Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73993
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.993, "HSBC Bank Argentina S.A. c/ ARBA s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, de Lázzari , Kogan, Torres, Borinsky .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata reputó prescriptas las deudas discutidas y -por ende- hizo lugar a la demanda incoada, ordenando al Fisco demandado que proceda a devolver el importe abonado por la actora con más un interés a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, desde el momento del pago efectuado hasta la efectiva restitución (v. fs. 352/358).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 373/389), el que fue concedido (v. fs. 391).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 400) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y errónea aplicación de los arts. 31, 75 inc. 12 y 121 de la Constitución nacional.
Ante todo, plantea que es necesario abandonar la doctrina establecida a partir del caso "Filcrosa" de la Corte nacional (Fallos: 326:3889), pues la considera huérfana de todo apoyo legislativo. Luego de reseñar los argumentos de ese pronunciamiento, la línea de pronunciamientos que le siguió y su postura a lo largo de estas actuaciones, manifiesta que corresponde tener en cuenta las implicancias de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial, en tanto reconocen las facultades de las provincias para legislar sobre la prescripción en materia tributaria. Transcribe fragmentos del debate legislativo que antecedió a la sanción de tales normas y puntualiza que -a su entender- todos los aspectos de ese instituto (extensión del plazo, causales de suspensión e interrupción, dispensa, etc.) quedan alcanzados por las disposiciones recién citadas.
A continuación, aduce que, al establecer el dies a quo del plazo prescriptivo, el art. 159 del Código Fiscal considera características propias del impuesto sobre los ingresos brutos como su anualidad y la cantidad de sujetos pasivos del gravamen, lo que -según estima- justifica razonablemente la fijación de términos generales y uniformes. Destaca que el impuesto referido se paga por año, sin perjuicio de su fraccionamiento en cuotas, adelantos o anticipos a cuenta de lo que resulte al finalizar el período.
Asimismo, invoca el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal, en tanto regula -válidamente, a su juicio- una causal de suspensión del plazo de prescripción aplicable y su extensión.
En mérito a los fundamentos brindados, critica que la sentencia atacada no haya aplicado los citados arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal. Luego practica el cómputo de la prescripción discutida a la luz de estos preceptos, concluyendo que la potestad tributaria en cuestión no se extinguió. Expresa que el más antiguo de los períodos reclamados (1 de 2002) comenzó su curso el 1 de enero de 2004, viéndose suspendido el 29 de diciembre de 2008 por la intimación de pago contenida en la disposición determinativa y sancionatoria 4.842/08, que fue notificada en esa fecha. Añade que ello se extendió hasta noventa días después de practicada la liquidación ordenada por el Tribunal Fiscal de Apelación, lo que se cumplió el 22 de noviembre de 2013, es decir, más de nueves meses después de iniciado este juicio.
Por último, puntualiza que -en su visión- el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional no encomienda al Congreso la regulación exclusiva de la prescripción y sus plazos, sino que, por el contrario, le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de derecho privado. Agrega que la refutada inconstitucionalidad de la normativa local llevó en el caso a la Cámara al error de aplicar los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
II. El recurso debe prosperar.
II.1. La cuestión controvertida resulta análoga a la debatida en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018. Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello sostuve que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (ver punto "IV.3.e" de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004; conc. art. 159, t.o. 2011) era sustancialmente análogo al preceptuado por la regla nacional (cfr. art. 57, ley 11.683), guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.). Ello se verifica asimismo con respecto a los arts. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y 65 inc. "a" de la ley nacional 11.683. Lo anterior, sumado al resto de las consideraciones, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde el pronunciamiento apelado, por haber sido dictado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, seg. párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", ambas sents. de 26-XI-2020).
III. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. art. 68 segundo párrafo, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Esta tesis, por lo demás, sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), ha sido ratificada en fecha reciente por el Máximo Tribunal federal al decidir los autos en la causa "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (Fallos: 342:1903).
Sobre la base de lo decidido en la causa A. 71.388, antes citada, sustancialmente análoga a la presente, a donde remito para evitar repeticiones innecesarias, se impone en la especie descartar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con la alegada violación del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011).
II. Atento el modo en que se propone resolver el punto anteriormente abordado, deviene inoficioso expedirse sobre la denunciada violación del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011), pues esta norma regula los efectos suspensivos del plazo de prescripción atribuidos a la intimación administrativa de pago de tributos determinados y en el caso la Cámara entendió que el término quinquenal aplicable transcurrió íntegramente antes de dictarse y notificarse la resolución determinativa que contenía dicha intimación (v. fs. 355 vta.).
III. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (conf. art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, excepto lo manifestado en el punto II.2., en tanto los restantes argumentos abastecen de manera suficiente la solución que se propicia para el caso.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la solución propuesta por el doctor Pettigiani en el punto I. de su voto, por los siguientes fundamentos.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108 y 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en el caso -al igual que en el de autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (doctr. de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar el agravio traído por la Fiscalía de Estado, referente a la aplicación de las normas del Código Civil en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento a que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil, hoy derogado.
II. Asimismo, presto mi adhesión a lo dispuesto en los puntos II. y III. del voto referido y doy el mío también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Borinsky dijo:
Adhiero al rechazo del recurso propuesto por los doctores Pettigiani, de Lázzari y Torres.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2021 16:03:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 22:23:23 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2021 16:55:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2021 22:16:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2021 10:04:16 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:37:40 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 10:10:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia