Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75689
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -ley 12.008, texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.689, "Alvarado Gastón Osvaldo c/ Municipalidad de Leandro N. Alem s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, de Lázzari, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás de los Arroyos rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y así confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la pretensión de nulidad del decreto 45/15, dictado por el Intendente de la Municipalidad de Leandro N. Alem en reemplazo de su similar 112/04, que en su hora fuera anulado en otro proceso judicial, que dispuso la cesantía del agente Gastón Osvaldo Alvarado (v. fs. 154/165).
Contra esa decisión, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 6-XII-2018) el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 166 y vta.).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 168) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás de los Arroyos confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la pretensión de nulidad del decreto 45/15 del señor Intendente de la Municipalidad de Leandro N. Alem -dictado en reemplazo de su similar 112/04 que en su hora fuera anulado en otro proceso judicial- que dispuso la cesantía del demandante (v. fs. 154/165).
Para así decidir, sostuvo que la pieza recursiva no cumplía con el recaudo previsto en el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo vinculado con la necesidad de que el escrito de apelación contenga una crítica razonada y concreta del fallo de primera instancia.
En efecto, tras efectuar una reseña del criterio de este Tribunal respecto del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, que impone idéntica exigencia al escrito de expresión de agravios, señaló que si bien en el recurso se apreciaba la disconformidad del accionante con la decisión de grado, "en general el recurrente realiza una reiteración de los argumentos desarrollados en demanda, remitiendo a los fundamentos jurídicos allí expuestos y reiterando casi textualmente consideraciones vertidas a lo largo del anterior y de este nuevo juicio, intentando además una crítica genérica al examen realizado por la a quo al plantear que ha valorado erróneamente la prueba rendida en autos".
Sobre esa base, la Cámara concluyó que tales manifestaciones no constituían una crítica razonada y concreta del fallo impugnado con los efectos antes indicados.
Sin embargo, el a quo - luego de puntualizar que los defectos técnicos antes mencionados eran suficientes como para rechazar el recurso- efectuó otras consideraciones " a mayor abundamiento " en las cuales exteriorizó su aquiescencia con la forma en que el juez de primera instancia había resuelto la controversia.
En ese trance precisó, por un lado, que la declaración judicial de nulidad del acto de segregación anteriormente dispuesto por la comuna por defectos en su fundamentación (decreto 112/04) no había importado decidir la cuestión de fondo, ya que en ese litigio se había decidido enviar las actuaciones a fin de que el Intendente dictara un nuevo acto administrativo.
Sobre esa base, compartió los razonamientos del magistrado de primera instancia en punto a que el nuevo decreto de cese -y que ha sido puesto en crisis en este litigio- se encuentra satisfactoriamente motivado al referir en forma pormenorizada "los antecedentes de hecho, de derecho, y fundamentación jurídica y legal de la decisión que finalmente se adopta", subsanándose así los defectos constados en el primigenio acto administrativo que ordenó la cesantía del señor Alvarado.
Y ello sin perjuicio de reiterar lo expuesto por el judicante de primera instancia en orden a la incorrección técnica del decreto 45/15 al acudir al instituto de la ratificación, lo cual "no desvirtúa la decisión que clara, motivada y fundadamente dispone la cesantía del agente".
II. Contra el mentado pronunciamiento el accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-XII-2018).
Denuncia que el a quo vulnera los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 2 de su par provincial; 1, 7, 47, 48, 50, 51 y 52 de la ley nacional 23.551; 52 y 53 de la ley provincial 14.656 y 3 inc. 2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo atinente a la tutela sindical. También alega absurdo.
Finalmente, peticiona para el caso de acogerse la vía extraordinaria intentada que esta Corte se pronuncie y ordene el pago de los salarios caídos durante el período de suspensión y hasta el dictado del último acto válido, con más sus intereses.
II.1. En primer lugar, considera que la Cámara transgrede la citada normativa e incurre en absurdo al soslayar la documentación que demostrara la actividad gremial que desempeñara.
Señala que está acreditado en autos que era miembro de la Comisión Directiva Sindical y que al imponerse la sanción de cesantía mediante el dictado del decreto 112/04 -que fuera declarado nulo- no pudo continuar con la representación gremial.
A su vez, destaca que fue cesanteado sin iniciarse de modo previo el procedimiento de exclusión de la tutela sindical, el cual, de acuerdo la doctrina legal que cita, era de necesario cumplimiento.
II.2. También alega que la sentencia atacada incurre en absurdo al no ponderar las constancias de una carta documento en la cual justificaba sus inasistencias con base en la falta de pago de los haberes y de cobertura medico asistencial por parte del empleador.
A su vez expresa que no se han tomado en cuenta los hechos persecutorios acaecidos y acreditados durante la tramitación de la causa, tales como la desobediencia a la tutela cautelar decretada, la falta de pago de salarios, o las peculiares condiciones de labor que se le impusieron.
Insiste en que el nuevo decreto de cesantía padece los mismos defectos que el primer acto anulado, con más el agravante de su ratificación, puntualizando que su motivación es insuficiente y que existe un exceso de punición.
III. Adelanto que el recurso no prospera, atento la insuficiencia que porta (art.279, CPCC).
III.1. Conforme surge del relato efectuado precedentemente el argumento basal de la Cámara para confirmar el pronunciamiento de primera instancia se asentó en señalar que el recurso de apelación ordinaria deducido por el accionante no había cumplido con los recaudos exigidos por los arts. 56, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial, lo cual justificaba el rechazo de tal impugnación.
Empero, en el recurso extraordinario bajo análisis no se cuestiona la insuficiencia reprochada por la Cámara a la expresión de agravios del recurso de apelación, al punto que ni siquiera se mencionan los preceptos citados en el párrafo precedente, que fueron los actuados por el a quo para desestimar la apelación ordinaria.
Y ello sin perjuicio de recordar que esta Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho, ajena, en principio, a su conocimiento y solo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (doctr. causas A. 70.126, "Trillo", sent. de 21-V-2010; A. 71.558, "Gónzález", sent. de 4-VIII-2016; A. 72.095, "Rodriguez", sent. de 17-V-2017 y A. 74.085, "Tarchini", sent. de 29-VIII-2018).
En suma, pese a que la misión del impugnante, consistía en alegar -y demostrar- el desvío lógico de lo que fuera dirimente en la decisión puesta en entredicho en este aspecto, así como la suficiencia del recurso ordinario que oportunamente interpusiera, esbozó similares fundamentos a los vertidos al formular su apelación ordinaria, centrando su enfoque en las cuestiones de fondo, sin criticar la conclusión del sentenciante respecto a los defectos de la técnica argumentativa desplegada.
III.2. Cabe insistir en que el eje central del pronunciamiento de la Cámara se constituyó con la declaración de deserción de la apelación ordinaria, sin perjuicio de lo que expresara a mayor abundamiento en torno al alcance de la decisión que emitiera en un proceso anterior sustanciado entre las mismas partes y la adecuada motivación del nuevo acto de cese.
Respecto a ello, es preciso señalar que la sola circunstancia de que se hayan agregado consideraciones complementarias a lo decidido por la Cámara, de ninguna forma importa una rectificación de la categórica afirmación de que el memorial de apelación no ha cumplido su función, otorgando firmeza e inmutabilidad a la resolución primigenia en tal segmento (conf. Ac. 78.086, "Cruells", sent. de 31-III-2004; Ac. 90.752, "Politi", sent. de 30-III-2005; e.o.).
III.3. Lo antes expuesto pone de relieve la manifiesta insuficiencia del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, lo que impone su rechazo (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -ley 12.008, texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Conforme he expresado en distintas oportunidades en relación a la declaración de deserción de los recursos por parte del a quo , se exhibe como auto-contradictorio el razonar de la segunda instancia que por un lado atribuye insuficiencia al recurso y a un mismo tiempo lo trata. Si es correcto lo primero, el único camino posible es la deserción (arts. 260 y 261, CPCC). Si, contrariamente, a pesar del señalamiento los agravios fueron atendidos, no puede volverse al estadio precedente. En esta segunda hipótesis, quedan desplazadas las manifestaciones vinculadas con la factura técnica de la expresión de agravios, imponiéndose el examen de procedibilidad (mis votos en la causa Ac. 75.618, "Martin" y Ac. 76.980, "Caballero", ambas sents. de 19-II-2002).
Sin embargo, en la especie el recurrente no se hace cargo de la línea argumental seguida por el sentenciante, El recurso extraordinario bajo análisis no cuestiona la insuficiencia planteada por la Cámara a la expresión de agravios del recurso de apelación, más bien esbozó los mismos fundamentos a los vertidos en su apelación ordinaria, centrándose en los aspectos de fondo, sin hacer una crítica a las conclusiones desarrolladas respecto a los defectos de la técnica argumentativa desplegada y la deserción.
II. Hecha la aclaración precedente, cabe atender el alzamiento en cuanto concierne al contenido de la sentencia expresado en su apartado 2: " Sin perjuicio de que lo expuesto en el apartado anterior bastaría para rechazar el recurso actoral, me permito agregar -a mayor abundamiento...", "Y, en efecto, la orden emanada de dicha resolución fue el dictado de un nuevo acto administrativo conforme a derecho, por considerarse que el acto allí atacado carecía de fundamentación, al no haber -siquiera- hecho propias las consideraciones vertidas en los dictámenes previos al acto que ordena el sumario y al que dispone la cesantía".
Se aprecia que el recurrente (puntos V y VI del recurso extraordinario) no ataca los fundamentos dados por la Cámara en cuento al dictado de un nuevo acto administrativo. En efecto, de la lectura se infiere la reiteración argumentativa expuesta y la manifestación de un criterio disímil. Deja incólume los argumentos expuestos por el Tribunal en cuanto a la motivación y el dictado de un nuevo acto.
Tiene dicho esta Corte, que debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo, a punto tal que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas actuadas por el órgano jurisdiccional de grado (doctr. causas L. 104.698, sent. de 26-IX-2012; A. 71.237, "Rodriguez", sent. de 3-IX-2014 y A. 71.328, "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016). En consecuencia, tal decisión, aunque tachada de absurda, no ha recibido una réplica del razonamiento desarrollado por la Cámara interviniente para decidir del modo en que lo hizo, limitándose a formular objeciones que conforman meras discrepancias con lo resuelto.
Es sabido que discrepar con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, pues sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la instancia extraordinaria para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. Ac. 72.206, "Toledo", sent. de 12-VII-2000; Ac. 67.181, "Carlos", sent. de 21-III-2001; Ac. 72.972, "Castillo", sent. de 13-II-2002; Ac. 81.613, "Romani", sent. de 5-III-2003; Ac. 87.461, "Rey", sent. de 24-III-2004 y Ac. 88.196, "Almafuerte Empresa de Transporte SACIeI", sent. de 30-III-2005).
Por los fundamentos expuestos voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose las siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -ley 12.008, texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2021 16:05:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 22:22:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2021 22:16:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:32:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:36:58 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 09:15:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia