Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76330
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.76.330 “GILARDI MARIA LAURA C/ MUNICIPALIDAD DE AZUL S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
Los señores Jueces doctores de Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la demanda promovida por la señora María Laura Gilardi, por la que procuraba que se anulen –por un lado- el decreto municipal 338/16 (que dejaba sin efecto su designación en el cargo de Subdirectora de Procedimientos Administrativos, entonces dispuesta mediante decreto municipal 2273/15) y, -por el otro- el decreto municipal 2672/15 (que dejaba sin efecto a su vez al decreto municipal 1492/15 que dispusiera su pase a la planta de personal permanente de la Municipalidad de Azul).
Para así decidir la Cámara, en primer término, analizó toda la normativa que regía la situación de la accionante, para concluir validando el decreto municipal 338/16 luego de verificar que el mismo se apoyaba en dos pilares nucleares: la incorrecta implementación del procedimiento de selección (falta de publicidad; defectuosa conformación de la Junta de Evaluación; e inobservancia de los plazos para desarrollar el concurso); y la inexistencia de partida presupuestaria para solventar el cargo de Subdirector de Procedimientos Administrativos.
Señaló asimismo que, la circunstancia de haberse notificado a la parte actora el acto administrativo gravemente viciado, no obstaba al ejercicio de la prerrogativa anulatoria, pues la Administración se encontraba de todos modos constreñida a velar por el restablecimiento de la legalidad conculcada, a través de los distintos resortes que el ordenamiento le asignaba.
Destacó que la problemática de autos, en este punto, giraba en torno a un nombramiento irregular, hipótesis en la que los únicos condicionamientos temporales que inhibirían el ejercicio válido de la potestad anulatoria son los contemplados en el art. 117 de la Ordenanza General 267/80, causales cuya aplicación no había sido, empero, invocada en el memorial de agravios.
En segundo lugar, con cita de precedentes de este Tribunal, la Cámara enfatizó que encontrándose acreditada la existencia de graves irregularidades en el modo de ingreso de la actora a la planta permanente comunal, según la designación efectuada a través del decreto 1492/15, no podía sino cobrar plena vigencia aquella doctrina que, con sustento en la habilitación legal que emana del art. 240 del dec.ley 6769/58 y los arts. 113, 114 y ccs. de la Ordenanza General 267/80, señalaba que la designación de un agente que no se adecua a las pautas legalmente establecidas, configura un acto irregular que torna legítimo el acto consecuente que la deja sin efecto.
Es que, destacó, "la circunstancia de que la Dra. Gilardi hubiera sido –como expresamente lo manifiesta al articular sus agravios- promovida al cargo superior de profesional I en el marco de la relación de empleo temporaria que, contratación mediante, discurriera desde el 1-01-2013 y hasta el 30-06-2013 (v. fs. 10, legajo de personal) no justifica ni legitima per se su posterior incorporación a la planta de personal permanente en contraposición con el recaudo legal contenido en el art. 4 de la ley 11.757".
Finalizó sosteniendo que, tampoco encontraba que en el caso pudiera configurarse alguna de las limitaciones al ejercicio de la potestad anulatoria oficiosa de la Administración (según el texto del art. 117 de la Ord. Gral. 267/80), porque el decreto municipal 2672 había sido dictado el día 23-12-2015, es decir dentro del plazo de prescripción de dos años aplicable al ejercicio de dicha potestad ya que, en la especie, el decreto 1492 había sido dictado con fecha 18-06-2015 (v. fs. 169/183).
II. Frente a lo así decidido, la accionante articula recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 189/201), el que fue concedido a fs. 202 y vta.
Afirma que la sentencia del Tribunal de Alzada incurre en la violación de los artículos 14 bis, 18 de la Constitución nacional y del debido procedimiento adjetivo, con desconocimiento de la normativa vigente en lo atinente al empleo público municipal.
Sostiene que nunca se puso en duda la potestad del órgano administrativo para promover la revocación de sus propios actos cuando mediaban circunstancias justificantes. Lo que se ha cuestionado fue la potestad de anulación del acto administrativo cuando el mismo ha generado derechos subjetivos que se estaban cumpliendo, lo que configura una violación a los derechos previstos en el artículo 14 bis de la Constitución nacional de protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público.
Apunta que, la autoridad municipal debió recurrir a un juez con el fin de promover los motivos y razones que condujeran a la invalidación de sus propios actos, con la sustanciación correspondiente. Y que, el fallo de la Cámara, constituye un mecanismo dirigido al saneamiento del vicio de la administración pública, inadmisible en la instancia judicial por incongruencia y afectación de sus derechos y garantías judiciales.
Agrega que la sentenciante también ha omitido pronunciarse respecto del cuestionamiento de validez del decreto 338/16 por sustentarse en norma no vigente, ya que la citada actuación administrativa se apuntala en las previsiones de la ley 14.656, desconociendo que el estatuto aplicable resulta ser la ley 11.757 y configurando la violación del principio de legalidad.
Postula que uno de los fundamentos esgrimidos por la Comuna en el decreto municipal 338/16 fue “…una supuesta inoperancia en la manera de llevar adelante el cargo de Directora General de Administración y Gestión…”, ello patentiza que la autoridad dispuso la nulidad de la designación de la accionante en el cargo concursado como sanción por un supuesto incumplimiento funcional respecto del cual no se le permitió esgrimir defensa alguna.
A todo evento -agrega- si la intención de la Administración fue reprocharle un supuesto incumplimiento, falta o defecto en su proceder en el cargo de Subdirectora de Procedimientos Administrativos, debió sustanciar el pertinente sumario administrativo para, en ese marco, habilitar el adecuado ejercicio del derecho de defensa.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018; A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020, entre muchas otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 73.960, cit., e.o.).
En tal sentido, resulta claro que todas las manifestaciones de la recurrente expresan un mero criterio divergente -y ya transitado por la accionante con la misma línea argumental en el recurso de apelación ante la Cámara-, respecto de las motivaciones que tuvo la Administración para disponer, de un lado, la anulación del procedimiento concursal para el cargo de Subdirectora de Procedimientos Administrativos y, de otro, su apartamiento de las filas de la planta permanente del municipio.
Tiene dicho esta Corte, que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo del agravio desplegado (doctr. causas A. 73.816, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018; A. 74.741, "Sacco", resol. de 21-XI-2018).
Para más, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019; A. 75.726, "Magliocco", res. de 11-IX-2019, e.o.).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:52:06 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 20/07/2020 13:59:46 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 20/07/2020 18:45:34 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:06:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:58:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia