tener por configurada la hipótesis que genera el derecho a percibir la indemnización prevista como sustitutiva de la estabilidad de empleo.
Rechazó el agravio por el cual el recurrente alega que no debió declarárselo prescindible en cuanto se encontraba en condiciones de acceder a una prestación previsional. Para ello señaló que la jubilación referida en el art. 5 de la ley 13.409 es la ordinaria y no el retiro voluntario o el extraordinario móvil al que accedió el actor (v. fs. 45), pues la el agente, a la fecha en que se dispuso la medida, no cumplía con los recaudos para obtener tal beneficio.
II. Contra dicho pronunciamiento el actor interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, obrante a fs. 255/269, mediante el cual denuncia arbitrariedad, errónea interpretación y violación de lo dispuesto en la ley 13.409 (arts. 4, 5 y 6); arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 39, 56, 57 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial (ver punto III.3.1 a fs. 255 vta. y 256). Asimismo, acusa la violación de doctrina de la Corte Suprema en materia de emergencia (v. punto III.3.15 a fs. 258 vta.).
Alega que el fallo parcializa el análisis de las normas aplicables, las valora en forma aislada, cuando debió considerarlas en su contexto y así verificar que éstas integraban un conjunto de normativas que prorrogaron el estado de emergencia por más de diez años, descalificando el instituto de la emergencia en sí mismo.
Se agravia de lo aseverado por la Cámara respecto a que al tiempo en que se dispuso su prescindibilidad se encontraba en condiciones de acceder a una jubilación, pues en realidad en virtud de la cantidad de años solo tenia derecho a la obtención de un retiro. En tal sentido, explica que esta fue la razón por la cual no ejerció la opción prevista en el art. 6 de la ley 13.409.
Reedita el agravio vinculado a la ausencia de motivación en el acto impugnado. Sostiene que la emergencia no es causa suficiente a los fines de la baja de un agente. En tal sentido, alega la vulneración del art. 108 del decreto ley 7.647 y de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. En primer lugar, en su pieza recursiva el recurrente insiste en reiterar planteos que viene esgrimiendo desde el inicio de la causa y que han recibido solución adversa -con fundamentos suficientes- en las instancias de grado, sin que su impugnación evidencie en esta vía extraordinaria ningún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado por los jueces de grado en el marco de su competencia, deviniendo técnicamente insuficiente el recurso. Ello toda vez que la impugnación evidencia un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (conf. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016 y A. 70.815, "Darhanpe", sent. de 19-X-2016).
En particular, el agravio referido a la inexistencia de la emergencia declarada por la ley 13.409, ya que el recurrente insiste en alegar la necesidad de integrar la citada norma con las restantes normativas concomitantes a su dictado -ley 11.340 y decretos 1.647/05 y 2.555/06-, argumento que fue abordado por la Cámara y desechado por no considerarlo suficiente a los fines de acreditar que la norma fuera una mera prórroga sine die de la situación excepcional de emergencia.
III.2. Ahora bien, en atención a que el recurrente en un intento de refutar lo resuelto por la Cámara denuncia arbitrariedad en el fallo (v. fs. 255 vta./261), he de recordar que su mera invocación no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, si no se demuestra que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. Para más, en la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo (conf. art. 279, CPCC y doctr. de las causas A. 71.274, "Claros", sent. de 7-IX-2016 y A. 73.283, "Troncoso Vivas", sent. de 13-XII-2017), vicio que no ha sido denunciado ni mucho menos acreditado en esta parcela del recurso.
III.3. Tampoco es de recibo el agravio vinculado a la improcedencia de la prescindibilidad en cuanto el recurrente consideró que el art. 6 de la ley 13.409 no previó, para el caso, una compensación adecuada en el supuesto de aquellos agentes que al tiempo en que se dispuso la medida ya se encontraban en condiciones de acceder a una prestación previsional.
El planteo formulado por el impugnante se desentiende por completo del eje de la sentencia recurrida.
