Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76128
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.128, "Asociación Cooperadora del Colegio Nacional c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que acogió parcialmente la demanda promovida contra la Dirección General de Cultura y Educación y declaró la inconstitucionalidad del art. 23 del decreto 4.767/72 (v. fs. 212/225).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4 de junio de 2019, 12:36 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 231/232).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 235), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. En lo que interesa destacar, es dable señalar que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación articulado por la Fiscalía de Estado y acogió parcialmente el interpuesto por la actora.
En consecuencia, amplió el alcance del fallo de grado en los términos del art. 50 del Código Contencioso Administrativo, ordenando que, por fuera de la obligación que pesa sobre la Asociación Cooperadora del Colegio Nacional de adecuar sus estatutos y funcionamiento a las previsiones del Decreto N° 4767/72 –sin que le sea exigible como condición para ello la transferencia de los bienes inmuebles prevista en el art. 23 de la citada reglamentación-, la autoridad educativa demandada en autos brinde continuidad al trámite administrativo de renovación del contrato de alquiler vencido en el año 1996 y, en última instancia opte, o bien por la permanencia del acuerdo locativo o, en su caso, desestime la propuesta con las potenciales consecuencias que de ello se derive según las normas del derecho común aplicables a ese tipo de vínculo jurídico.
I.2. Para así decidir, la Cámara, luego de realizar una reseña de los expedientes administrativos n° 5.846-258018/1994 y n° 5.846-258189/1994 tuvo por acreditado que: (i) La Asociación Cooperadora se constituyó como Asociación de carácter Civil en el año 1964; que es titular dominial de los inmuebles ubicados en la calle Sarmiento 154/180 de la ciudad de Bahía Blanca; que desde el año 1965 y hasta finales del año 1993 la Asociación Cooperadora otorgó en locación el mentado inmueble a la autoridad educativa nacional para el funcionamiento del entonces denominado Colegio Nacional N° 1; que conforme el convenio suscripto el 30 de diciembre de 1993, aprobado por ley provincial n° 11.524 y su similar a nivel nacional n° 24.049 se produjo el traspaso del servicio educativo nacional a la Provincia de Buenos Aires; que concretado el traspaso, y con la mira puesta en la continuidad del servicio, el día 4 de enero de 1994 se celebró, entre la Asociación Cooperadora del Colegio Nacional N° 1 y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, contrato de locación del mentado inmueble por un término de 24 meses, prorrogable por 12 meses más con un canon locativo de $4.451,26; y que al vencimiento de esta última contratación (esto es, diciembre de 1996) la Asociación actora peticionó la renovación del acuerdo locativo; que ante tal pedido la autoridad educativa exigió a la Asociación Cooperadora someter sus estatutos y funcionamiento normal y habitual a la normativa vigente al decreto n° 4.767/72, incluyendo el traspaso del dominio de los inmuebles al patrimonio fiscal (art. 23, reglamentación cit.); y por último que, vencido el plazo de la contratación (diciembre de 1996) la Provincia de Buenos Aires, continuó ocupando el inmueble para los mismos fines, liquidando desde aquel entonces la suma que fuera pactada de pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno con veintiséis centavos ($ 4.451,26), por lo menos hasta diciembre de 2004.
I.3. En lo que interesa para resolver el recurso de inaplicabilidad interpuesto la Cámara sostuvo que la autoridad local válidamente puede exigir a la Asociación Cooperadora actora que adecue sus estatutos y funcionamiento a las previsiones que regulan la actividad a nivel provincial, ello sobre la base de lo resuelto por esta Corte en la causa I. 2.155, pues la modificación respecto del ente público que ejercerá la titularidad del poder reglamentario no trasunta un menoscabo constitucional. La actora, en su condición de sujeto alcanzado por la regulación específica, y a partir de la transferencia de los servicios educativos nacionales al ámbito provincial, debe ajustarse a ella, como antaño estaba vinculada a las regulaciones gestadas en la otra esfera competencial (v. fs. 221).
Señaló que distinta es la exigencia de dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 del decreto 4.767/72, el cual dispone una transferencia forzosa de los bienes que posee la Asociación Cooperadora.
Estima que resulta evidente que con ello la autoridad local procura, so pretexto de la exigencia impuesta a la Asociación Cooperadora de readecuar sus estatutos a la regulación local, se haga efectiva -sin contraprestación alguna- la transferencia al Fisco provincial del dominio de los bienes inmuebles que adquiriera en el año 1965 y 1971 (y en los que funciona, contrato de locación mediante, el establecimiento educacional), extremo que, de materializarse, daría por tierra no solo con toda razonable expectativa de renovación del acuerdo locativo sino que importaría un cambio de titularidad dominial en favor del Estado provincial.
Advirtió que, en tal esquema, la postura sustentada en autos por la accionada, en cuanto exige la transferencia dominial forzosa en los términos del art. 23 del decreto 4.767/72, carece de fundamento.
En este punto destacó los dichos del sentenciante de la primera instancia, al invocar lo expuesto por este Tribunal en la causa I. 2.155, antes citada, en que fulminó por inconstitucional el pretendido traspaso forzoso de dominio que el art. 23 del decreto 4.767/72 impone como condicionamiento. En aquella oportunidad, esta Corte expuso que tratándose de un bien de un tercero -en el caso, de la Asociación Cooperadora actora- el camino constitucionalmente válido por el que debe transitar el Estado para lograr la transmisión forzada del dominio a su favor, es la expropiación y que exigir este cauce en supuestos como el de autos no aminora la intensidad preponderante de los fines públicos asociados al desarrollo de las políticas educativas (arts. 199 y 200, Const. prov.), ni vacía de contenido útil la reglamentación en esta materia; antes bien, evita que, al cobijo de tales intereses se consagre una potestad de confiscación administrativa que desconozca el orden jurídico (arg. arts. 1, 14, 17, 28, 31, 33 y concs., Const. nac. y 1, 3, 31, 57 y concs., Const. prov.; v. fs. 222 y vta.)
De tal modo concluyó que la aplicación al caso de la citada regla basta, según esta Suprema Corte, para validar el reproche de constitucionalidad que el a quo , proyectó sobre el art. 23 del decreto 4.767/72. Es que la Asociación actora adquirió el dominio de los bienes con anterioridad al momento de la efectiva aplicación de la norma reglamentaria puesta en entredicho, con lo cual, en la especie, la imposición de lo dispuesto en el art. 23 del decreto 4.767/72, se halla en pugna con aquella garantía constitucional (v. fs. 223).
En relación al momento en que la Asociación habría adquirido los bienes, afirmó que la copia de la escritura traslativa de dominio adjuntada al expediente administrativo, demuestra que ello aconteció en el año 1965, es decir, con antelación a la entrada en vigor del decreto 4.767/72.
Expuso que, aun cuando erróneamente pudiera sostenerse que el inmueble de la calle Sarmiento 154/158 fue adquirido por la Asociación en el año 1975, lo cierto es que mal podría pretender la demandada desconocer el derecho de propiedad de la accionante, so pretexto de que la entrada en vigor del decreto 4.767 lo hubiera sido en el año 1972, pues no ha sido ese el momento a partir del cual la reglamentación local le era exigible, sino que lo fue recién a partir del año 1994, momento en que la legislatura provincial sanciona la ley 11.524 que aprueba el Convenio de transferencia de los servicios educativos nacionales al ámbito bonaerense.
En consecuencia, confirmó el pronunciamiento que previa declaración de inconstitucionalidad, dispuso la inaplicabilidad del art. 23 del decreto 4.767/72 a la accionante.
Todo ello, adunó, sin perjuicio de lo que a la postre resuelva la autoridad educativa respecto de la conveniencia -o no- de seguir ocupando en condición de locataria el predio de propiedad de la Asociación Cooperadora, para lo cual con base en el art. 50 del Código Contencioso Administrativo modificó el alcance del fallo de grado ordenando a la Administración continuar el trámite administrativo de renovación del contrato de alquiler ya vencido y que en última instancia opte, o bien por la continuidad y consecuente permanencia del acuerdo locativo o, en su caso, rechace la propuesta con las potenciales consecuencias que de ello se deriven según las normas del derecho común aplicables a ese tipo de vínculo jurídico.
II. Contra este pronunciamiento la accionada interpone el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que nos ocupa en el que denuncia el desconocimiento y desinterpretación del alcance del decreto 4.767/72, en relación a la inconstitucionalidad declarada del art. 23, y la violación de los arts. 2, 3, 68 y concordantes de la ley 13.688, que disponen que la educación y el conocimiento son bienes públicos.
Sostiene que existe una contradicción entre los considerandos y la parte resolutiva de la sentencia, en desmedro del fin público educativo que tiene a su cargo la Provincia.
Explica que aquella se produce, al sostener la constitucionalidad de los arts. 1, 21, 35, 36, 37, 38, entre otros, del decreto 4.767/72, al comprender que las cooperadoras escolares son entidades anudadas al establecimiento que justifica su existencia y la necesidad de compatibilizar la labor de ayuda escolar con el desarrollo de las políticas públicas que en materia educativa la Constitución local encomienda al Estado provincial (en sus arts. 198 y 200), y por otro suponer que el Estado podría decidir dejar de alquilar el inmueble donde funciona el establecimiento "con las consecuencias que de ello se deriven...". Sostiene que el Estado local nada podría negociar en este aspecto, toda vez que el servicio educativo que presta está inescindiblemente atado al establecimiento que es objeto de autos.
Afirma que esta circunstancia fue el motivo principal de la legitimidad y constitucionalidad de las previsiones del decreto que las regula. En razón de ello, sostiene que es inválido considerar que la Provincia pueda ser sometida a un régimen de derecho privado y si las condiciones de la contratación no resultaran de su agrado rescindir o rechazar la oferta de contrato.
Señala que esto último se traduce directamente en la imposibilidad efectiva de la prestación del servicio educativo porque si la Provincia negociara como un sujeto de derecho privado como ordena la Cámara, y tuviera que rechazar la oferta contractual por inconveniente el perjuicio recaería sobre toda la comunidad educativa.
Insiste en que imponer al Estado local negociar como sujeto de derecho privado resulta incompatible con los fines públicos que emanan de la normativa aplicable al caso y de la doctrina judicial de esta Corte sentada en la causa I. 2.155, "Cooperadora Colegio Nacional de La Madrid", sentencia de 29-VI-2011.
Para más, arguye que obligar al Estado a evaluar conforme las normas del derecho común si es conveniente renovar o no el contrato de alquiler del lugar donde se emplaza la escuela o en su caso rechazar tal oferta, no son verdaderas opciones con las que cuente la Provincia, que tiene a su cargo el mandato-deber de garantizar la enseñanza y educación pública, que la constitución local en su arts. 198 y 200, y la ley 13.688, le encomiendan.
III. El recurso no prospera (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.1. He de señalar que tanto la sentencia de primera instancia como la del Tribunal de Alzada fueron dictadas conforme la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de la causa I. 2.155, "Cooperadora del Colegio Nacional de General La Madrid", sentencia de 29-VI-2011.
Esta circunstancia ha sido reconocida por la recurrente, como se desprende de lo expuesto en su escrito impugnatorio.
Sentado ello, es menester recordar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que el acatamiento que los órganos judiciales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia. Por lo cual, si los tribunales de grado se apartaran de este criterio e insistieran en propugnar soluciones propias, irremediablemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (conf. doctr. causas 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013; A. 71.973, "Dairo", sent. de 13-IV-2016; e.o.). Bajo esta idea rectora, lo resuelto por este Tribunal en el precedente arriba mencionado, constituye un óbice ineludible para el progreso de la protesta articulada por la Fiscalía.
IV.2. Por otra parte, la denuncia formulada en relación a la violación de los artículos del decreto 4.767/72 y 2, 3 y 68 de la Ley Provincial de Educación n° 13.688, evidencia insuficiencia.
Al respecto cabe recordar que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (conf. doctr. causas A. 73.880, "Asociación de Concesionarios", sent. de 6-XI-2019; A. 70.932, "Guardiola", sent. de 4-V-2016; A. 71.534, "L., O. M", sent. de 22-V-2013; A. 69.592, "B., P. B.", sent. de 6-V-2009; e.o.).
Ello por cuanto no se acredita de qué manera el resolutorio colisiona con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo del agraviado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 116.851, "Rotonda S.A.", sent. de 6-XI-2013; C. 117.139, "Correa", sent. de 8-IV-2015; A. 73.169, "Lisserre", sent. de 17-V-2017; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.515, "Katz", sent. de 13-X-2017; A. 74.564, "Moreno", sent. de 5-XII-2018; e.o.).
IV.3. En orden a la denunciada errónea aplicación de la doctrina legal sentada por este Tribunal en la causa I. 2.155 citada, la recurrente reitera argumentos vertidos tanto en su demanda como al interponer el recurso de apelación y que han sido tratados y resueltos por la Cámara. Sobre este modo de proceder esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas A. 68.826, "Manuel Aguirre S.A.", sent. de 5-XI-2008; A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013; A. 74.650, "Salmoyraghi", sent. de 21-XI-2018; A. 74.036, "Sena", sent. de 5-VI-2019; e.o.).
En adicción, la argumentación de la recurrente no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas, sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (conf. doctr. causas A. 70.135, "Bernardo", sent. de 6-IV-2011; A. 70.286, "G., D. M.", sent. de 17-VIII-2011; A. 72.599, "Filippini", sent. de 19-X-2016; A. 73.997, "Bustos", sent. de 15-VII-2018; e.o.).
IV.4. Por último, en relación a la obligación impuesta a la Provincia de dar continuidad al trámite administrativo de renovación del contrato de alquiler por el uso que del inmueble realiza la Dirección General de Cultura y Educación para llevar a cabo las actividades de la Escuela de Enseñanza Media n° 13, y en su caso opte o bien por la permanencia del acuerdo locativo o en su caso desestime la propuesta con los alcances que de ello se derive, no implica una limitación para que la autoridad de aplicación competente establezca los alcances del vínculo jurídico que corresponde constituir con el sujeto regulado, con fundamento en las disposiciones del decreto 4.767/72 que, en lo relativo a sus arts. 1, 5, 21, 31, 35, 36, 37, 38 y 54, atravesaron con éxito el control de constitucionalidad pretendido.
V. Por las razones expuestas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2021 12:44:30 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2021 12:49:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/02/2021 13:16:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2021 17:40:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2021 18:04:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia