Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76255
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.255, "Souto, Claudio Benjamín c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda promovida por el señor Claudio Benjamín Souto contra la sanción disciplinaria de cesantía dispuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 2.344/2.356 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 16 de agosto de 2019 a las 3:03 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 2.359 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 2.362), glosado el memorial de la parte actora (v. fs. 2.369), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso deducido por el señor Claudio Benjamín Souto, revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda impetrada contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, admitió la pretensión anulatoria de la resolución 270/13 y su confirmatoria, resolución 1.874/13, que dispusieron la cesantía del accionante (v. fs. 2.344/2.356 vta.).
Como derivado lógico de lo anterior, condenó a la demandada a la reincorporación del señor Souto al cargo y función que ocupaba con anterioridad a la medida segregativa y a abonar los haberes retenidos durante el tiempo que duró la suspensión preventiva y una indemnización en concepto de daño material.
I.1. Para así decidir, preliminarmente señaló que el sumario exhibía una situación singular que dificultaba delinear y encuadrar normativamente la actuación del accionante en su calidad de Subgerente Operativo de la sucursal Tandil.
Puntualizó que las actuaciones se iniciaron por su denuncia por "faltante de aproximadamente $490.000" en tres cajeros automáticos dependientes de esa filial y en el decurso del procedimiento su condición varió al recepcionarse su declaración indagatoria, sin variación de los hechos que originaron la investigación.
Destacó que las conductas reprochadas al accionante fueron diseñándose en el devenir del sumario en tanto que a partir de lo que él denunciara se culminó imputándole una omisión de tipo funcional, actuación que conforme el criterio sostenido por la Cámara era irregular, calificándola como un vicio grave en el procedimiento.
Precisó que el actor quedó incurso en una situación de indefinición que obtuvo certeza al notificarle la vista prevista en el art. 129 del Reglamento de Disciplina, por cuanto allí conoció por primera vez los cargos que se le achacaban desde la perspectiva del Manual de Cajeros Automáticos, a saber: "...equívoca gestión sobre las tareas relacionadas con la recarga y balanceo de los cajeros automáticos emplazados en la delegación municipal Gardey (5406) Napaleufú (5464) y Estación de Servicio EG3-María Ignacia- Estación Vela (5632) toda vez que no advirtió que: A. la tarea era efectuada sin control alguno por el Cajero Principal, señor José María Rifé, en colisión con lo previsto en el Módulo 7, Capítulo 3 del Manual de Cajeros Automáticos, incluso en aquellas ocasiones que por las sumas en danza exigía su directa supervisión. B. El transporte del numerario a los lugares en donde se encontraban emplazados los ATM, era realizado por el señor José María Rifé en su vehículo particular sin ningún tipo de custodia...", empero entendió el Tribunal de Alzada, sin la cita de una norma que indicara la subsunción de las conductas reprochadas en alguno de los tipos fijados por el Reglamento de Disciplina.
A su vez sostuvo que según los términos del auto de imputación se lo responsabilizó al señor Souto por un accionar enmarcado en un capítulo íntegro del citado Manual, que regula la "Operativa de la Tesorería de unidad de negocios que poseen cajero automático" -el que se compone de distintos apartados- omitiendo precisar un precepto en concreto que regulara la faena esperada del citado agente.
Entendió que ese modo de proceder vulneraba el requisito de la "tipicidad", exigible en el procedimiento disciplinario a tenor del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por este Tribunal en precedentes que cita, obstaculizando ante esa situación el ejercicio del derecho de defensa del accionante tanto en sede administrativa como judicial al impedirle conocer adecuadamente la violación normativa de que se lo acusaba.
Destacó que a fin de ejercer el Banco su prerrogativa sancionatoria debió mediar no sólo acreditación suficiente de la existencia de los hechos investigados sino también la relación entre estos, la conducta tipificada como reprochable y la sanción estatuida y que el acto segregativo y su confirmatorio adolecían de dicho defecto, en tanto se determinó la responsabilidad del accionante por los cargos que le fueran formulados en el sumario sin indicarle la específica directiva descuidada del Manual de Cajeros Automáticos y reparó que esa falencia no se advertía en el dictamen del Jefe de Investigaciones Complejas de la Dirección de Sumarios que subsumiera la omisión imputada del Tesorero en el acápite 1.3 del Capítulo 7, Módulo 7 del referido cuerpo legal.
A su vez señaló que el acto sancionatorio se limitaba a la mera cita de disposiciones normativas presuntamente violadas -arts. 31 incs. "a", "l", "m" y "t" del Estatuto del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y 24 inc. "c" del Reglamento de Disciplina- que con anterioridad no fueron invocados y, que si bien, por su carácter abierto permitían una razonable discrecionalidad para la demandada en el encuadre del accionar reprochado no podían ser utilizados para "entrampar" al sumariado en múltiples conductas.
En base a lo expuesto y advirtiendo que el sumario fue iniciado por el actor y hallado al ex Cajero Principal como autor material del hecho fraudulento anoticiado, a la vez condenado en sede penal, concluyó que la instrucción sumarial construyó -no obstante- los hechos y las faltas en perjuicio del demandante, acomodando las probanzas a tal fin y desnaturalizando los antecedentes de hecho y de derecho que dieron origen a las actuaciones disciplinarias.
I.2. Sin perjuicio de entender que lo expuesto cerraba el análisis de lo debatido en el sub lite el Tribunal de Alzada examinó las pruebas producidas en sede administrativa y judicial.
En ese orden ponderó de las constancias sumariales y criminales que el Banco describió de modo específico la conducta reprochada al Tesorero Principal y tuvo por acreditado que dicho agente había omitido controlar las tareas de recarga y balanceo de los cajeros automáticos dependientes de la sucursal Tandil llevada a cabo por el ex Cajero Principal Rifé.
Estimó que la instrucción sumarial utilizó la hipótesis de que las recargas en los cajeros eran superiores a $100.000 para imputar la falta al accionante, ya que ese tipo de operaciones requerían la intervención obligatoria del Subgerente Operativo y que en las actuaciones administrativas y penales la investigación estuvo impedida de conocer con certeza en qué momentos y por qué montos el señor Rifé ejecutó las maniobras delictivas. Tampoco -señaló- se pudieron verificar los montos de dinero que retiraba para la recarga de cada uno de los cajeros y que superaban aquel importe.
También apreció que del dictamen de fs. 1.934/1.945 obrante en el sumario se desprendía que al balancearse los cajeros automáticos neutrales -23 de marzo de 2011- sólo se pudieron verificar las diferencias faltantes finales en los tres dispositivos, mas en esta causa quedó plasmada la falta de exigencia de rendición de cuentas al Cajero Principal y la pérdida de las tiras emitidas por los cajeros que debían ser presentados por dicho agente al Tesorero para su control, por lo que tal situación -sostuvo la Cámara- impedía conocer con precisión cada uno de los manejos de los fondos para la recarga de aquellos ATM que arrojaron los faltantes verificados.
Por lo tanto, concluyó que de las probanzas colectadas se había demostrado que los retiros de las sumas que realizó el señor Rifé para las recargas de cada cajero siempre fueron menores a $100.000, situación que inclusive fue reconocida por el excajero al brindar su testimonio.
Finalmente observó que del relevamiento llevado a cabo en la investigación sumarial también se desprendían retiros de dinero por el señor Rifé menores a la suma indicada, salvo los días 1 de marzo de 2011, 4 de marzo de 2011 y 14 de marzo de 2011, cuando el accionante ya no se desempeñaba como Subgerente Operativo y además que la Auditoría realizada entre junio de 2009 y marzo de 2010 no reveló la existencia de inconsistencias entre la Red Link y lo informado por la sucursal Tandil.
En adición, respecto a las imputaciones secundarias vinculadas a la ausencia de control del transporte del numerario por parte del excajero Rifé, en su auto particular y sin custodia, sostuvo que eran operaciones que no se encontraban previstas en el Módulo 7 del Manual de Cajeros Automáticos y del sumario surgía que el citado agente percibía viáticos no autorizados por el accionante por lo que interpretó que el Banco consentía esa operatoria acerca del transporte de los fondos a los cajeros automáticos emplazados en las delegaciones de Gardey, Napaleufú y Estación Vela.
En atención a lo ponderado juzgó que la demandada se había apartado de la verdad jurídica objetiva en tanto, pese a descubrir al autor material del delito, dirigió la investigación hacia el demandante, construyendo sobre la marcha una falta sin el adecuado encuadre jurídico y en base a la imprecisión grave de los hechos endilgados.
I.3. Por último, con motivo de la invalidez decretada condenó a la accionada a abonar al señor Souto: a) la totalidad de los haberes retenidos durante todo el tiempo que duró su suspensión preventiva según lo dispuesto por el art. 1.050 del Código Civil, entonces vigente, aplicable por analogía y a tenor del art. 81 in fine del Reglamento de Disciplina; y, b) una indemnización en concepto del daño material con sustento en la doctrina de esta Corte -ello más allá de la denominación empleada en la pretensión accesoria patrimonial que el actor adosara en su escrito inicial- que lo fijó en una suma equivalente al 70% de los salarios dejados de percibir desde que estuvo excluido de la institución hasta su efectiva reincorporación, con más sus intereses.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto la demandada denuncia: a) la arbitrariedad de la sentencia recurrida; b) la vulneración de lo normado por los arts. 1, 8, 24 inc. "n" de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires y apartamiento de la reglamentación interna de dicha institución; c) la errónea aplicación de la doctrina legal de esta Corte emanada de los fallos que cita; y, d) transgresión de los principios de congruencia, defensa en juicio e igualdad ante la ley (v. escrito electrónico de fecha 16 de agosto de 2019, 3:03 p.m.).
Alega que el fallo en crisis resulta absurdo y arbitrario por cuanto: i) cuestiona la actuación desplegada por el Banco en el procedimiento disciplinario; ii) afirma que el sumario se inició en forma injusta; y, iii) omite analizar los hechos que dieron origen a las actuaciones disciplinarias y la prueba producida, en especial la causa penal de la cual se desprende la responsabilidad del accionante.
II.1. En primer lugar, sostiene que lo manifestado por el Tribunal de Alzada acerca de la existencia en el procedimiento disciplinario de "situaciones singulares"; que "la instrucción sumaria construyó -no obstante- los hechos y las faltas en perjuicio del actor, acomodando las probanzas del expediente a tal fin..." y que "se dirigieron las investigaciones sumariales al actor construyendo sobre la marcha una falta disciplinaria", resultan expresiones desconsideradas y carentes de sustento fáctico.
Asevera que la institución bancaria ha mantenido una actitud respetuosa con el actor durante la prosecución del sumario, el que ha tramitado cumpliendo con las etapas establecidas por su normativa, no habiendo utilizado "ardid" ni acomodado la prueba para imputar y condenar al actor y, por ende, la sanción impuesta fue una derivación lógica de la irresponsabilidad gravísima del agente Souto.
II.1.a. Señala que, si bien el sumario se inició por la denuncia del actor, esa situación no es singular sino que correspondía efectuarla por constituir una obligación como funcionario público, con motivo de haber tomado conocimiento de hechos delictivos ocurridos dentro de la órbita de su incumbencia y en resguardo del erario y a su vez, el hecho de haberla realizado no lo releva de su responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de sus funciones.
II.1.b. Tras relatar lo denunciado por el demandante y señalar que fue hallado al ex Cajero Principal señor Rifé como autor material del hecho fraudulento, aduce que del sumario se desprende: i) el detalle y fundamento de la imputación al agente Souto; ii) las pruebas de las que se comprueba -en especial de su declaración indagatoria y su ampliatoria- el reconocimiento del accionante de las omisiones que se le imputaran sobre las tareas relacionadas con la supervisión de la recarga y balanceo de los cajeros automáticos emplazados en las delegaciones de Napaleofú, Vela y Gardey y el conocimiento de la normativa que regulaba esa actividad como así su vulneración; iii) haberse respetado el derecho de defensa del accionante al concederle la vista prevista en el art. 129 del Reglamento de Disciplina; y, que iv) se decretó su cesantía por acreditarse las circunstancias endilgadas en transgresión no sólo a las previsiones legales que regulan esas tareas sino también las atinentes a la protección del patrimonio del Banco, subsumiéndose la inconducta del accionante en la infracción a lo normado por los arts. 21 incs. "a", "l", "m" y "t" del Estatuto del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y 24 inc. "c" del Reglamento de Disciplina, considerándose como agravante la jerarquía, la antigüedad y la gravedad de los hechos que se le atribuyeron.
En base a ello, entiende que el Banco no acomodó las pruebas ni desnaturalizó los hechos y el derecho para sancionar al señor Souto como concluyera la Cámara.
II.1.c. También alega que la institución bancaria no dirigió la investigación sumarial al actor tal como sostuviera la sentencia impugnada, en tanto se constató que las recargas se realizaban en solitario por el ex Cajero Principal y en su vehículo y no se efectuaban los balances de los dispositivos.
Respecto a las recargas por sumas mayores a $100.000 indica que la Cámara prescindió de considerar: a) el arqueo del día 22 de marzo de 2011 del cajero de la delegación Vela que ostentaba una diferencia de $158.110; b) lo declarado por el accionante y por los testigos; c) el correo del día 3 de marzo de 2011 respecto a dicho dispositivo electrónico en la que reportara sin dinero cuando de la contabilidad interna surgía que mantenía $178.130; y, d) el detalle de las operaciones de los cajeros.
Asevera que de esos elementos más la falta de los comprobantes emitidos por los cajeros respecto a cada carga y balanceo realizados durante el año 2010, se comprueba las diferencias en los montos de los cajeros por importes superiores a aquel numeral y la falta de control y balanceo sobre aquellos por el accionante, incumpliendo con lo normado en el Módulo 10 Parte II, Capítulo 7 del Manual de Cajeros Automáticos y el art. 21 incs. "l", "m" y "t" del Estatuto citado.
Finalmente señala que el fallo en crisis consideró inadecuadamente las constancias de la causa y omitió valorar componentes centrales determinantes para su resolución (efectiva expresión en los actos administrativos, gravedad considerada al sancionar y las condiciones del agente) para culminar resolviendo en forma contradictoria.
II.2. Por otro lado, sostiene que el Tribunal de Alzada se desapega de la doctrina de esta Corte referida a que la pérdida de confianza del agente es suficiente razón para separarlo de la institución bancaria (cfr. causa B. 62.783, "Unsain", sent. de 13-VII-2001 y otras que cita) y aplicó de modo erróneo la doctrina legal de este Tribunal Superior provincial emergente de las causas B. 64.953, "I., W. A.", sentencia de 26-X-2010, en virtud de que los hechos y la normativa aquí controvertida difiere de los allí debatidos y B. 60.027, "R.M.A.", sentencia de 31-X-2016, en el que la cuestión versó sobre la imposición de la retrogradación de categoría, sanción distinta a la del caso sub examine .
II.3. En otro orden aduce que la Cámara vulnera los arts. 1, 8 y 24 inc. "n" de la Carta Orgánica del Banco, por cuanto efectúa una intromisión ilegítima al dejar sin efecto un acto debidamente motivado y emanado de autoridad competente.
Agrega que el fallo patentiza una irracionalidad manifiesta al imponer a un ente autárquico que maneja fondos públicos que acoja a un empleado a quien se le han comprobado las faltas achacadas.
II.4. Por último, afirma que la sentencia es absurda al ordenar el resarcimiento del daño patrimonial.
Aduce que en el escrito postulatorio el accionante no ha solicitado de modo accesorio ese rubro sino el pago de los salarios caídos más sus intereses, por lo que la Cámara al resolver sobre cuestiones no planteadas vulneró los principios de congruencia, defensa en juicio, debido proceso e igualdad ante la ley previstos en los arts. 18 de la Constitución nacional; 31 inc. 4 y 160 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y 53 del Código Contencioso Administrativo.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. Preliminarmente cabe poner de resalto que si bien observo que en el título, en el exordio y en el petitorio del escrito electrónico de fecha 16 de agosto de 2019, 3:03:05 p.m. se hace mención al recurso extraordinario de nulidad, al carecer de un mínimo desarrollo, en rigor, no surge que se hubiera deducido dicho medio de impugnación, con arreglo al art. 161 inc. 3 apartado "b" de la Constitución provincial.
Tan es así, que el Tribunal de Alzada en su resolución de fecha 1-X-2019 (v. fs. 2.359 y vta.) no hizo siquiera alusión a este, concediendo únicamente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Dicha decisión no sufrió impugnación ni manifestación alguna por parte de la actora, por lo que la cuestión aquí a resolver queda circunscripta a esa única vía intentada.
III.2. En primer orden el recurrente cuestiona las manifestaciones realizadas por el fallo en crisis en cuanto refiere a una "situación singular" en el procedimiento, que "la instrucción sumarial construyó -no obstante- los hechos y las faltas en perjuicio del actor, acomodando las probanzas del expediente a tal fin..." y finalmente que "se dirigieron la investigación sumarial al actor construyendo sobre la marcha una falta disciplinaria".
Adelanto que los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada para pronunciarse como lo hizo, no resultan conmovidos por los argumentos esbozados por el recurrente los que se limitan a disentir con la valoración de los hechos y
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