Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76395
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.395 “PATRICIO AMALIA NOEMI C/ CAJA DE JUB. Y SUB. Y PENS. DEL PERS. BANCO PROV. BS. AS. S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda deducida por la señora Amalia Noemí Patricio contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires por la que perseguía la declaración de invalidez de las resoluciones del Directorio de la mencionada caja, dictadas el 26 de febrero y 24 de junio del año 2014, que le denegaran el beneficio de pensión derivado del fallecimiento del señor Edgardo Eberto De la Canal, ocurrido el 2 de diciembre de 2012(v. sent. de Cámara del 7-XI-2019).
Relató que ante la mencionada caja de previsión social las señoras Amalia Noemí Patricio, en calidad de conviviente, y Zulma Leticia Parisi, como cónyuge supérstite, solicitaron la pensión derivada del fallecimiento del señor De la Canal y que, fue en ese marco, que el juez de grado -ponderando todos los elementos consignados, tanto en sede administrativa como judicial- concluyó que si bien se podría afirmar que el afiliado mantuvo un vínculo con la accionante, dicha situación no resultaría suficiente para cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Ello, en tanto el causante se encontraba casado con la señora Parisi al momento de fallecer, manteniendo el mismo domicilio de su cónyuge a quién, además, tenía a cargo en todos los servicios sociales.
Asimismo, advirtió que el núcleo argumental de la apelante, centrado en la valoración de la prueba para acreditar los cinco años de convivencia anteriores al fallecimiento del afiliado, no lograba consistencia en lo relativo a las consignas con las que el juez de grado formara convicción en la solución de la causa, pues juzgó que no se apreciaba omisión en la valoración de prueba esencial ni quebrantamiento de las reglas de la sana crítica (conf. arts. 384 y ccs. del CPCC; conf. art. 77 ley 12.008, t. seg. ley 13.101).
Recordó que en el sistema de la Ley 13.364 el cónyuge supérstite sólo pierde su vocación pensionaria a favor del conviviente, cuando lo hubiere, o la mantiene compartida con éste, por partes iguales, si existiere reserva de alimentos, reclamo para ellosó culpa del causante en la separación personal o divorcio (conf. art. 41 párrafo 2° y 3° de la ley 13.364).
Señaló que la condición suficiente para la extinción de la vocación pensionaria, en la hipótesis de la norma citada, es la presencia de un conviviente con derecho a pensión. Y, dada esa circunstancia, se requiere que el causante se halle separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento (conf. art. 41 cit.).
Por ello entendió correcta la consideración de la autoridad administrativa, en tanto la valoración del complejo probatorio aportado no muestra –a su entender- una exégesis que quiebre la armonía necesaria con la regla de la sana crítica (conf. art. 384 del CPCC, art. 77 ley 12.008, t. seg. ley 13.101), ni ofrece elementos que puedan enervar su suficiencia para descartar la coexistencia marital procurada en la demanda.
Reparó, tal como lo señalaba el fallo de la instancia de origen que, si bien el caso reporta una relación personal entre el beneficiario fallecido y la accionante, no alcanza para justificar la convivencia en aparente matrimonio en los últimos 5 años anteriores al deceso del afiliado ni la separación personal del causante con su cónyuge, extremos que exige la norma legal aplicable al caso (art. 41 de la ley 13.364 cit.). No encuadrando de tal manera la situación de la demandante en la figura que exige esa acreditación al momento del deceso (art. 40 y 41 ley 13.364).
En este entendimiento, consideró ajustada a derecho la resolución administrativa impugnada, en tanto determinó la falta de acreditación de los extremos exigidos por la normativa aplicable para acceder al beneficio en cuestión.
II. Contra lo así resuelto, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica -copia escrito papel- de fecha 5-XII-2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resolución del 9-XII-2019).
En su presentación, la impugnante denuncia absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos y en la valoración de las constancias probatorias de la causa, alegando conculcados los arts. 15 y 18 de la Constitución provincial, 17 de la Constitución nacional, 41 de la Ley 13.364, 135 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial y 77 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Alega además violación de doctrina legal citando en sustento de su postura el voto minoritario de la causa B. 63.050,"V.,F.A.", I 06-IX-2006 (v. págs. 1/2 de la presentación electrónica de fecha 5-XII-2019, antes citada).
En sustancia, controvierte la decisión en tanto rechazó la pretensión por considerar que no se logró acreditar la convivencia entre la actora y el causante, ni desplazar la convivencia entre el causante y la cónyuge supérstite.
Alega que el fallo en crisis realiza una merituación errónea y parcializada de las constancias existentes en el expediente.
Asegura que de la prueba documental, pericial y testimonial obrante en autos resulta claro y concreto su carácter de conviviente con el causante
III. El recurso no puede prosperar.
1. En primer lugar, se advierte que los reproches planteados por la impugnante reconducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo (doctr. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; A. 74.556, Descalzi, sent. de 20-XI-2019).
En este sentido, esta Suprema Corte ha tenido ocasión de señalar que establecer si se demostró o no, con la prueba aportada, la existencia de una situación de convivencia en el marco de una comunidad matrimonial -en el caso, entre la señora Patricio y el señor De la Canal (afiliado) al momento del fallecimiento de este último-, constituye una típica situación de hecho no revisable, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (doctr. causas A. 70.655, "Acevedo", sent. de 29-II-2012; A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; A. 74.648, "Candela", resol. de 8-X-2017; A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018;e.o.).
Asimismo, es doctrina consolidada de este Tribunal, que el absurdo es el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal, e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 74.744, "Vizcaíno", sent. de 26-XII-2019;e.o.).
En la especie, la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características que justifique revertir lo decidido, pues su crítica no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (conf. causa A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; entre tantas).
Por lo demás, debe tenerse presente que es facultad exclusiva de los tribunales de las instancias de mérito seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin que constituya dicho ejercicio, por sí solo, un supuesto de absurdo. Ello así por cuanto el error que ha de configurarse para que medie el citado extremo que habilita el control casatorio no se evidencia por la mera exposición de un criterio discordante del recurrente (arts. 384, 456 y concs., CPCC; doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.250, "Olego", sent. de 26-X-2016; A. 73.076, "Cosentino", resol. de 7-VI-2017; A. 75.392, "Procosud S.A.", resol. de 26-VI-2019).
2. Igual suerte adversa ha de correr el agravio dirigido a cuestionar la documentación agregada a la causa por el Juez de primera instancia a través del dictado de una medida para mejor proveer, en tanto la presente vía extraordinaria sólo atiende a la sentencia definitiva y no resulta idónea para alegar eventuales omisiones o nulidades procesales anteriores a la misma en que pudieran haber incurrido los tribunales de grado en la sustanciación de los procedimientos, pues dichas cuestiones le son extrañas (doctr. causas C. 98.019, sent. de 14-VI-2010; C. 117.646, sent. de 11-VI-2014; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016, entre varias). Tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal al respecto en tanto se sostiene únicamente en el contenido de un voto minoritario dado en la causa B. 63.050, "V.,F.A.", resol. de 6-IX-2006, por el doctor Soria en el referido pronunciamiento. Y, conforme la jurisprudencia de este Tribunal sobre el punto, no constituye doctrina legal la opinión plasmada en un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte (doctr. causas A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013; A. 71.216, "Pagola", sent. de 3-XII-2014, entre otras).
3. Por último, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017). Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2020 14:11:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/06/2020 18:32:29 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 01/07/2020 17:06:48 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 06/07/2020 12:29:26 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 06/07/2020 19:33:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia