Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76215
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.215, "Díaz, Sergio Eloy contra Honorable Senado Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia por la que se hizo lugar a la pretensión deducida.
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 12 incs. 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo, solicitando se declare la nulidad del decreto 6/11 -de fecha 14 de diciembre de 2011-, mediante el cual se dejó sin efecto su similar 570/11, que lo designó en la categoría 20, nivel IV de la planta permanente del Senado; y del decreto 16/11 -de igual fecha- por el que revocó su similar 396/11, que establecía el régimen de ingreso del personal de planta permanente del Senado, todos ellos emanados de la Presidencia de la aludida cámara legislativa.
De no prosperar el planteo de nulidad del citado decreto 16/11, el demandante requirió que se declare que el mismo tiene efecto "ex nunc", es decir sin afectar la validez de las designaciones realizadas al amparo del decreto 396/11.
Como consecuencia, pidió su reincorporación y el pago de los haberes caídos desde el dictado del decreto 6/11, con más intereses y costas.
II. El juez de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata admitió la pretensión promovida y declaró la nulidad del decreto 6/11.
Como consecuencia, ordenó la reincorporación del actor en sus funciones en los términos del acto de su designación (dec. 570/11), reconociéndole asimismo el equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) de los salarios dejados de percibir desde la separación en el cargo y hasta su efectiva reincorporación, con intereses.
Circunscribió la cuestión litigiosa a evaluar la legitimidad de la potestad revocatoria que la Administración demandada ejerció al anular la designación del señor Díaz en la categoría 20 -de la planta permanente- del Senado provincial, en los términos del decreto 396/11, mediante el dictado de sus similares 6/11 y 16/11, de fecha 14 de diciembre de 2011.
Puntualizó que el decreto 396/11 estableció en su art. 1 que "Los agentes y/o funcionarios que revisten en cargos jerárquicos sin estabilidad dentro de ésta Honorable Cámara de Senadores, podrán solicitar [...] un cargo en el Agrupamiento Jerárquico Superior, en la Categoría Salarial correspondiente a Sub-Director, percibiendo el Sueldo Básico fijado para éste y las retribuciones que pudieren corresponderle" y que en su art. 2 dispuso que "La Presidencia, evaluará los antecedentes del peticionante, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de la solicitud efectuada y exigirá, para poder proceder a dicha ubicación escalafonaria, que los agentes mencionados acrediten previamente los siguientes requisitos: a] Certificar como mínimo diez [10] años de antigüedad en la Administración Pública Provincial o Municipal de la Provincia de Buenos Aires, o quince [15] años en la Administración Pública Provincial, Nacional o Municipal al momento de efectuar la solicitud; b] No tener impuestas sanciones disciplinarias, en esa instancia; c] Haber desempeñado el cargo sin estabilidad durante tres [3] años continuos o cinco [5] alternados, como mínimo, en el ámbito de esta Honorable Cámara. En todos los casos, la reubicación de los agentes se hará al margen de los Planteles Básicos, si ello resultare necesario".
Sostuvo que esta modalidad se encuentra redactada en términos de posibilidad, condicionada a la evaluación discrecional de su Presidente (criterio de oportunidad, mérito y conveniencia), a diferencia de lo previsto por el art. 171 de la ley 10.430, cuyo texto consagra un derecho similar.
En el caso del demandante, agregó que el decreto 570/11, que lo designó a partir del 1 de mayo de 2011 en la categoría 20 (Subdirector) en los términos expuestos, consignó expresamente que "analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de la solicitud efectuada, y evaluados los antecedentes del peticionante, es criterio de esta Administración acceder a lo solicitado".
Indicó que, con posterioridad, esto es, el día 14 de diciembre de 2011 -y ya operado el cambio de gestión- se dictó el decreto 6/11, que dejó sin efecto la designación aludida por razones de ilegitimidad.
Este último decreto consideró que "en el acto de designación del Licenciado Sergio Eloy Díaz no surge procedimiento alguno que haya ponderado la concurrencia concreta y razonada de la 'oportunidad, mérito y conveniencia' que hace a tal designación, no siendo suficiente la mera remisión genérica a la norma en la que pretende fundarse y menos aún el mero arbitrio discrecional de la autoridad que lo designara"; y que "...la estabilidad en sede administrativa de la que goza el acto administrativo, cede en aquellos casos en los que el interesado hubiera conocido el vicio, al momento del dictado del mismo, extremo éste que permite la revocación de aquél. Se privilegia el interés público, y el consiguiente restablecimiento inmediato de la legalidad; en especial, si se parte del principio de que un acto nulo no puede generar, válidamente, derechos subjetivos".
Paralelamente, el decreto 16/11 anuló su similar 396/11, invocando como único fundamento la igualdad de oportunidades para todos los agentes en el desarrollo de la carrera administrativa del Senado.
En esos términos, el juez de primera instancia aclaró que en autos se verifica una circunstancia que condiciona cualquier decisión que se adopte sobre el particular, en tanto a partir del 1 de noviembre de 2011 el accionante adquirió la estabilidad en el empleo, si se tiene presente que su designación se efectuó el día 1 de mayo de 2011.
En efecto, señaló que el art. 1 de la ley 10.551 establece que "El personal de la Planta Permanente de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, gozará de estabilidad en sus respectivos empleos, el día en que se cumplan seis (6) meses desde su nombramiento, quedando sujetos al régimen que se establece por la presente ley. La estabilidad a que se hace mención en el párrafo anterior abarca todas las categorías, hasta la de Subdirector inclusive".
Sentado ello, destacó que la Administración demandada revocó un acto administrativo estable, que había generado derechos en el particular y, por tal razón, había transgredido el límite impuesto -como principio general del derecho administrativo- por el art. 114 del decreto ley 7.647/70.
Entendió que toda ejecución coactiva del acto que recaiga sobre la persona o los bienes del administrado debe -como regla- ser dispuesta por un juez, y que los poderes públicos no pueden delegarse entre sí las facultades que le son propias. De tal modo, juzgó que el citado decreto 6/11, en tanto importó una revocación oficiosa de la Administración por sí y ante sí -sin intervención judicial- de la designación de un agente que gozaba de estabilidad en el empleo, resultaba ilegítimo.
Agregó que, sin perjuicio de que lo expuesto era suficiente para declarar la invalidez de la actuación administrativa enjuiciada, tampoco podía soslayarse que del análisis de las actuaciones administrativas surgía que la administración vulneró la garantía del debido proceso adjetivo en el procedimiento previo a la formación del acto impugnado, toda vez que no le dio intervención alguna al actor, privándole toda posibilidad de ser oído y de oponer las defensas que atañen a su derecho, razón por la cual se debía decretar su invalidez.
Por otra parte, consideró que no correspondía pronunciarse sobre el decreto 16/11 (que dejó sin efecto el régimen de ingreso previsto por su similar 396/11), habida cuenta de su inaplicabilidad a la situación del accionante.
Precisó que, si bien este último acto nada dice respecto de su eficacia temporal, ni que deba procederse a la revisión de las decisiones dictadas bajo la vigencia del decreto 396/11, la Administración no puede pretender su aplicación a las designaciones operadas con antelación, toda vez que el principio general de la legislación civil indica que la aplicación retroactiva de las normas es lícita sólo en aquellos casos en que a nadie perjudica.
Descartada entonces la aplicación del decreto 16/11, y habiendo declarado la invalidez de su similar 6/11, ordenó la reincorporación del señor Díaz en el empleo, de acuerdo con los términos del acto de su designación (dec. 570/11).
Sentado ello, juzgó que el reclamo de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese, presumiendo la existencia del daño por la sola ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, pero sin que dicha presunción se extienda a su magnitud.
Reconoció entonces al actor -en concepto de daño material- el equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) de los salarios no percibidos desde la separación en el cargo y hasta su efectiva reincorporación, con intereses.
III. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación, el cual fue rechazado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata.
Para así decidir, el a quo señaló que se habían infringido las reglas del debido proceso, en tanto el acto administrativo de agravio (dec. 6/11) fue dictado sin intervención del destinatario, lo cual resultaba requisito de validez de la decisión (art. 18, Const. nac.).
Expuso que esa irregularidad no era subsanable, por ninguna vía, sea ésta recursiva o inherente al control judicial posterior (conf. arts. 18, Const. nac. y 103 y concs., dec. ley 7.647/70).
Agregó que, aun en las hipótesis de legítimo ejercicio de la potestad revocatoria de oficio, frente a actos nulos de nulidad absoluta, el recaudo de satisfacción de las reglas del debido proceso se mantiene sin variantes, pues bajo cualquier condición constituye un componente de validez que reclama presencia, sin excepciones, en el procedimiento previo al dictado de todo acto singular, cualquiera resulte su alcance y contenido.
Por otra parte, observó que el decreto en cuestión carece de toda fundamentación que haga de él un acto administrativo que explique el ejercicio de la potestad revocatoria de oficio en la que procura hallar sitio la defensa judicial del estado demandado.
Indicó que el carácter regular, y por lo tanto estable en sede administrativa, del acto que designara al actor en la categoría 20 de la planta permanente del Senado provincial (dec. 570/11) es un componente que obsta a la revocación oficiosa ejercida por la administración, pues su referencia a un derecho subjetivo, expuesto en la estabilidad en el empleo, entre otros, es suficiente para reclamar la intervención judicial por conducto de la acción de lesividad (conf. art. 114 y concs., dec. ley 7.647/70), si es que se intentan pretensiones que impliquen el análisis de las condiciones primigenias de legalidad.
Agregó que el cambio de entendimiento sobre el marco reglamentario (dec. 396/11) que originara el acto de designación, no lo convierte en ilegítimo ni autoriza el curso seguido por la autoridad estatal.
Concluyó reafirmando que la necesidad de un contradictorio que elucide el criterio jurídico relativo a un componente exteriorizado y ponderado en el procedimiento previo a la emisión del decreto 570/11, aleja toda posibilidad para éste de configurarse como irregular, pues la causa que expone no se muestra falsa, o inexistente, sino susceptible a una interpretación a cuyo respecto la misma autoridad pública habría variado.
Añadió que tampoco se advertían otras razones que implicaran la nulidad manifiesta en otros de los elementos del acto administrativo de alta que justificaran su anulación oficiosa.
Por otro lado, no observó motivos que autoricen a segregar de los efectos retroactivos inherentes a las nulidades por vicios de constitución del acto administrativo, la extensión patrimonial que conllevan, pues, si la decisión expulsiva debe tenerse por inexistente, después de la reincorporación, esa condición inherente debe traducirse íntegramente en la situación de revista del agente (conf. arts. 1.047, 1.052 y concs., Cód. Civ., ley 340; actualmente 390, ley 26.994; 50, 73 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Por último, por mayoría se confirmó el alcance de la indemnización fijada por el juez de primera instancia (conf. art. 73 inc. 1 "c", ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
En suma, el a quo confirmó en todos sus términos la sentencia recurrida.
IV. Contra tal decisión se alzó la demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Plantea que se ha desconocido el régimen de ingreso a la planta permanente de la Administración Pública con violación al art. 4 de la ley 10.430 (aplicable al caso en virtud del dec. 17/96 de adhesión, emanado de la Presidencia del Senado), configurándose una situación de desigualdad de oportunidades con relación a aquellos agentes de planta permanente no beneficiados por tal decisión.
Sostiene que para el ingreso a la planta permanente rige la regla de acceso del agente al nivel inferior o cargo de menor jerarquía.
Plantea que el decreto 396/11 se aparta de la solución prevista para circunstancias similares por el art. 171 de la ley 10.430.
Alega también violación de doctrina legal de esta Corte relativa a la revocación de oficio de los actos administrativos que contienen graves y notorios vicios.
Por último, discute el incorrecto reconocimiento de los salarios caídos por funciones no desempeñadas. Señala que al no haber mediado ejercicio efectivo del empleo mal puede existir derecho a la percepción del haber.
A todo evento, se agravia del quantum fijado en la sentencia de grado el cual resulta excesivo y contrario a los porcentajes reconocidos en casos que guardan cierta similitud resueltos por esta Suprema Corte de Justicia.
V. El recurso no prospera.
Los argumentos introducidos por el recurrente no se muestran hábiles para revocar la sentencia impugnada.
Ninguno de los agravios expuestos conlleva una réplica eficaz a los fundamentos que estructuran el fallo de la Cámara (doctr. causas Ac. 83.653, "Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-XI-2003 y C. 90.421, "CICOP", sent. de 27-VI-2007).
V.1. Conforme se desprende del relato antes efectuado, el a quo , al confirmar la sentencia de primera instancia, más allá de efectuar razonamientos generales en punto a los límites de la revocación oficiosa de los actos administrativos (arts. 114, 117 y concs., dec. ley 7.647/70), hizo hincapié en la infracción a las reglas del debido proceso en el procedimiento administrativo que derivó en el dictado del acto de agravio, el cual fue adoptado sin intervención de su destinatario, señalando que tal defecto debía aparejar su invalidez, la cual estimó que no resultaba pasible de subsanación.
En este sentido, señaló que cuando la Administración ejerce dicha potestad revocatoria, el recaudo de satisfacción de las reglas del debido proceso se mantiene sin variantes, pues bajo cualquier condición constituye un componente de validez en el procedimiento previo al dictado de todo acto singular, cualquiera resulte su alcance y contenido.
Observó también irregularidades en la motivación del acto administrativo cuestionado.
Tales fundamentos plasmados en la sentencia no han sido confrontados por las manifestaciones del recurrente.
En efecto: la demandada insiste en que el a quo desconoció el régimen de ingreso a la planta permanente del Senado provincial violando el art. 4 de la ley 10.430 (que considera aplicable al caso en virtud del dec. 17/96 de adhesión), estableciendo -a través del decreto 396/11- un régimen general que establecía una desigualdad de oportunidades con relación a aquellos agentes de planta permanente que no se vieron beneficiados por tal decisión.
Se aprecia, de esa forma, que el quejoso centró su atención en atacar el acto general -reitero, decreto 396/11, luego revocado por su similar 16/11- que otorgó marco jurídico a la designación del señor Díaz en la planta permanente, a pesar de que la evaluación de la razonabilidad de ese esquema reglamentario no fue un dato relevante para las instancias de grado a efectos de resolver la contienda.
En ese tránsito, el recurrente no se detuvo a rebatir los razonamientos dados por la Cámara para declarar nulo el decreto 6/11 que revocó por razones de ilegitimidad su similar 570/11, los cuales se referían a la concreta situación del accionante.
En suma, y como ya se anticipó, la pieza recursiva omite confrontar adecuadamente los argumentos desplegados por el a quo para acoger la pretensión, referidas principalmente a los vicios que contiene el acto ahora declarado nulo, en los elementos procedimiento y motivación.
Téngase en cuenta, en este sentido, que esta Corte ha sostenido que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento (conf. causas Ac. 39.671, "Estevez", sent. de 7-VI-1988; Ac. 55.498, "De Cunto", sent. de 26-IX-1995; Ac. 73.602, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-XI-2000; e.o.).
V.2. Tampoco ha de prosperar la impugnación sustentada en la violación de doctrina legal.
El Tribunal tiene dicho que solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (doctr. causas A. 71.888, "Díaz", sent. de 25-II-2015 y A. 71.706, "Fernández", sent. de 20-V-2015).
En la especie el recurso omite desarrollar de qué manera los precedentes de esta Suprema Corte que cita han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta actuación indebida de la Cámara, incumpliendo de tal modo con la carga impuesta por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
V.3. En lo que hace al embate relacionado con el quantum fijado en la sentencia de grado, que considera excesivo y contrario a los porcentajes reconocidos por este Tribunal en casos que guardan cierta similitud, cabe destacar que este Tribunal tiene dicho que la fijación de los montos indemnizatorios constituye una típica cuestión de hecho y prueba que incumbe a los jueces de grado y solo puede ser revisada en instancia extraordinaria en el supuesto de absurdo (cfr. causas A. 72.293, "Gomez", sent. de 6-V-2015; A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016 y A. 74.410, "Acosta", sent. de 24-VI-2020), vicio lógico que no ha sido alegado y mucho menos acreditado en la especie.
VI. Por las razones expuestas, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1,
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