Ello por cuanto la Cámara actuante, aún sin desconocer las alegaciones del demandante referidas a su situación de revista al momento de declararlo prescindible -27 años de servicio y posibilidad de acceder a una prestación previsional- centró su análisis en la circunstancia excepcional de emergencia, formalmente declarada, esto es, que el derecho a la estabilidad del empleado puede ser reemplazado por un resarcimiento sustitutivo o el reconocimiento de todos los derechos y obligaciones establecidos para el retiro obligatorio, como prevé la norma en cuestión y así sucedió en autos mediante la liquidación de la jubilación móvil extraordinaria al agente (conf. doct. causas B. 57.253, "Rodriguez", sent. de 9-V-2001; B. 57.780, "Stefancik", sent. de 11-VI-2003; e.o.).
Tal fundamento, que se constituye en el pilar jurídico del fallo en crisis, no logra ser refutado por las manifestaciones traídas a esta instancia casatoria, en tanto su detenida lectura permite advertir que el recurrente se desentiende de sus alcances circunscribiéndose a exteriorizar una disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discordante sobre la apreciación de los hechos y de las constancias de la causa (conf. art. 279, CPCC).
III.4. A mayor abundamiento, tampoco es de recibo la denuncia del actor referida a que no ejerció la opción del art. 6 de la ley 13.409. Es que ello implicaría valorar las modalidades del trámite de la solicitud de jubilación extraordinaria obtenida por el recurrente, lo cual se presenta ante esta Suprema Corte, en su competencia recursiva, como una cuestión de hecho, irrevisable salvo absurdo (conf. doctr. causas A. 70.778, "Verón", sent. de 15-X-2014; A. 72.680, "Rojas", sent. de 23-XI-2016; e.o.), vicio que no ha sido denunciado en la especie.
III.5. Por último, en relación a la argumentación formulada a fs. 258 vta., debo recordar que la invocación de precedentes de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la "doctrina legal" a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, sent. de 29-IV-2009 y C. 113.208, sent. de 27-VI-2012). Más aún en supuestos como el aquí analizado, en el que la decisión impugnada aplica la doctrina legal de este Tribunal.
IV. Por las razones expuestas corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la actora (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Si bien habré de coincidir con el relato de antecedentes, discreparé con la solución propuesta por el ponente.
A diferencia de otros precedentes, en el que nos ocupa, la Cámara de intervención entiende, en criterio que comparto, que el retiro o jubilación móvil extraordinario previsto en la ley 13.236 (B.O. 15-X-2004) no es al que se refiere el art. 5 de la ley 13.409 (B.O. 16-I-2006) motivo por el cual el agente que tuviera derecho a acceder al mismo podía ser declarado prescindible, como en el sub examen.
No obstante ello, sostiene que el posterior acogimiento por parte del prescindido a tal beneficio previsional, luego de ser separado de la fuerza, lo colocaba en el marco de la opción prevista en el art. 6 de la ley de prescindibilidad, aunque no la hubiera ejercido.
Dicho en otras palabras, de un lado se crea una presunción hominis que violenta el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales (art. 39 inc. 3, Const. prov.) y, del otro soslaya que el agente prescindido contaba per se con un mejor derecho previsional extraordinario en expectativa que el que establecía la opción sustitutiva de la justa indemnización.
No debemos perder de vista que el retiro o jubilación móvil extraordinario es un derecho de aquellos agentes policiales que tuvieran como mínimo 25 años de servicios, siendo acreedores al mismo incluso quienes fueron dados de baja por cesantía o exoneración (art. 40, ley 13.236).
Está claro que no es sustitutivo de la estabilidad en la relación de empleo.
Por lo expuesto considero que debe acogerse el recurso traído, revocar la sentencia puesta en crisis y hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a la accionada a abonar la indemnización prevista en el art. 6 de la ley 13.409.
A dicha suma de le adicionarán intereses que deben calcularse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (conf. arts. 622 y 623 Cód. Civ.; 7 y 68 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), conforme doctrina legal de esta Suprema Corte (causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016) dejando a salvo mi opinión.
Voto por la afirmativa.
Las costas generadas en las instancias de grado se imponen por su orden (conf. art. 51, ley 12.008, texto según ley 13.101 y doctrina de la mayoría en causa A. 70.603, "Rolón", sent. de 28-X-2015).
Las que derivan de esta instancia extraordinaria se imponen a la demandada vencida (arts. 60 inc.1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Mancini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:48:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:36:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:56:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:16:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2020 09:45:13 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2020 14:14:16 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia