Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74815
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.815, "Marín, Fernando Alfredo contra ARBA y ot. Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani , Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al planteo de prescripción articulado por la parte actora, declarando para ello inaplicables al caso las disposiciones de los arts. 157 a 161 del Código Fiscal -texto ordenado 2011-, y ordenó la devolución de las sumas ingresadas en concepto de pago previo, con costas a la demandada vencida (conf. arts. 14 y 166, Const. prov.; 3.956, 3.980, 4.027 inc. 3 y concs., Cód. Civ., ley 340; 12, 51 y concs., ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437-; v. fs. 351/356).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 360/372), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 374 y vta.).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 376), agregado el memorial de la actora (v. fs. 377/385) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al planteo de prescripción articulado por la parte actora, declarando para ello inaplicables al caso las disposiciones de los arts. 157 a 161 del Código Fiscal -texto ordenado 2011- y ordenó la devolución de las sumas ingresadas en concepto de pago previo.
I.1. Para así decidir, señaló que la normativa aplicable en materia de prescripción de las obligaciones fiscales determinadas en autos (períodos 2/2005 a 6/2006 del impuesto sobre los ingresos brutos), debe valorarse con arreglo al Código Civil (ley 340), vigente a la época en que acaeció el nacimiento de la obligación tributaria, es decir, al momento de la configuración del hecho imponible del impuesto respecto del contribuyente, así como también a la fecha de la extensión de la responsabilidad solidaria al señor Marín, por aplicación del principio de irretroactividad de las leyes (conf. arts. 17, Const. nac. y 7, Cód. Civ. y Com. -ley 26.994-) y en virtud de no configurarse el supuesto previsto en el art. 2.537 del Código Civil y Comercial (ley 26.994).
I.2. Con ese alcance, indicó que para el inicio del cómputo de la prescripción debe estarse a lo dispuesto por el art. 3.956 del Código Civil, dictado en concordancia con lo establecido en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, como facultad delegada por las provincias, de exclusiva competencia del Congreso nacional y aplicable a todas las materias.
Señaló que el instituto de la prescripción integra el derecho de fondo y se encuentra íntimamente ligado al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.), cuya íntegra regulación le compete exclusivamente a la Nación (conf. art. 75. inc. 12, Const. nac.).
Agregó que a raíz del fallo "Filcrosa" (CSJN, sent. de 30-IX-2003), y una vez receptada su doctrina por esta Suprema Corte, se adoptó tal criterio, por el que se determinó que el límite a la potestad legislativa de los estados provinciales en materia tributaria está dado por lo establecido en la Constitución nacional, esto es, por la delegación de atribuciones efectuadas al Gobierno nacional, con miras a lograr la unidad, entre otras materias fundamentales, en lo atinente a la legislación de fondo.
En tal orden de ideas reseñó que cualquier normativa provincial o municipal que contradiga las disposiciones contenidas en la legislación de fondo, estará en franca contradicción con lo establecido en nuestra carta fundamental.
Concluyó en favor del plazo de prescripción liberatoria de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340), aplicable en materia tributaria local por sobre cualquier otra normativa de carácter municipal o provincial.
Agregó que en obligaciones como las aquí controvertidas, que deben pagarse por años (conf. art. 4.027 inc. 3, cit.), el término de prescripción quinquenal comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria (doctr. art. 3.956, Cód. Civ.), esto es, en la especie, al período fiscal correspondiente.
Ello así, indicó que para el período fiscal 2006 (el más reciente) el plazo de prescripción se computa desde el 1 de enero del año 2007 y que concluyó, por ende, el 1 de enero de 2012, en tanto se trata de un término quinquenal, establecido en el Código Civil aplicable.
Advirtió con ello que al momento del dictado -y, por ende, también al de notificación posterior- de la disposición 1.849/12, esto es, en fecha 7 de junio de 2012 (v. fs. 1.391/1.407 y 1.410/1.412, expte. adm. cit.), las obligaciones fiscales del contribuyente se encontraban prescriptas.
Sostuvo que la demandada no cuestionó la invocación a su favor efectuada por el actor (declarado responsable solidario de la deuda por la autoridad fiscal) del cumplimiento del plazo de prescripción operado respecto del contribuyente "Blanquiceleste S.A."; en esas condiciones, estimó que correspondía hacer lugar a la pretensión del señor Marín y anular a su respecto la disposición 1.849/12, dictada por el Departamento de Relatoría Área Metropolitana I, en el expediente administrativo 2360-0143282/2009, y por idénticas consideraciones, el pronunciamiento de la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación, de fecha 20 de marzo de 2014, registrado bajo el n° 2.845.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia errónea aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal; 5, 75 inc. 12, 121 y 123 de la Constitución nacional; y 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
II.1. En primer lugar, denuncia la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que -a su entender- modifica sustancialmente el plexo normativo sobre cuya base se construyó la doctrina utilizada por el tribunal a quo para fundar su sentencia.
Sostiene que es el propio legislador nacional quien se encargó de demostrar la falsedad de las premisas de las cuales han partido los postulados de la doctrina "Filcrosa", quedando confirmado que siempre fue, es y será una facultad provincial regular los plazos de prescripción de sus tributos.
Agrega que las provincias deben asegurar su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria (conf. exigen los arts. 5 y 123, Const. nac.). Plantea que a esos fines les resulta primordial contar con la autonomía financiera necesaria, materializada a través de la prerrogativa de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña (Fallos: 7:373; 105:273; e.o.). En ese orden, acusa que aplicar las normas del Código Civil a las potestades impositivas provinciales conduce a sentencias que perjudican la renta pública local, atentando contra la autonomía, afectando la conservación y vigorización del federalismo. Aduce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció, durante la casi totalidad de su historia, que la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción constituían la garantía directa de la autonomía de las provincias.
Sostiene que éstas, como entidades públicas preexistentes al Estado nacional, han conservado todo el poder no delegado expresamente al Gobierno federal mediante la Constitución nacional (arts. 121 y 75 inc. 12) y que el derecho tributario resulta una rama integrante del derecho público local, cuya regulación las provincias mantuvieron dentro de las facultades conservadas (conf. arts. 121, 122 y 126, Const. nac.). Denuncia que una interpretación que excluya estas normas viola el sistema federal impuesto por el art. 1 de la Constitución nacional.
De todo ello extrae que la entrada en vigencia del nuevo Código viene a despejar las dudas expuestas por la doctora Argibay en su voto en el caso "Filcrosa", demostrando que esa doctrina no fue más que una errónea interpretación jurisprudencial; y que de la interpretación conjunta de los nuevos arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial surge que no se trata de una delegación legislativa de Nación a las provincias, sino de una necesaria precisión, que las provincias introdujeron a la norma, que había sido mal interpretada por dicha doctrina. Transcribe fragmentos del debate parlamentario que adunan su postura.
Agrega que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pronunció en idéntico sentido en la causa "Fornaguera Sempe" (AR/DOC/4380/2015).
II.2. En cuanto al alcance de la potestad local para regular la prescripción sostuvo que, si bien el art. 2.532 establece que las provincias podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos, considera que ello abarca todas las cuestiones atinentes a la prescripción y no solo el tiempo del plazo prescriptivo. Razona que, si el legislador hubiera querido limitar la potestad a la definición del lapso de prescripción, hubiera bastado con el plazo genérico dispuesto por el art. 2.560, que en su parte final establece "excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local", y que sin embargo también lo contempla en el Capítulo 1, referido a las "Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva".
Alega que quien tiene facultad de crear la obligación tributaria también está habilitado para regular la forma de su extinción, conforme el dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa "Ullate" del 16 de mayo de 2011.
II.3. En esa inteligencia denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (aplicable al caso), que regulan el inicio del plazo prescriptivo y las causales de suspensión. En consecuencia, sostiene que la acción entablada por el Fisco, en las presentes actuaciones, se encontraba vigente al tiempo de su ejercicio.
Señala que el sistema diseñado por el legislador provincial en materia de prescripción coordina cuestiones vinculadas al impuesto a los ingresos brutos con otros dos asuntos relevantes: el carácter anual del tributo y la cantidad de sujetos pasivos del impuesto (a quienes habrá que fiscalizar y -en su caso- constreñir al cumplimiento de las obligaciones formales y materiales mediante el procedimiento de determinación de los arts. 112 y sigs. del Cód. Fiscal).
Y que tales cuestiones justifican, con un grado de razonabilidad incuestionable, que se hayan fijado vencimientos generales para todos los contribuyentes, uniformando así tanto los plazos de cumplimiento de las obligaciones vinculadas al impuesto examinado, como el día de inicio de la prescripción de las acciones derivadas de los incumplimientos.
Señala que la obligación fiscal solo se perfecciona luego de cerrado el ejercicio, una vez que se resume toda la actividad realizada en el año concluido, lo cual se plasma en la pertinente declaración jurada anual, acto jurídico que establece la exigibilidad del pago del tributo.
Sostiene que la firma contribuyente se encuentra inscripta en el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral y que por lo normado por el tercer párrafo del art. 210 del Código Fiscal debe presentar declaración jurada anual determinativa de los coeficientes de ingresos y gastos a aplicar por jurisdicción y demás requisitos que establezca la Comisión Arbitral, en la forma y plazos que la misma disponga.
Agrega que se violó asimismo el art. 161 del Código Fiscal, que establece la suspensión del plazo de prescripción durante el tiempo que tramita el recurso de apelación del contribuyente por ante el Tribunal Fiscal de Apelación, el cual se extiende hasta noventa días después de notificada la sentencia o de que se apruebe la liquidación practicada en su consecuencia.
Indica que, en el caso de autos, encontrándose en curso el plazo de prescripción (respecto al período más antiguo reclamado: febrero 2005), el 9 de noviembre de 2011 se notificó al contribuyente (señor Marín) la disposición 2.050/11 (v. fs. 1.356, expte. adm.). Es decir que el plazo de prescripción se reinició el día 9 de mayo de 2012. Y agrega que, para contabilizar el plazo de ciento veinte días previsto en la norma citada, deben considerarse los días hábiles administrativos (lo que excluye el criterio de días corridos) atento que el art. 3 del Código Fiscal así lo dispone.
Aduce que al momento de notificación de la disposición determinativa 1.849/12 el día 19 de junio de 2012 (v. fs. 1.412, actuaciones administrativas) se encontraban plenamente vigentes las acciones y poderes del Fisco provincial para determinar dicho período tributario y sus accesorios, así como para aplicar las multas por las infracciones cometidas por el contribuyente. Y que la notificación de la disposición 1.849/12 suspendió por un año el plazo de la prescripción (conf. art. 161 inc. "a", Cód. Fiscal), por lo cual el mismo se "hubiese reiniciado" el día 19 de junio de 2013, pero como el señor Marín interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo de intimación el día 12 de julio de 2012 (v. fs. 1.416), aquel siguió suspendido hasta noventa días después del dictado de la sentencia por parte del Tribunal Fiscal de Apelación (conf. art. 161 inc. "a", Cód. Fiscal, 2011).
Consecuentemente afirma que, a la fecha de dictado de la sentencia por parte del Tribunal Fiscal de Apelación, esto es el 20 de marzo de 2014 (v. fs. 1.506), no se había consumado el plazo de prescripción de los poderes fiscales, lo que demostraría la legitimidad de la postura asumida por el tribunal administrativo. Finaliza señalando que si no estuvo prescripto el periodo del impuesto sobre los ingresos brutos más antiguo controvertido en autos (febrero de 2005), conforme los fundamentos expuestos, tampoco están prescriptos los subsiguientes.
II.4. Sostiene que esta Corte en la causa C. 99.854, "Fisco C/ Haras San Pablo Club de Campo S.A. s / Apremio", sentencia de 7-X-2009, dispuso que "...no existiendo dudas acerca de las facultades de la autoridad legislativa local para crear obligaciones tributarias, tampoco la debe haber respecto de la potestad para determinar su extinción"; lo que -a su entender- implica una defensa de las potestades legislativas en materia tributaria y puntualmente en lo atinente a extinción de las obligaciones, incluida la prescripción. Pretende que se tenga presente el presunto error en que incurre el tribunal a quo al fundar su decisión en el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso, la cuestión se ciñe a dilucidar si la derogación del Código Civil (ley 340) y la implementación de los nuevos arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), implica un reconocimiento de la preeminencia de las normas locales tributarias en materia de prescripción, o si por el contrario, la sentencia recurrida se ajusta a derecho.
III.2. Así planteados los términos de la controversia, se advierte que el tema en debate ha sido resuelto por este Tribunal en un caso sustancialmente análogo al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte entendió aplicable la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, en lo atinente a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello aplicó las normas del Código Civil vigente a la época de los hechos debatidos y no lo dispuesto por el Código Fiscal local.
En línea con lo dicho resulta ajustada a derecho y a la doctrina legal citada supra , la decisión del a quo en cuanto resuelve que las facultades del Fisco para perseguir el cobro de la acreencia reclamada habían prescripto.
III.3. Ahora bien, respecto de la denuncia de violación de la doctrina legal, considero que tampoco puede prosperar.
En efecto, y contrariamente a lo denunciado por la recurrente, la sentencia recurrida aplica el criterio que esta Suprema Corte estableciera en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, que como se indicara supra, fue confirmada recientemente en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018.
Me permito agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de confirmar el criterio que da sustento a la decisión propiciada (conf. "Volkswagen de Ahorro para fines determinados c/ Prov. de Misiones", sent. de 5-XI-2019).
IV. Por lo expuesto y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y confirmar la sentencia del Tribunal de Alzada (conf. art. 31 bis, cit.).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Tal como lo señaló el distinguido colega que inició el acuerdo, la cuestión controvertida resulta idéntica a la debatida en el precedente A. 71.388, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, luego reeditada en A. 71.770, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Sauro Juan Domingo s/ Apremio provincial", sentencia de 22-VIII-2018 y A. 73.098, "Fisco c/ Cejas", sentencia de 20-III-2019, entre otras.
I.1. En aquellos precedentes sostuve que en lo que hace a la prescripción en materia tributaria, debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, en cuyo texto se explicita un criterio opuesto al sentado en "Filcrosa", evidenciaba el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello, el mantenimiento de la doctrina que emana del citado precedente queda sin sostén (v. punto IV.3.e de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Primer intérprete de sus competencias, el Congreso nacional valoró que el plazo de prescripción de tributos es un asunto de resorte local y por ende ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la doctrina de "Filcrosa".
Postulé además que el contenido de la normativa tributaria nacional era sustancialmente idéntico al preceptuado por la regla local, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.). Ello, junto con el resto de consideraciones a donde remito por cuestiones de brevedad, me convence de propiciar la aplicación de la legislación tributaria local.
I.2. Lo anterior, sin ignorar que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obit
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.