Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74949
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.949, "Balbin, María Victoria c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Pettigiani, Kogan, de Lázzari, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que acogió la demanda promovida por la señora María Victoria Balbín contra la Municipalidad de La Plata (v. fs. 286/295).
Disconforme con ese pronunciamiento, la accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 299/313 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 315/316 vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 319) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la pretensión anulatoria incoada por la señora María Victoria Balbín contra el decreto 295/12, condenando a la Municipalidad de La Plata a abonar una indemnización conforme los términos de los arts. 12 incs. 1 y 3, 50 incs. 1 y 2 y 77 inc. 1 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y 12, 24, 92, 98 y 101 y concordantes de la ley 11.757. Indicó que a dicho importe debían adicionársele intereses que se calcularían desde la fecha de cese y hasta el efectivo pago de acuerdo a la tasa que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y concs., Cód. Civ. y Com. y 5, ley 25.561).
Asimismo, condenó a la demandada al pago de la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) en concepto de daño moral conforme los términos de los arts. 16, 522, 1.078 y 1.109 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Contra dicho pronunciamiento las partes presentaron apelación (v. fs. 247/252 vta. y 265/269).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso interpuesto por la demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y rechazó la demanda.
Para así resolver, en lo que al recurso interesa, señaló que no era un hecho controvertido que la actora había prestado servicios para la comuna como personal temporario, es decir, sin derecho a estabilidad. En tal orden, consideró que la cuestión sometida a debate se circunscribía al planteo indemnizatorio sobre un escenario de sostén construido alrededor de la arbitrariedad de la conducta comunal expuesta en la prolongación de ese mismo vínculo transitorio.
Valoró que la especial situación de revista, regulada por las disposiciones de los arts. 92, 98 y concordantes de la ley 11.757, informa un límite temporal que remite a cada acto singular de nombramiento. Observó que, en este caso, la relación jurídica no ofrecía otro componente que autorice la lógica de frustración de las expectativas de la dependiente de lograr mantenerse en ella o de impedir una ruptura intempestiva, como lo procura el pronunciamiento recurrido, pues no solo sus sucesivas designaciones supieron exhibirse a término, sino, lo que es más, la última, provista por el decreto 1.408/11, precisó el período y su vencimiento el día 30 de septiembre de 2011.
Acotado el cuadro de situación que recoge el decreto 295/12, sostuvo que éste carecía de flancos de censura. Por lo que concluyó que ninguno de los fundamentos de la sentencia apelada era consistente para abastecer las razones bajo las cuales se expidió la señora jueza de primera instancia.
Agregó que los respectivos decretos de alta, dictados bajo las condiciones de empleo descriptas, contaron con el consentimiento de la demandante quien no acreditó haberlos observado y tampoco lo hizo en ocasión de promover este proceso.
Consideró que dicha aquiescencia impide volver sobre situaciones consumadas y con las cuales, en cada oportunidad, supo delinearse una situación de revista transitoria, sin estabilidad y con término de conclusión.
Destacó, entonces, que la sentencia impugnada no solo se desentiende de las normas de aplicación, sino que supone una labor de integración legislativa que excede a la función judicial, en tanto, sin promediar descalificación de la disposición del art. 92 de la ley 11.757, la renovación de nombramientos dispuestos a su amparo y las bajas no dan lugar a la respuesta que, fuera de ella, provee la decisión del a quo .
Por otra parte sostuvo que la doctrina judicial, que es materia de consigna en ella, no solo se abastece de una legislación distinta a la aplicada en la especie, sino que supo constituirse a partir de conductas del principal reñidas con el estatuto con vigor en cada caso, siendo que en éste no solo no luce con presencia reinante de ilegitimidad tal, sino el ejercicio de una variable de empleo autorizada cuya única condición es la de un contenido prestacional que no pudiese ser realizado por personal permanente.
Señaló que la prueba de dicha circunstancia, que en todo caso pudo ser relevante para apreciar cada uno de los actos de designación sin estabilidad, no fue aportada y tampoco surge de las constancias colectadas. Por lo que consideró que, de la situación de revista de la actora, en términos de cargo y función, no pudo derivarse esa anomalía.
Concluyó que el a quo había incurrido en un error de juzgamiento, tanto en la aplicación de una doctrina, la cual no se arregla a los antecedentes del contradictorio ni con el marco normativo aplicable, sino que además se ofrece en paralelo con una variable de remediación del despido arbitrario del derecho común que escapa a la relación de empleo público y comporta una respuesta extraña a las disposiciones legales que lo rigen.
En tal contexto, señaló que en el sub lite , tal como aconteció en los antecedentes referidos, no se pudieron acreditar las excepcionalísimas circunstancias fácticas ponderadas por el Máximo Tribunal federal en las causas "Ramos" (CSJN Fallos: 333:311) y "Cerigliano" (CSJN Fallos: 334:398), doctrina que, a su vez, ha sido receptada por esta Suprema Corte en la causa A. 69.913, "Villafañe" (sent. de 13-XI-2012), donde se admitió la asimilación del personal transitorio con desempeño de más de veinte (20) años, en funciones regulares de la Administración, a la del personal estable.
Recordó doctrina de esta Suprema Corte que, por mayoría, indica que los agentes de planta temporaria -mensualizados o jornalizados- participan de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos en modo expreso, o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (causas B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; e.o.).
Asimismo, sostuvo que: "...el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista..." (causa B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; e.o.).
En tal orden, la doctora Milanta, en adhesión al voto del doctor De Santis -quien obtuvo mayoría-, sostuvo que, bajo los parámetros legales observados y el hecho de que no obstante las sucesivas designaciones que vincularon a la actora con la Municipalidad accionada habían perdurado durante un prolongado lapso (a partir del día 1 de abril de 2000 al 31 de octubre de 2001, y desde el día 1 de enero de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2011; v. fs. 161), la señora Balbín no había logrado demostrar que la comuna hubiese intentado encubrir una designación permanente bajo la apariencia de una vinculación temporaria sin estabilidad.
Agregó que resultaba determinante la pertenencia de la actora a la planta temporaria en calidad de agente designada como personal mensualizado con plazo determinado que, de acuerdo al régimen jurídico aplicable -y no habiéndose aportado prueba tendiente a acreditar una modalidad de tareas o el desempeño de funciones que excedan la transitoriedad del vínculo invocado-, no gozaba del derecho a permanecer en el cargo, finalizando la relación de empleo respectiva al término de la prestación de los servicios consignada en el acto de designación o cuando lo aconsejen las razones de servicio, conforme establece el ordenamiento jurídico vigente al momento del cese (cfr. arts. 12 inc. 2 apdo. "a", 92, 97 inc. "b", 98 y 101 y concs., ley 11.757). De modo que la situación del agente así emplazado, al extinguirse la relación que lo ligara al municipio en los términos ya señalados, no implica derecho a percibir una indemnización, consecuencia no prevista y que no puede ser derivada de la normativa legal.
III. Contra dicho pronunciamiento se alza la actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 299/313 vta.).
En primer lugar, ataca la sentencia de la Cámara alegando que realizó una errónea subsunción de los hechos en el art. 92 de la ley 11.757. Sostiene que en el caso no existió contratación alguna que hubiese determinado una tarea excepcional o especial, sino que siempre realizó tareas normales y habituales de la Secretaría en la cual se desempeñó por más de once años al servicio de la Municipalidad demandada, circunstancia que, según aduce, se acreditó a lo largo del expediente judicial y que se contradice con el régimen jurídico que le fue aplicado.
Agrega que nunca se le notificaron expresamente las sucesivas designaciones mencionadas en el decisorio del a quo , ni en los supuestos nombramientos eventuales como así tampoco el cese al mes de septiembre de 2011, el que solo se le comunicó verbalmente.
Afirma que las circunstancias fácticas evidencian que, conforme las características de las tareas desempeñadas, no puede desconocerse el derecho indemnizatorio a raíz de la antojadiza desvinculación laboral.
Insiste en que las tareas desempeñadas en la comuna demandada no fueron transitorias, sino que éstas se correspondían a las normales que realizaba el resto de los empleados permanentes.
Por otra parte, alega absurdo en el razonamiento de la Cámara manifestando que la decisión vulnera la doctrina legal de este Tribunal en la causa A. 69.913, "Villafañe", sentencia de 13-XI-2012, precedente en el cual se ha receptado el criterio emanado de los fallos de la Corte nacional -"Ramos", "Sanchez", "Cerigiliano" y "Gonzalez"-, mediante el cual se dispone que deben ponderarse dos circunstancias fundamentales: la relativa a la naturaleza jurídica del vínculo definida por los elementos que la constituyen, con independencia de las denominaciones que se le otorguen, y la otra vinculada con la existencia del vicio de desviación de poder en la contratación con el objeto de encubrir relaciones laborales de carácter permanente.
Arguye que en su caso el Tribunal de Alzada no consideró que dichas premisas ya estaban cumplidas, por lo cual incurre en una clara transgresión de la ley y la doctrina legal aplicable al realizar una interpretación restrictiva por considerar que las circunstancias fácticas y jurídicas difieren de las analizadas en la causa citada (causa A. 69.913).
Finalmente, concluye que la decisión impugnada infringe los principios de primacía de la realidad e in dubio pro operario y los derechos contemplados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31, 33, 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
IV. El recurso no prospera en virtud de la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. Sabido es que indagar, en cada hipótesis específica, si el encuadre de una relación de empleo público a través de una modalidad temporaria oculta -o no- una designación permanente, se presenta ante esta Suprema Corte en su competencia recursiva como una cuestión de hecho irrevisable salvo absurdo, que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (conf. causa A. 72.386, "Cerardi", sent. de 23-XI-2016).
La demostración del alegado vicio exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (conf. doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 71.351, "Latorre", sent. de 25-II-2015 y A. 71.450, "Mullner", sent. de 26-III-2015), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (conf. doctr. causas C. 116.205, "P., R.", sent. de 11-IX-2013 y A. 72.442, cit.).
IV.2.a. En el caso, aun soslayando la omisión de invocar idóneamente la existencia del alegado vicio, la crítica de la impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse los escritos constitutivos de la litis, la documental agregada a la causa y, en consecuencia, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (conf. doctr. causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015; entre varias).
Para más, cabe recordar que es doctrina de este Tribunal que cuando la recurrente se desentiende de los fundamentos desarrollados por el Tribunal de Alzada, limitándose a exteriorizar su propio razonamiento y enarbola su discurso desconociendo la estructura jurídica del fallo, apartándose -de ese modo- de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales, parcializando con ello su ataque, el mismo deviene ineficaz a los fines de rever la suerte de lo decidido (conf. doctr. causas Ac. 71.820, "Saliva", sent. de 31-VIII-2016; C. 110.303, "Font", sent. de 28-X-2015).
Así, el cuestionamiento del demandante al fallo en crisis no logra conmover el razonamiento elaborado por la Cámara en cuanto al alcance de la normativa en que se hallan subsumidos los hechos. Tampoco logra demostrar que haya existido una desviación del fin tendiente a ocultar mediante las sucesivas renovaciones contractuales un vínculo de empleo estable (conf. causas L. 83.217, "Morales", sent. de 14-XII-2005 y A. 72.398, "Sánchez", sent. de 7-IX-2016).
IV.2.b. No mejora la suerte de la impugnación la crítica formulada por la impugnante respecto de la violación de la doctrina emanada del precedente A. 69.913, "Villafañe", sentencia de 13-XI-2012, en tanto mediaron presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (conf. causa A. 73.190, "Galván", sent. de 31-VIII-2016).
IV.3. A lo dicho cabe agregar que tampoco resultan atendibles los embates que se limitan al simple esbozo de transgresión de garantías constitucionales (v. fs. 374), sin demostrar -eficazmente- de qué manera la sentencia colisiona con ellas y con los derechos que se dicen conculcados, tarea a cargo del agraviado -en este caso insatisfecha- que no puede ser suplida por la Corte (conf. doctr. causas Ac. 94.316, sent. de 21-VI-2006; C. 113.176, "F., E. A.", resol. de 7-IX-2011 y C. 116.964, "Oviedo", sent. de 29-V-2013).
V. Por ello, y en virtud de los argumentos expuestos en los precedentes citados, cabe rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y confirmar la sentencia de Cámara en lo que fue materia de agravio. Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Disiento con la solución propuesta por el doctor Genoud en tanto considero que, dadas las particulares del presente caso, el recurso debe prosperar parcialmente. Veamos.
I.1. No es un hecho controvertido en autos que la señora Balbín prestó servicios para la comuna demandada por un lapso de once (11) años y cuatro (4) meses, realizando tareas administrativas en planta temporaria. Esta circunstancia fáctica fue reconocida y acreditada por la propia comuna mediante las constancias obrantes en el expediente administrativo y en los presentes.
En casos de análoga configuración, esta Suprema Corte ha establecido, mediante doctrina mayoritaria, que los agentes de planta temporaria mensualizados o jornalizados, participan de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (causas B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; e.o.).
También se ha resuelto que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación, sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (causas B. 57.741 y B. 57.551, cits. y B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008).
I.2. Lo expuesto avalaría la interpretación efectuada por la Cámara en cuanto fue debidamente encuadrada en la entonces vigente ley 11.757 -hoy derogada por la ley 14.656-, toda vez que quedó acreditado en autos que las sucesivas designaciones siempre tuvieron igual carácter transitorio y no surge que ello haya sido impugnado o cuestionado por la actora oportunamente.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, cabe advertir que la duración del vínculo que unió a las partes durante once (11) años y cuatro (4) meses, desde el día 1 de abril de 2000 hasta el día 30 de septiembre de 2011, mediante sucesivas renovaciones, percibiendo haberes con motivo de las tareas prestadas en dependencias de la Secretaría de Cultura y Educación, con cargas horarias de treinta (30) a cuarenta y cinco (45) horas semanales (v. constancias, fs. 135 vta., 9/86, 161 y 171/172), evidencia una permanencia que no se adecua con la propia índole temporal que formalmente se asignara a este tipo de empleos, caracterizados expresamente por ser de "plazo determinado".
A la luz de lo expuesto, no se justifica de forma alguna que el municipio demandado argumente que la relación laboral que la unió con la actora, bajo los términos del art. 92 de la ley 11.757 de empleo temporario, se ajuste razonablemente a derecho, sin vulnerar las garantías y principios amparados por la Constitución provincial (arts. 11 y 39 inc. 3). Pues es sabido que todos los estamentos estatales deben actuar conforme los principios de justicia social, primacía de la realidad y buena fe en sus contrataciones de empleados conforme surge de los términos de los arts. 103 de la ordenanza general 267 y 961 del Código Civil.
I
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.