Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76207
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la revocatoria planteada (art. 290, CPCC).
II. Reanudar el plazo de intimación, suspendido con la presentación de la reposición en análisis (v. escrito electrónico de fecha 08-IX-2020), a partir de la notificación de la presente.
A.76.207 “TASCA SUSANA IRMA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
I. Esta Corte intimó a la Fiscalía de Estado a formular liquidación a efecto de consignar el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso según lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo (v. resol. de 19-VIII-2020).
Frente a ello, dicha parte realiza una presentación que denomina "contestación de traslado", no obstante lo cual de sus claros términos surge que la misma constituye una petición revocatoria de aquélla resolución interlocutoria, respecto de la cual la interesada contaba con un plazo de tres días (arts. 238 y 290, CPCC) y no con el otorgado por el Tribunal para la estimación del valor de los agravios traídos en el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, razón por la cual la misma resulta extemporánea y corresponde su desestimación (v. cédula electrónica de 24-VIII-2020 y escrito electrónico de 08-IX-2020; conf. art. 7, Ac. 3845/2017; doctr. causas Ac. 92.291, "Del Pardo", resol. de 10-X-2007; C. 109.050, "Quiñonez", resol. de 3-XI-2010; Q. 72.714, "Romero", resol. de 13-XI-2013; A. 73.980, "Lafrentz", resol. de 29-VI-2016; A. 74.573, "Pereyra", resol. de 5-VI-2019, entre otras).
Sin perjuicio de lo indicado, y en atención a que se aduce la omisión de tratamiento de las alegaciones relativas a la inexigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278 respecto del valor del litigio, con cita de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos 308:490) y "Di Mascio" (Fallos 311:2478), cabe señalar que no se observa en el sub lite motivo alguno que autorice a hacer excepción a la postura aludida, sobre la base de la referida doctrina, por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (doctr. causas Q. 72.162, "Nico", 9-X-2013; A. 70.721, "Fisco c/ Petit Four", 5-III-2014; Q. 73.625, "Cablevisión S.A.", resol de 20-V-2015; Q. 75.359, "Interbas SA", 29-VIII-2018; A. 75.534, "Castro", sent. de 21-XI-2018; A. 75.621, "Moure", resol. de 5-VI-2019; A. 75.860, "Comaschi", resol. de 29-IV-2020).
En efecto, el embate se vincula a cuestiones de derecho local, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal.
Cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional", si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (CSJN Fallos 303:221; doctr. causas Q. 73.948, "Scarimbolo", resol. de 25-XI-2015, Q. 74.063, "Bernuzzi", resol. de 20-IV-2016 y A. 74.781, "Veronesi", resol. de 3-V-2018), circunstancia que se constata ausente en el caso.
Por otra parte, tampoco se aprecia la existencia de un notorio interés público comprometido que autorice a esta Corte -con carácter excepcional- a prescindir del requisito de admisibilidad mencionado (art. 31 bis, último párrafo, ley 5827).
Debe señalarse, además, que no resulta aplicable la doctrina emergente de los precedentes de esta Corte invocados por la impugnante, toda vez que aquellos aluden a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que, no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 75.775, "Icardo", resol. de 11-III-2020, entre muchas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la revocatoria planteada (art. 290, CPCC).
II. Reanudar el plazo de intimación, suspendido con la presentación de la reposición en análisis (v. escrito electrónico de fecha 08-IX-2020), a partir de la notificación de la presente.
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:15:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 12:44:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:12:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 14:47:27 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2020 08:15:21 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia