Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74361
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.361, "HSBC Bank Argentina S.A. c/ ARBA s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari , Soria, Kogan, Torres, Borinsky .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión anulatoria entablada (v. fs. 489/498 y 519/522).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. fs. 526/534), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 536/537).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 546) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El Tribunal de Alzada rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de primera instancia que, tras declarar la prescripción de las obligaciones discutidas, decretó la nulidad de la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación el 3 de febrero de 2011.
Para así decidir, sostuvo que el conflicto del caso quedó consumado bajo el vigor del Código Civil (ley 340) y que por ende resultan inaplicables los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial.
Sentado ello, estimó que el recurso de apelación bajo análisis no aportaba ningún argumento capaz de desplazar la aplicación de la doctrina sentada a partir del fallo "Filcrosa" de la Corte nacional. Manifestó que el pronunciamiento de la jueza de grado, que definió el inicio del cómputo del plazo de prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos a la luz de lo dispuesto por el art. 3.956 del Código Civil, se ajustaba a lo decidido por la Cámara en pronunciamientos previos.
Concluyó que, en la medida en que no desarrollaba una crítica que superase el umbral de un mero descontento sin entidad para erigirse en un criterio suficiente de refutación que habilitase la labor revisora, el escrito impugnatorio quedaba desierto (conf. arts. 77, ley 12.008; 260 y 261, CPCC).
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), en cuanto legisla sobre el dies a quo de la prescripción liberatoria para el caso de impuestos de ejercicio anual.
Asegura no ignorar que el criterio sentado por la Corte nacional en la causa "Filcrosa" fue seguido por esta Suprema Corte en numerosas decisiones, pero niega que su posición constituya "...una tozuda insistencia en contradecir la doctrina judicial..." citada, como asegura que lo interpreta la Cámara (v. fs. 528 y 529 vta.).
En concreto, defiende las potestades provinciales para regular la prescripción tributaria a la luz de lo actualmente establecido por los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial (ley 26.994). Plantea que no se trata de discernir aquí si estos preceptos deben aplicarse a situaciones jurídicas ya consolidadas (en el caso, el cumplimiento del plazo de prescripción liberatoria respecto de un contribuyente), sino de decidir qué incidencia tienen sus previsiones sobre la citada doctrina de "Filcrosa" y sobre la validez constitucional de una norma local preexistente como el art. 133 del Código Fiscal.
Sostiene que las normas nacionales citadas demuestran que la doctrina en cuestión no fue más que una errónea interpretación jurisdiccional, de innegables efectos perjudiciales a los erarios provinciales y al federalismo. Añade que ellas importan una reivindicación de las potestades locales en materia de prescripción tributaria, que exige una nueva ponderación de casos como el de autos, en los que no se encuentra definitivamente saldada la discusión ni consumada la liberación del crédito fiscal. Argumenta que, si de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial, las provincias tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos establecidos por el Congreso nacional, lógicamente también la tendrían para modificar la forma en que éste fijó su cómputo.
Da por reproducidos los demás argumentos relacionados con la reserva constitucional de la potestad regulatoria en la materia debatida, por ser ella de carácter iuspublicístico. Afirma que el impuesto sobre los ingresos brutos es un gravamen de ejercicio anual sometido a las reglas establecidas por el Código Fiscal y el Convenio Multilateral. Cita jurisprudencia de esta Corte atinente a la prescripción en materia previsional, que estima aplicable a la temática abordada en el sub lite .
III. El recurso no prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Esta tesis, por lo demás, sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa", ha sido ratificada en fecha reciente por el Máximo Tribunal federal al decidir los autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (Fallos: 342:1903).
Sobre la base de lo decidido en la antes mencionada causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sustancialmente análogo al presente, al que remito para evitar repeticiones innecesarias, se impone en la especie descartar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con lo dispuesto por el art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004).
IV. Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60.1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Tal como lo señala el colega que me precede, la cuestión controvertida resulta idéntica a la debatida en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018. Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello sostuve que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (ver punto "IV.3.e" de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado por la regla nacional, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.), lo que, sumado al resto de las consideraciones, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
I.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde el pronunciamiento apelado, por haber sido dictado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio)", sents. de 26-XI-2020).
II. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. arts. 68 segundo párrafo, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, excepto lo manifestado en el punto I.2., en tanto los restantes argumentos abastecen de manera suficiente la solución que se propicia para el caso.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el colega que inicia el acuerdo, en función de lo resuelto recientemente por el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), donde ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108, 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctrina de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde descartar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con lo dispuesto por el art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004).
Por ello, doy mi voto también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Borinsky dijo:
Adhiero al rechazo del recurso propuesto por los doctores Pettigiani, de Lázzari y Torres.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2021 16:04:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 22:23:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2021 16:55:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2021 22:16:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:37:34 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 12:33:45 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 13:13:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia